Acceso a información sobre gastos en hoteles, dietas y viajes del Gobierno desde 2015

PRESIDENCIA RESOLUCIÓN S/REF: 001-026112 N/REF: R/0503/2018 (100-001352) FECHA: 21 de noviembre de 2018 ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno En respuesta a la Reclamación presentada por , con entrada el 27 de agosto de 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los antecedentes y fundamentos jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: 1. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, solicitó al MINISTERIO DE HACIENDA, el día 9 de julio de 2018, al amparo de la Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), lo siguiente: xLos gastos por parte del Gobierno en hoteles, dietas y viajes desde el 2015. Estos datos estarán divididos por nombres de ministros, ministerio al que pertenece, gasto, lugar, empresa (hotel, compañía, restaurante,...). Por favor, todos los campos que considere que puedan ayudar a la comprensión de dichos gastos inclúyalos. xSolicito que me remitan la información solicitada en formato accesible (archivo .csv, .txt, .xls, .xlsx o cualquier base de datos), extrayendo las categorías de información concretas solicitadas para evitar así cualquier acción previa de reelaboración, tal y como es considerada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el criterio interpretativo CI/007/2015. xEn caso de que la información no se encuentre en cualquiera de estos formatos, solicito que se me entregue tal y como obre en poder de la institución, entidad o unidad correspondiente (documentos en papel, PDF...), previa anonimización de datos de carácter personal y disociación de aquellas categorías de información no solicitadas en mi solicitud de derecho de acceso, proceso no entendido como reelaboración en virtud del criterio interpretativo CI/007/2015 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 2. Mediante Resolución de fecha 26 de julio de 2018, el MINISTERIO DE HACIENDA comunicó a lo siguiente: • Una vez analizada la solicitud, se resuelve conceder el acceso a la información a que se refiere, a cuyo efecto se incluye, en anexo adjunto, la información obtenida por el Departamento de Servicios y Coordinación Territorial en relación con /os datos requeridos sobre viajes del titular de este Ministerio durante el periodo de enero de 2015 a mayo de 2018, con el grado de detalle que ofrece la aplicación de gestión correspondiente. 3. Ante esta respuesta, presentó Reclamación en este Consejo de Transparencia, con entrada el 27 de agosto de 2018 y al amparo del art. 24 de la LTAIBG, con el siguiente contenido: • La solicitud de información que realicé fue admitida por el Ministerio correspondiente y resolvió concederme la información que solicitaba. • Dicha información no se corresponde con lo que solicito ya se me omite bastante información al incluirse solamente /os datos de los viajes sin argumentos ni características como /as del hotel o dietas entre otros datos. • En la solicitud de información especifico, en virtud de la Ley 1912013 lo siguiente: "Los gastos por parte del gobierno (la petición fue realizada a Presidencia pero la compartieron con cada ministerio) en hoteles, dietas y viajes desde el 2015. Estos datos estarán divididos por nombre de ministros, ministerio al que pertenece, gasto, Jugar, empresa (hotel, compañía, .. .). Por favor todos los campos que considere que puedan ayudar a la comprensión de dichos gastos inclúya/os." • En el apartado "INTERPRETACIÓN AMPLIA Y EXPANSIVA DEL DERECHO DE ACCESO" de la solicitud de información especifico los motivos legales que fundamentan mi solicitud y que desde el órgano que responde dicha petición no se cumple pues la información que se me da es ínfima en comparación con lo que solicito. 4. El 4 de septiembre de 2018, se trasladó la documentación obrante en el expediente al MINISTERIO DE HACIENDA, a través de su Unidad de Información de Transparencia, para que presentase alegaciones, recibiéndose éstas el 26 de septiembre de 2018, con el siguiente contenido: • Se recuerda, en primer Jugar, que la información enviada incluía el año de la realización del viaje, su itinerario, y los gastos en que se incurrió en los conceptos de alojamiento, manutención y locomoción, así como el total de gastos producidos. • Por otro lado, debe aclararse que /os altos cargos se acogen en sus viajes a la modalidad de "gastos realizados': que no incluye la percepción de dietas. • Finalmente, como se señalaba en la citada resolución, la información remitida se entregó "con el grado de detalle que ofrece la aplicación de gestión correspondiente". La herramienta informática con la que se cuenta no permite, en efecto, el acceso automatízado a ínformacíón sobre datos de detalle como empresas, hoteles o restaurantes donde se produce el gasto. • En suma, se consídera que esta unídad procedíó a poner a dísposícíón del reclamante toda la ínformacíón dísponíble en la aplícacíón con la que se gestíona el seguímíento y control de este típo de datos, de acuerdo con /as prevísíones establecídas por la Ley 1912013, de 9 de novíembre, de transparencía, acceso a la ínformacíón y buen gobíerno. 5. del expediente a 1 para que, a la vista del mismo y en aplicación del Ley de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, presentase las alegaciones que estimara pertinentes, sin que haya presentado ninguna en el plazo concedido al efecto. 111. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la L TAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a un eventual Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norm a, como "/os contenídos o documentos, cua/quíera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos íncluídos en el ámbíto de aplícacíón de este título y que hayan sído elaborados o adquírídos en e/ ejercícío de sus funcíones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En cuanto al fondo de la cuestión debatida - el acceso a /os gastos del Gobíerno en 2015 relatívos a hoteles, díetas y víajes - debe comenzarse citando el Preámbulo de la LTAIBG, que señala lo siguiente: La transparencía, el acceso a la ínformacíón públíca y las normas de buen gobíerno deben ser /os ejes fundamentales de toda accíón polítíca. Sólo cuando la accíón de los responsables púb/ícos se somete a escrutínío, cuando los cíudadanos pueden conocer cómo se toman /as decísíones que /es afectan, cómo se manejan /os fondos púb/ícos o bajo qué críteríos actúan nuestras ínstítucíones podremos hablar del ínícío de un proceso en el que los poderes públícos comíenzan a responder a una socíedad que es crítíca, exígente y que demanda partícípacíón de /os poderes públícos. Tomando como base esta declaración, los tribunales de justicia han señalado que el derecho de acceso a la información pública "solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información -derivado de lo dispuesto en la Constitución Española- o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. En todo caso, /os límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad'. "La ley consagra la prevalencia del derecho subjetivo a obtener la información y correlativamente el deber de entregarla, salvo que concurran causas justificadas que limiten tal derecho, a /as que se refiere el art. 14. Tales causas constituyen conceptos jurídicos indeterminados cuya relevancia y trascendencia deben ser concretadas en cada caso, ponderando /os intereses en conflicto, como la norma indica, de tal modo que frente a /os actos típicamente discrecionales, ( ... )." (Sentencia n° 60/2016, de 18 de mayo de 2016, del Juzgado Central de lo Contencioso­ Administrativo n° 6 de Madrid, dictada en el PO 57/2015). Igualmente, que "la finalidad, principio y filosofía que impregna la reseñada Ley, es un acceso amplio a la información pública; y los límites a tal acceso han de motivarse, interpretarse y aplicarse de modo razonado, restrictivo y aquilatado a tenor del llamado, test de daño; a la luz de la determinación del perjuicio que el acceso a determinada información puede producir sobre el interés que se pretende salvaguardar con la limitación" (Sentencia n° 85/2016, de 14 de junio de 2016, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n° 5 de Madrid, dictada en el PO 43/2015). Y que "La ley consagra pues la prevalencia del derecho subjetivo a obtener la información y correlativamente el deber de entregarla, salvo que concurran causas justificadas que limiten tal derecho, a /as que se refiere el art. 14, causas que constituyen conceptos jurídicos indeterminados cuya relevancia y trascendencia han de ser concretadas en cada caso, ponderando /os intereses en conflicto( .. .)" (Sentencia n° 98/2018, de 22 de junio de 2018, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n° 11 de Madrid, dictada en el PO 49/2016). 4. Los gastos del Gobierno -entiéndase referidos a cada departamento ministerial - suponen un uso de los presupuestos generales del Estado y, por tanto, encajan perfectamente en la ratio iuris o razón de ser de la LTAIBG, destinada a que el público en general pueda conocer cómo se manejan los fondos públicos, siendo éste uno de los capítulos que mejor escenifican el control de los poderes públicos por parte de la ciudadaní a. Así lo ha considerado este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en otros expedientes instados por el mismo interesado y relativo a la misma tipología de información (R/0473/2018, R/0474/2018 o R/0502/2018). En el presente caso, la Administración ha dado información sobre los gastos de viaje, así como sobre los gastos en alojamiento, manutención o dietas, que igualmente deben ser públicos. A juicio de este Consejo de Transparencia, y como ya ha indicado en otros expedientes tramitados, no es preciso dar más información que la ya proporcionada, puesto que coincide con lo solicitado por el Reclamante. En efecto, añadir información sobre el nombre del hotel o de los restaurantes visitados no aporta, desde el punto de vista de la transparencia, ninguna información añadida que refuerce el control de la acción pública o que sirva al fin perseguido por la norma. En conclusión, por todos los argumentos anteriormente indicados, la presente Reclamación debe ser desestimada. 1111. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la Reclamación presentada por con entrada el 27 de agosto de 2018, contra la Resolución, de fecha 26 de julio de 2018, del MINISTERIO DE HACIENDA. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artí culo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En consecuencia, contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso­ Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, e), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.O. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENC IA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda