Solicitud de contratos y comunicaciones de la RFEF y resultado de inadmisión de la reclamación

PRESIDENCIA RESOLUCIÓN S/REF: 001-025968 N/REF: R/0454/2018 (100-001224) FECHA: 31 de agosto de 2018 ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno En respuesta a la Reclamación presentada por , con entrada el 1 de agosto de 2018, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los antecedentes y fundamentos jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, solicitó al MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE, el 4 de julio de 2018 y en base a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: - Documento escrito en el que se comunica la rescisión del contrato al exseleccionador nacional de fútbol . - Contrato de la Real Federación Española con , actual seleccionador nacional de fútbol. En el caso de que haya algún interés comercial por el que se me cancele la información, anonimícenla. -Todas las comunicaciones internas referidas al tema aquí tratado. - Gastos referidos a la destitución y nueva contratación de los miembros del staff técnico - Comunicación con el Sevilla FC para la cesión de a la selección y las retribuciones en el caso de que las hubiere. - Contrato de como presidente de la Real Federación Española de Fútbol 2. Mediante resolución de 30 de julio de 2018, el CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES contestó al solicitante en los siguientes términos: (…) 3º. En relación con la petición planteada, se informa que la Real Federación Española de Fútbol, como el resto de federaciones deportivas, es una entidad privada que estaría encuadrada entre las entidades de la letra b) del artículo 3 de la citada Ley 19/2013, por lo que no estaría sujeta a suministrar la documentación solicitada. 4º. En consecuencia, en virtud de lo establecido en el artículo 18.1 d) de la Ley 19/2013, le comunico que este órgano no es competente para atender su solicitud. 3. Con fecha 1 de agosto, tuvo entrada en este Consejo de Transparencia escrito de Reclamación de , en aplicación de lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG en base a los siguientes argumentos: Reclamo porque uno de los argumentos que utilizan para denegarme la información es realmente un motivo para dármela. Ellos mencionan que "la Real Federación Española de Fútbol, como el resto de federaciones deportivas, es una entidad privada que estaría encuadrada entre las entidades de la letra b) del articulo 3 de la citada Ley 19/2013, por lo que no estaría sujeta a suministrar la documentación solicitada" cuando el propio título del art. 3 dice textualmente "Otros sujetos obligados". En el capitulo II (al que está obligada la Federación), incluiría la información que solicito. También reclamo por la sencilla razón de que se me comunica por el art. 18.1 d) de la Ley 19/2013 que "este órgano no es competente para atender su solicitud" en cuanto en el apartado 2 de ese mismo artículo se refiere a la razón por la que se me deniega esta información que "En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra d) del apartado anterior, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud". Por tanto esto no se cumple aún habiendo mencionado el órgano que me deniega la información el mismo artículo. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Es decir, la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información pública que esté en posesión del Organismo al que se dirige la solicitud bien porque él mismo la ha elaborado o porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, en atención a los hechos descritos en los antecedentes, el CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES, entidad integrada en el MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE alude a la Federación Española de Fútbol como entidad que presumiblemente tiene la información solicitada y resalta su condición de entidad privada y, como tal, sujeta a la LTAIBG en virtud del art. 3 de la misma. Precepto que, como desarrollaremos a continuación, implica ciertas restricciones en cuanto a las obligaciones de transparencia a la que se vinculan dichas entidades. En este sentido, considera de aplicación lo previsto en el art. 18.1 d), que dispone lo siguiente: 1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. Sentado lo anterior, es criterio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (por ejemplo, desarrollado en la R/0235/2018, que cuando el competente para tramitar una solicitud de información sea conocido, no cabe dictar resolución de inadmisión en aplicación del art. 18.1 d) que parte de la premisa del desconocimiento del organismo o entidad que puede disponer de la información que interesa al solicitante. No obstante, no es menos cierto que el principio pro actionellevaría a justificar que el interesado conociera circunstancias determinantes para la tramitación de su solicitud como es, en este caso, la naturaleza privada de la entidad que dispone de los datos solicitados y, en esta condición, la sujeción limitada que tiene a las obligaciones derivadas de la LTAIBG. 4. En efecto, el artículo 3, apartado b), de la LTAIBG establece lo siguiente: Las disposiciones del capítulo II de este título serán también aplicables a las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros. Por su parte, la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL (RFEF) es una entidad privada de utilidad pública que se rige por la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, por el Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre Federaciones Deportivas Españolas, por las restantes disposiciones que conforman la legislación española vigente, por sus Estatutos y su Reglamento General y por las demás normas de orden interno que dicte en el ejercicio de sus competencias. Según el artículo 44 de los Estatutos de la Real Federación Española de Fútbol, publicados mediante Resolución de 24 de enero de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes 1. Los recursos económicos de la Federación estarán constituidos por los siguientes ingresos: a) Las subvenciones que las entidades públicas puedan concederles. (…) No obstante, según información publicada por el propio Consejo Superior de Deportes, en la página 34 del enlace siguiente: http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/noticias/Grandes cifras economicas FFDDE E 2008 2017.pdf Desde 2014, la RFEF no recibe subvenciones públicas. Este dato, a salvo de otros que desconoce este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, llevaría a afirmar que se trataría de una entidad puramente privada que no cumpliría con los requisitos de la percepción de un mínimo importe de ayudas o subvenciones públicas para entenderse vinculada a las obligaciones previstas en la LTAIBG En todo caso, si se cumplieran los umbrales económicos indicados en el art. 3 de la LTAIBG antes reproducido, cabe recordar que el mismo señala que a esas entidades le serán de aplicación las disposiciones del Capítulo II del Título I de la Ley, esto es, las obligaciones de publicidad activa y no las derivada del derecho de acceso a la información, ejercido por el hoy reclamante. 5. A este respecto, debe indicarse que, según lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG,Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso- administrativa. Por lo tanto, la mencionada reclamación es el medio de impugnación previsto en la Ley cuando se ha ejercicio el derecho de acceso a la información y el mismo no es atendido o no lo es correctamente según el interesado. Por ello, y al tratarse del medio de impugnación previsto en el marco del ejercicio de un derecho del que no son sujetos pasivos las entidades del artículo 3 de la LTAIBG-a las que sólo se aplican las obligaciones de publicidad activa- no es posible la presentación de una reclamación ante este Consejo de Transparencia en aplicación del artículo 24 antes mencionado. En conclusión, por todos los argumentos expuestos en los apartados precedentes, la presente reclamación debe ser inadmitida. III. RESOLUCIÓN Considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede INADMITIR a trámite la Reclamación presentada por , con entrada el 1 de agosto de 2018, contra el MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En consecuencia, contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso- Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda