Acceso a información sobre apercibimientos y Plan de Movilidad Urbana del Ayuntamiento de San Fernando en el marco de ayudas EDUSI

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 464/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PUBLICA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 22 de junio de 2020, la siguiente información: La formación política que suscribe, se dirigía el pasado 8 de Noviembre de 2019, a la Dirección General del FEDER del Ministerio de Hacienda, con objeto de conocer las consecuencias de que la EE.LL Ayuntamiento de San Fernando, no hubiere dado cumplimiento a los compromisos EDUSI, no solo de los hitos prescritos de tener un volumen de ejecución de gasto elegible CERTIFICADO del 15% a fecha de 31 de Diciembre de 2019,así como la no tenencia de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible, PMUS, donde se nos informaba de los criterios normativos genérico, pero que sería EDUSI del Ministerio de Política Territorial y Función Publica, el que tendría que materializar el AMPARO ejecutado en relación a ser informado de la situación de S/REF: 001-044173 N/REF: R/0464/2020; 100-003982 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio de Política Territorial y Función Publica Información solicitada: Apercibimientos o demandas recibidas en el Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) Subdirección General de Reclamaciones la ciudad de san Fernando en Cádiz, TODO ELLO EN EL CONTEXTO DE SER RECEPTOR DE UNA SUBVENCIÓN EDUSI-FEDER DE 10 MILLONES DE EUROS. Después de haber permanecido en contacto telefónico, durante meses con la responsable EDUSI de la Subdirección General de Cooperación Local, del Ministerio de Política Territorial y de la Función Pública y sin avanzar en ninguna dirección, en cuanto aportar la información solicitada al respecto, fue necesario de interpelar al Subdirector General en ciernes, con objeto de ultimar la dirección marcada por el Ministerio de Hacienda, que finalmente y antes del RD de Estado de Alarma y después de un largo periplo, como deja ver la trazabilidad de los mails adjuntos, fuimos informados de no poder ser receptores de esa información. En base a ello, SOLICITAMOS, en aplicación del art. 8.1.c de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y referido al marco de las subvenciones EDUSI, ayudas FEDER de la ciudad de San Fernando en Cádiz, permitidnos conocer, el contenido del AMPARO solicitado: 1. Si la EE.LL ha recibido apercibimiento alguno a día de hoy, no solo por no haber certificado gasto elegible alguno a fecha de junio de 2020, sino si se hubiere tomado medidas correctoras, por no haber superado el umbral del 15% a fecha de 31 de diciembre de 2018 e igualmente al 30% a fecha de 31 de diciembre de 2019. 2. Si la EE.LL le ha sido demandando la entrega y posesión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible-PMUS de acuerdo con la Estrategia Europea o si hubiese sido requerido al efecto. 3. Si se considerase por esa parte satisfechas las necesidades prescriptivas para con esa EE.LL en materia de MEDIDAS ANTIFRAUDES. 2. Mediante resolución de fecha 23 de julio de 2020, el MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PUBLICA contestó al solicitante lo siguiente: Con fecha de 29 de junio de 2020, tuvo entrada en el Portal de Transparencia solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Con fecha de 3 de julio de 2020, esta solicitud fue asignada a la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución. Una vez analizada la solicitud, esta Dirección General resuelve conceder el acceso a la información a que se refiere la solicitud. De acuerdo con lo anterior, se señala que, mediante Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020 (B.O.E 17 de noviembre de 2017), el Ayuntamiento de San Fernando solicitó una ayuda de 15 millones para un gasto total de 18.750.000€. Por Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve definitivamente la primera convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre (BOE 14 de diciembre de 2016), se concedió a San Fernando una ayuda de 10.000.000€. CV Solicitud Comunidad Provincia Municipio Denominación Presupuesto Ayuda FEDER GASTO ELEGIBLE Autónoma total EDUSI SOLICITADA Ayuda FEDER CONCEDIDA 1' AN36 Andalucía Cádiz San Fernando Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) -La Ciudad Parque Natural 18 750 000,00 € 15 000 000,00 € 12 500 000,00 10 000 000,00 3. Ante esta respuesta, mediante escrito de entrada el 4 de agosto de 2020, el interesado presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con base en los siguie ntes argumentos: PRIMERO: Se soporta la impugnación acorde al art. 112.2 de la Ley de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administ rativas públicas y la teoría sustitutiva del art. 23 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno SEGUNDO: El acto que se reclama de forma potestativa, se interpone dentro del plazo de un mes, establecido con carácter general en el art.24.2 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, concurren en esta parte los requisitos relativos a la capacidad y legitimación activa necesaria para su interposición. Por todo ello, esta entidad de interés general SOLICITA Ser informado de la existencia o no de apercibimientos y/o medidas correctoras para la EE.LL, Ayuntamiento de San Fernando, dado los incumplimientos de los hitos de producción, respecto a Diciembre de 2018 y 2019, por el volumen de certificación del gasto elegible, igualmente de la tenencia o no del PMUS y finalmente el grado de cumplimiento de las Medidas Antifraudes que han debido ser implementadas por esa AA.PP, atendiendo a las prescripciones de las AYUDAS EDUSI. 4. Con fecha 6 de agosto de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PUBLICA, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. La respuesta a la solicitud de alegaciones tuvo entrada el 26 de agosto de 2020 y en la misma se señalaba lo siguiente: Primero. En respuesta a esta petición, se recopiló la información que había sido solicitada relativa a las ayudas concedidas al Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) con tal finalidad. En esencia, de acuerdo con los datos obrantes en esta Unidad, se constató que mediante Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014- 2020 (BOE 17 de noviembre de 2017), el Ayuntamiento de San Fernando solicitó una ayuda de 15 millones para un gasto total de 18.750.000€. Por Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve definitivamente la primera convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre (BOE 14 de diciembre de 2016), se concedió a San Fernando una ayuda de 10.000.000€. Mediante resolución de 23.07.2020 de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local se dio traslado al interesado de tal información. Esta Unidad considera que la información facilitada atiende de manera íntegra la solicitud que había sido planteada por el interesado. Segundo. En el apartado segundo del escrito de reclamación, la parte reclamante expone que ha solicitado a este Departamento información sobre una serie de extremos ajenos a la petición señalada. En síntesis se señala que la reclamante solicitó información sobre: “Básicamente, la contextualización de los incumplimientos de lo s hitos temporales, obligados para esa EE.LL y su posible deriva de apercibimientos o no, una vez conocidos los gastos elegibles certificados en la plataforma habilitada al efecto, en segundo lugar, la existencia o no de un instrumento transversal en estas ayudas, dígase el PMUS y finalmente, la trazabilidad de las medidas antifraudes implementadas, prescripción comunitaria y de suma condicionalidad para ser receptor de estas ayudas”. En relación a esta afirmación, en primer término cabe manifestar que tales extremos no fueron abordados por la resolución que adoptó esta Dirección General con fecha 23.07.2020, ya que esta Unidad no tenía constancia de que se hubiera planteado una solicitud con tal alcance. No obstante lo anterior, los nuevos datos requeridos por el reclamante versan sobre cuestiones íntimamente vinculadas a la ejecución, justificación y pago de las ayudas concedidas al Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) en el marco de la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre. Sobre esta información, es preciso advertir que si bien la Administración General del Estado ya ha adoptado la resolución definitiva por la que se asignan las subvenciones objeto de la solicitud, la ejecución del objeto de la subvención y su posterior justificación a cargo del beneficiario se encuentran en fase de instrucción. En ese sentido, el apartado decimotercero de la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre, establece un plazo de ejecución general de las estrategias comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2023. No obstante, para las estrategias seleccionadas en la primera convocatoria, el periodo de ejecución material de las operaciones así como de los pagos reales y efectivos realizados con cargo a las mismas quedó comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2022; previéndose que cuando existan causas excepcionales que impidan la finalización de la operación en el plazo concedido, la entidad podrá solicitar con antelación a la fecha establecida una ampliación del mismo debidamente justificada. De acuerdo con la disposición adicional primera, apartado 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: “1. La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo.” Por tanto, en atención a la fase en la que se encuentra el citado expediente, el acceso a la información sobre tales extremos deberá canalizarse a través de la normativa de procedimiento administrativo. Tercero. Por último, esta Dirección General interviene en este procedimiento para ejercer las funciones que la Autoridad de Gestión FEDER en España le ha delegado, actuando como Organismo Intermedio de aquella. Por su parte, corresponde a la propia entidad beneficiaria de las ayudas la selección de las operaciones a través de las que se ejecutará la estrategia, interviniendo tal entidad beneficiaria también como Organismo Intermedio de la Autoridad de Gestión a los efectos de la selección de las operaciones (apartado undécimo.3 de la Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre). II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, hay que analizar el contenido de la solicitud de acceso y las parece que discrepancias entre lo planteado en la solicitud de información y lo abordado por la resolución sobre el acceso Así, consta en el expediente correo electrónico remitido por el reclamante cuyo texto es el que se ha reproducido en el antecedente de hecho primer de la presente resolución. Como se puede observar, se pretende conocer las consecuencias, en forma de apercibimientos o demandas recibidas por el Ayuntamiento de San Fernando, por no haber dado cumplimiento a los compromisos EDUSI, así como por la no tenencia de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible y no por tener satisfechas medidas antifraude. No obstante, según se desprende de la resolución recurrida, el objeto de la solicitud de información que eventualmente fue dirigida al órgano competente para resolverla fue “Como representante legal del partido político plataforma 3r, solicito información a la unidad de transparencia del ministerio de política territorial y función pública, relativa a las ayudas feder edusi de la ciudad de San Fernando en Cádiz. Como podemos observar, una solicitud con un alcance mucho más limitado que el planteado efectivamente por el interesado. Por su parte, en su respuesta, la Administración ha informado al reclamante de la cantidad de fondos FEDER solicitados y percibidos, pero no ha informado sobre si ha recibido apercibimientos por incumplimiento de cualquier tipo, sobre lo que indica que no aparecía esa petición de la solicitud de acceso inicial. Es en vía de reclamación, cuando afirma que la ejecución del objeto de la subvención y su posterior justificación a cargo del beneficiario se encuentran en fase de instrucción, siendo de aplicación la Disp osición Adicional Primera, apartado 1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. Como decimos, analizado el contenido de la solicitud de acceso, cuyo texto se ha definido en el antecedente de hecho primero de esta resolución, se aprecia que la solicitud sí incluía la petición de conocer los apercibimientos o demandas recibidas por el Ayuntamiento de San Fernando, por no haber dado cumplimiento a los compromisos EDUSI, así como por la no tenencia de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible. En consecuencia, no compartimos el argumento señalado por la Administración en el sentido de que dicha información no formaba parte de la solicitud inicial. 4. Por otro lado, no obstante, este Consejo de Transparencia tiene que hacer una serie de consideraciones sobre los contenidos materiales de información a que alude el artículo 13 de la LTAIBG. Como hemos tenido ocasión de señalar de forma reiterada, el acceso a la información garantizado por la LTAIBG va unido a la existencia de información- entendida como contenido o documento- a la que sea posible acceder por cumplir con esa finalidad de control de la actividad pública. Así, por ejemplo, en el precedente R/0249/2018 , se razonaba lo siguiente: https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE.html “(…) el objeto de una solicitud de información debe ser cualquier contenido o documento en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la LTAIBG (art. 13 de la LTAIBG). Bajo esa premisa, el conocimiento de información sirve de base para la rendición de cuentas por la actuación pública que predica la LTAIBG. En opinión de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la concreta información que es objeto de solicitud no reúne las características de información pública, como objeto de una solicitud de información al amparo de la LTAIBG (…) En el caso analizado en la resolución referida, el reclamante utilizaba la vía de la reclamación ante el Consejo de Transparencia para denunciar la inactividad de la Administración sin venir referido al acceso a una concreta información tal y como delimita la LTAIBG el objeto de la solicitud de acceso. Ello supondría por lo tanto hacer equivalente la normativa de transparencia a la obligación de dar cuenta de la gestión (o de la falta de ella), con desvinculación de que exista o no un contenido o documento al que acceder, conclusión que no comparte este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. “ En el caso que nos ocupa, entendemos que la eventual existencia de información se daría en los dos primeros apartados de la solicitud de información- la existencia de apercibimiento dirigido al Ayuntamiento de San Fernando y la solicitud de posesión y entrega del Plan de Movilidad Urbana- por cuanto se materializarían en actuaciones de la Administración, en este caso del MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA concretadas en eventuales apercibimientos y/o solicitudes del Plan de Movilidad Urbana mencionados en la solicitud de información. No obstante, en caso de que no existiera la información solicitada, la respuesta podría quedar limitada a señalar que no existe tal dato y que, en consecuencia, la solicitud carecería de objeto. No obstante, tratamiento distinto debería dársele a nuestro juicio a la tercera parte de la solicitud de información, por cuanto lo que se pide es más bien una apreciación o valoración no conectada con información pública tal y como es definida en el art. 13 de la LTAIBG. En consecuencia, entendemos que cabe acoger parcialmente los argumentos de la reclamación presentada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada por (PARTIDO POLÍTICO PLATAFORMA 3R), con entrada el 4 de agosto de 2020, contra la resolución del MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PUBLICA, de fecha 23 de julio de 2020. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, le proporcione al solicitante la siguiente información: Si la EE.LL ha recibido apercibimiento alguno a día de hoy, no solo por no haber certificado gasto elegible alguno a fecha de junio de 2020, sino si se hubiere tomado medidas correctoras, por no haber superado el umbral del 15% a fecha de 31 de diciembre de 2018 e igualmente al 30% a fecha de 31 de diciembre de 2019. Si la EE.LL le ha sido demandando la entrega y posesión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible-PMUS de acuerdo con la Estrategia Europea o si hubiese sido requerido al efecto. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA a que, en el mismo plazo máximo, remita al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez