Solicitud de informes y detalles sobre la decisión de categoría profesional de la reclamante y resultado de inadmisión

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 556/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó a la AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 16 de mayo de 2020, la siguiente información: Tras sentencia firme 000832/2018 del TSJC, en la que se establece la categoría profesional de como de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, solicito el informe de la fecha de la decisión, el procedimiento seguido para su adopción, la identidad de las personas que la adoptaron o que intervinieron de cualquier modo en su adopción, su cargo orgánico, los informes con que contaron y los motivos determinantes de lo acordado, por el que la abogacía del Estado, con representación en el ente mencionado, y en su nombre, la abogada, en juicio por ejecución de sentencia firme (procedimiento /2017) cambia el hecho probado y juzgado en sentencia firme, de la S/REF: 001-043120 N/REF: R/0556/2020; 100-004104 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Minis terio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana/Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife Información solicitada: Informes sobre la categoría profesional de la reclamante Subdirección General de Reclamaciones categoría profesional de la , otorgándole otra categoría profesional, juzgando de nuevo lo ya juzgado y probado, como consta en las actas y en el recurso de reposición interpuesto por la abogacía del Estado, mencionada. 2. Con fecha 22 de julio de 2020, la AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE contestó a la solicitante lo siguiente: Respecto al plazo de tramitación de las presentes solicitudes, ha de hacerse mención especial a la suspensión de términos y plazos administrativos establecida en el apartado 1 de la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, suspensión que ha finalizado mediante el Real Decreto 537/202 cuyo artículo 9 señala “con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas”. El 2018, causa baja por incapacidad temporal de la Autoridad Portuaria, prolongándose dicha situación durante 18 meses, hasta el 2019. La inicia expediente de reclamación de contingencias ante el INSS, que declara el carácter común del proceso de incapacidad temporal. En su corto tiempo de prestación efectiva de servicios a la Autoridad Portuaria, la ha presentado un total de 35 solicitudes y reclamaciones, a través del registro de entrada de este Organismo. 26 de ellas han sido presentadas desde su reincorporación del proceso de IT, a finales del año 2019. Además de las anteriores, la ha presentado otras 30 solicitudes de información a través del portal de transparencia del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Todo ello con independencia de las reclamaciones que ya ha comenzado a formular ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Interés particular y carácter abusivo de las peticiones. Causa de inadmisión del artículo 18.1.e) de la LTAIBG. La causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1 e) dispone, que se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. En este sentido, la solicitud de información presentada deriva de la relación laboral de la reclamante con este Organismo, siendo, por tanto, un asunto estrictamente particular y personal, sin que tenga ningún interés público ni justificado con la finalidad de la LTAIBG. Es obvio que dicha reclamación tiene su origen en una situación de conflictividad que no tiene encaje en la LTAIBG, por cuanto el objeto de dicha solicitud no tiene relación con cuestiones de interés general en la preservación de la transparencia en las tomas de decisión de los organismos públicos. Tal y como manifiesta el CTBG en sus resoluciones (cítese por todas la Resolución 836/2019), el ejercicio abusivo de un derecho ha sido analizado por reiterada jurisprudencia (por todas, se destaca la Sentencia de 1 de febrero de 2006 (rec. núm. 1820/2000). Esta doctrina jurisprudencial se basa en la existencia de unos límites impuestos al ejercicio de los derechos, límites de orden moral, teleológico y social. Se trata de una institución de equidad que, para poder ser apreciada, exige la verificación de que la conducta valorada cumple los siguientes requisitos: (1) Aparentemente es correcta, pero representa, en realidad, una extralimitación a la que la ley no concede protección alguna; y (2) Genera unos efectos negativos, normalmente daños y perjuicios. Además, de la base fáctica debe resultar patente una circunstan cia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo); y una circunstancia objetiva de exceso en el ejercicio del derecho (anormalidad en el ejercicio del derecho). Aplicada esta doctrina al derecho de acceso a la información, el CTBG, aprobó el Criterio Interpretativo CI/003/2016, en el que se interpretaba en qué supuestos las peticiones no están justificadas con la finalidad de la Ley. En la mencionada resolución del CTBG 839/2019, se desestimaron las pretensiones de una trabajadora de la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra al considerar que sus peticiones tenían intereses meramente particulares. Solicitud manifiestamente repetitiva. Además, esta solicitud resulta manifiestamente repetitiva puesto que coincide en gran parte con otra solicitud presentada en el registro de esta Autoridad Portuaria el 5 de diciembre de 2019, con nº de registro de entrada 2020/006517. Estas solicitudes han sido resueltas por la Autoridad Portuaria en fecha 14 de enero de 2020 y remitidas a la solicitante mediante burofax. (Se adjunta de la resolución de la Autoridad Portuaria). Esta reclamación deriva del procedimiento judicial en curso sobre la ejecución de una sentencia de despido. En el incidente de no readmisión interpue sto por la trabajadora, tanto el juzgado de lo Social que dictó la sentencia original, como en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 31 de octubre de 2019, han fallado a favor de la Autoridad Portuaria, declarando regular la readmisión efectuada. Se adjunta dicha Sentencia en la que ya se examinó el asunto del sótano en el Fundamento Jurídico QUINTO y SEXTO Por todo ello, se colige que su petición ha sido plenamente resuelta, sin que haya existido ninguna modificación real o legal sobre los datos en su momento ofrecidos. Se recuerda que la normativa de protección de datos personales es de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso, en aplicación de lo prevista en el artículo 15.5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Por todo lo anterior, esta Presidencia RESUELVE INADMITIR el acceso a la información solicitada. 3. Ante esta respuesta, mediante escrito de entrada el 26 de agosto de 2020, la interesada presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: La resolución emitida por la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife, adscrita al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, no sólo es vaga, imprecisa, vulnera el derecho a la información recogido en la LTAIGB, sino que ,además, falta a la verdad, y al decoro. El ente público insiste, a pesar de ya haber sido advertido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, (CTBG) en Resolución 230/2020 “en divulgar escri tos procesales presentados en un procedimiento jurisdiccional que perjudica la protección de dicho procedimiento en el sentido del artículo cuatro, apartado dos, segundo guión del reglamento número 1049/2001 mientras dicho procedimiento esté pendiente”. Y añade :” la divulgación de los escritos procesales en cuestión llevaría a permitir que se ejercieran, aunque solo fuera en la percepción del público, presiones externas sobre la actividad jurisdiccional y que se perjudicar a la serenidad de los debates”. Un ente público que me coloca persistentemente en indefensión y actúa con omisión o acciones dejando patente un rastro de inseguridad jurídica en su actuación como organismo de Derecho Público. El ente inadmite mi petición de resolución administrativa motivada; sea de un órgano unipersonal o pluripersonal o de un funcionario o funcionarios que han decidido sobre mi categoría profesional, mi trabajo y mis funciones. Dándole órdenes a la Abogacía del Estado que representa al ente para modificar lo juzgado y los hechos probados en Sentencia del TSJ de Canarias que se adjunta número Sentencia 000832/2018. Alguien, digo yo, habrá tenido que ordenar que se incumpla la única sentencia firme que existe, que dice que la reclamante es Jefa de Área de Comunicación y que la representante de la abogacía del Estado incumple en cada respuesta. Reprochando a esta trabajadora haber defendido su derecho al trabajo y tras haber ganado en los tribunales, no tener una buena praxis que pasaría por reprochar a la Administración pública su contratación irregular y no a esta trabajadora que ha ejercido la tutela efectiva de sus derechos m. Art. 24 CE. Esa es la resolución administrativa motivada que se solicita por esta parte. Igual es que este ente público es fans de” Cuarto Milenio”, y tendremos que llamar a “Iker Jiménez” a ver si algún ente fantasmagórico dicta las resoluciones administrativas que, como no, en este caso; se da por hecho que son “ invisibles”. O igual la representante de la abogacía del Estado ejerce además de órgano de gestión y de gobierno. Siendo así, que se comunique esa información en la solicitud aclaratoria que se pide. En otro caso, y aún nivel jurídico, lamentablemente, estamos ante un ente prevaricador que incumple una sentencia firme que no menciona jamás en sus escritos y respuestas. Y se agarra a una sentencia de un incidente de ejecución que se encuentra en el Tribunal Supremo en casación. La resolución expone unos antecedentes que nada tienen que ver con la solicitud de información que se pide. Antecedentes que se exponen con abuso de poder, plagados de juicios de valor, con parcialidad, y en una clara manifestación de vulnerar los derechos de esta parte, al derecho a la información que se solicita. Una resolución cargada de mala praxis, y distópica. Impropia de una secretaría general o de la representante de la abogacía del Estado en el ente. Sin pretender desviarme de la pretensión principal, esto es; la solicitud de información formulada, si me parece necesario puntualizar ya que así lo ha hecho la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife alguno de los puntos de su relato, incluidos en la resolución. 1-En primer lugar es cierto que soy trabajadora de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, tras sufrir un despido nulo por represalia, una vez probado que era una falsa autónoma. La sentencia absolutamente contundente prueba las funciones que realizaba desde el inicio de mi relación laboral con el ente y prueba la categoría profesional que me corresponde: Jefa de Área de comunicación del organismo. Con una antigüedad desde el 1 de diciembre de 2015. 2- Desde que la sentencia fue firme, el 16 de octubre de 2018, por el TSJC, jamás se ha cumplido ni las funciones, ni la categoría profesional. Vulnerándose desde mi incorporación en ejecución de sentencia mis derechos fundamentales. Asimismo, desde esa incorporación provisional antes de que la sentencia fuese firme, sufro una situación de acoso laboral y moral denunciada ante los tribunales. Y ahora mismo objeto de investigación por parte del defensor del pueblo. Hechos que no le son ajenos a los escribientes de la resolución emitida. En estas situaciones no voy a entrar puesto que se encuentran subjudice. No son el objeto de esta pretensión. Se trata del relato fabricado por el ente Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife con el objeto de desacreditarme a la hora de cumplir con sus deberes de dar respuesta a mi derecho a la información como cualquier ciudadano. Entiendo que mi situación laboral y los incumplimientos de los deberes laborales de dicha administración pública que se dirimen en los tribunales nada tienen que ver con la petición formulada. 3- Para no quedarme en indefensión, ante los relatos fabricados, las calumnias, las injurias, las difamaciones a mi persona, la discriminación que sufro, las vejaciones, el que no se me retribuyan las pagas extras como a cualquier funcionario, el que se me obliga a trabajar en un sótano, castigada y represaliada por defender mi derecho al trabajo, en el más absoluto ostracismo, mientras el resto de trabajadores de Prensa se encuentran en la segunda planta del organismo. Y otras muchas situaciones que no voy a detallar, lo que hago es presentar por registro de entrada del ente, las vulneraciones continua y constante a mis derechos fundamentales, a las que se me somete. Porque a pesar de mi voluntad de conciliar, en estos cuatro años, ni siquiera se me recibe por parte de los órganos unipersonales de gobierno y gestión. A los escritos que presento, cuando los contestan lo hacen mediante burofax. Aunque esté de baja médica. Como ya he explicado no era objeto de la solicitud de información formulada, el responder a este relato de antecedentes que nada tiene que ver. Pero entiendo que no debo quedar una vez más en indefensión, ante los juicios de valor y arbitrariedades expuestas en dicha resolución para no dar respuesta a mi derecho a la información. 4- Aplaudo el histórico que se hace de todos los escritos presentados ante el ente y ante el Portal de transparencia. Desconocía que había un límite para defender los derechos vulnerados por una Administración pública. Echo de menos que aparte de relatar las fechas de los escritos y la titulación bajo la denominación de asunto, no adjunte el contenido de los mismos donde se especifica con documentos adjuntos y pruebas, cada una de las vulneraciones a mis derechos fundamentales. Desconocía, además, que arbitrariamente, con juicios de valor, se relata lo que la secretaría general o la abogada del Estado con representación en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife considera que es un tiempo efectivo de trabajo. Quizás me debería de explicar en qué parte del convenio de representación que tiene firmada la abogacía del Estado con la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife se le atribuye los juicios de valor, las arbitrariedades y la falta de buena fe contra una trabajadora que ha reclamado sus derechos fundamentales. A mi juicio, la abogacía del Estado e incluso los servicios jurídicos del ente están para reprochar a la Administración su contratación de forma ‘grosera’ como le recuerda al TSJ de Canarias en sentencia firme, la única que existe, Sentencia 000832/2018 Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y no reprochar a una trabajadora una vez que ha defendido sus derechos en los tribunales y lo ha ganado. 5- Me asombra la frivolidad con la que se trata mi baja médica durante un año y medio por la situación de indefensión, acoso laboral y moral que padezco. Daños que esta situación reiterada en el tiempo afecta a mi salud. Se permiten, en esa resolución, opinar sobre informes médicos que desconocen. Relativizando una baja por enfermedad común. Ante el desconocimiento del diagnóstico médico por la protección de datos que conllevan los mismos. Impropio de una secretaría general o de la representante de la abogacía del Estado. Es inaceptable emitir juicios de valor y ocurrencias varias para denigrar mi imagen personal, despistar de la solicitud formulada y no darle curso, denigrándome como mujer y como trabajadora. Tras un año y medio de baja médica me incorporo. Reiteran el mismo patrón de incumplimiento de sentencia firme, a represaliarme en un sótano y a la misma situación de acoso laboral y moral que ya mencione. Lo que es inadmisible es que trabajadores que pertenecen a la secretaría general del ente o representando al organismo, la abogada del Estado, que tienen acceso a todos los escritos presentados por vulneración de derechos fundamentales, no cumplan con su deber de denunciarlos en base a sus propias obligaciones como cuerpos del Estado. 6- En cuanto a que no se me puede dar la información porque hay un auto en casación; subrayó que, solo hay una sentencia firme que resolvió la pretensión principal: despido nulo, categoría de jefa de área de comunicación. Como no se cumple la sentencia presento un incidente de ejecución. Hay un auto que me da la razón, tras un recurso de la abogacía del Estado, hay otro auto que reproduce el recurso de reposición de la abogacía del Estado, donde se modifica un hecho probado en sentencia firme. Este es el auto que está actualmente en casación para su posterior nulidad. Un auto de incidente de ejecución no puede modificar lo ejecutoriado en sentencia firme. En cualquier caso, se me escapa que tiene que ver un auto de ejecución de sentencia en casación, con la negativa a facilitarme la información solicitada. Por otro lado, la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife siempre alude a que está cumpliendo una sentencia que se encuentra en casación que se refiere a un incidente de ejecución por incumplimiento de sentencia firme, la que establecen mi categoría profesional. Por lo que entiendo, que estamos ante un ente prevaricador. Este ente, adjunta una sentencia que está en casación y omite la sentencia firme, la que resolvió la pretensión principal. La que es cosa juzgada. Por lo tanto, adjuntare la sentencia firme, la que no se cumple. En base a ello, entiendo que tengo todo el derecho a solicitar la información de la resolución administrativa motivada; sea de un órgano unipersonal o pluripersonal o de un funcionario o funcionarios que han decidido sobre mi categoría profesional, mi trabajo y mis funciones. El acceso a la información en los términos estipulados en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno es preceptivo en cualquier administración pública sea del Estado, de las Comunidades Autónomas, de administración local, organismos autónomos, empresas públicas etc. 7-Finalmente se tratan de argumentos muy torticeros y peregrinos decir que no se da a la reclamante la solicitud de información porque no tienen medios humanos para satisfacer esas solicitudes. Por otro lado, se habla primero de solicitudes dispares, luego repetitivas etcétera. Esta reclamante usa y usará todos los medios legales y las herramientas que dentro del ordenamiento jurídico vigente estén a disposición de la ciudadanía para reclamar mis derechos. Para evitar que administraciones como ésta, sigan siendo opacas. Es normal que cuando se piden resoluciones administrativas y estas no se cursan o no se contestan, acuda al portal de transparencia y finalmente a los tribunales porque el derecho a la información, a la transparencia, a la imparcialidad y a la legalidad no solo son derechos para esta reclamante; sino un deber y una exigencia para cualquier administración pública. Ningún escrito o relato presentado por este ente público contra mi persona con calumnias, difamaciones y atentados contra mi honor e intimidad restará mi derecho a que desista a defenderme con todas las herramientas legales y constitucionale s que me proporciona el Estado Democrático de Derecho al que pertenezco. La reclamante, Interpone reclamación al amparo del artículo 24 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia acceso a la Información Pública y Buen Gobierno ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En su virtud, solicita que sea anulada la resolución contra la que se interpone esta reclamación y sea reconocido su derecho de acceso a la información en los términos expuestos en la solicitud inicialmente presentada en el expediente 001-043120 Y, en su caso, conforme al artículo 9.2 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen Gobierno … “las medidas que sea necesario adoptar para el cese del incumplimiento y el inicio de las actuaciones disciplinarias que procedan”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. Como cuestión de carácter formal que ha afectado a la tramitación de la presente reclamación, cabe aludir a la suspensión de términos y plazos administrativos establecida en el apartado 1, de la Disposición Adicional Tercera, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; suspensión que ha finalizado mediante el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que señala en relación con los plazos: Artículo 9. Plazos administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas. No obstante esta suspensión de plazos, la Administración dispuso de tiempo suficiente para haber contestado a la reclamante en el plazo de un mes, a contar desde el mismo día 1 de junio de 2020, en que se reanudaron esos plazos suspendidos. 4. En cuanto al fondo del asunto, se solicita que la Administración facilite a la reclamante una serie de informes emitidos en relación a la clasificación profesional de la interesada. En este punto, ha de recordarse que, según lo concluido este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en diversos expedientes – como, por ejemplo, la R/0505/2017 o R/0249/2018 “(…) el objeto de una solicitud de información debe ser cualquier contenido o documento en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la LTAIBG (art. 13 de la LTAIBG). Bajo esa premisa, el conocimiento de información sirve de base para la rendición de cuentas por la actuación pública que predica la LTAIBG. En opinión de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la concreta información que es objeto de solicitud no reúne las características de información pública, como objeto de una solicitud de información al amparo de la LTAIBG (…) En el caso analizado en la resolución referida, el reclamante utilizaba la vía de la reclamación ante el Consejo de Transparencia para denunciar la inactividad de la Administración sin venir referido al acceso a una concreta información tal y como delimita la LTAIBG el objeto de la solicitud de acceso. Ello supondría por lo tanto hacer equivalente la normativa de transparencia a la obligación de dar cuenta de la gestión (o de la falta de ella), con desvinculación de que exista o no un contenido o documento al que acceder, conclusión que no comparte este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. “ Por lo tanto, queda claro, en primer lugar, que la reclamante plantea cuestiones sobre las que inquiere acerca de la actuación o falta de ella de la Administración, más allá de la existencia de información pública a la que pretenda acceder y, en base a ella, realizar el control de la actuación pública que constituye la finalidad o ratio iuris de la norma. En este supuesto se incluyen las pretensiones de la reclamante relativas a conocer esa identificación de funcionarios, la situación de acoso laboral y moral, los relatos fabricados, las calumnias, las injurias, las difamaciones a su persona, la discriminación que sufro, las vejaciones, mi baja médica durante un año y medio por la situación de indefensión, acoso laboral y moral que padezco, la mención a una sentencia que se encuentra en casación que se refiere a un incidente de ejecución por incumplimiento de sentencia firme, la que establecen mi categoría https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE.html profesional, que no pueden ser atendidas por este Consejo de Transparencia por carecer de competencia para ello. Sentado lo anterior, debe concluirse que cualquier interesado tiene derecho en cualquier momento a conocer la identificación de los funcionarios intervinientes en un procedimiento, ex artículo 53 de la actual Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común. Por lo tanto, el derecho a acceder a información de este tipo que, como en este caso, es ejercitado por la interesada, tiene su vía propia y natural en la normativa de procedimiento administrativo y en defecto de éste, en la vía jurisdiccional correspondiente. Como indica la Sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 6, de Madrid, de fecha 16 de octubre de 2017, el derecho de acceso a la información “es un derecho de los ciudadanos de nueva creación que en nada amplía los derechos de los interesados que ya se reconocían en el art. 30 y siguientes de la Ley 30/1992, y más en concreto en el art. 35 a) cuando establece el derecho de acceso permanente para conocer el estado de la tramitación de los procedimien tos en los que tengan la condición de interesados y a la obtención de copias de documentos contenidos en ellos, precepto que el Tribunal Supremo ha venido interpretando en el sentido de que "lo que reconoce es el derecho a acceder al procedimiento para tomar conocimiento de la totalidad del mismo y, a la vista de lo así conocido, obtener "copia de documentos contenidos en ellos" (Sentencia de 26 de enero de 2011, entre otras). Por lo tanto el interesado en un procedimiento no necesita invocar la LTBG para realizar una acceso que ya tiene reconocido, y con carácter mucho más amplio, desde la promulgación de la Ley 30/1992 [actual Ley 39/2015], que es la específicamente aplicable a su posición jurídica.” En segundo lugar, se pide el informe de la fecha de la decisión, el procedimiento seguido para su adopción, los informes con que contaron y los motivos determinantes de lo acordado, es decir, el cambio de categoría profesional de la reclamante. La petición de estos documentos, cuya existencia no está probada, se realiza sobre hechos que, supuestamente, han tenido lugar en sede jurisdiccional, no administrativa, según se deduce del correlato de hechos que efectúa la propia reclamante, razón por la que su acceso no queda amparado por la LTAIBG, cuyo ámbito objetivo de aplicación se ciñe a los actos de todos los sujetos citados en su articulado que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, entre los que no se encuentran los tribunales de justicia. Finalmente, algunos apartados de esta reclamación coinciden con las peticiones realizadas por la misma reclamante en otros procedimientos de reclamación tramitados también en este Consejo de Transparencia, igualmente inadmitidos, como la pretensión de conocer la identidad y el cargo de los funcionarios que, a su juicio, han determinado su errónea categoría profesional en la Autoridad Portuaria de Sta. Cruz de Tenerife. En base a lo expuesto, consideramos que no cabe acoger los argumentos en base a los cuales la reclamación ha sido presentada que, en consecuencia, ha de ser inadmitida. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descrito s, procede INADMITIR a trámite la reclamación presentada por , con entrada el 26 de agosto de 2020, contra la AUTORIDAD PORTUARIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda