Solicitud de información sobre aportaciones por volumen de ventas al SNS y destino de los fondos

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Resolución 487/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó , al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 30 de mayo de 2019, la siguiente información: (…) las aportaciones cuatrimestrales por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud, establecidas en la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, desde el año 2005 hasta la actualidad. Así mismo, pido conocer de manera desglosada el destino de los fondos, tanto en el ámbito de la investigación S/REF: 001-034906 N/REF: R/0487/2019; 100-002718 Fecha: 26 de septiembre de 2019 Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social Información solicitada: Aportaciones por volumen de ventas al SNS Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones como de las posibles políticas de cohesión sanitaria, programas de formación y educación sanitaria, tal y como contempla la misma disposición. No consta respuesta de la Administración. 2. Mediante escrito de entrada el 11 de julio de 2019, la reclamante presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con el siguiente contenido: Dicha petición, registrada con el número de expediente 001-034906, tuvo acceso a la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, órgano directivo encargado de su resolución, el pasado 31 de mayo de 2019, tal y como consta en la documentación adjunta. A fecha 11 de julio de 2019, transcurrido más de un mes desde el registro de la solicitud de información sin haber recibido respuesta por parte de la Administración y al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, SOLICITA Una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al que pide amparo ante el silencio administrativo en relación a la solicitud hecha en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública requerida. 3. Con fecha 15 de julio de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Ante la falta de respuesta por parte del Ministerio en el plazo establecido para ello, se le requirió nuevamente con fecha 21 de agosto de 2019. Mediante escrito de entrada de 30 de agosto de 2019 LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SNS Y FARMACIA (MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL) contestó lo siguiente: En relación a esta solicitud, se reproduce seguidamente la respuesta de este centro directivo, de 27 de agosto último, notificada al interesado: “Dado que la información solicitada es voluminosa, se adjunta como Anexo I a la presente Resolución. En relación con la información relativa a las aportaciones, sólo se dispone de la misma a partir del ejercicio 2008 y hasta el segundo cuatrimestre de 2018, hallándose actualmente en tramitación las aportaciones correspondientes al último cuatrimestre de 2018. En lo que hace a la información sobre distribución de los fondos por programas, se facilita la correspondiente a los ejercicios 2012 a 2018 [con la salvedad de 2013 en que no se generó distribución, que se realizó en el ejercicio 2014], no disponiéndose de la relativa a ejercicios anteriores.” En atención a lo anterior, habiéndose concedido el acceso a la información solicitada, debe desestimarse la reclamación del interesado ante ese Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 4. El 2 de septiembre de 2019, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió Audiencia del expediente a la FUNDACIÓN CIUDADANA CIVIO para que, a la vista del mismo, presentase las alegaciones que estimara pertinentes, sin que haya presentado ninguna en el plazo concedido al efecto, constando la notificación el mismo 2 de septiembre de 2019. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En el presente caso, este Consejo de Transparencia debe hacer una consideración de carácter formal relativa al plazo en que debe resolverse una solicitud de acceso a la información. Según dispone el artículo 20.1 de la LTAIBG La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. El apartado 4 del mismo precepto establece que Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. En el presente caso, conforme consta en el expediente y se ha recogido en los antecedentes de hecho, la Administración comunicó a la interesada que la solicitud de información tuvo entrada en el órgano competente para resolver el 31 de mayo de 2019, por lo que el plazo resolver y notificar finalizaba el 31 de junio de 2019, si bien, y según manifiesta el Ministerio la respuesta a la interesada es de fecha 27 de agosto de 2019 (no consta la fecha de la notificación), prácticamente dos meses después de finalizar el plazo de que disponía, y una vez había tenido conocimiento de la reclamación (que se traslada el 15 de julio y se reitera el 21 de agosto por este Consejo). Se recuerda a la Administración que según lo indicado en el Preámbulo de la Ley, con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta, y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. Este Consejo de Transparencia ya se ha pronunciado en numerosísimos casos precedentes (por ejemplo, R/0628/2018 y R/017/19 ) sobre la demora en la tramitación de la solicitud por parte de la Administración, llegando a la conclusión de que este lapso de tiempo, no achacable al solicitante sino a la Administración, corre en contra de los intereses del primero, algo que contradice el principio de eficacia administrativa del artículo 103.1 de la Constitución española, según el cual "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho". La categorización como principio por la Constitución del deber de ser eficaz, comporta que la Administración ha de ajustarse en su actuación, no sólo al principio de legalidad, sino que, además, deberá poner todos los medios materiales y humanos para llevar a cabo el fin que la propia Constitución le asigna: la consecución del interés general. 4. Teniendo en cuenta lo anterior, en casos como éste, en que la respuesta (aunque parcialmente) a la solicitud se ha proporcionado fuera del plazo concedido al efecto por la LTAIBG y una vez que se ha presentado Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, hemos venido entendiendo que debe reconocerse, por un lado, el derecho del interesado a obtener la información solicitada y por otro, tener en cuenta el hecho de que la información se le ha proporcionado si bien, como decimos, en vía de reclamación. Por lo tanto, la presente reclamación debe ser estimada pero únicamente por motivos formales, dado que la contestación de la Administración se ha producido una vez transcurrido el plazo legal de un mes y como consecuencia de la presentación de la Reclamación ante este Consejo de Transparencia, y no desestimada como pretende la Administración por el hecho de haber sido respondida; sin que sea preciso realizar ulteriores trámites, teniendo en cuenta, además, que conocida la información por la interesada, tanto por notificación de la respuesta https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2019/01.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2019/03.html según confirma la Administración, como por la concesión del trámite de audiencia por este Consejo de Transparencia, no ha puesto objeción alguna a la misma. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por la FUNDACIÓN CIUDADANA CIVIO, con entrada el 11 de julio de 2019, contra el MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL, sin más trámites. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda