Acceso a la información sobre el importe detallado de las dietas abonadas a los miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña

PRESIDENCIA RESOLUCIÓN S/REF: N/REF: R/0530/2017 FECHA: 27 de febrero de 2018 ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno En respuesta a la Reclamación presentada por , con entrada el 14 de diciembre de 2017, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: 1. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 6 de noviembre de 2017, presentó solicitud de información dirigida a la AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA (en adelante, la Autoridad Portuaria), entidad dependiente del MINISTERIO DE FOMENTO, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por la que requería: -El importe de las dietas devengadas y abonadas a los miembros integrantes del Consejo de Administración de la referida Autoridad Portuaria, identificando para cada uno de ellos el importe abonado, así como la fecha y el concepto correspondiente (dietas de asistencia, de desplazamiento, manutención, etc), según proceda, para el período comprendido entre el día 1 de enero de 2015 y el 31 de octubre de 2017. 2.El 14 de diciembre de 2017, tuvo entrada este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno escrito de reclamación presentado por de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG en base a los siguientes argumentos: PRIMERO.- Se ha presentado el pasado 06/11/2017 ante la Autoridad Portuaria de A Coruña solicitud de acceso a la relación de las dietas devengadas y abonadas a cada un/una de los miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña, identificando para cada persona el importe abonado, así como la fecha y el concepto al que corresponde (dietas de asistencia, de desplazamiento, manutención, etc, según proceda); y todo ello en el período comprendido entre el día 1 de enero 2015 y el 31 de octubre de 2017. SEGUNDO.- Dicha solicitud ha sido desestimada por silencio administrativo. TERCERO.- La información objeto de solicitud de información no figura en la documentación publicada. En efecto, en las cuentas aprobadas por la Autoridad Portuaria ( y publicadas en el BOE) únicamente figura la cuantía global de las mismas (dietas por asistencias a la reuniones del Consejo de Administración), pero sin que en dicha información figure la distribución de dicha cuantía para cada una de las personas perceptoras e integrantes del Consejo, tal y como se puede verificar en : - Resolución de 30 de junio de 2017, de la Autoridad Portuaria de A Coruña, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría (BOE de 05/09/2017): importe total de dietas por asistencias a reuniones del Consejo en el año 2016: 29.915,20 €. - Resolución de 30 de junio de 2016, de la Autoridad Portuaria de A Coruña, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría (BOE de 01/09/2016): importe total de dietas por asistencias a reuniones del Consejo en el ejercicio 2015: 38.889,76 €. CUARTO.- No hay norma legal ni criterio de interpretación o aplicación que exima o limite el ejercicio de derecho de acceso a una información como es la de las retribuciones (en este caso dietas) percibidas por un órgano de gobierno y administración de una entidad u organismo público. Procedencia de derecho de acceso en supuestos similares que ha sido reconocida por este propio Consejo de Transparencia (Resolución 417/2016, de fecha 16/12/2016, relativa a una solicitud de acceso a información económica da la Autoridad Portuaria de Marín-Ría de Pontevedra, al no figurar la requerida en la documentación de las Cuentas aprobada y publicada). Y procedencia que también ha sido objeto de pronunciamiento favorable por el propio Tribunal Supremo (sentencia de 16 de octubre de 2017; recurso de casación 75/2017). 3. El 15 de diciembre de 2017, este Consejo de Transparencia requirió a la interesada a efectos de proceder a la subsanación de su solicitud, en el plazo legalmente establecido, aportando al expediente copia de la solicitud de acceso dirigida a la Autoridad Portuaria en fecha 6 de noviembre de 2017. El 19 de diciembre de 2017 tuvo entrada en este Consejo la documentación solicitada. 4. El 20 de diciembre de 2017, este Consejo de Transparencia remitió la documentación obrante en el expediente a la Autoridad Portuaria, a través de la Unidad de Información de Transparencia del MINISTERIO DE FOMENTO para que formulara las alegaciones que considerase oportunas. El escrito de alegaciones formulado tuvo entrada en este Consejo en fecha 16 de enero de 2018, y en el mismo se señalaba lo siguiente: - Con fecha 6 de noviembre de 2017 se ha procedido a la recepción de la solicitud en el Registro General de la Autoridad Portuaria del escrito presentado por con registro de entrada N/E: , mediante el que se solicitaba el acceso a la relación de dietas devengadas y abonadas a cada uno de los miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña identificando para cada persona el importe abonado, así como la fecha y el concepto a que correspondiese (dietas de asistencia, de desplazamiento, manutención, etc...) en el período comprendido entre el día 1de enero de 2015 al 31 de octubre de 2017. - Una vez recibido, se procedió al análisis de la solicitud en cuanto a su contenido y a sus aspectos formales pudiendo constatar que su contenido coincidía con la solicitud presentada por un miembro del Consejo de Administración de esta Autoridad Portuaria, (Concejal del Ayuntamiento de A Coruña) en la reunión celebrada el 24 de mayo de 2017 y posteriormente por escrito presentado en el Registro de la Autoridad Portuaria. - Es de destacar el hecho de que los dos solicitantes pertenecen al mismo grupo político, tal y como aparece publicado en internet en diferentes medios: En Marea. - En esa misma sesión del Consejo de Administración, tras una serie de deliberaciones se acordó solicitar informe a la Abogada del Estado, también miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña, al considerar el resto de consejeros presentes que debería verificarse que dicha solicitud no incurría en ninguno de los límites al derecho de acceso previstos en la normativa de transparencia ni vulneración de la normativa de protección de datos personales, teniendo en cuenta la finalidad con la que el propio Consejero manifestó que se pedía. - Así las cosas, se solicitó informe a la Abogacía del Estado al respecto de las dos solicitudes presentadas, informe que fue emitido el pasado 18 de diciembre de 2017, y del cual aún no se ha podido dar traslado a los consejeros de la Autoridad Portuaria, tal y como se acordó en su momento, dado que no se ha celebrado ninguna sesión del Consejo de Administración hasta la fecha. A la fecha de la presente resolución, no se ha recibido en este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comunicación o documentación adicional que completase las alegaciones formuladas. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a un eventual Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. Primeramente, este Consejo de Transparencia quiere hacer especial mención a una cuestión de tipo formal relativa al plazo para resolver por parte de la Administración. En este sentido, dispone el artículo 20.1 de la LTAIBG que “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse a solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante”. Según se desprende del expediente, la solicitud de información cuya ausencia de respuesta se reclama fue presentada en fecha 6 de noviembre de 2017, sin que figure tampoco ampliación del plazo para resolver en atención a las causas previstas en el artículo 20.1 in finede la LTAIBG. Consecuentemente, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.4 de la LTAIBG, la solicitud de información debe entenderse desestimada por silencio administrativo. A este respecto, es necesario recordar al Administración la necesidad de cumplir con los plazos legalmente establecidos a la hora de contestar a las solicitudes de acceso que se le presenten, para facilitar el ejercicio de un derecho de base constitucional como el que nos ocupa; respecto al cual la LTAIBG ha previsto un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. 4. Pues bien, la Autoridad Portuaria en su escrito de alegaciones motiva la ausencia de respuesta, y la consecuente denegación del acceso a la información como consecuencia de la institución del silencio administrativo, en el hecho de que el contenido de la solicitud formulada por la ahora reclamante coincidía con la solicitud presentada por otro interesado, Concejal del Ayuntamiento de A Coruña, y perteneciente a la misma formación política que la reclamante. Respecto al carácter coincidente de las solicitudes de información formuladas, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha tenido oportunidad de pronunciarse en su Criterio CI/003/2016, de 14 de julio de 2016, relativo a las causas de inadmisión de solicitudes de información por su carácter repetitivo o abusivo. En dicho criterio, aprobado en ejercicio de las funciones legalmente conferidas al Consejo por el art. 38.2 a) de la LTAIBG, se indica expresamente lo siguiente: “Cuando se trate de peticiones cuyo texto sea coincidente, habrá de tenerse en cuenta que, en ningún caso, la concurrencia de varios demandantes solicitando una misma información ha de considerarse reiterativa por la simple coincidencia del texto, que puede deberse a la aprobación de modelos, formularios o plantillas facilitadoras del ejercicio de derecho de acceso individual respecto a cuestiones que pueden afectar a una o a varias personas o bien a colectivos. En estos casos, es obligatorio considerar cada peticionario individualmente.” Por su parte, la Autoridad Portuaria indica, en sus alegaciones, que con motivo de la solicitud presentada por el otro interesado, se requirió a la Abogacía del Estado para la emisión de informe a efectos de recabar pronunciamiento respecto a la eventual concurrencia de límites, en el sentido de la LTAIBG, al derecho de acceso a la concreta información solicitada. Prosigue su alegato poniendo de manifiesto que el referido informe de la Abogacía del Estado fue emitido en fecha 18 de diciembre de 2017. 5. Por otro lado, el escrito de alegaciones presentado ante este Consejo es de fecha 4 de enero de 2018, con entrada en el Consejo el 16, y, por tanto, posterior a la fecha de emisión del referido informe. No obstante, el Presidente de la Autoridad Portuaria no hizo referencia a que la Abogacía del Estado, a la luz la LTAIBG y de las concretas circunstancias del caso, hubiera estimado la concurrencia de límites al acceso a la información solicitada en el presente asunto. Consecuentemente, este Consejo de Transparencia no dispone de elementos para valorar la concurrencia de límites así como la imposibilidad para la Administración de facilitar el acceso a la información solicitada, la cual, por su parte constituye “información pública” en los términos del artículo 13 de la LTAIBG. Y es que, efectivamente, el importe pagado en concepto de dietas a los miembros del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria constituye información que obra en poder de la Autoridad Portuaria, la cual ha sido elaborada o adquirida en ejercicio de sus competencias. Prueba de lo anterior es que la información relativa al coste total de asistencias al Consejo de Administración constituye un componente de la partida “Otros gastos de gestión corriente” integrada en las cuentas anuales del referido Organismo (como se desprende de las Resoluciones dictadas por la Autoridad Portuaria, por las que se publican las cuentas anuales y los informes de auditorías de cada ejercicio, disponibles en el Boletín Oficial del Estado) y objeto de publicidad activa de acuerdo con el artículo 8 de la LTAIBG. Sin embargo, la ahora reclamante solicita el desglose de la información relativa a las dietas, mediante la identificación de los miembros del Consejo de Administración que percibieron las mismas, el concepto y la fecha, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de octubre de 2017. Respecto a lo anterior, este Consejo de Transparencia entiende que dicho desglose debe estar reflejado en los documentos de control económico del organismo por lo que no requeriría de una labor de elaboración expresa y desproporcionada. Asimismo, debe señalarse que no se pide información adicional que facilite la identificación de información de carácter privado como punto de partida o domicilio concreto del interesado, sino datos económicos generales que, como decimos, deben estar a disposición del Organismo al objeto de facilitar su control económico. Por otro lado, las dietas solicitadas derivan de la asistencia a las reuniones del Consejo de Administración de la entidad, cuya fecha es o puede ser conocida y, por lo tanto se devengan por la participación en un órgano de relevancia en el proceso de toma de decisiones de la Autoridad Portuaria. Igualmente, y como ya ha advertido este Consejo en diversas resoluciones, la información de carácter económico, derivada de actuaciones públicas y que implican un uso de fondos públicos, resulta determinante para el control de la actividad pública, de conformidad con objetivo perseguido por la LTAIBG, tal y como expresamente indica en su preámbulo. Así, el objetivo de la LTAIBG, expresado en el propio Preámbulo de la norma es permitir que los ciudadanos conozcan cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones. 6. De igual manera, debe indicarse que los Tribunales de Justicia han reconocido la importancia del control del gasto público. En este sentido, “en el ámbito de la información de relevancia económica, presupuestaria y estadística, se establece un amplio catálogo que debe ser accesible y entendible para los ciudadanos, dado su carácter de instrumento óptimo para el control de la gestión y utilización de los recursos públicos” (Sentencia 26/2017, de 28 de febrero de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Madrid). Por otro lado, y al tratarse de un asunto similar al planteado en el presente caso, al venir referidos a la identificación de las retribuciones percibidas- las dietas comparten naturaleza con las retribuciones percibidas al tratarse de dinero público percibido, en este caso, por los miembros del Consejo de Administración de una entidad pública- por personal directivo de una concreta empresa pública, debe recordarse lo indicado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el expediente R/0423/2015 5.Cabe señalar que este Consejo de Transparencia tiene asentado un criterio respecto de la información referida a las retribuciones asignadas a uno o varios puestos de trabajo determinados y a su incidencia o no en la protección de datos personales. Este criterio (CI/001/2015, de 24 de junio) ha sido firmado conjuntamente con la Agencia Española de Protección de Datos. En dicho criterio se indica que, a la hora de valorar la solicitud de acceso, deberá realizarse la ponderación de intereses y derechos prevista en el artículo 15.3 de la LTAIBG, lo que exige valorar el alcance del interés público en la divulgación de la información al que se refiere el precepto como favorecedor del acceso a la información pública. De este modo, con carácter general, habrá que entender que, en cuanto el acceso a la información contribuya a un mejor conocimiento de los criterios de organización y funcionamiento de las instituciones o a la asignación de los recursos, cabrá considerar la existencia de un interés público prevalente sobre los derechos a la protección de datos y a la intimidad en los términos y con las excepciones establecidas por la LTAIBG. Por el contrario, cuando la información no contribuya a un mayor conocimiento de la organización y funcionamiento de las instituciones o de la asignación de los recursos públicos, prevalecerá el respeto a los derechos a la protección de datos o la intimidad. Aplicando este criterio a la cuestión planteada, se considera que en la información referente a los puestos de trabajo de mayor nivel de responsabilidad y mayor autonomía en la toma de decisiones o a aquellos cuya provisión se realice con un cierto grado de discrecionalidad o se justifique en la existencia de una especial relación de confianza prevalecerá, como regla general el interés público sobre la protección de datos y la intimidad. Y en la referente a los puestos de menor nivel de responsabilidad y autonomía o a los puestos cuya provisión se verifica por procedimientos reglados o no implican una relación de especial confianza, prevalecerá, también con carácter general, el respeto a la protección de datos y a la intimidad. Para efectuar la ponderación, habrán de tenerse en cuenta las siguientes reglas: a) Con carácter general, cuando el empleado público ocupe un puesto de especial confianza, un puesto de alto nivel en la jerarquía del órgano, organismo o entidad o un puesto que se provea mediante un procedimiento basado en la discrecionalidad, ha de entenderse que prima el interés público sobre los derechos a la intimidad o la protección de datos de carácter personal. Y ello porque, en los tres casos, el interés de los ciudadanos por conocer las retribuciones de los empleados públicos que ocupan ese tipo de puestos conecta directamente con su derecho a conocer el funcionamiento de las instituciones públicas y el modo en que se emplean los recursos públicos y prima sobre el interés individual en la preservación de la intimidad o los datos de carácter personal. b) En este sentido (…) y a título meramente ejemplificativo, puede decirse que el Órgano, Organismo O Entidad responsable de la información estaría obligado a facilitar la información sobre las retribuciones correspondientes a: Personal eventual de asesoramiento y especial confianza–asesores en los Gabinetes de Ministros y Secretarios de Estado-, aunque sean funcionarios de carrera en situación especial. Personal directivo , esto es: a) El personal expresamente identificado como tal en los Estatutos de las Agencias Estatales, los organismos y los entes públicos; b) Los Subdirectores Generales; c) Los Subdelegados del Gobierno en las provincias y c) Los cargos equivalentes en las fundaciones públicas y las sociedades mercantiles. Personal no directivo de libre designación . En este caso, la prevalencia del interés público sobre los derechos individuales es decreciente en función del nivel jerárquico del empleado o funcionario público, considerándose que en los puestos de nivel 29 y 28 – éstos últimos siempre que sean de libre designación- o equivalente prevalece el interés público en la divulgación de la información sobre el interés individual en la preservación de la intimidad y los datos de carácter personal y que en los puestos de niveles inferiores prevalece el interés individual en la protección de los derechos fundamentales citados. c) Un caso particular sería el del personal no directivo que ocupa puestos de nivel 30 de libre designación –Vocales Asesores, asesores técnicos o equivalentes-. En este caso, se entiende que prevalece el interés público sobre el individual cuando se trata de puestos de carácter ejecutivo o que tienen intervención directa en el proceso de toma de decisionesdel órgano, organismo o entidad de que se trate y que prevalece el interés individual cuando se trata de puestos de carácter estrictamente staff con funciones de asesoramiento técnico especializado. En todo caso, la información sobre las retribuciones se facilitará en cómputo anual y en términos íntegros, sin incluir deducciones ni desglose de conceptos retributivos. La razón es que el conocimiento de estos datos puede permitir el acceso a datos de carácter personal especialmente protegidos en los términos del artículo 7 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), esto es, datos reveladores de la ideología, la afiliación sindical, la religión y las creencias y datos referentes al origen racial, a la salud y a la vida sexual. Si la solicitud de información requiere expresamente el desglose de las retribuciones o su importe líquido habrán de aplicarse las normas del mencionado precepto de la LOPD. Aplicados estos criterios al presente caso, en el que el Reclamante solicita información sobre las retribuciones del equipo directivo de INECO, en el entendido de que se trata de personal que, precisamente por su calificación de directivo, desempeña funciones de responsabilidad en la organización, debe concluirse que prevalece el interés general sobre el interés individual y que la protección de datos personales debe decaer frente a dicho interés general. Esto es así por cuanto el interés de los ciudadanos por conocer las retribuciones de los empleados de sociedades mercantiles,-y más como sería este caso en el que es participada en su totalidad por entidades públicas- que ocupan ese tipo de puestos conecta directamente con su derecho a conocer el funcionamiento de las instituciones públicas y el modo en que se emplean los recursos públicos. La mencionada reclamación fue objeto de recurso contencioso administrativo resuelto mediante Sentencia 138/2016 de 16 de octubre de 2016, dictada en el PO 8/2016 por el Juzgado central de lo Contencioso-Administrativo nº 10 de Madrid, que devino firme sin que fuera recurrida, en la que se indicaba lo siguiente: -“(…)concepto de personal directivo, entendido como aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, y relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la entidad. Son personal de alta dirección, en los términos del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, a las que también se extiende la obligación de información”. - “La Ley considera como información pública, en su artículo 13, los contenidos que obren en poder de alguno de los sujetos obligados que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones, han de ser incluidas en dicho concepto las retribuciones del personal de alta dirección, siendo por tanto susceptibles del ejercicio del derecho de acceso por cualquier persona en los términos que establece la Ley en su artículo 12”. - “(…) nos hallamos ante una materia con una evidente trascendencia pública que justifica el derecho de acceso a la información reconocido en la resolución recurrida”. -“Criterio Cl/001/2015, de 24 de junio (…) se desarrolla en la resolución de una forma más pormenorizada y que es respetuosa con las normas establecidas en la Ley de Protección de Datos” 7. A la luz de todo lo anterior, este Consejo de Transparencia entiende que la presente Reclamación debe ser estimada, debiendo la Autoridad Portuaria proporcionar la siguiente información: xel importe de los gastos en concepto de dietas devengados y abonados a los miembros integrantes del Consejo de Administración de la referida autoridad, identificando para cada uno de ellos el importe abonado, así como la fecha y el concepto correspondiente, según proceda, para el período comprendido entre el día 1 de enero de 2015 y el 31 de octubre de 2017. La información proporcionada, con carácter individualizado para cada miembro del Consejo de Administración, se limitará a importes económicos, fecha y concepto tal y como se indica en la solicitud. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la Reclamación presentada por en fecha 14 de diciembre de 2017. SEGUNDO: INSTAR a la AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA, entidad dependiente del MINISTERIO DE FOMENTO, a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, facilite al interesado la información referida en el Fundamento Jurídico 7de la presente Resolución. TERCERO: INSTAR a la AUTORIDAD PORTUARIA DE A CORUÑA, entidad dependiente del MINISTERIO DE FOMENTO a que, en el mismo plazo máximo de 10 días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al Reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En consecuencia, contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso- Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda