Acceso a información sobre funciones de transparencia y documentación de expediente administrativo en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 512/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 14 de junio de 2019, la siguiente información: 1.- Relación de actividades y funciones encomendadas por el Presidente del Gobierno en materia de transparencia a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno conforme al artículo 2.f del Real Decreto 419/2018 de 18 de junio. 2.- En relación al expediente de información pública 001-032323 tramitado en la Sec. Gral. Presidencia del Gobierno denegado por silencio administrativo e incumplida la Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno nº 141/2019 que ordenaba entregar la documentación solicitada. Solicitamos S/REF: 001-035182 N/REF: R/0512/2019; 100-002753 Fecha: 15 de octubre de 2019 Dirección Administración/Organismo: Secret aría General de la Presidencia del Gobierno Información solicitada: Expediente solicitud de información Subdirección General de Reclamaciones - Instrucciones dadas por el Presidente del Gobierno conforme al Real Decreto 419/2018 de 18 de junio, para la tramitación de dicho expediente. - Informes remitidos al Presidente del Gobierno por la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno en relación al mismo. - Resolución u orden que ordena incumplir la Resolución nº 141/2019 y no entregar la documentación solicitada. 2. Con fecha 25 de junio de 2019, le fue comunicada a la reclamante que con fecha 17 de junio de 2019 su solitud de acceso a la información pública con número 001-035182, está en Sec. Gral Presidencia del Gobierno, centro directivo que resolverá su solicitud. 3. Al no obtener respuesta, la solicitante, al amparo del art. 24 de la LTAIBG y al entender que su solicitud de información había sido denegada por aplicación de lo previsto en el apartado 4 del art. 20 de la LTAIBG, presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con fecha 22 de julio en la que exponía lo siguiente: (…)Que transcurrido un mes desde la solicitud, el MINISTERIO DE PRESIDENCIA ha incumplido la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno dado que no existe resolución motivada de inadmisión ni ha notificado ampliación del plazo para resolver, siendo desestimada por silencio administrativo sin justificación alguna. TERCERO: El hecho de que el Ministerio de Presidencia no haya respondido de forma expresa supone un incumplimiento de los preceptos formales de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Siendo información pública facilitarla constituye una obligación legal ineludible. La ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a la información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. Las peticiones a que se refiere la solicitud están en poder del Ministerio de Presidencia y EN PLAZO no ha opuesto ninguna causa de inadmisibilidad de las previstas legalmente, por lo que procede la estimación de la presente reclamación. 4. Presentada la reclamación, con fecha 29 de julio de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, a través de la Unidad de Información de Transparencia competente, al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. Ante la ausencia de respuesta, la petición de alegaciones fue reiterada el 30 de agosto con el mismo resultado negativo. En ambos casos, consta en el expediente electrónico de la reclamación la comparecencia a la solicitud de alegaciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG),, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, debe hacerse una serie de consideraciones formales acerca de la tramitación de la solicitud de información de la que trae causa la presente reclamación. Así, tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes de hecho, a pesar de que fue comunicado a la interesada el inicio de la tramitación de la solicitud, la misma no ha sido respondida, incurriendo, por lo tanto, en silencio administrativo de carácter desestimatorio según dispone el apartado 4 del art. 20 de la LTAIBG. Por otro lado, y además del silencio de la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO a la solicitud de información formulada, una vez presentada reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, dicho Departamento ha hecho caso omiso a la solicitud de alegaciones realizada. En este sentido, como hemos señalado en numerosas ocasiones, por ejemplo, en el expediente R/0545/2018 la LTAIBG dispone en su artículo 20.1 que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. Por ello, debe insistirse en la obligación de contestar en el plazo establecido en el artículo 20.1 de la LTAIBG las solicitudes de acceso a la información que se presenten para hacer efectivo el ejercicio de un derecho de anclaje constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública, al que dicha norma dota de un procedimiento ágil y con un breve plazo de respuesta. Ahondando en lo expuesto, este Consejo de Transparencia quiere poner de manifiesto que viene observando, con cierta preocupación, que la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO desatiende con frecuencia tanto las solicitudes de acceso a la información que le vienen presentado los ciudadanos como los requerimientos que, en vía de Reclamación, le realiza este Consejo de Transparencia para que presente alegaciones que ayuden a clarificar los contenidos de los expedientes de los que es parte. Dicha circunstancia no cumple, a nuestro juicio, con la consideración de la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno como ejes fundamentales de toda acción política tal y como predica el Preámbulo de la LTAIBG. Así, la adecuada protección y garantía del derecho constitucional a acceder a la información pública, interpretado por los Tribunales de Justicia como de amplio alcance y límites restringidos- por todas, destaca la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2017 Recurso de Casación nº 75/2017, "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2018.html 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información- se ve mermada por una inadecuada tramitación y respuesta de las solicitudes de información que presentan los ciudadanos así como una inadecuada justificación de las restricciones al acceso tal y como ocurre en el caso que nos ocupa. En este sentido, se recuerda que el artículo 20.6 de la LTAIBG señala que El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora. 4. Sentado lo anterior y ya sobre el fondo del asunto, tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes de hecho, la solicitud de información se refería i) a las competencias de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno en materia de transparencia y ii) a la documentación que, a juicio de la solicitante, contiene un expediente de acceso a la información referenciado en la propia solicitud. Respecto del primero de los puntos planteados, ha de recordarse que la LTAIBG recoge entre las obligaciones de publicidad activa, en su artículo 6. Información institucional, organizativa y de planificación la siguiente previsión. 1. Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de este título publicarán información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación así como a su estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional. En la solicitud de información, la hoy reclamante se interesa por las funciones atribuidas a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno que, a su juicio, pudieran incluirse en la cláusula residual de atribución de competencias reflejada en la letra f) del segundo apartado del art. 2 del Real Decreto 419/2018, de 18 de junio por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno -Funciones del Gabinete de la Presidencia del Gobierno- según la cual 2. Para el apoyo material al Presidente del Gobierno, al Gabinete de la Presidencia le corresponderán, además, a través de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, las siguientes competencias: Real Decreto 419/2018, de 18 de junio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno f) La ejecución de aquellas otras actividades o funciones que le encomiende el Presidente del Gobierno. A nuestro juicio, la solicitud se enmarca, por lo tanto, en el conocimiento de las funciones que desarrolla la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO en materia de transparencia y, concretamente, en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la LTAIBG tanto en materia de publicidad activa como de garantía del derecho de acceso a la información. En este sentido, además de englobarse dicho conocimiento en el derecho que ostenta todo ciudadano que se relaciona con la Administración a conocer el competente para la tramitación de los procedimientos administrativos que inicie, entra dentro de las cuestiones que, en aplicación de lo previsto expresamente en el art. 6 de la LTAIBG antes señalado, debe ser objeto de publicidad activa. Por lo tanto, debe estimarse la reclamación en este punto. 5. Por otro lado, la reclamante interesa conocer En relación al expediente de información pública 001-032323 tramitado en la Sec. Gral. Presidencia del Gobierno denegado por silencio administrativo e incumplida la Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno nº 141/2019 que ordenaba entregar la documentación solicitada. - Instrucciones dadas por el Presidente del Gobierno conforme al Real Decreto 419/2018 de 18 de junio, para la tramitación de dicho expediente. - Informes remitidos al Presidente del Gobierno por la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno en relación al mismo. - Resolución u orden que ordena incumplir la Resolución nº 141/2019 y no entregar la En relación al primero de los puntos señalados, entendemos que el mismo queda englobado dentro de las funciones atribuidas en materia de cumplimiento de la LTAIBG atribuidas a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO y que hemos analizado en el apartado anterior. En relación a los otros dos documentos solicitados, i) Informes remitidos al Presidente del Gobierno por la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno en relación al mismo y ii) Resolución u orden que ordena incumplir la Resolución nº 141/2019 y no entregar la documentación solicitada, debemos señalar lo siguiente: Según el art. 70- expediente administrativo- de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 1. Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. 2. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita. Asimismo, deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada. (…) 4. No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento. De dicho precepto cabe concluir que existen documentos que deben integrar todo expediente administrativo- en el caso que nos ocupa, por ejemplo, la solicitud de información nº 01-032323 y, en su caso, los actos de trámite que hubieran podido realizarse, como la comunicación del comienzo de la tramitación de la solicitud ya que no la resolución puesto que el expediente fue desestimado por silencio administrativo- y que puede haber otra documentación que, si bien el precepto señalado no considera parte del expediente dada su naturaleza auxiliar o de apoyo, existe. Por otro lado, y como ya hemos señalado, el objeto de una solicitud de información ha de ser, según el art. 13 de la LTAIBG antes reproducido, los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Es decir, información existente. Sentado lo anterior, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desconoce si los documentos solicitados- Informes remitidos al Presidente del Gobierno por la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno en relación a la solicitud nº 001-032323 y la Resolución u orden que ordena incumplir la Resolución nº 141/2019 y no entregar la documentación solicitada- existen ya que la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO no ha indicado nada al respecto ni a la solicitante ni a este Organismo, pero sí podemos concluir que, en caso de que existieran, su acceso debe quedar garantizado para la reclamante, al ser información disponible y a la que, en nuestra opinión, no le afectarían límites o restricciones al acceso. Por lo tanto, y salvo que la SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO indique expresamente que los documentos solicitados no existen, entendemos que la reclamación ha de ser estimada también en este punto. III.RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la Reclamación presentada por , con entrada el 22 de julio de 2019, contra la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. SEGUNDO: INSTAR a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la reclamante la siguiente información: 1.- Relación de actividades y funciones encomendadas por el Presidente del Gobierno en materia de transparencia a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno conforme al artículo 2.f del Real Decreto 419/2018 de 18 de junio. 2.- En relación al expediente de información pública 001-032323 tramitado en la Sec. Gral. Presidencia del Gobierno denegado por silencio administrativo e incumplida la Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno nº 141/2019 que ordenaba entregar la - Informes remitidos al Presidente del Gobierno por la Secretaría General de la Presidencia del - Resolución u orden que ordena incumplir la Resolución nº 141/2019 y no entregar la En caso de que dicha información no existiera, deberá, justificadamente, indicarlo expresamente en su respuesta a la reclamante TERCERO: INSTAR a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información enviada a la reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda