Solicitud de contrato de publicación del libro del Presidente del Gobierno y resultado desestimatorio

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 452/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó a través del Portal de la Transparencia, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y con fecha 6 de febrero de 2019, la siguiente información: (…)- Copia íntegra del contrato firmado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la editorial Planeta, la editorial Península o cualquiera de las filiales del Grupo Planeta, por la creación y producción literaria de la obra Manual de Resistencia. S/REF: 001-032669 N/REF: R/0452/2019; 100-002679 Fecha: 16 de septiembre de 2019 Dirección: Administración/Organismo: Secre taría General de la Presidencia del Gobierno Información solicitada: Contrato publicación libro Presidente del Gobierno Sentido de la resolución : Desestimatoria Subdirección General de Reclamaciones En caso de que no se pueda facilitar copia del contrato, solicito la siguiente información, que figura en el artículo 8.1.a) de la Ley 19/2013, dentro del Capítulo II relativo a la publicidad activa: objeto, duración, importe. 2. Con fecha 26 de junio de 2019, el solicitante presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en la que indicaba que, transcurrido el plazo legalmente establecido, su solicitud no había sido respondida. Asimismo, indicaba lo siguiente: (…) 4. En cuanto al fondo de la cuestión, tanto las reuniones entre el Presidente del Gobierno, los miembros de su gabinete y la secretaria de Estado de la España Global mantenidas con representantes del Grupo Planeta son de interés pública, más si cabe teniendo en cuenta el criterio establecido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para la publicación de agendas. 5. En cuanto a los hipotéticos contratos y/o acuerdos suscritos entre el Presidente del Gobierno y la secretaria de Estado de la España Global con el Grupo Planeta, o cualquiera de sus filiales, por la publicación del libro Manual de resistencia, tienen un indudable interés público, toda vez que la publicación de este libro produce unos ingresos por derechos de autor a ambos cargos mientras ejercen su actividad pública. Cabe recordar que los altos cargos han de publicar en su declaración de bienes todos los ingresos percibidos en su mandato. 6. No se entiende por qué la Secretaría General de Presidencia del Gobierno es la unidad encargada de contestar a una solicitud de acceso sobre la secretaria de Estado de la España Global, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. 7. Por todo ello, INSTO al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a que estime esta reclamación y me dé acceso a la información solicitada en las solicitudes de información con expedientes Gesat 001-032669, 001-032672, 001-032673 y 001-032674. 3. Con fecha 28 de junio de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, a través de la Unidad de Información de Transparencia competente y al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. El escrito de alegaciones tuvo entrada el 23 de julio y señalaba lo siguiente: (…) Con fecha 28 de junio de 2019, se ha recibido en esta Vicesecretaría General de la Presidencia del Gobierno reclamaciones presentadas ante el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno por , al amparo de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante Ley 19/2013, de 9 de diciembre), a fin de que se realicen las alegaciones que se consideren oportunas y registradas con los números: · R/0452/2019;100-002679 · R/0453/2019;100-002680 · R/0454/2019;100-002681 · R/0455/2019;100-002682 Examinadas las reclamaciones presentadas se informa lo siguiente: 1. Con fecha 6 de febrero de 2019, tuvieron entrada en la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de la Presidencia-Presidencia del Gobierno, solicitudes de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitudes que quedaron registradas con los números que quedaron registradas con los números 001-032669 y 001-032673. 2. Con fecha 7 de febrero de 2019, estas solicitudes se recibieron en la Vicesecretaría General de la Presidencia del Gobierno, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución. 3. Por otro lado, con fecha 6 de febrero de 2019, tuvieron entrada en la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, solicitudes de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitudes que quedaron registradas con los números que quedaron registradas con los números 001- 032672 y 001-032674. 4. Con fecha 5 de marzo de 2019, estas solicitudes fueron trasladadas a la Vicesecretaría General de la Presidencia del Gobierno, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución. 5. Posteriormente, se acordó ampliar el plazo de resolución por otro mes, según el apartado 1 del artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, circunstancia que se notificó al interesado el día 5 de abril de 2019. En primer lugar, conviene señalar que la Ley 19/2013, de 9 de diciembre establece en su artículo 13 que se entiende por información pública los contenidos o documentos, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones En segundo lugar, la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado aclara, refuerza y amplia el marco jurídico con el objetivo a garantizar que el ejercicio del cargo se realice con las máximas condiciones de transparencia, legalidad y ausencia de conflictos entre los intereses privados y los inherentes a las funciones públicas que desempeña la persona que ocupa el cargo del que se trate. El artículo 13 de dicha Ley 3/2015, de 30 de marzo, regula el ejercicio del cargo, en régimen de dedicación exclusiva, indicando a su vez que sólo será compatible con las actividades privadas que se detallan en el mismo artículo y siempre que con su ejercicio no se comprometa la imparcialidad o independencia del alto cargo en el ejercicio de su función. Así en el apartado 2, c), 2ª de dicho artículo, señala expresamente que el ejercicio de un puesto calificado como alto cargo, será compatible, con las actividades de producción y creación literaria, artística, científica o técnica y las publicaciones derivadas de aquéllas. Por lo tanto, la publicación del Libro que D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón ha realizado es una actividad perfectamente compatible con el ejercicio de Presidente del Gobierno como alto cargo. En la misma línea, el contrato suscrito en su caso queda al margen de lo que se entiende por información pública al pertenecer a su ámbito personal y privado. De todo lo anterior, se solicita se resuelvan de forma desestimatoria las reclamaciones formuladas por ante ese Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12, regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. Con carácter previo, cabe señalar que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (artículo 82) garantiza la participación de los ciudadanos e interesados en un procedimiento mediante el trámite de audiencia y la información pública. Esta garantía también viene recogida en el artículo 105 la Constitución Española, que dispone que una ley regulará el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado. Por su parte, el Tribunal Supremo entiende que la falta u omisión del trámite de audiencia no determina por sí sola la indefensión del interesado en determinados procedimientos, por lo que no supondría «per se» la nulidad de pleno derecho del acto acordado en aquellos procedimiento no sancionadores, ya que el Tribunal Supremo considera que, en este tipo de procedimientos, la omisión del trámite de audiencia no produce en ningún caso la nulidad de pleno derecho del acto, sino que podría determinar la anulabilidad del acto solo en los caso en que se produzca indefensión en el interesado, por lo que tendrá que demostrar esa indefensión en el correspondiente litigio con la Administración. Y es aquí donde nuestro Alto Tribunal habla de la necesidad de que exista una indefensión materia además de una indefensión formal. Así, entiende el Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, en Sentencia de 24 de febrero de 1997, que la anulación del acto sólo se producirá en aquéllos casos en los que tal omisión haya producido la indefensión material y efectiva del interesado en el procedimiento, entendiéndose como tal aquella en la que, si el trámite de audiencia se hubiese realizado, hubiese podido variar el resultado de la resolución emitida por la Administración, y no solo una indefensión formal (el acto de omisión del trámite de audiencia). En el presente caso, este Consejo de Transparencia entiende que puede prescindirse del trámite de audiencia a la interesada dado que no se le produce indefensión alguna, conforme determinan los Tribunales de Justicia y se desprende del artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que dispone que "se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado”. 4. Por otro lado, y tal y como consta en los antecedentes de hecho, el interesado presenta una única reclamación referida a varias solicitudes de información, relativas, a su vez, a dos cuestiones bien diferenciadas: el contrato celebrado con una determinada editorial para la publicación del libro Manual de Resistencia, del que es autor el Presidente del Gobierno actualmente en funciones y, por otro lado, las reuniones mantenidas, tanto por el Presidente del Gobierno en funciones como por la Secretaria de Estado de España Global con representantes del Grupo editorial responsable de la publicación antes mencionada. En este sentido, y dado que se trata de cuestiones distintas, se ha procedido a tramitar individualizadamente los expedientes de reclamación, a pesar de que hubiera sido deseable que el reclamante presentara reclamación por cada uno de los expedientes de solicitud en el entendido de que, tratándose de desestimaciones presuntas y de cuestiones diferenciadas, los argumentos en los que ampara su derecho de acceso a la información también difieren. 5. Asimismo, y respecto de la tramitación de la solicitud de información de la que trae causa el presente expediente, ha de indicarse que, a pesar de que la solicitud de información fue presentada el 6 de febrero, y de que fuera acordada la ampliación del plazo para resolver- que, a nuestro juicio, no cumple los requisitos del art. 20. 1 in fine de la LTAIBG al tratarse, como analizaremos posteriormente, de una cuestión que ya ha sido objeto de otras solicitudes de información y, por lo tanto, su respuesta era conocida-, la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO no da respuesta hasta la presentación de reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Sin embargo, y más allá del escrito de alegaciones en el que se recogen los motivos por los que, a juicio de la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, la información que se solicita no queda amparada por el derecho de acceso reconocido en la LTAIBG, no consta a este Consejo que se hubiera dictado resolución expresa, en incumplimiento, por lo tanto, lo previsto en el art. 21 de la Ley 39/2015 antes mencionada, según el cual La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. En atención a lo expuesto, ha de recordarse a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO la obligación que le corresponde de tramitar y responder dentro de los plazos legales las solicitudes de información presentadas en ejercicio de un derecho de anclaje constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública, al que la LTAIBG dota de un procedimiento ágil y con un breve plazo de respuesta y cuya protección y garantía al ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia (Sentencia nº 46/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Madrid, dictada en el PO38/2016) ha de tener en cuenta esta naturaleza. Asimismo, no puede dejar de señalarse la previsión contenida en el apartado 6 del art. 20 de la LTAIBG según el cual 6. El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora. 6. Sentado lo anterior, sobre el fondo del asunto, cabe recordar que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre la cuestión ahora planteada. Así, por ejemplo, en la reciente R/0395/2019 se indica lo siguiente: 5.Por otro lado, y en cuanto al fondo del asunto, las cuestiones planteadas ya han sido analizadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en otros expedientes de reclamación. Así, en el R/0233/2019 se razonaba lo siguiente: 3. Atendiendo a las circunstancias descritas en los antecedentes de hecho, ha de comenzarse indicando que las cuestiones planteadas por la reclamante ya fueron analizadas por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el expediente de reclamación R/0172/2019, también tenía por objeto el contrato firmado por el Presidente del Gobierno con la editorial responsable de la publicación de su libro y en el que se razonaba lo siguiente: https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2019.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2019.html (…)En primer lugar, es necesario hacer una mención especial a los plazos establecidos en la LTAIBG para contestar a las solicitudes de acceso a la información. A este respecto, debe indicarse que el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. En el caso que nos ocupa, tal y como se ha indicado en los antecedentes de hecho y consta en el expediente, la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO no ha contestado a la solicitud de información que le fue dirigida. En este sentido, se recuerda a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO que debe prever y realizar las actuaciones que internamente sean necesarias para conseguir que las solicitudes de acceso a la información que se le presente lleguen al órgano encargado de resolver de la manera más rápida posible, para evitar demoras innecesarias y perjudiciales para los derechos de los solicitantes. La LTAIBG establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. (…) 5. En cuanto al fondo de la cuestión planteada, como ha quedado indicado en los antecedentes de hecho, el objeto de la solicitud de acceso es el contrato firmado entre el Presidente del Gobierno y el Grupo Planeta para la publicación del libro Manual de resistencia. En efecto, tal y como recogieron diversos medios de comunicación, el Presidente del Gobierno- a la fecha de la presente resolución en funciones pero no así cuando se produjo el hecho por el que se interesa el solicitante- publicó con una editorial perteneciente al Grupo Planeta un libro del que es autor. Se da la circunstancia de que era la primera vez que un Presidente del Gobierno en ejercicio publicaba un libro. Según se recoge en distintos medios de comunicación- este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no ha podido acceder a ningún documento oficial al respecto- según datos difundidos por la editorial, el libro fue escrito en su mayor parte antes de que su autor fuera nombrado Presidente del Gobierno. Asimismo, los medios de comunicación también se hicieron eco de la falta de información respecto de las condiciones económicas relativas al contrato suscrito. En primer lugar, debe recordarse que el objeto de una solicitud de información, de acuerdo a la definición recogida en el art. 13 antes reproducido deben ser contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Atendiendo al objeto de la solicitud, entendemos que lo solicitado no se encuadra dentro de dicha definición, al no tratarse de información que hubiese sido elaborada u obtenida en el ejercicio de las funciones, en este caso, del Presidente del Gobierno. 6. Por otro lado y por su relación con el asunto que nos ocupa, ha de traerse a colación lo ya razonado por este Consejo en el expediente R/0115/2019, relativo a la obtención de datos académicos del Presidente del Gobierno: En este sentido, y tal y como se recoge en el artículo 1 de la norma, su objeto es ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. Teniendo en cuenta esta finalidad, podemos concluir que la información solicitada por el reclamante no puede considerarse encuadrada en su interés para el control de la actuación pública y la rendición de cuentas por las decisiones de los responsables públicos sino que se interesan por cuestiones de carácter privado y vinculadas a la formación académica del actual Presidente del Gobierno. Por lo tanto, y aun recordando a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO que debe proporcionar una respuesta a las solicitudes de acceso a la información que le dirigen los ciudadanos y a que debe responder a los requerimientos realizados por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al objeto de conocer los antecedentes y argumentos jurídicos en el marco de la tramitación de expedientes de reclamación, podemos concluir que la presente reclamación debe ser desestimada. 7. Asimismo, y respecto de las manifestaciones vertidas por la entidad reclamante relativas a la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado y, especialmente, a la referencia contenida en la misma respecto de las actividades que pudieran desempeñar los altos cargos en ejercicio, ha de recordarse que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no es competente para velar por el cumplimiento de las disposiciones de dicha norma sino que sus funciones se centran en garantizar el conocimiento de la actuación pública y la rendición de cuentas por la misma de acuerdo a lo previsto en la LTAIBG. En consecuencia, y en atención a los argumentos indicados con anterioridad, la presente reclamación ha de ser desestimada. Por lo tanto, y en atención a la similitud de cuestiones planteadas entre la presente reclamación y el expediente señalado, procede concluir con la desestimación de la reclamación. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por el 26 de junio de 2019 contra la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda