Reclamación por falta de respuesta a solicitud de información sobre gastos en publicidad institucional del Ministerio de Sanidad

RESOLUCIÓN S/REF: 00 1~26510 NIREF: R/049512018 (100~01 322 ) FECHA: S de septiembre de 20 18 Consejo de Transp3rencla y 8ue1 Gobierno PRESIDENCIA ASUNTO: Resolución de Reclamación present ada al amparo del artículo 24 de la Ley 1912013, de 9 de diciemb re, de Trans parencia, a cceso a la información pública y buen gobierno , con ransparenc1a y uen En respuesta a la Reclamación presentada por entrada el 23 de agosto de 2018, el Consejo considerando los Antecedentes y Fundamentos continuaci ón, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: Jurídicos que se especifican a 11. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente,­ solicitó a través del Portal de la Transparencia, el 19 de julio de la Ley 19/2013, de 10 de diciembre, de transparencia, acceso a la información públi ca y buen gobierno ( en adelante, LTAIBG) la siguiente información: El total de dinero inverti do por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para campañas de publicidad institucional desglosado por la propia campaña y por el medio de comunicación que ha recibi do cada cantidad de dinero entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017, ambos i nclusive. Se trata de una información de interés público y que otros organismos públicos, como la Generalitat de Cataluña o el Ministerio de Fomento ya han hecho públi ca a través de solicitudes en veces anteriores, como se puede ver, por ejemplo, en esta información del Ministerio de Fomento de eldiario.es entre 2012 y 2015: https :l/www. eldiario. es!sociedad!Ministerio-Fomento-ABC_ --0_792321186.html Además, solici to que en la informaci ón se indique la fecha exacta de cada pago a cada medio, o sí no es posible ese nivel de detalle en la informaci ón, que al menos se desglose pa ra cada uno de /os años solicitados. 2. El día 23 de agosto de 2018, tuvo entrada en este Consejo de Transparencia Reclamación de presentada al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAI BG, en la que manifestaba lo siguiente: Realicé la solicitud de acceso a la información presente el pasado 19 de julio y fue tramitada el mismo día (adjunto el documento que lo acredita). El Ministerio de Sanidad aún, a 23 de agosto, no me ha comunicado ninguna respuesta ni resolución a mi solicitud. Por tanto, han excedido el plazo de un mes y aún no han respondido. Mi solicitud pedía “el total de dinero invertido por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para campañas de publicidad institucional desglosado por la propia campaña y por el medio de comunicación que ha recibido cada cantidad de dinero entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017, ambos inclusive. Se trata de una información de interés público y que otros organismos públicos, como la Generalitat de Cataluña o el Ministerio de Fomento ya han hecho pública a través de solicitudes en veces anteriores, como se puede ver, por ejemplo, en esta información del Ministerio de Fomento de eldiario.es entre 2012 y 2015: https://www.eldiario.es/sociedad/Ministerio- Fomento-ABC- _0_792321186.html Además, solicito que en la información se indique la fecha exacta de cada pago a cada medio, o si no es posible ese nivel de detalle en la información, que al menos se desglose para cada uno de los años solicitados”. Tal y como ya indico en mi solicitud, se trata de información de interés público que otras administraciones ya han hecho públicas. Además, tal y como ha dictado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en otras ocasiones: “El artículo 8 d) de la LTAIBG indica que ‘Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas’, pero esta amplitud de términos no es óbice para que se pueda solicitar el acceso a la información de forma más detallada en ejercicio del derecho reconocido en el artículo 12 de la misma ley. Por ello, debería prevalecer el interés público por encima de otros posibles límites". Es decir, ante la posibilidad de que alegan algún tipo de límite desde el ministerio, hay que tener en cuenta que se trata de una información de interés público para la ciudadanía, ya que sirve para que una administración rinda cuentas y explique cómo ha gastado unos determinados recursos monetarios. El interesado aportaba comunicación recibida en el siguiente sentido: Por medio del presente documento se le notifica que se ha dado inicio a la tramitación del procedimiento de acceso a la información pública de acuerdo con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Con fecha 19 de julio de 2018 su solicitud de acceso a la información publica con número 001-026510, está en Subsecretaría de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del , centro directivo que resolverá su solicitud. A partir de la fecha indicada, ha comenzado el cómputo del plazo de un mes para contestar a su solicitud previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Asimismo se le comunica que transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que su solicitud ha sido desestimada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 3. El día 28 de agosto de 2018, se trasladó la documentación obrante en el expediente, a través de la Unidad de Información de Transparencia del MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL para que presentase las alegaciones oportunas. En el escrito de alegaciones, de entrada el 4 de septiembre, se indicaba lo siguiente: (…) se consideró que dicha petición, por volumen y complejidad requería la ampliación de plazo establecido en el artículo 20. 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Por ello, con fecha 6 de agosto se notificó dicha ampliación del plazo al solicitante a través de una notificación a la que el interesado compareció el mismo día a las 10:31:07, según consta en el justificante de comparecencia. Se adjuntan en documentos anexos a estas alegaciones la notificación realizada, registro de salida y registro de comparecencia del interesado. Segunda El apartado 4 del artículo 19 de la Ley 19/2013, señala que “Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso.” Examinada la información solicitada, se determinó que la misma estaba incluida en ese supuesto, por lo que con fecha 9 de agosto, se notificó al ciudadano, que se había realizado con esa misma fecha la solicitud a terceros para que realizasen alegaciones sobre el acceso a dicha información en un plazo de 15 días hábiles desde la recepción de la comunicación. Asimismo se le comunicó al interesado que el plazo para dictar resolución, quedaba en suspenso de acuerdo al artículo 19.3 de la Ley 19/2013. Se adjuntan en documentos anexos a estas alegaciones la notificación realizada y registro de salida de la misma, sin que conste que a día de hoy el interesado haya comparecido a esta notificación de existencia de terceros afectados. Tercera Por último, cabe señalar que debido a la ampliación del plazo, una vez recibidos la notificación de recepción de la comunicación a terceros y finalizado el plazo de alegaciones indicado, quedaría un total de treinta y nueve días para proceder a emitir la Resolución dentro de los plazos indicados en Ley 19/2013. Se aportaban como anexos al escrito de alegaciones la documentación referenciada en el mismo. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a un eventual Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Es decir, la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información pública que esté en posesión del Organismo al que se dirige la solicitud bien porque él mismo la ha elaborado o porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, es necesario hacer una mención especial a los plazos establecidos en la LTAIBG en cuanto a la contestación a una solicitud de acceso a la información. A este respecto, debe indicarse que el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. Según se desprende de los hechos recogidos en los antecedentes, la solicitud de información fue presentada con fecha 19 de julio y ese mismo día tuvo entrada en el órgano competente para resolver según lo indicado en el mencionado art. 20.1. Igualmente, y de acuerdo con la previsión también recogida en ese precepto, la Administración comunicó al solicitante la ampliación del plazo para resolver con fecha 6 de agosto. El interesado compareció a dicha comunicación según queda también acreditado en el expediente. Sentado lo anterior, y teniendo en cuenta la ampliación comunicada- de la que, si bien el reclamante tenía conocimiento, no informó a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno-, el plazo para dictar resolución expresa de la solicitud aún no ha vencido. 4. Sentado lo anterior, debe recordarse que, en lo concerniente a la tramitación de una reclamación presentada ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en aplicación del art. 24 de la LTAIBG, el apartado 2 de dicho precepto señala lo siguiente: La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Por lo tanto, teniendo en cuenta los plazos de que dispone la Administración para resolver según lo indicado en los apartados precedentes de esta resolución, podemos concluir que la reclamación se ha presentado antes de que se produjera el silencio administrativo alegado por el reclamante, circunstancia que conlleva su inadmisión. III.RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede INADMITIR la Reclamación presentada por , con entrada el 23 de agosto de 2018, contra el MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda