Solicitud de publicación de información sobre crédito sindical, distribución de horas y costes sindicales

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 544/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó a la entidad EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION S.A. S.M.E., al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 17 de junio de 2020, la siguiente información: El Comité de Empresa, en su función de velar por y representar los intereses de los trabajadores, dispone de crédito sindical para el desempeño de tal actividad, regulado por el Estatuto de los Trabajadores así como de los diferentes códigos éticos de algunos de los sindicatos. En base a estas regulaciones y orientaciones, las horas de los representantes deben de adecuarse estrictamente a lo necesario para el ejercicio del cargo electo y es deber moral afianzar transparencia en el uso de dichas horas al resto de la plantilla. S/REF: N/REF: R/0544/2020; 100-004088 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Hacienda/European Bulk Handling Installation S.A. S.M.E. Información solicitada: Publicación periódica de información sobre crédito sindical, distribución de horas y costes sindicales Subdirección General de Reclamaciones Por otra parte, los trabajadores representados por este Comité, son plenos conocedores de este derecho otorgado en beneficio de las relaciones laborales con la Empresa, pero también son conscientes del deber de información y transparencia que debe ofrecer cualquier entidad que represente a otra. El Comité de Empresa de EBHI actualmente no publica ninguna información relacionada con el crédito sindical disfrutado, y ha de recordarse que este es patrimonio de todos los trabajadores y no puede utilizarse en beneficio propio. Por todo ello, y en base a que EBHI, como sociedad mercantil con participación social superior al 50%, está sujeta a la Ley de Transparencia, solicito con el presente escrito se ponga a disposición de los trabajadores de forma mensual, física en tablones de anuncios y electrónica en la intranet de la empresa mediante un archivo reutilizable, desde enero de 2018, en cuadro anual con desglose mensual, los siguientes datos anonimizados de la información pública a la que se refiere el artículo 13 del capítulo III de la citada Ley: o Sindicato y Nº de miembros con derecho a crédito. o Crédito mensual o Consumo de horas sindicales totales. o Consumo de horas sindicales adyacentes a días no laborables relativos al representante que las disfrutara. o Consumo de horas sindicales en sábados, domingos y festivos de ámbito local, regional o nacional. o Consumo de horas sindicales en turno de noche. o Consumo de horas sindicales disfrutadas en jornadas de huelga legalmente declarada por el Comité de Empresa, o huelgas generales. o oras sindicales o Coste empresarial de horas empleadas del Comité por iniciativa de la empresa. Así mismo y en previsión de alguna denuncia de trabajador de la empresa, o inspección por la Autoridad Laboral, se recuerda a la empresa su obligación de requerir justificación del uso de horas sindicales, tal y como se recoge en el artículo 26 del IX Convenio Colectivo y como se avala en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS de 2 de julio de 1987 (RJ 1987, 5059). 2. Ante la falta de respuesta, mediante escrito de entrada el 24 de agosto de 2020, el interesado presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: El pasado 17/6/20 solicite la información que se adjunta en el PDF relativo a horas sindicales disfrutadas por el Comité de Empresa. A fecha de la apertura de esta reclamación aún no he recibido respuesta alguna de esta empresa de la que soy empleado y verbalmente me han dicho que no creen que la vayan a ofrecer. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En el presente caso, se solicita que la Sociedad Mercantil Estatal EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION S.A. S.M.E. ponga a disposición de los trabajadores de forma mensual, física, en tablones de anuncios, y electrónica en la intranet de la empresa, mediante un archivo reutilizable, desde enero de 2018, en cuadro anual con desglose mensual, datos anonimizados relativos a créditos sindicales, distribución de horas y costes sindicales. En primer lugar, debe determinarse si la LTAIBG resulta de aplicación a esta Sociedad Mercantil Estatal, que es la sociedad que gestiona la terminal de descarga de graneles del Puerto de Gijón. Fue creada en 1991, siendo su accionista mayoritario la Autoridad Portuaria de Gijón. La Autoridad Portuaria de Gijón es un organismo público que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena capacidad de obrar, y se rige por el Real Decreto Legislativo 2- 2011 Texto Refundido Ley de Puertos BOE-A-2011-16467. Entre sus competencias está la prestación de los servicios generales y la gestión y control de los servicios portuarios, así como la planificación, construcción y conservación de las obras y servicios del puerto. El órgano de Gobierno de la Autoridad Portuaria de Gijón es el Consejo de Administración (del que forman parte 3 vocales en representación de la Administración General del Estado) y el Presidente. Está pues sujeta a la LTAIBG. Conforme señala el artículo 2.1 g) de la LTAIBG, Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100. En consecuencia, estando la Sociedad Mercantil Estatal EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION S.A. S.M.E. participada mayoritariamente por dinero público, está sujeta a los mandatos de la LTAIBG. 4. A continuación, se debe analizar el objeto de la reclamación. Se solicita, como se ha indicado anteriormente, que se publique para ser accesible a los trabajadores de la sociedad una serie de informaciones de contenido netamente sindical. En este sentido, se pretende incluir dentro de las obligaciones de publicidad activa aplicable a la sociedad a la que se dirige la solicitud de información, la publicación de los datos y el detalle requerido por el solicitante. En primer lugar, y atendiendo a la naturaleza de la solicitud y de la información a la que viene referida, como hemos señalado varias veces con anterioridad, (por ejemplo, la resolución R/0462/2016 ) deben realizarse una serie de consideraciones sobre el marco en el cual se ha solicitado información y, derivado de ello, la normativa jurídica aplicable: “Así, y como se desprende de los antecedentes de hecho de la presente resolució n y de la documentación https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2016.html obrante en el expediente, queda acreditado que la solicitud de información (...) se enmarca dentro de las relaciones laborales mantenidas entre los representantes de los trabajadores y los responsables del organismo. Se trata, por lo tanto, de un ámbito que, por un lado, obliga a proporcionar información por parte de los responsables de la entidad y, por otro, y con base precisamente en la información obtenida, permite proteger los derechos de los trabajadores por parte de los representantes de los mismos. En el caso que nos ocupa, como en otros de los que ha tenido conocimiento este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el medio de impugnación previsto en la LTAIBG, esto es, la presentación de una reclamación ante el Consejo, ha sido utilizado cuando la respuesta o ausencia de ella que se reclama se ha presentado en el marco de las relaciones laborales que antes indicábamos. En relación a lo anterior, no obstante, no debe dejarse de lado el acceso a la información regulado por la LTAIBG, configurado como un derecho de amplio ámbito objetivo y subjetivo y, especialmente, el concepto de información pública y, por lo tanto el posible objeto de una solicitud de información que la ley consagra: todo contenido o documento que obre en poder de un organismo sujeto a la norma que haya sido obtenido o elaborado en el ejercicio de sus funciones. Este hecho- entender que puede ser objeto de una solicitud de información cualquier información que posea el organismo o entidad al que se dirija la misma- así como que no sea necesario motivar la solicitud, por lo que no está vinculada a la titularidad de un interés por parte del solicitante, hace difícil cuando no imposible, sustraer del marco de la LTAIBG una solicitud de información que cumpla las condiciones indicadas en la misma. Sin embargo, este Consejo de Transparencia también quiere recordar que el objetivo final de la LTAIBG es el escrutinio de la acción pública, y ello mediante el conocimiento del proceso de toma de decisiones como medio de rendición de cuentas de los responsables públicos. Y desde esa perspectiva deben ser analizadas, a nuestro juicio, las solicitudes de acceso a la información que tengan su amparo en la misma. Por ello, se recuerda que el conocimiento de información en el marco de las relaciones laborales encuentra su acomodo natural en el régimen que constituyen tanto el Estatuto de los Trabajadores como el Estatuto Básico del Empleado Público en caso de que sea de aplicación, que contienen vías para la adecuada comunicación entre las partes concernidas”. 5. Abundando en lo anterior, las funciones fundamentales del sindicato son la representación de los trabajadores en la negociación colectiva y velar por el cumplimiento de los acuerdos adoptados. También actúan como representantes del afiliado cuando éste lo requiere, así como parte en los juicios o reclamaciones, asumiendo la representación del interés social. Otras funciones asumidas son promover la formación profesional, la propuesta de mejoras en las condiciones de trabajo, control y ejecución de medidas de prevención de riesgos laborales, así como participar en los procesos de contratación de nuevos trabajadores. Por su parte, un Comité de Empresa es un grupo de personas que forman parte de una empresa y que representan al resto de trabajadores. Normalmente este Comité es el que se ocupa de negociar condiciones y resolver conflictos tipo salariales. El Comité está formado por personas que trabajan en la institución /empresa. Son personas elegidas de forma democrática y que cumplen sus funciones de delegados o representantes sindicales. Según la normativa europea 97/74/CE, este tipo de comités son obligatorios en empresas que tengan más de mil trabajadores. Uno de los principios jurídicos fundamentales en que se basa el actual sistema de relaciones laborales en España es el contenido en el artículo 28.1 de la Constitución Española de 1978 , el cual reconoce el derecho a la libertad sindical como un derecho fundamental de «todos a sindicarse libremente». En nuestro ordenamiento constitucional, la facultad de actuar en tutela y en defensa de los intereses colectivos de los trabajadores se atribuye a los propios sujetos protagonistas del conflicto, como expresión de su posición de libertad y eligiendo, en ejercicio de su propia autonomía, los medios más congruentes a dicho fin. Para ejercer esas funciones, con amparo constitucional, existe la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, cuyo artículo 2.1 d) dispone que El ejercicio de la actividad sindical en la empresa o fuera de ella, (..) comprenderá, en todo caso, el derecho a la negociación colectiva, al ejercicio del derecho de huelga, al planteamiento de conflictos individuales y colectivos y a la presentación de candidaturas para la elección de Comités de Empresa y Delegados de Personal, y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas, en los términos previstos en las normas correspondientes. Por su parte, su artículo 9.1 c) señala que Quienes ostenten cargos electivos a nivel provincial, autonómico o estatal, en las organizaciones sindicales más representativas, tendrán derecho a la asistencia y el acceso a los centros de trabajo para participar en actividades propias de su sindicato o del conjunto de los trabajadores, previa comunicación al empresario, y sin que el ejercicio de ese derecho pueda interrumpir el desarrollo normal del proceso productivo. En definitiva, si bien la LTAIBG configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, incluidos los miembros o representantes de los trabajadores, derecho que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud y que solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto en la Constitución Española– o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos, no debe perderse de vista que esta norma no está pensada, en ningún caso, para ejercer la actividad sindical, que dispone de sus propios cauces procedimentales específicos y que, en último extremo, puede ser defendido ante los organismos de arbitraje existentes o los Tribunales de Justicia competentes, no debiendo utilizarse la vía de la Reclamación ante este Consejo de Transparencia como medio usual para el ejercicio de esos derechos de representación laboral. 6. A lo anterior hay que añadir que, en el presente caso, concurren dos circunstancias que obligan a inadmitir la reclamación presentada: 1.- La solicitud de acceso – como la posterior reclamación – no pretende que se le entregue información directamente al Comité de Empresa interesado ni a su representante, sino que, como la misma señala, “en su función de velar por y representar los intereses de los trabajadores, dispone de crédito sindical para el desempeño de tal actividad, regulado por el Estatuto de los Trabajadores” y dado que “actualmente la Sociedad Mercantil no publica ninguna información relacionada con el crédito sindical disfrutado”, le exige que publique para conocimiento de todos los trabajadores una información de contenido netamente sindical, de la regulada en el propio Estatuto de los Trabajadores. Esta petición no entronca con el derecho de acceso a la información pública, sino con la publicidad activa y no puede ser objeto de reclamación ante el Consejo de Transparencia, al no estar así previsto legalmente. 2.- Igualmente, debe tenerse en cuenta que el concepto de publicidad activa, según propone el Criterio Interpretativo 2/2019, de Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de fecha 20 de diciembre de 2019 , es el siguiente: "Obligación de los sujetos que determina la Ley de publicar, de forma proactiva y en las condiciones establecidas, los datos o informaciones que sean relevantes para garantizar la transparencia de su activida d y, en todo caso, los designados expresamente en la norma, con vistas a posibilitar el ejercicio por la ciudadanía de su derecho a la participación y al control de los asuntos públicos". Según se indica en su propio Preámbulo, la Ley amplía y refuerza las obligaciones de publicidad activa en distintos ámbitos. En materia de información institucional, organizativa y de planificación exige a los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación la publicación de información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les resulta de aplicación y su estructura organizativa, además de sus instrumentos de planificación y la https://www consejodetransparencia.es/dam/jcr:4ba3c3d0-4776-46ff-a489-3acc53b2b33a/C2 2019 publicidadactiva concepto.pdf evaluación de su grado de cumplimiento. En materia de información de relevancia jurídica y que afecte directamente al ámbito de las relaciones entre la Administración y los ciudadanos, la ley contiene un amplio repertorio de documentos que, al ser publicados, proporcionarán una mayor seguridad jurídica. Igualmente, en el ámbito de la información de relevancia económica, presupuestaria y estadística, se establece un amplio catálogo que debe ser accesible y entendible para los ciudadanos, dado su carácter de instrumento óptimo para el control de la gestión y utilización de los recursos públicos. Por último, se establece la obligación de publicar toda la información que con mayor frecuencia sea objeto de una solicitud de acceso, de modo que las obligaciones de transparencia se cohonesten con los intereses de la ciudadanía. Finalmente, dentro de los principios que rigen esta publicidad activa no existe obligación de publicar los contenidos solicitados por el reclamante, como se infiere de lo dispuesto en los artículos 5 a 8 de la LTAIBG . Por tanto, no deben confundirse el derecho de acceso a la información pública con la publicidad activa, pudiéndose reclamar ante el Consejo de Transparencia únicamente en casos de denegación, expresa o presunta, del ejercicio del primero de ellos, tal y como se prevé expresamente en el art. 24 de la norma III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descrito s, procede INADMITIR a trámite la reclamación presentada por , con entrada el 24 de agosto de 2020, contra la Sociedad Mercantil Estatal EUROPEAN BULK HANDLING INSTALLATION S.A. S.M.E. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda C/ José Abascal, 2, 5º-C 28003 MADRID Advertido error en la resolución de fecha 7 de octubre de 2020, dictada en el expediente de reclamación R/0544/2020 (100-004088), se procede a realizar la oportuna rectificación, conforme al art. 109.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común: En el encabezamiento, donde dice: “Administración/Organismo: Ministerio de Hacienda/European Bulk Handling Installation S.A. S.M.E.”, Debe decir: “Administración/Organismo: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana/European Bulk Handling Installation S.A. S.M.E.”. Esta rectificación no incide en el texto ni en el acuerdo final adoptado en dicha resolución.