Acceso a listado de armas subastadas en Comandancias de la Guardia Civil (2010-2017) y resultado favorable

PRESIDENCIA RESOLUCIÓN S/REF: 001-017710 N/REF: R/0551/2017 (100-000249) FECHA: 21 de marzo de 2018 ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno En respuesta a la Reclamación presentada por en representación de la Fundación Ciudadana CIVIO, con entrada el 29 de diciembre de 2017, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, presentó, con fecha 29 de septiembre de 2017, solicitud de acceso al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), dirigida al MINISTERIO DEL INTERIOR, con el siguiente contenido: xListado de armas subastadas en las Comandancias de la Guardia Civil en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Específicamente, pido la información desglosada relativa al número de identificación del arma, el tipo de arma, si está inutilizada o no, si se ha adjudicado o no y el precio alcanzado para cada arma en el caso de ser adjudicada en primera o segunda subasta. xLes agradecería que me pudieran remitir la información solicitada en formato accesible (archivo .csv, .txt, xls o .xlsx). En caso de que la información no se encuentre en cualquiera de estos formatos, solicito que se me entregue tal y como obre en poder de la institución, para evitar así cualquier acción previa de reelaboración. 2. Mediante escrito de fecha 18 de octubre de 2017, el MINISTERIO DEL INTERIOR comunicó al interesado que procedía a ampliar el plazo de contestación en un mes más, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la LTAIBG, para efectuar una evaluación detallada de los expedientes, para determinar si se dispone de la información solicitada, así como del tratamiento que se debiera dar a la misma. 3. El 29 de diciembre de 2017, tuvo entrada en este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, escrito de Reclamación de presentado por , fechado el 21 de diciembre anterior, en el que solicitaba una resolución del Consejo de Transparencia ante dicha solicitud, al amparo del artículo 24 de dicha norma, ya que en el Portal de Transparencia sigue apareciendo como en tramitación y tampoco se nos ha hecho llegar ningún otro documento por una vía diferente, existiendo, por tanto, silencio administrativo. 4. El mismo día 29 de diciembre de 2017, se solicitó al Reclamante que subsanara algunas deficiencias encontradas en su escrito de reclamación. Subsanadas las mismas, se continuó con el procedimiento. 5. El 15 de enero de 2018, este Consejo de Transparencia procedió a dar traslado de la Reclamación presentada al MINISTERIO DEL INTERIOR, al objeto de que por dicho Departamento se realizaran las alegaciones consideradas oportunas, que tuvieron entrada el 20 de marzo de 2018, con el siguiente contenido: xDado que por error no se dio respuesta en el plazo que prescribe la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de acuerdo con lo dispuesto en el mencionado artículo 20.1, se solicita que por razones de celeridad en este procedimiento y con la finalidad de que el reclamante tenga acceso a la información facilitada por la DGGC, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 82.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se abra el trámite de audiencia al interesado con el fin de que alegue lo que estime pertinente en relación a la información proporcionada. xMediante correo electrónico de 21 de diciembre de 2017, formula reclamación ante el CTBG, a través de siguiente dirección electrónica: en la que expone que: con DNI , en representación de la Fundación Ciudadana Civio, con Cl F plantea la siguiente reclamación ante un silencio administrativo" (se adjunta copia del mencionado correo electrónico) .Sin embargo, realizó su solicitud de información, el 29 de septiembre de 2017, a través del Portal de la Transparencia, a instancia personal . xAsí mismo, según la documentación que obra en el expediente que nos ocupa, el CTBG remitió a , mediante correo electrónico de 29 de diciembre de 2017 a la siguiente dirección electrónica: " , un requerimiento para que el aportase 'justificación de que la solicitud de información 001-017050 ha sido realizada por la Fundación Ciudadana Civio"', persona, que también contesto al CTBG por correo electrónico, de 12 de enero de 2018 indicando que "aporta el documento que solicitan" , (se adjuntan copias de estos correos electrónicos). xEn este sentido, se tendría que valorar como cuestión previa, sí tiene legitimación activa para reclamar contra la falta de resolución expresa de la Dirección General de la Guardia Civil (en adelante, DGGC) a la solicitud de información formulada por que quedó registrada en la Aplicación para la Gestión de Solicitudes de Acceso de Transparencia (GESAT), el 29 de septiembre de 2017, con el n° de expediente 001-017710. xConviene tener presente que, si bien la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no exige acreditar un interés legítimo para ejercer el derecho de acceso a determinada información, no lo es menos que la reclamación regulada por dicha ley ante ese CTBG, como medio sustitutivo de los recursos administrativos, en los términos previstos por el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es una vía impugnatoria que, como prevé este precepto, debe respetar los principios del procedimiento administrativo. En este sentido, debe tenerse en cuenta: o1 °) Que presento su solicitud de información registrada en la Aplicación para la Gestión de Solicitudes de Acceso de Transparencia (GESAT), el 17 de septiembre de 2017, con el n° de expediente 001-017710, sin que invocara estar actuando en calidad de representante de una entidad, es decir, que lo hacía a título personal. (Se adjunta copia de la solicitud). o2°) Que, sin embargo, al tiempo de presentar su reclamación ante el CTBG (sustitutiva del recurso administrativo y no sustraída a los principios que rigen el procedimiento administrativo en nuestro ordenamiento) la presenta , por correo electrónico, a través de siguiente dirección electrónica: en la que expone que actúa en condición de representante de la Fundación Ciudadana Civio. (Se adjunta copia del m encionado correo electrónico). o3°) En cualquier caso, contrariamente a lo exigido por el artículo 5.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, no acredita la representación con la que actúa, siendo así que la representación, en el procedimiento administrativo (cualquier procedimiento administrativo) sólo se presume para la realización de actos de trámite, nunca tratándose de recursos o sus medios sustitutivos, como son las reclamaciones. xEn definitiva, este Departamento ministerial considera que no se puede tener por reclamante a una persona, que no es la misma que formuló la solicitud inicial. No se pretende con ello defender un rigorismo injustificado, pero tampoco llevar el antiformalismo en el procedimiento administrativo al punto de prescindir de la elemental exigencia de que solicitante y reclamante (o recurrente) y calidad con que actúan sean coincidentes, cuestiones, por lo demás, de indudable trascendencia en caso de interposición de Recurso Contencioso-Administrativo. xAhora bien, en el caso de que el interesado hubiese formulado esta solicitud en representación de la Fundación Ciudadana CIVIO, como así lo ha hecho en gran número de solicitudes (y debido a un problema informático la aplicación GESAT no hubiese detectado a la persona jurídica su certificado digital) esta Administración le hubiese requerido para que en el plazo de diez días subsanase su solicitud, aportando la acreditación de la representación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, conforme al cual, para formular solicitudes en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia (como ejemplo, se adjunta copia relativa a un expediente de solicitud de acceso a la información, en la que este mismo interesado subsano y aporto a través de GESAT acreditación de la representación solicitada). xEs preciso señalar que la remisión de la reclamación al CTBG de , como representante de la "Fundación Ciudadana Civio" la realizó por correo electrónico, a través de la siguiente dirección electrónica: " ", no quedando acreditada la representación de la reclamante. Así mismo, tampoco se señaló el lugar o medio de notif icación en el que deseaba se le practicasen las comunicaciones, no cumpliendo con lo establecido en el artículo 17.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. En este sentido, dicho artículo dispone que, entre otros requisitos, (aunque referidos a la solicitud son aplicables a las reclamaciones y recursos), "La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de: a) La identidad del solicitante. b) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones". xEn definitiva, distinto del medio y del lugar de notificación es la dirección de correo electrónico del solicitante que prevé el artículo 66.1. b) de la citada Ley, como mero contenido facultativo de la solicitud ("adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico"), puesto que no sustituye ni puede suplir el preceptivo medio/lugar de notificación administrativa. xTeniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que el Ministerio del Interior ha cumplido con el mandato legal de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, por lo que su actuación ha de considerarse conforme a derecho. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a un eventual Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3.En primer lugar, deben atenderse las consideraciones de carácter formal alegadas por el MINISTERIO DEL INTERIOR y que son relativas a la legitimación activa de la Fundación Ciudadana CIVIO para presentar la Reclamación. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la solicitud de acceso a la información, de fecha 29 de septiembre de 2017, fue presentada por En el justificante de presentación de la solicitud figura tanto el Documento Nacional de Identidad (DNI) del solicitante, como la dirección de correo electrónico designada a efectos de notificaciones. Cierto es que esta dirección de notificaciones es el correo electrónico , de lo que el Ministerio deduce que pertenece a otra persona que no es el solicitante. Aunque est o sea así, no impide que la solicitud pueda entenderse presentada a prioripor el solicitante a título individual, dado que, en efecto, no menciona en ninguno de los apartados de la solicitud que ésta haya sido presentada en representación de la Fundación Ciudadana CIVIO. La dirección a efectos de notificaciones no tiene por qué coincidir con la verdadera del solicitante. Es perfectamente válido indicar cualquier dirección a estos efectos, sea o no la que figura en el empadronamiento del solicitante o sea o no su verdadera dirección de correo electrónico. Por otro lado, la Reclamación presentada ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con fecha 21 de diciembre de 2017 y entrada el día 29 de diciembre siguiente, indica expresamente lo siguiente: , con DNI XXXXXXXX, en representación de la Fundación Ciudadana Civio, con CIF XXXXXXX,plantea la siguiente reclamación ante un silencio administrativo….. 4. A este respecto, debe señalarse que el artículo 5 – sobre Representación-de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone lo siguiente: 1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. 2. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas. 3. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella representación. 4. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente. 5. El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento. El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos. 6. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. 7. Las Administraciones Públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las Administraciones Públicas podrán requerir, en cualquier momento, la acreditación de dicha representación. No obstante, siempre podrá comparecer el interesado por sí mismo en el procedimiento. Por otro lado, el artículo 66 – sobre Solicitudes de iniciación- de la misma norma dispone que 1. Las solicitudes que se formulen deberán contener: a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente. b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación. c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. d) Lugar y fecha. e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio. f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación. Asimismo, según el artículo 112 de la Ley 39/2015: 1. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley. La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento. 2. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o Comisiones específicas no sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente Ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo. En las mismas condiciones, el recurso de reposición podrá ser sustituido por los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, respetando su carácter potestativo para el interesado. La aplicación de estos procedimientos en el ámbito de la Administración Local no podrá suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por la Ley. Finalmente, debe recordarse que según el apartado 1 del art. 23 de la LTAIBG, 1. La reclamación prevista en el artículo siguiente tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 5. En el caso que nos ocupa y tal y como ha quedado descrito más arriba, la presente Reclamación, aparentemente, no fue presentada por el interesado que presentó la solicitud ni por su representante, razón por la que se podría inadmitir su tramitación por falta de legitimación activa para recurrir, como sostiene la Administración. Sin embargo, por medio de los documentos aportados al procedimiento por el Reclamante, se ha llegado a comprobar que, en realidad, determinadas solicitudes de acceso tramitadas electrónicamente ante la Administración mediante la aplicación GESAT habían sido presentadas realmente por , en nombre y representación de la FUNDACIÓN CIUDADANA CIVIO, entre ellas, la solicitud 001-017710, objeto de la posterior Reclamación ante este Consejo de Transparencia. Esta conclusión se alcanza tras comprobar que la Dirección General de la Gobernanza Publica del Ministerio de Hacienda y Función Públicas, responsable del Portal de la Transparencia, a través del cual se presentó la solicitud inicial, certificó estos extremos. Por ello, cabe concluir que en el presente caso sí existe legitimación para recurrir, que corresponde a la Fundación CIVIO, representada por el , como figuraba en la solicitud de acceso inicial y en la posterior Reclamación, razón por la cual debe admitirse a trámite. 6. Asimismo, se aprecia que la Administración no ha contestado en plazo al Reclamante, a pesar de haber ampliado el mes inicial para contestar en otro mes más. Como este Consejo de Transparencia ha dictaminado en ocasiones precedentes, algunas de las cuales afectan al MINISTERIO DEL INTERIOR, el apartado 1 del artículo 20, de la Ley 19/2013 establece que “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.” Por su parte, el apartado 4 del mismo artículo dispone que “Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.” El Ministerio no ha contestado aún al Reclamante, incumpliendo con el mandato contenido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, por lo que su actuación no puede considerarse conforme a derecho. 7. En cuanto al fondo de la cuestión planteada, se solicita un listado de armas subastadas en las Comandancias de la Guardia Civil en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017…………. relativa al número de identificación del arma, el tipo de arma, si está inutilizada o no, si se ha adjudicado o no y el precio alcanzado para cada arma en el caso de ser adjudicada en primera o segunda subasta. La Administración nada alega sobre este particular. Por ello, este Consejo de Transparencia debe realizar el test del dañoy el del interés públicoa que obliga la LTAIBG y que la Administración ha omitido. En ejercicio de las competencias legalmente atribuidas por el art. 38.2 a) de la LTAIBG, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno aprobó el Criterio Interpretativo nº 2 en el año 2015 relativo a la aplicación de los límites al acceso a la información. El mencionado Criterio se pronuncia en los siguientes términos: “Los límites a que se refiere el artículo 14 de la LTAIBG, a diferencia de los relativos a la protección de los datos de carácter personal, no se aplican directamente, sino que de acuerdo con la literalidad del texto del número 1 del mismo, “podrán” ser aplicados. De esta manera, los límites no operan ni automáticamente a favor de la denegación ni absolutamente en relación a los contenidos. La invocación de motivos de interés público para limitar el acceso a la información deberá estar ligada con la protección concreta de un interés racional y legítimo. En este sentido su aplicación no será en ningún caso automática: antes al contrario deberá analizarse si la estimación de la petición de información supone un perjuicio (test del daño) concreto, definido y evaluable. Este, además no podrá afectar o ser relevante para un determinado ámbito material, porque de lo contrario se estaría excluyendo un bloque completo de información. Del mismo modo, es necesaria una aplicación justificada y proporcional atendiendo a la circunstancia del caso concreto y siempre que no exista un interés que justifique la publicidad o el acceso (test del interés público).” Por otro lado, los Tribunales de Justicia también han tenido ocasión de pronunciarse sobre la aplicación de los mencionados límites y han indicado lo siguiente: - Sentencia nº 60/2016, de 18 de mayo de 2016, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid, dictada en el PO 57/2015 “(…) Este derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto en la Constitución Española– o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. En todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad". -“La ley consagra la prevalencia del derecho subjetivo a obtener la información y correlativamente el deber de entregarla, salvo que concurran causas justificadas que limiten tal derecho, a las que se refiere el art. 14. Tales causas constituyen conceptos jurídicos indeterminados cuya relevancia y trascendencia deben ser concretadas en cada caso, ponderando los intereses en conflicto, como la norma indica, de tal modo que frente a los actos típicamente discrecionales, (…). En el supuesto litigioso se exige que se acredite que el acceso a la información suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales. En la sentencia de 7 de noviembre de 2016 dictada en el recurso de apelación presentado frente a la sentencia de instancia indicada previamente, la Audiencia Nacional expresamente señaló que “Y si concurre alguno de los límites del art. 14 reseñado deberá de acreditarlo” - Sentencia nº 85/2016, de 14 de junio de 2016, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid, dictada en el PO 43/2015 “Pues bien, a la hora de interpretar tal precepto - 14.1 h-, hemos de tener presente que, la citada Ley, en su Preámbulo, expresamente afirma que la misma configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública y que dicho derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos”. “Así, la finalidad, principio y filosofía que impregna la reseñada Ley, es un acceso amplio a la información pública; y los límites a tal acceso han de motivarse, interpretarse y aplicarse de modo razonado, restrictivo y aquilatado a tenor del llamado, test de daño; a la luz de la determinación del perjuicio que el acceso a determinada información puede producir sobre el interés que se pretende salvaguardar con la limitación”. - Sentencia nº 46/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid, dictada en el PO 38/2016 "El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal, debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos; es un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además las Administraciones Públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos por lo que toda la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía. Pueden distinguirse dos aspectos en cuanto al derecho al acceso a la información: Transparencia proactiva, como aquella obligación de los organismos públicos de publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades, presupuestos y políticas y la Transparencia reactiva: Es el derecho de los ciudadanos de solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de información de y el derecho a recibir una respuesta documentada y satisfactoria". "Las diferentes y numerosas menciones a este derecho coinciden en resaltar la creciente importancia que está cobrando, ya que el mismo supone una herramienta indispensable para adquirir aquellos conocimientos que permiten controlar la actuación de los gobiernos y prevenir y luchar contra la corrupción así como contrarrestar la violación de derechos. De estos preceptos se desprende que el derecho de acceso a la información debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia." - Sentencia nº 98/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de Madrid, dictada en el PO 49/2016 "La ley consagra pues la prevalencia del derecho subjetivo a obtener la información y correlativamente el deber de entregarla, salvo que concurran causas justificadas que limiten tal derecho, a las que se refiere el art. 14, causas que constituyen conceptos jurídicos indeterminados cuya relevancia y trascendencia han de ser concretadas en cada caso, ponderando los intereses en conflicto (…)”. Teniendo en cuenta lo anterior y la falta de respuesta proporcionada al solicitante que es objeto de la presente Reclamación, debe concluirse que la aplicación de los límites y las causas de inadmisión contenidos en la LTAIBG no está mínimamente motivada y, por lo tanto, no se corresponde con lo señalado por este Consejo de Transparencia en el Criterio Interpretativo mencionado ni por los Tribunales de Justicia en las sentencias dictadas hasta el momento sobre su aplicación. Igualmente, no se aprecia de oficio que sean aplicables las mismas al presente supuesto. Además, este Consejo de Transparencia entiende que existe un interés público suficientemente importante en conocer la información demandada, dado que tanto el listado de armas subastadas por la Guardia Civil como el precio alcanzado para cada arma sirven para conocer cómo funciona la Administración y como se manejan los fondos públicos, que es la ratio iuriso razón de ser de la LTAIBG, cuyoPreámbulo dispone queLa transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con instituciones más fuertes, que favorecen el crecimiento económico y el desarrollo social. En estos países, los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos y decidir en consecuencia. Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico. 8. Por todo lo expuesto, la presente Reclamación debe ser estimada, debiendo la Administración facilitar al Reclamante la siguiente información: xListado de armas subastadas en las Comandancias de la Guardia Civil, en los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. xEspecíficamente, la información desglosada relativa al número de identificación del arma, el tipo de arma, si está inutilizada o no, si se ha adjudicado o no y el precio alcanzado para cada arma, en el caso de ser adjudicada en primera o segunda subasta. III. RESOLUCIÓN Considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la Reclamación presentada por , en representación de la Fundación Ciudadana CIVIO, con fecha de entrada el 29 de diciembre de 2017, contra el MINISTERIO DEL INTERIOR. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, facilite a , en representación de la Fundación Ciudadana CIVIO, la información referenciada en el Fundamento Jurídico 8 de la presente Resolución. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE INTERIOR a que, en el mismo plazo máximo de 10 días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al Reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En consecuencia, contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso- Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda