Solicitud de información sobre la extinción de los permisos de investigación de hidrocarburos Bezana y Bigüenzo

PRESIDENCIA RESOLUCIÓN S/REF: 001-018010 N/REF: R/0505/2017 -(100-000124) FECHA: 20 de febrero de 2018 ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno En respuesta a la Reclamación presentada por , con entrada el 22 de noviembre de 2017, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los antecedentes y fundamentos jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, solicitó al MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL, el 11 de octubre de 2017, en base a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: xLos permisos de investigación de hidrocarburos «Bezana» y «Bigüenzo» con números de expedientes 1627 y 1628 respectivamente, tienen fecha de vigencia hasta el 02/12/2015. xEl artículo 34.1. b) de la Ley 34/1998, de 27 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, establece que los permisos, concesiones y autorizaciones en ella regulados se extinguen, entre otras razones, por «caducidad al vencimiento de sus plazos». xHabiendo transcurrido el plazo de seis años contado desde la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Real Decreto 1781/2009, de 13 de noviembre, por el que se otorgaban a Petroleum Oil %26 Gas España, S.A., los permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Bezana» y «Bigüenzo»: xPor qué la Dirección General de Política Energética y Minas no ha iniciado, de oficio, el procedimiento para extinguir los permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Bezana» y «Bigüenzo» por caducidad al vencimiento de sus plazos? x¿Tienen previsto iniciar el procedimiento de extinción para dichos permisos de investigación de hidrocarburos? ¿En qué fechas? No consta respuesta de la Administración 2. Con fecha 22 de noviembre de 2017, tuvo entrada en este Consejo de Transparencia Reclamación presentada por , en la que manifestaba queya ha transcurrido el plazo máximo para resolver sin una resolución expresa, con lo cual entiendo que la solicitud ha sido denegada. Solicito al consejo de transparencia y buen gobierno que revise dicha petición de información 3. El mismo día 22 de noviembre de 2017, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL para alegaciones. El 19 de diciembre de 2017, tuvieron entrada las alegaciones del Ministerio, en las que manifestaba lo siguiente: xLa solicitud ha sido contestada mediante Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas sobre la solicitud de acceso a información pública con número de expediente 001-018010. xEl artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, señala que “se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Es evidente que la petición formulada no encuentra acomodo en la definición anterior al no tratarse de información pública, por lo que procedería la inadmisión de la solicitud. xEn este sentido, la resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas inadmite la solicitud de información pública de acuerdo con lo dispuesto en la letra e) del apartado 1 del artículo 18, de la referida Ley 19/2013, de 9 de diciembre, por cuanto la solicitud realizada excede la finalidad de la ley. xPor lo anteriormente expuesto, este centro directivo considera que la Resolución de 15 de diciembre se ha ajustado a lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 4. Con fecha 7 de febrero de 2018, se procedió a dar trámite de Audiencia del expediente a para que presentara las alegacione s que estimara pertinentes, sin que haya presentado ninguna en el plazo concedido al efecto. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Es decir, la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información pública que esté en posesión del Organismo al que se dirige la solicitud bien porque él mismo la ha elaborado o por porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, este Consejo de Transparencia debe hacer una consideración de carácter formal relativa al plazo en que debe resolverse una solicitud de acceso a la información. El artículo 20.1 de la LTAIBG establece que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. En el presente caso, la Administración no ha contestado dentro del plazo establecido, sin que exista causa que lo justifique suficientemente, aunque sí lo ha hecho después de presentada esta Reclamación. Se le recuerda, en consecuencia, la obligación de contestar en plazo las solicitudes de acceso a la información que se le presenten, a los efectos de hacer posible el ejercicio de un derecho de origen constitucional como el que nos ocupa. 4. En cuanto al fondo del asunto, la Administración entiende que la información solicitada no encaja con el concepto de información pública antes reseñado, por lo que no sería de aplicación, a su juicio, la LTAIBG. Recordemos que lo solicitado es x¿Por qué la Dirección General de Política Energética y Minas no ha iniciado, de oficio, el procedimiento para extinguir los permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Bezana» y «Bigüenzo» por caducidad al vencimiento de sus plazos? x¿Tienen previsto iniciar el procedimiento de extinción para dichos permisos de investigación de hidrocarburos? ¿En qué fechas? A este respecto, debe recordarse que es la Administración la obligada por la Ley a iniciar de oficio el procedimiento para extinguir los permisos de investigación de hidrocarburos, ex artículo 87, que señala queLos órganos de la Administración competente dispondrán, de oficio o a instancia de parte, la práctica de cuantas inspecciones y verificaciones se precisen para comprobar la regularidad y continuidad en la prestación del suministro, así como para garantizar la seguridad de las personas y bienes,en relación con su artículo 34.1. b) de la Ley 34/1998, de 27 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, que establece quelos permisos, concesiones y autorizaciones en ella regulados se extinguen, entre otras razones, por caducidad al vencimiento de sus plazos. Asimismo, el objeto de una solicitud de información debe ser cualquier contenido o documento en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la LTAIBG (art. 13 de la LTAIBG). Bajo esa premisa, el conocimiento de información sirve de base para la rendición de cuentas por la actuación pública que predica la LTAIBG. En opinión de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la concreta información que es objeto de solicitud no reúne las características de información pública, como objeto de una solicitud de información al amparo de la LTAIBG debido a que lo que se pretende es conocer detalles sobre una obligación de hacer de la Administración así como la confirmación de actos futuros. A este respecto, debe recordarse que, como ya ha determinado con anterioridad este Consejo de Transparencia (procedimiento R/0449/2017), para que la información solicitada deba considerarse pública, ha de estar en poder de la Administración en el momento en que se solicita. Lo que pretende conseguir la Reclamante con la segunda de las preguntas se refiere a actos de futuro o declaración de intenciones que aun no han tenido lugar en el tiempo, por lo que no encajan en el concepto de información pública definido en el artículo 13 de la LTAIBG. III. RESOLUCIÓN Considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMARla Reclamación presentada por , con entrada el 22 de noviembre de 2017, contra el MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En consecuencia, contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso- Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda