Solicitud de información sobre titulaciones académicas y datos retributivos de cuerpos de informática

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 448/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 10 de mayo de 2019, la siguiente información: Solicito conocer los datos de 2018 referentes a los siguientes cuerpos: * Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado * Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado * Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado S/REF: 001-034564 N/REF: R/0448/2019; 100-002672 Fecha: 19 de septiembre de 2019 Dirección Administración/Organismo: Minister io de Política Territorial y Función Pública Información solicitada: Titulación académica cuerpos de informática Subdirección General de Reclamaciones Interesa los datos generales globales y no los personales, por lo que se puede disociar todo dato de carácter personal para respetar la privacidad de dichos funcionarios. 1) Información de los funcionarios que han recibido productividad, horas extra, nocturnidad y/o cualquier complemento retributivo; y la cuantía en cada caso, con la información de a qué ministerios y localidad corresponde cada plaza. 2) Desglose de la titulación académica que consta a la Administración General de cada uno de los funcionarios de dichos cuerpos. 3) Número de funcionarios que han marcado en TRAMA algún día de Teletrabajo. 2. Mediante Resolución de fecha 6 de junio de 2019, la DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA) contestó al interesado en los siguientes términos: De acuerdo con la letra d) del apartado 1 del artículo 18 de la citada Ley 19/2013, se inadmitirán a trámite las solicitudes de acceso a la información pública cuando estén dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información. Una vez analizada la solicitud, esta Dirección General considera que la misma incurre en el supuesto contemplado en el expositivo precedente respecto a la información que solicita el interesado en los apartados 1) y 3), toda vez que no se dispone de dichos datos en el Registro Central de Personal. La información relativa a productividad, horas extra, nocturnidad y/o cualquier complemento retributivo y registros en TRAM@ de teletrabajo corresponde a las Subsecretarías de los Departamentos Ministeriales en los que presten sus servicios los funcionarios. Por tanto, esta Dirección General de la Función Pública resuelve conceder el acceso parcial a la información solicitada, relativa a los datos solicitados en el apartado 2). A tal fin, se acompaña como Anexo archivo en formato “.xslx” en el que se recogen los datos que constan en el Registro Central de Personal a fecha uno de mayo de 2019 relativos al número de funcionarios de los Cuerpos Superior de Sistemas y Tecnologías de la Administración del Estado, de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado y de Técnicos Auxiliares de Informática de la Administración del Estado, desglosados por la titulación aportada para el ingreso en la función pública. Debe advertirse a este respecto que esta titulación no tiene por qué ser la única que posee cada efectivo estudiado, ya que para determinados cuerpos se puede poseer más de una titulación que cumpla con los requisitos de entrada. Asimismo, debe aclararse que en aplicación de las previsiones de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, relativas al secreto estadístico, cuando el número de personas que tienen la misma titulación de entrada es inferior a 3, no se indica dicha titulación sino que se incluyen en la categoría genérica “SIN DEFINIR” que figura en cada Cuerpo, con objeto de evitar que pueda llegarse a una identificación indirecta de aquéllas. 3. Frente a dicha respuesta, el reclamante presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con fecha de entrada el 26 de junio de 2019, con el siguiente contenido: Como ciudadano, me es imposible conocer quién custodia la información solicitada, y como ponerme en contacto con cada uno de las Subsecretarías de los Departamentos Ministeriales (de las que no se facilita más datos); parece bastante más razonable que sea la administración quien internamente realice la consulta a los pertinentes órganos, y devuelva dicha información. En otro caso, no se entiende cuál es la función del Portal de Transparencia, más allá de servir de muro infranqueable para la consulta de información que posiblemente ya debiera ser pública sin necesidad de solicitarla. * En lo referente al Anexo I facilitado, la información facilitada es preocupante, ya que de ser esa la información de la que realmente dispone la Administración, estaríamos hablando de que esta no conoce la titulación específica de sus funcionarios, habiendo: + 17 como INGENIERO/A, sin concretar en qué + 19 como LICENCIADO/A, sin concretar en qué + 8 como TECNICO/A, sin concretar en qué + 456 como TECNICO/A ESPECIALISTA, sin concretar en qué + 17 TECNICO/A SUPERIOR, sin concretar en qué + 70 como PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS, no siendo esta una titulación de acceso a la función pública Extrapolando, sería alarmante saber qué están ejerciendo como médicos o arquitectos personas de quienes se desconoce qué titulación acreditan. Por ello, solicito se revise y contraste la información, y se facilite mayor detalle de la misma, que sin duda obra en posesión de la Administración. 4. Con fecha 12 de julio de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA, al objeto de que por dicho Departamento se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Requerimiento que, ante la falta de respuesta, le fue reiterado el 21 de agosto de 2019, sin que hasta la fecha, constando la comparecencia el mismo 21 de agosto, se hayan recibido alegaciones del mismo. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, debe hacerse una consideración respecto de la falta de respuesta por parte de la Administración a la solicitud de alegaciones realizada al objeto de contar con todos los elementos de juicio necesarios para poder atender las cuestiones planteadas por el reclamante. En este sentido, y tal y como hemos indicado en varios expedientes- por todos, el R/0534/2018 , el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno viene detectando cómo la ausencia de respuesta a esta solicitud de alegaciones se está convirtiendo en una práctica no infrecuente en determinados Organismos y Departamentos Ministeriales, circunstancia que no cumple, a nuestro juicio con la consideración de ejes fundamentales de toda acción política de la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno tal y como predica el Preámbulo de la LTAIBG. Así, la adecuada protección y garantía del derecho constitucional a acceder a la información pública, interpretado por los Tribunales de Justicia como de amplio alcance y límites restringidos- por todas, destaca la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2017 Recurso de Casación nº 75/2017, "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información- se ve mermada por una inadecuada tramitación y respuesta de las solicitudes de información que presentan los ciudadanos así como una inadecuada justificación de las restricciones al acceso tal y como ocurre en el caso que nos ocupa. 4. En primer lugar, y al objeto de enmarcar la reclamación presentada, conviene recordar que la Administración ha inadmitido los puntos 1 (funcionarios que han recibido productividad, horas extra, nocturnidad y/o cualquier complemento retributivo; y la cuantía) y 3 (funcionarios que han marcado en TRAMA algún día de Teletrabajo) de la solicitud de información al considerar de aplicación la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1 d), dado que la información no obra en su poder. Dicha inadmisión no es objeto de reclamación, a pesar de que el interesado manifiesta su descontento con la forma de poder obtener la mencionada información. 5. En segundo lugar, debe analizarse el segundo punto de la solicitud de información para comprobar si, como indica la Administración, ha facilitado, siquiera parcialmente, la información requerida en el mismo. Concretamente, en el segundo punto de solicitud, el interesado solicitaba conocer la titulación académica que consta a la Administración General de cada uno de los funcionarios https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2018/12.html de dichos cuerpos, a lo que la DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA responde proporcionándole las diferentes titulaciones (por ejemplo, licenciado, ingeniero, etc.) y el número de empleados públicos englobados en cada una de ellas. No obstante, a juicio del reclamante, dicha información es incompleta por cuanto no especifica la concreta titulación que se acredita. A este respecto, debe de nuevo recordarse que la LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, y su objetivo es someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones que afectan a los ciudadanos, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones. En este sentido, el Preámbulo de la LTAIBG, señala que La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. De igual manera, deben recordarse determinados pronunciamientos judiciales sobre este derecho de acceso, entre los que destacan por ejemplo, Sentencia nº 46/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid, dictada en el PO 38/2016 y que se pronuncia en los siguientes términos: "El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal, debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos; es un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además las Administraciones Públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos por lo que toda la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía. Pueden distinguirse dos aspectos en cuanto al derecho al acceso a la información: Transparencia proactiva, como aquella obligación de los organismos públicos de publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades, presupuestos y políticas y la Transparencia reactiva: Es el derecho de los ciudadanos de solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de información de y el derecho a recibir una respuesta documentada y satisfactoria". "Las diferentes y numerosas menciones a este derecho coinciden en resaltar la creciente importancia que está cobrando, ya que el mismo supone una herramienta indispensable para https://www.consejodetransparencia es/ct Home/Actividad/recursos jurisprudencia/Recursos AGE/2016/16 particular 7 tributos.html adquirir aquellos conocimientos que permiten controlar la actuación de los gobiernos y prevenir y luchar contra la corrupción así como contrarrestar la violación de derechos. De estos preceptos se desprende que el derecho de acceso a la información debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia." Teniendo en cuenta lo anterior, ha de resaltarse que la Administración indica expresamente en la respuesta proporcionada que la información es la que está disponible, entendemos que de acuerdo a los criterios de búsqueda y extracción de la información contenida en el Registro Central de Personal; y ello sin perjuicio de que, en un acceso a cada expediente concreto, se pueda obtener más información acerca de la concreta área de conocimiento al que se refiera la titulación acreditada por el empleado público. Asimismo, no puede dejarse de lado que el objetivo de la LTAIBG es garantizar el control de la actuación pública a través del conocimiento de las decisiones que se adoptan; objetivo que, a nuestro juicio, se han alcanzado plenamente con la respuesta proporcionada sin que puedan prosperar las alegaciones vertidas por el reclamante. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la Reclamación presentada por , con entrada el 26 de junio de 2019, contra la resolución de 6 de junio de 2019 de la DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA). De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda