Solicitud de información sobre protocolos COVID en Moncloa, gestión de ruedas de prensa y desplazamiento de UVI móvil

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 488/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y con fecha 27 de marzo de 2020, la siguiente información: 1.- Relación de actuaciones, protocolos, medidas adoptadas o recomendaciones llevadas a cabo desde Presidencia del Gobierno u otro Ministerio tras la cuarentena de miembros del gobierno y tras los positivos de las Ministras del Gobierno, en relación al personal que presta sus servicios en dependencias gubernamentales. S/REF: 001-042136 N/REF: R/0488/2020; 100-004015 Fecha: La de la firma Reclamante Dirección Administración/Organismo: Secretaría General de Presidencia del Gobierno Información solicitada: Protocolos COVID, infectados y bajas laborales e instrucciones para preguntas en ruedas de prensa Subdirección General de Reclamaciones 2.- Número de personas que han resultado infectadas o sospechosas por COVID19 en las dependencias ministeriales del Palacio de Moncloa y número de bajas laborales desde el 8 de marzo de 2020. 3.- Instrucciones dadas desde Presidencia del Gobierno o desde el Gabinete de Presidencia a la Secretaría de Estado de Comunicación para la elección y selección de las preguntas a realizar en las ruedas de prensa oficiales sobre la pandemia del COVID19. 4.- En relación a la noticia divulgada sobre el envío el 20 de marzo desde Moncloa de una UVI móvil al domicilio particular del hermano del Presidente del Gobierno (David Sánchez Pérez) copia de la documentación acreditativa de las instrucciones dadas en relación a ese desplazamiento y de cualquier soporte documental en relación al mismo, así como de cualquier otro realizado para cualquier alto cargo del complejo, si lo hubiere, desde febrero de 2020 hasta la actualidad. No consta respuesta de la Administración. 2. Ante la falta de contestación, la solicitante presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con fecha de entrada el 6 de agosto de 2020 y el siguiente contenido: PRIMERO: Que en fecha 27 de marzo de 2020 se solicitó información a Presidencia del Gobierno cuyo contenido adjuntamos a la presente denuncia. SEGUNDO: Que transcurrido el plazo establecido desde el inicio del procedimiento, Presidencia del Gobierno ha incumplido la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno dado que no existe resolución expresa. En virtud delo expuesto SOLICITO DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO como órgano competente para la resolución de las reclamaciones de acceso a la información pública, admita la presente reclamación al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013,de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, y sea reconocido nuestro derecho a obtener la información pública en la forma solicitada y garantice el derecho de acceso a la información solicitada y el deber de facilitar la documentación. 3. Con fecha 10 de agosto de 2020, el Consejo de Transparencia remitió el expediente a la SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, al objeto de que pudiera formular las alegaciones que considerase oportunas. Notificado el requerimiento el mismo 10 de agosto mediante la comparecencia de la Administración, no consta la presentación de alegaciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como " los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. Como cuestión previa de carácter formal que ha afectado a la tramitación de la solicitud de la que trae causa la presente reclamación, en primer lugar, cabe aludir a la suspensión de términos y plazos administrativos establecida en el apartado 1, de la Disposición Adicional Tercera, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; suspensión que ha finalizado mediante el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 4 63/2020, de 14 de marzo, que señala en relación con los plazos: Artículo 9. Plazos administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas. En este sentido, es necesario hacer una mención especial a los plazos establecidos en la LTAIBG para contestar a las solicitudes de acceso a la información. A este respecto, debe indicarse que el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. Asimismo, su apartado 4 el artículo 20 de la LTAIBG dispone que Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. En el presente supuesto, conforme consta en el expediente y se ha reflejado en los antecedentes de hecho, la solicitud de información se presentó el 27 de marzo de 2020, mientras estaban suspendidos los plazos administrativos en virtud del Real Decreto 463/2020, antes mencionado. Por consiguiente, dado que con efectos de 1 de junio de 2020 se levantó la suspensión de los plazos en virtud del Real Decreto 537/2020, podemos entender al citado 1 de junio como fecha de entrada en el órgano competente para resolver. En consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el art. 20.1 de la LTAIBG según el cual La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver el plazo de un mes del que disponía para resolver y notificar la respuesta a la solicitud de información finalizaría el 1 de julio de 2020. En todo caso, se recuerda a la Administración que el párrafo artículo 21.4 párrafo segundo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. Asimismo, cabe señalar que conforme figura en el expediente y se ha hecho constar en los antecedente de hecho, la Administración no ha dictado resolución sobre acceso, ni en plazo ni pasado el mismo, por lo que la interesada presentó con fecha 6 de agosto de 2020 reclamación ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por desestimación por silencio administrativo. A este respecto, se reitera–al igual que en el reciente expediente R/485/2020- que el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. Por todo ello, cabe insistir en que según lo indicado en el propio Preámbulo de la Ley, con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta, y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. Este Consejo de Transparencia ya se ha pronunciado en numerosos casos precedentes (por ejemplo, recientemente en los expediente R/362/2020 y R/485/2020) sobre la demora en la tramitación de la solicitud por parte de la Administración, llegando a la conclusión de que este lapso de tiempo, no achacable al solicitante sino a la Administración, corre en contra de los intereses del primero, lo que contradice el principio de eficacia administrativa del artículo 103.1 de la Constitución española, según el cual "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho". La categorización como principio por la Constitución del deber de ser eficaz, comporta que la Administración ha de ajustarse en su actuación, no sólo al principio de legalidad, sino que, además, deberá poner todos los medios materiales y humanos para llevar a cabo el fin que la propia Constitución le asigna: la consecución del interés general. 4. Por otra parte, y en atención a las circunstancias del presente expediente, debemos reiterar que la solicitud de alegaciones al sujeto obligado por la LTAIBG frente al que se presenta la reclamación, además de garantizar el principio de contradicción en la tramitación del procedimiento, permite al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno obtener todos los elementos de juicio necesarios, de tal forma que la resolución de la reclamación atienda a todas las circunstancias que sean de aplicación al caso concreto. Como se desprende de los expedientes de reclamación tramitados por este Organismo, dicha solicitud de alegaciones se realiza inmediatamente después a la interposición de la reclamación con vistas a obtener los argumentos por los que el Organismo al que se dirige la misma, que no ha respondido la solicitud en el plazo conferido al efecto. No obstante y a pesar de que consta la notificación por comparecencia de la realización del trámite de solicitud de alegaciones, en el presente expediente no se ha recibido respuesta. En atención a estas circunstancias, no podemos sino poner de manifiesto que este retraso en la tramitación y la falta de respuesta y alegaciones, dificulta la adecuada protección y garantía del derecho constitucional a acceder a la información pública, interpretado por los Tribunales de Justicia, como bien conoce la Administración, como de amplio alcance y límites restringidos- por todas, destaca la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2017 Recurso de Casación nº 75/2017, "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa ac eptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información- así como la salvaguarda del derecho de acceso a la información pública que corresponde al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (art. 34 de la LTAIBG). 4. Respecto al fondo del asunto, cabe recordar que el objeto de la solicitud de información se concretaba en las siguientes cuatro cuestiones: 1.- Relación de actuaciones, protocolos, medidas adoptadas o recomendaciones llevadas a cabo desde Presidencia del Gobierno u otro Ministerio tras la cuarentena de miembros del gobierno y tras los positivos de las Ministras del Gobierno, en relación al personal que presta sus servicios en dependencias gubernamentales. 2.- Número de personas que han resultado infectadas o sospechosas por COVID19 en las dependencias ministeriales del Palacio de Moncloa y número de bajas laborales desde el 8 de marzo de 2020. 3.- Instrucciones dadas desde Presidencia del Gobierno o desde el Gabinete de Presidencia a la Secretaría de Estado de Comunicación para la elección y selección de las preguntas a realizar en las ruedas de prensa oficiales sobre la pandemia del COVID19. 4.- En relación a la noticia divulgada sobre el envío el 20 de marzo desde Moncloa de una UVI móvil al domicilio particular del hermano del Presidente del Gobierno (David Sánchez Pérez) copia de la documentación acreditativa de las instrucciones dadas en relación a ese desplazamiento y de cualquier soporte documental en relación al mismo, así como de cualquier otro realizado para cualquier alto cargo del complejo, si lo hubiere, desde febrero de 2020 hasta la actualidad En relación con las dos primeras cuestiones, cabe señalar en primer lugar que a juicio de este Consejo de Transparencia se están refiriendo al personal que se describe en la web de La Moncloa Dentro del Gabinete de la Presidencia del Gobierno está la Secretaría General que se ocupa de servicios de seguridad, protocolo, informática y comunicaciones y medios operativos. El Gabinete cuenta también con un departamento específico de Comunicación con los Ciudadanos. De la Presidencia depende también directamente la Secretaría de Estado de Comunicación, que difunde información sobre la acción del Gobierno a través de su relación con los medios y directamente con la ciudadanía. La Presidencia del Gobierno, además de servir de apoyo al Presidente en el ejercicio de sus funciones, desarrolla unos servicios directos a la ciudadanía. Por otro lado, en atención a lo planteado, hemos podido comprobar que, según diversos medios de comunicación,- noticia de 1 de abril de 2020, El Independiente y de 16 de abril de 2020, El Español - se produjeron diversos casos de contagio en el Complejo del Palacio de La Moncloa. Asimismo, recordemos que, al definir información pública y, por lo tanto, el objeto de una solicitud de información, el art. 13 de la LTAIBG señala lo siguiente: Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Todo ello, al objeto de dar cumplimiento a la finalidad o ratio iuris de la norma, expresada en los siguientes términos en su Preámbulo: La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. De igual manera, deben recordarse determinados pronunciamientos judiciales entre los que destacan por ejemplo, la Sentencia nº 46/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid, dictada en el PO 38/2016 y que se pronuncia en los siguientes términos: "El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal, debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos; es un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además las Administraciones Públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos por lo que toda la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía. Pueden distinguirse dos aspectos en cuanto al derecho al acceso a la información: Transparencia proactiva, como https://www.elespanol.com/espana/politica/20200416/infectados-moncloa-obstaculo-celebrar-reuniones-presenciales-pactos/482703154 0.html https://www.consejodetransparencia es/ct_Home/Actividad/recursos_jurisprudencia/Recursos_AGE/2016/16_particular_7_tributos.html aquella obligación de los organismos públicos de publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades, presupuestos y políticas y la Transparencia reactiva: Es el derecho de los ciudadanos de solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de información de y el derecho a recibir una respuesta documentada y satisfactoria". "Las diferentes y numerosas menciones a este derecho coinciden en resaltar la creciente importancia que está cobrando, ya que el mismo supone una herramienta indispensable para adquirir aquellos conocimientos que, permiten controlar la actuación de los gobiernos y prevenir y luchar contra la corrupción así como contrarrestar la violación de derechos. De estos preceptos se desprende que el derecho de acceso a la información debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia." Por lo tanto, en la medida en que se solicite información existente, en poder de uno de los Organismos y entidades a los que se aplica la LTAIBG, relacionada con el control de la actuación pública y el conocimiento del proceso de toma de decisiones y no sea de aplicación ningún límite o restricción al acceso- que no ha sido señalados por la Administración al no responder la solicitud de información ni atender el requerimiento de alegaciones realizado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno-, nos encontramos ante una solicitud de información amparada en el derecho de acceso reconocido y garantizado por la LTAIBG. 5. Atendiendo a lo anterior, podemos entender que, en relación a la primera parte de la solicitud, pudieran haberse llevado a cabo actuaciones concretas así como la adopción de protocolos, medidas o recomendaciones destinadas específicamente al tratamiento de las eventuales consecuencias de la pandemia acaecidas en el Complejo de La Moncloa. En tal caso, y en la medida en que hubiesen sido plasmadas de tal forma que existiera información pública a la que pudiera garantizarse el acceso, entendemos que el conocer dichas actuaciones y, por lo tanto, las decisiones públicas adoptadas en una circunstancia y sobre una materia tan concreta, contribuiría al conocimiento del proceso de toma de decisiones y a la rendición de cuentas por la actuación pública, pilar en el que se basa el sistema de garantías que establece la LTAIBG . En lo relativo a esta información, cabe señalar que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no considera que sea de aplicación ninguna otra causa de inadmisión ni límites de los previstos en la LTAIBG, que, por otra parte, como ya hemos puesto de manifiesto no han sido alegados por la Administración y para cuya aplicación es necesario, según el Tribunal Supremo- sentencia nº 748/2020, de 11 de junio de 2020, dictada en el recurso de casación 577/2019 - su justificación expresa y detallada que permita controlar la veracidad y proporcionalidad de la restricción establecida. Al respecto, hay que volver los términos clarificadores en que se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2017, dictada en el Recurso de Casación nº 75/2017, razona que "Cualquier pronunciamiento sobre las “causas de inadmisión” que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, (…) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013." (...) "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa ac eptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. Por lo tanto, y en relación al primer apartado de la solicitud de información, entendemos que cabe acoger los argumentos en los que se basa la reclamación que, en consecuencia, ha de ser estimada. 6. Conclusión distinta merecería, a nuestro juicio, el segundo punto de la solicitud de información, referido a obtener el Número de personas que han resultado infectadas o sospechosas por COVID19 en las dependencias ministeriales del Palacio de Moncloa y número de bajas laborales desde el 8 de marzo de 2020. En primer lugar porque la solicitante pide datos que se basarían en una presunción- personas sospechosas de estar infectadas por COVID19- que no tendrían por qué tradu cirse en información pública. Por otro lado porque, a nuestro juicio, el conocer los datos de contagiados por COVID19 y, consecuencia de ello, que hubiesen devenido en una baja laboral- entendemos que consecuencia de ese contagio aunque lo cierto es que el planteamiento de la solicitud es muy amplio en este aspecto- no guarda relación a nuestro juicio con el control de la actuación pública y la rendición de cuentas por las decisiones que adopten los responsables públicos. En efecto, entendemos que las circunstancias por las que se interesa la solicitante son ajenas a los principios o finalidades en los que se ampara la Ley de Transparencia que, insistimos, tiene como principio fundamental el conocimiento de la actuación pública sino que, antes al contrario, viene referida a una situación personal por la que se hubieran visto afectados los trabajadores que prestaran sus servicios en el Complejo de La Moncloa como consecuencia de la pandemia existente. En este sentido, debemos destacar que los Tribunales de Justicia también han acotado la importancia de atenerse a la finalidad de la norma cuando se solicita información pública. Así, la Sentencia en Apelación nº 34/2019, de la Audiencia Nacional, de 10 de diciembre de 2019, argumenta lo siguiente: “(…) si bien la Ley no exige que el solicitante de información razone el porqué de la solicitud, los motivos por los que la solicita podrán ser tenidos en cuenta al momento de dictarse la resolución. (…) Como ya señaló la Sala en Sentencia de 30 de mayo de 2019, dictada en el recurso de apelación 1/2019,……una solicitud de información de estas características, por su volumen, extensión, período de tiempo, identificación y medios para instrumentar la petición, además de ocasionar una disfunción manifiesta, no deja de ser un desiderátum no acorde con el espíritu y finalidad de la normativa de transparencia. Una solicitud de estas características no deja de ser una instrumentación de la normativa de transparencia con una finalidad -cierto es, ya se ha dicho, que la ley no exige motivación, aunque sí puede tenerse en cuenta- que, repetimos, en criterio de la Sala no se acomoda al espíritu y finalidad de la norma, más allá, desde luego, de intereses puramente particulares.” 7. Por otra parte, en cuanto a la solicitud de las Instrucciones dadas desde Presidencia del Gobierno o desde el Gabinete de Presidencia a la Secretaría de Estado de Comunicación para la elección y selección de las preguntas a realizar en las ruedas de prensa oficiales sobre la pandemia del COVID19, cabe señalar que, también en esta ocasión, diversas noticias aparecidas en los medios de comunicación han reflejado la situación que menciona la reclamante. En este caso nos encontramos de nuevo ante información cuya existencia no ha sido confirmada pero tampoco denegada y que sí se ha plasmado en una decisión pública relacionada con la organización y desarrollo de las ruedas de prensa del Presidente del Gobierno. En este sentido y salvo, como decimos, que se indique lo contrario, puede entenderse que la decisión acerca de la configuración de las ruedas de prensa se ha podido ver fundamentada y/o reflejada en instrucciones relacionadas con su desarrollo. En lo relativo a esta información, cabe señalar que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tampoco considera sea de aplicación ninguna otra causa de inadmisión ni límites de los previstos en la LTAIBG, que, por otra parte, como ya hemos puesto de manifiesto recordemos, aun a riesgo de ser reiterativos, no han sido alegados por la Administración. En consecuencia, la reclamación debe ser estimada en este punt o. 8. Por último, en relación a la petición de información relativa a la última cuestión, - En relación a la noticia divulgada sobre el envío el 20 de marzo desde Moncloa de una UVI móvil al domicilio particular del hermano del Presidente del Gobierno (David Sánchez Pérez) copia de la documentación acreditativa de las instrucciones dadas en relación a ese desplazamiento y de cualquier soporte documental en relación al mismo, así como de cualquier otro realizado para cualquier alto cargo del complejo, si lo hubiere, desde febrero de 2020 hasta la actualidad-, hay que señalar que a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno lo solicitado se enmarca dentro de las actuaciones que corresponden a la esfera privada de los individuos, con independencia de que sean familiares del Presidente de Gobierno o altos cargos de su Gobierno. Así, entendemos que, como cualquier otro ciudadano y cuando las circunstancias lo requieran, podrán hacer uso de los servicios de emergencia para atender a situaciones que así lo necesiten, por lo que la información requerida - si se avisó o utilizó una UVI móvil para alguien enfermo- entendemos que no se enmarca en el escrutinio la acción de los responsables públicos, el conocimiento de cómo se toman las decisiones que afectan a los ciudadanos, el manejo de los fondos públicos o el conocimiento de los criterios bajo los que actúan nuestras instituciones. Por ello, consideramos que debe desestimarse la reclamación en lo relativo a este apartado de la solicitud de información. En consecuencia, teniendo en cuenta los argumentos expuestos en los apartados precedentes, la presente reclamación debe de ser estimada parcialmente. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada por con entrada el 6 de agosto de 2020, contra la SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. SEGUNDO: INSTAR a la SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la siguiente información: 1.- Relación de actuaciones, protocolos, medidas adoptadas o recomendaciones llevadas a cabo desde Presidencia del Gobierno u otro Ministerio tras la cuarentena de miembros del gobierno y tras los positivos de las Ministras del Gobierno, en relación al personal que 3.- Instrucciones dadas desde Presidencia del Gobierno o desde el Gabinete de Presidencia a la Secretaría de Estado de Comunicación para la elección y selección de las preguntas a TERCERO: INSTAR a la SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA DEL GOBIERNO a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada a la reclamante. En caso de que todo o parte de la información que entendemos ha de proporcionarse no existiera, deberá reflejarse expresamente esta circunstancia en la respuesta que se remita a la solicitante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez