Solicitud de informe de auditoría del Centro Criptológico Nacional y resultado estimatorio por motivos formales

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 544/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINISTERIO DE DEFENSA, a través del Portal de la Transparencia (solicitando la notificación por la misma vía) y al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 31 de mayo de 2019, la siguiente información: Copia íntegra de los informes de auditoría inicial que, según el pliego de condiciones técnicas que reguló el concurso público convocado para la contratación de la empresa encargada del escrutinio provisional de los resultados de las elecciones municipales y europeas celebradas el 26 de mayo, tenía que hacer el Centro Criptológico Nacional (CCN) - dependiente del CNI- a las propuestas presentadas para prestar el servicio. En concreto, las S/REF: 001-034911 N/REF: R/0544/2019; 100-002790 Fecha: 25 de octubre de 2019 Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio de Defensa Información solicitada: Informe de auditoría del Centro Criptológico Nacional Sentido de la resolución :Estimatoria por motivos formales Subdirección General de Reclamaciones dos compañías que se presentaron fueron Indra Soluciones Tecnologías de la Información SLU y la UTE formada por las empresas Scytl Secure Electronic Voting SA y Vector Software Factory SL. No consta respuesta de la Administración. 2. Con fecha de entrada el 1 de agosto de 2019, el solicitante presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con el siguiente contenido: El pasado 31 de mayo formulé acceso a la información para que la Dirección General de la Policía me facilitara copias de las auditorías previas que ha debido de realizar el Centro Criptológico Nacional a las propuestas técnicas que presentaron las empresas que pujaron por el contrato para la prestación del servicio de escrutinio provisional de los resultados de las elecciones europeas y municipales del pasado mes de mayo, requisito establecido en el pliego de condiciones técnicas que reguló la licitación. Dos meses después sigo sin recibir respuesta, sin que se me haya notificado una eventual ampliación del plazo. Juzgo que no opera ninguno de los límites de denegación de acceso a la información que prevé la ley, por lo que ruego que el Consejo de Transparencia analice el caso y obligue al Ministerio del Interior a facilitar la documentación requerida. 3. Con fecha 5 de agosto de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE DEFENSA, al objeto de que efectuase las alegaciones que se considerasen oportunas. Mediante escrito de entrada el día 30 de agosto de 2019 el indicado Departamento realizó las siguientes alegaciones: Con fecha 31 de mayo de 2019 tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Defensa, solicitud de acceso a la información pública formulada por al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), solicitud que quedó registrada con el número 001-034911. Con fecha 12 de junio de 2019 se aceptó la competencia de esta solicitud, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución. El 26 de julio de 2019 fue dictada resolución por el Subsecretario de Defensa. El día 02 de agosto de 2019 fue trasladada la resolución a la Unidad de Información de Transparencia de este ministerio para comunicación al interesado. El día 06 de agosto de 2019 fue comunicada la resolución al interesado. Con fecha 05 de agosto del presente año se recibió requerimiento del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en el que se notificaba que se había interpuesto reclamación ante dicho Consejo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la ley 19/2013, concediendo un plazo de 15 días para formular alegaciones. ALEGACIONES: Se informa que con fecha 06 de agosto de 2019 fue comunicada al interesado resolución dictada por el Subsecretario de Defensa, cuya copia se acompaña, la cual se produjo veintidós días después del plazo de un mes legalmente fijado para facilit ar el acceso a la información solicitada, y un día después de que la parte personada efectuara su reclamación ante ese Consejo. El abultado elenco de asuntos atribuidos a la competencia del Departamento, así como la necesidad de atenerse al proceso interno de verificación, supervisión y control de calidad de la información proporcionada, unido a que en esas fechas parte de la plantilla ya se encontraba disfrutando de períodos de vacaciones, impidió que esta Unidad de Información de Transparencia recibiera la respuesta elaborada por la Subsecretaria de Defensa dentro de plazo, y que no se pudiera efectuar la comunicación al interesado, sino hasta veintidós días después del vencimiento de aquel. En definitiva, se ha satisfecho debidamente el derecho de acceso a la Información ejercido por y la involuntaria demora en la comunicación al interesado, ha obedecido a razones de índole exclusivamente burocrática, vinculadas al despacho ordinario de los asuntos en esta Vicesecretaría General Técnica. 4. El 2 de septiembre de 2019, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015 , de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió Audiencia del expediente al reclamante para que, a la vista del mismo, presentase las alegaciones que estimara pertinentes, sin que haya presentado alegaciones en el plazo concedido al efecto, constando la notificación el mismo día 2 de septiembre mediante su comparecencia. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En el presente caso, debe comenzarse realizando una serie de consideraciones formales relativas al plazo en el que una solicitud de acceso a la información debe ser respondida. Según dispone el apartado 1 del art. 20 de la LTAIBG La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. El apartado 4 del mismo precepto establece que Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. En el caso que nos ocupa, conforme consta en el expediente y se ha consignado en los antecedentes de hecho, la solicitud de información se presentó el 31 de mayo de 2019, entrando en el órgano competente para resolver el día 12 de junio según manifiesta la Administración (sin que quede justificado el retraso en esa remisión al órgano competente), por lo que disponía hasta el 12 de julio para resolver y notificar la respuesta a la solicitud de información. Sin embargo hasta el 6 de agosto de 2019, según confirma la Administración, no se notificó al interesado, es decir, pasado el plazo de un mes del que disponía para resolver y notificar. En este sentido, se debe de nuevo recordar que el propio Preámbulo de la Ley, con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública se indica el establecimiento de un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta, y la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, al objeto de facilitar el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. Este Consejo de Transparencia ya se ha pronunciado en casos precedentes (por ejemplo, en el expediente R/0100/2016 o R/0234/2018 , R/0543/2018 , y muy recientes las R/0478/2019 y R/0489/2019) sobre esta dilación en la tramitación de la solicitud por parte de la Administración, llegando a la conclusión de que este lapso de tiempo, no achacable al solicitante sino a la Administración, corre en contra de los intereses del primero, algo que contradice el principio de eficacia administrativa del artículo 103.1 de la Constitución española, según el cual "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2016/06.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2018/07.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2018/11.html desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho". La categorización como principio por la Constitución del deber de ser eficaz, comporta que la Administración ha de ajustarse en su actuación, no sólo al principio de legalidad, sino que, además, deberá poner todos los medios materiales y humanos para llevar a cabo el fin que la propia Constitución le asigna: la consecución del interés general. 4. Teniendo en cuenta lo anterior, en casos como éste, en que la respuesta a la solicitud se ha proporcionado fuera del plazo concedido al efecto por la LTAIBG y una vez que se ha presentado Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, hemos venido entendiendo que debe reconocerse, por un lado, el derecho del interesado a obtener la información solicitada y por otro, tener en cuenta el hecho de que la información se le ha proporcionado si bien, como decimos, en vía de reclamación. Por lo tanto, la presente reclamación debe ser estimada pero únicamente por motivos formales, dado que la contestación de la Administración se ha producido una vez transcurrido el plazo legal de un mes y como consecuencia de la presentación de la Reclamación ante este Consejo de Transparencia (circunstancia que reconoce el propio Ministerio); sin que sea preciso realizar ulteriores trámites, teniendo en cuenta que conocida la información por el interesado, i) por la notificación de la resolución de concesión según indica la Administración (hecho que no se ha podido comprobar por este Consejo de Transparencia ya que no se acompaña el documento a pesar de que se indica lo contrario), y ii), al haberle concedido este Consejo de Transparencia trámite de audiencia dándole traslado de las alegaciones, y no haber recibido objeción alguna al respecto. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por con entrada el 1 de agosto de 2019, contra el MINISTERIO DE DEFENSA. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda