Acceso a la relación detallada de gastos en atenciones protocolarias y representativas de la Ministra de Hacienda en 2020

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 494/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó Al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 7 de abril de 2021, la siguiente información: Relación detallada de los 19.453,09 euros gastados durante 2020 por la ministra de Hacienda en atenciones protocolarias y representativas. Ruego que se detalle fecha del gasto, en qué consistió dicha atención y persona física o jurídica que lo facturara. 2. Mediante Resolución de 20 de mayo de 2021, el MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA contestó al solicitante lo siguiente: Una vez analizada la solicitud, debe indicarse que la cantidad de 19.453,09 euros refleja los gastos globales del concepto 226.01 Atenciones protocolarias, no siendo posible S/REF: 001- 055671 N/REF: R/0494/2021; 100-005368 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA Información solicitada: Gastos en atenciones protocolarias y representativas de la Ministra Subdirección General de Reclamaciones determinar con el grado de precisión solicitado la información individualizada y particular correspondiente a la ministra de Hacienda. Hay que tener en cuenta que el gasto ejecutado en esta partida comprende gastos protocolarios del Ministerio de Hacienda, pero los sistemas y medios disponibles no permiten discriminar los datos correspondientes a la titular del departamento sin realizar una labor previa de reelaboración. La obtención de la información solicitada exigiría usar distintas fuentes de información, analizando expediente por expediente para comprobar que gastos derivan de actividades en las que la ministra efectivamente participó. En este sentido, el artículo 18.1 c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno establece que una solicitud de información puede ser inadmitida a trámite cuando esté referida a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. El concepto de reelaboración como causa de inadmisión ha sido interpretado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en diversas resoluciones de tal manera que puede entenderse aplicable cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional de actuación del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba elaborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información. El CTBG observa en la R-0618-2019 que “la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información que ya existe, por cuanto está en posesión del organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas.” Por su parte, la sentencia 60/2016 del Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 9, ratificada posteriormente por Sentencia de la Audiencia Nacional 75/2017, que estima el recurso interpuesto contra una resolución del CTBG, declarando conforme a derecho la inadmisión de una solicitud por concurrir la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2003, expone que “la interpretación que hace la demandada, va más allá de lo pretendido por el artículo 13 de la citada Ley, que reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, pero a la información que existe y que está ya disponible, lo que es distinto, de reconocer el derecho a que la Administración produzca, aunque sea con medios propios, información que antes no tenía.” Posteriormente, la Sentencia de la sección Séptima de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional, 75/2017, dictada en el recurso de apelación número 63/2016 que confirmo la citada sentencia 60/2016 del Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 9, indica que “el derecho a la información no puede ser confundido con el derecho a la confección de un informe por un órgano público a instancias de un particular”. 3. Ante esta contestación, mediante escrito de entrada el 24 de mayo de 2021, el interesado presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24.2 de la LTAIBG , una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: (…) No estando de acuerdo con la razón esgrimida, formulo la presentación reclamación al objeto de que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) analice el caso y dicte resolución estimatoria. Hay un dato que avala mi postura y desacredita la opacidad de Hacienda: he formulado idéntica petición a otros cuatro ministerios y los cuatro me han proporcionado los datos, como pueden comprobar si revisan los expedientes 001-054948, 001-054949, 001-055670 y 001-055672. Dice Hacienda que los gastos correspondientes a esa partida se contabilizan genéricamente en el concepto 226.01 y que habría que analizarlos uno a uno para poder determinar cuáles corresponden exactamente a la ministra y cuáles no ¿Hacienda no puede y sí los ministerios de Cultura y Deporte; Presidencia; Inclusión Social y Sanidad? ¿Hacienda tiene unos aplicativos diferentes al resto de departamentos? Sin duda, mi petición entronca directamente con el espíritu de la Ley de transparencia, como implícitamente han reconocido otros cuatro ministerios proporcionándome idéntica información. 4. Con fecha 25 de mayo de 2021, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Mediante escrito con fecha de entrada 10 de junio de 2021 realizó las siguientes alegaciones: (…) TERCERA. La solicitud 001-055671 deviene de una previa, registrada con el número 001- 054140, en la que el mismo solicitante requería la siguiente información: Gastos de transporte, alojamiento, manutención y cualquier otro pagados por el Ministerio de Hacienda entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 derivados de la labor que ejerce María Jesús Montero al frente de este departamento. Ruego que la información se ofrezca desglosada por los conceptos antes citados. Esta solicitud de información fue atendida y respondida el 31 de marzo de 2021. En concreto, se respondió con la siguiente información: “Una vez analizada la solicitud, se resuelve conceder el acceso a la información solicitada, a cuyo efecto se indica que según consta en el Departamento de Servicios y Coordinación Territorial no se han abonado dietas de alojamiento a la Ministra de Hacienda entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, abonándose los gastos de manutención derivados de su labor al frente del Departamento, junto a otro tipo de gastos de índole protocolaria, con cargo al concepto 226.01 Atenciones protocolarias, habiendo sido ejecutado en 2020 en este concepto 19.453,09 €. En cuanto a los gastos de transporte de la Ministra de Hacienda, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 se han abonado 4.011,77€ en cumplimiento de la Disposición adicional cuarta, apartado segundo, del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de servicio, y 604,23€ correspondientes a comisiones de servicio que dan derecho a indemnización reguladas en el citado Real Decreto.” Es decir, en relación a los gastos de manutención se remitió al solicitante la información, ofreciendo la cantidad global ejecutada en el año 2020 en el subconcepto 226.01 “Atenciones protocolarias y representativas” del servicio 15.01 del Ministerio de Hacienda que en su denominación presupuestaria se indica que corresponde a “Ministerio, Subsecretaria y Servicios Generales”, por lo que engloba una variedad de gastos de índole protocolaria, sin que se indicara una cantidad concreta e individualizada referida a la ministra de Hacienda, como sí se hizo en los otros conceptos por los que se preguntaba, dietas y transporte, en los que si fue posible esa individualización sin necesidad de reelaboración. (…) Sin embargo el nivel de detalle pedido en la solicitud 001-05567 exige de reelaboración pormenorizada, que supone un nuevo tratamiento de la información para poder facilitarla exprofeso, recurriendo a distintas fuentes de información y analizando todos los expedientes uno a uno -aproximadamente un centenar-, en un proceso de ordenación, sistematización y depuración, al no poder obtener de forma automatizada la información tal y como la exige el solicitante sin realizar un ejercicio de reelaboración. Por otra parte, el hecho de que, según el solicitante, otros Ministerios le hayan proporcionado información puede obedecer a múltiples causas en correspondencia a la autonomía organizativa que caracteriza a los distintos departamentos. (…) Pues bien, la resolución objeto de reclamación incluía tanto las causas materiales de inadmisión (el hecho de no ser posible determinar el gasto incurrido de forma directa por la ministra de Hacienda sin tener que recurrir para ello a distintas fuentes de información y al análisis individualizado expediente a expediente), como los elementos jurídicos en los que se sustenta (el artículo 18.1.c de la Ley 19/2013, que ha sido ampliamente analizado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tanto en su criterio interpretativo CI/007/2015, como en las resoluciones y jurisprudencia citadas). (…) 5. El 15 de junio de 2021, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes en relación con su pretensión. Mediante escrito de entrada el mismo 17 de junio siguiente, el reclamante realizó las siguientes alegaciones: Leídas las alegaciones de la contraparte, solicito al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que continúe adelante con la tramitación de la presente reclamación al no compartir los argumentos expuestos. Resulta difícil de entender que no se pueda discriminar los gastos en los que ha incurrido la ministra en el desarrollo de sus funciones sin que ello conlleve una labor de reelaboración. Desde luego, Hacienda debe disponer de un aplicativo diferente a otros departamentos ministeriales que han accedido a facilitar la información solicitada. Sólo así se puede fiscalizar la gestión de los responsables públicos, espíritu que sin duda alumbra la Ley de Transparencia. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , su Presidente es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone su artículo 13 "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. 3. Respecto al fondo del asunto, cabe señalar que la solicitud de información -Relación detallada de los 19.453,09 euros gastados durante 2020 por la ministra de Hacienda en atenciones protocolarias y representativas (…) se detalle fecha del gasto, en qué consistió dicha atención y persona física o jurídica que lo facturara- ha sido inadmitida por el Ministerio al considerar de aplicación la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) de la LTAIBG que dispone que Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Fundamenta el Departamento Ministerial su inadmisión en que el gasto ejecutado en esta partida comprende gastos protocolarios del Ministerio de Hacienda, pero los sistemas y medios disponibles no permiten discriminar los datos correspondientes a la titular del departamento; exigiría usar distintas fuentes de información, analizando expediente por expediente para comprobar que gastos derivan de actividades en las que la ministra efectivamente participó. Añadiendo en sus alegaciones a la reclamación en relación con los citados expedientes que son -aproximadamente un centenar-, un proceso de ordenación, sistematización y depuración, al no poder obtener de forma automatizada. 4. La aplicación de la causa de inadmisión de solicitudes de acceso a la información invocada en la resolución recurrida debe analizarse tomando como parámetros el criterio interpretativo nº 7 de 2015, aprobado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en ejercicio de las competencias legalmente atribuidas por el artículo 38.2 a) de la LTAIBG , y la doctrina jurisprudencial elaborada al efecto. Por lo que respecta al criterio interpretativo nº 7 de 2015, alude al concepto de “reelaboración” de la información en los siguientes términos: “(…) será requisito que la resolución por la que se inadmita la solicitud especifique las causas que la motivan y la justificación, legal o material aplicables al caso concreto. En cuanto al concepto de reelaboración, debe entenderse desde el punto de vista literal que reelaborar es, según define la Real Academia de la Lengua: “volver a elaborar algo”. Es esta circunstancia la que es exigible para entender que estamos ante un supuesto de reelaboración. Si por reelaboración se aceptara la mera agregación, o suma de datos, o el mínimo tratamiento de los mismos, el derecho de acceso a la información se convertirá en derecho al dato o a la documentación, que no es lo que sanciona el artículo 12 al definir el derecho como “derecho a la información”. Dicho lo anterior, el concepto de reelaboración como causa de inadmisión ha sido interpretado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en diversas resoluciones de tal manera que puede entenderse aplicable cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional de actuación del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba: a) Elaborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información, o b) Cuando dicho organismo o entidad carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada. Una vez fijado el concepto de reelaboración, conviene diferenciarlo de otros supuestos regulados Ley 19/2013, que no suponen causa de inadmisión. El primero sería la solicitud de “información voluminosa”, que aparece recogida en el artículo 20.1. En este caso, se trata de información cuyo “volumen o complejidad” hace necesario un proceso específico de trabajo o de manipulación para suministrarla al solicitante. En este caso no se estaría ante un supuesto de reelaboración, por lo que tampoco sería un caso de inadmisión de la solicitud sino de ampliación del plazo para resolver. En este sentido se pronuncia el artículo 20.1, párrafo 2 que dice textualmente “Este plazo (1 mes) podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante”. No obstante, sí puede tenerse en cuenta el elevado volumen de la información objeto de solicitud cuando ello suponga que, atendiendo también al alcance y objeto concreto de lo solicitado así como los medios disponibles, se incurra en algunas de las circunstancias o supuestos que, a juicio de este Consejo de Transparencia, impliquen que estemos ante un supuesto de reelaboración. Asimismo, se considera necesario recordar, en primer lugar, cómo la jurisprudencia ha puesto de relieve la necesidad de motivar suficientemente la concurrencia de esta causa de inadmisión por parte de la Administración, como refleja bien la Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2017, dictada en el Recurso de Casación nº 75/2017, cuando sostiene que «Cualquier pronunciamiento sobre las “causas de inadmisión” que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y, en particular, sobre la prevista en el apartado 1 c) de dicho artículo (que se refiere a solicitudes “relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013." (...) Por ello, la causa de inadmisión de las solicitudes de información que se contempla en el artículo 18.1 c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no opera cuando quien invoca tal causa de inadmisión no justifique de manera clara y suficiente que resulte necesario ese tratamiento previo o reelaboración de la información (…)». Y, en segundo lugar, se considera necesario recordar la interpretación que de este concepto han realizado los Tribunales de Justicia: La Sentencia nº 5/2020, de 8 de enero, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso- Administrativo n. º 12 en el Procedimiento Ordinario núm. 15/2019, confirmada por la sentencia de la Audiencia Nacional de 16 de octubre de 2020, dictada en el recurso de apelación 25/2020, señala que «La LTAIBG no suministra una noción de reelaboración. En su contestación a la demanda la representación procesal del CTBG sostiene que la reelaboración supone “la obtención de un producto nuevo o la elaboración de un informe sobre la información solicitada”. Para aproximarse a la determinación de la noción de reelaboración hay que tener en cuenta que la LTAIBG reconoce el derecho a acceder a la información pública, entendiendo que la misma comprende contenidos o documentos en cualquier formato o soporte, pero siempre “que obren en poder” de las personas públicas y privadas sujetas a la misma y “que hayan sido elaborados o adquiridos [por ellas] en el ejercicio de sus funciones”. De esta noción se deduce que el derecho se ciñe a los documentos y contenidos en el estado en que se encuentren en poder del órgano o persona sujeto a la LTAIBG. No obstante, de la misma Ley se deduce que algunas operaciones a efectuar sobre los documentos y contenidos no se consideran reelaboración de la información a efectos de la aplicación del art. 18.1 c). No cabe, por ejemplo, considerar como reelaboración la omisión de informaciones afectadas por los límites del art. 14 a fin de conceder un acceso a parte de la información solicitada, operación contemplada en el art. 15. Tampoco se podrá considerar reelaboración el tratamiento de la información voluminosa o compleja que pueda dar lugar a la ampliación del plazo para facilitar el acceso prevista en el art. 20.1. (…) No cabe descartar, pues, de antemano que, en efecto, la ordenación, sistematización y depuración de la información de la que dispone la Universidad demandante pueda ser considerada una reelaboración necesaria para facilitar el acceso a la misma. Pero la necesidad de esa reelaboración ha de ser apreciada teniendo en cuenta que la carga de justificarla pesa sobre el órgano o ente que la alega, como se deduce de la exigencia de motivación que impone el art. 18.1 de la LTAIBG. Y la Universidad no la ha justificado en absoluto, ni en sus alegaciones ante el CTBG ni en esta sede. La Universidad, en efecto, acepta que la información a la que se pretendía acceder está en su poder. Para justificar la necesidad de reelaboración se ha limitado a dar algunas cifras sobre el número de centros y de alumnos de sus másteres oficiales, pero sin explicar mínimamente cómo tiene organizada la información de que dispone, qué pasos debería dar para transformarla en información accesible y de qué recursos dispone para ello, explicación indispensable para verificar la realidad de esa necesidad de reelaboración. No habiendo levantado la demandante la carga que pesaba sobre ella no puede tampoco aceptarse esta última alegación suya». La Sentencia 15/2018, de 14 de febrero de 2018, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 1 en el PO 33/2017, y casi en idénticos términos, rechazando la identificación entre recopilación de información y reelaboración de la misma la sentencia nº 125/2018, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Madrid en el PO 62/2017, recoge que: (…) no pudiéndose obviar que la información guarda relación con los recursos públicos, de forma que lo solicitado entra dentro del ámbito de aplicación de la ley y se trata de información que ya existe, es decir que no precisa ser reelaborada para proporcionar el acceso sin perjuicio de que pueda no existir un repositorio común a todos los órganos de contratación del grupo Fomento, aspecto que, como se ha expuesto, no guardaría relación con la causa de inadmisión, de forma que, a lo sumo, lo requerido supondría una labor de recopilación de datos con el alcance de agregar, tratar o adicionar los mismos pero sin que requiera una labor de elaboración o creación ad hoc a modo de informe, debiéndose reiterar que no cabe aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado o desproporcionado del derecho de acceso a la información que exista y esté disponible mediante una sola labor de agregación, siempre que se trate de información pública cuyo concepto se contiene en el art. 13 de la Ley. La Sentencia 54/2019, de 8 de mayo, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid, PO 37/2018-D “(…) No se comparte que para la divulgación de la información interesada sea necesaria una acción previa de reelaboración. Entendido ello de acuerdo con los criterios del CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO y co n diversos pronunciamientos judiciales, no se debe apreciar cuando se trata del acceso a información que conste en archivos y documentos existentes con anterioridad a la solicitud. Si la Administración requerida dispone de la información, tal como se solicita, y se requiere a lo sumo de su ordenación, no se trataría de un supuesto de reelaboración. Por el contrario, sí se trataría de un supuesto de reelaboración si lo que se pretende es que a partir de los datos de que disponga la Administración la misma elabore un informe. (...) el hecho de que los datos relativos al pago a los colaboradores contratados por la Corporación demandante no se encuentren ordenados o tengan que ser recabados a distintas unidades no implica que deban ser reelaborados. Se trata de recabarlos y de trasmitirlos tal como constan.” Y en idénticos términos se pronuncia la Sentencia 47/2020, de 13 de mayo, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid, PO 107/2019, que, además de lo anterior, concluye afirmando lo siguiente “(…) Existiría una acción de reelaboración, de acuerdo con la sentencia de 25 de abril de 2016, dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo n.° 9 de Madrid en el Procedimiento Ordinario 33/2015, si se pide una información de que no se dispone, no existiendo obligación de producirla.(...) el volumen o el esfuerzo que debe realizarse para proporcionar la información no puede considerarse como un elemento de juicio determinante a la hora de rechazar el acceso a la información y no debe confundirse con una acción de reelaboración de la información. Tampoco cabe oponer que el Ministerio debería destinar un funcionario a tiempo completo para revisar todas las solicitudes, pues las dificultades de organización que tenga la Administración no le eximen de atender sus funciones, en línea con lo afirmación del Consejo de Trasparencia de que se requiere de ciertas labores administrativas para identificar y poner a disposición del interesado la información solicitada. Ni siquiera cuantifica la actora, ni por aproximación, el número tan ingente de peticiones de indulto que recibe al año.” 5. Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente caso, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no es de aplicación la causa de inadmisión invocada, que recordemos, debe ser interpretada de manera restrictiva, coherente y proporcionada. En el supuesto analizado, se trataría, como han indicado nuestros Tribunales y establece el mencionado Criterio del CTIBG, del acceso a información existente en el expediente correspondiente a los “Asuntos Protocolarios”. Recordemos que, tal y como se recoge en los antecedentes, la solicitud de información cuya inadmisión da lugar a la presente resolución deriva de la información facilitada como consecuencia de una solicitud anterior: “habiendo sido ejecutado en 2020 en este concepto 19.453,09 €”. Parece razonable considerar que, si se dispone del dato correspondiente a la cuantía ejecutada en 2020 por “Asuntos Protocolarios”, también se ha de disponer de la información contable referida a la fecha del gasto, el concepto y la persona física o jurídica que lo factura. Para justificar la necesidad de reelaboración el Ministerio se ha limitado a indicar que no puede obtener la información por no estar automatizado el proceso. Sin embargo, aun dándose esta circunstancia, para conceder el acceso a la información solicitada no sería necesaria una labor de reelaboración en el sentido estricto con el que se ha de entender el enunciado del artículo 18.1.c) de la LTAIBG, sino que bastaría con llevar a cabo una mera labor de recopilación de los datos disponibles. Por lo demás, el hecho de que según señala el Ministerio en sus alegaciones estaríamos ante aproximadamente un centenar de expedientes no puede considerarse suficiente para justificar la concurrencia de la causa de reelaboración sino, a lo sumo, como un supuesto en el que cabría proceder a la ampliación del plazo para resolver según el artículo 20.1 de la LTAIBG. A cuanto se acaba de exponer hay que añadir que el acceso a la información solicitada guarda una estrecha relación con la finalidad de la LTAIBG de someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, permitiendo que los ciudadanos puedan conocer cómo se manejan los fondos públicos. En consecuencia, en atención a las razones expuestas, la presente reclamación debe ser estimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por , con entrada el 24 de mayo de 2021, frente a la Resolución de 20 de mayo de 2021 del MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la siguiente información: - Relación detallada de los 19.453,09 euros gastados durante 2020 por la ministra de Hacienda en atenciones protocolarias y representativas. Ruego que se detalle fecha del gasto, en qué consistió dicha atención y persona física o jurídica que lo facturara. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al Reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez