Solicitud de órdenes del día y actas del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información

PRESIDENCIA RESOLUCIÓN S/REF: 001-024845 N/REF: R/0446/2018 (100-001212) FECHA: 25 de octubre de 2018 ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno En respuesta a la Reclamación presentada por , con entrada el 30 de julio de 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: 1. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, en fecha 30 de mayo de 2018, , presentó solicitud de información ante el MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), cuyo tenor literal era el siguiente: Asunto Reuniones CATSI Información que se solicita Orden del día y actas de todas las reuniones del Consejo Asesor de Telecomunicaciones celebradas desde su constitución. 2. Transcurrido el plazo de un mes previsto en el artículo 24 de la LTAIBG sin que la Administración conteste la solicitud de acceso a la información y entendiendo esta desestimada, en fecha 30 de julio de 2018, el interesado interpuso reclamación ante este Consejo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG. 3. Con fecha 3 de agosto de 2018, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno procedió a dar traslado del presente expediente a la Unidad de Información competente a efectos de que, en el plazo legalmente previsto, formulase las alegaciones que tuviera por conveniente. La solicitud de alegaciones fue reiterada el 20 de septiembre. A la fecha de la presente resolución el Departamento contactado no ha formulado alegaciones en el presente expediente. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a un eventual Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno quiere efectuar una serie de consideraciones de índole formal relativas al plazo previsto para atender las solicitudes de acceso a la información. Así, las reglas generales del procedimiento de ejercicio del derecho de acceso a la información pública se abordan en los artículos 17 a 22 de la LTAIBG, especificándose en el artículo 20.1, en lo que atañe a la resolución de las solicitudes de información, que, “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.” Por su parte, el apartado 4 del mismo artículo dispone lo siguiente: “Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.” Pues bien, según lo descrito en los antecedentes de hecho, la solicitud de información formulada por el ahora reclamante fue presentada el 30 de mayo de 2018 ante el MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL. No obstante, a fecha de la presente resolución, no consta que el referido MINISTERIO haya resuelto la solicitud formulada y tampoco que concurran las circunstancias que justificarían la ampliación del plazo de un mes de conformidad con el artículo 20.1 de la LTAIBG. A la luz de lo anterior, cabe concluir que la Administración ha incumplido con su deber de resolver y notificar en el plazo legalmente previsto. Por otro lado, de lo obrante en el expediente, se aprecia que el referido MINISTERIO tampoco ha procedido a atender el requerimiento de alegaciones, ni su reiteración, formulado desde este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Por todo ello, se recuerda a la Administración la necesidad de contestar en plazo las solicitudes de acceso a la información pública que se le dirijan con fundamento en la LTAIBG para hacer efectivo este derecho de anclaje constitucional. 4. Este Consejo de Transparencia ya se ha pronunciado en casos precedentes (por ejemplo, en el expediente R/0100/2016 o el R/0234/2018) sobre esta ausencia de tramitación de la solicitud por parte de la Administración, llegando a la conclusión de que este lapso de tiempo, no achacable al solicitante sino a la Administración, corre en contra de los intereses del primero, lo que contradice el principio de eficacia administrativa del artículo 103.1 de la Constitución española, según el cual "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho". La categorización como principio por la Constitución del deber de ser eficaz, comporta que la Administración ha de ajustarse en su actuación, no sólo al principio de legalidad, sino que, además, deberá poner todos los medios materiales y humanos para llevar a cabo el fin que la propia Constitución le asigna: la consecución del interés general. Asimismo, debe indicarse que el artículo 21 de la propia LTAIBG crea las denominadas Unidades de Información, como unidades especializadas, con las siguientes funciones: a) Recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo II del título I de esta Ley. b) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información. c) Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada. d) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información. e) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información. f) Asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la información cuyo acceso se solicita con más frecuencia. g) Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de información que obre en poder del órgano. h) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las disposiciones de esta Ley. Según lo indicado en el propio Preámbulo de la Ley,con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta, y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. Teniendo en cuenta lo indicado previamente, podemos concluir que, en el caso que nos ocupa, la solicitud de información fue dirigida expresamente al Departamento competente, en la misma se invoca con claridad la Ley 19/2013 y se han utilizado los medios electrónicos puestos a disposición de los ciudadanos para presentar solicitudes de información, esto es, el Portal de la Transparencia. Por lo tanto, en el caso que nos ocupa se ha producido una ausencia de respuesta que se le debe proporcionar a los que ejerzan su derecho a la información pública que, según lo indicado por los Tribunales de Justicia, entre otras, por la Sentencia nº 85/2016, de 14 de junio de 2016, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo d nº 5 de Madrid en el PO 43/2015, se “configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública y que dicho derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos”. Especialmente relevante resulta la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2017 dictada en el Recurso de Casación nº 75/2017 que señala lo siguiente: "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. Estas circunstancias hacen a nuestro juicio, más injustificado el retraso en proporcionar una respuesta al solicitante, así como la ausencia de respuesta a la solicitud reiterada de alegaciones realizadas por parte de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con ocasión de la tramitación de la presente reclamación. Estas circunstancias implican a nuestro juicio una completa vulneración del derecho que asiste a los ciudadanos a solicitar información de los organismos públicos, como herramienta para la rendición de cuentas por su actuación y un desconocimiento, en definitiva, de la interpretación amplia de este derecho que realizan los Tribunales de Justicia. 5. Entrando en el fondo de la cuestión planteada, el objeto de la solicitud de la que trae causa la presente reclamación se refiere a los órdenes del día y las actas del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. De este modo, la información solicitada viene referida a un órgano asesor del Gobierno previsto en la Disposición adicional quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo General de Telecomunicaciones, que dispone: 1. El Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, presidido por el Ministro de Industria, Energía y Turismo o por la persona en quien delegue, es un órgano asesor del Gobierno en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información. 2. Las funciones del Consejo serán de estudio, deliberación y propuesta en materias relativas a las telecomunicaciones y a la sociedad de la información, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los órganos colegiados interministeriales con competencias de informe al Gobierno en materia de política informática. Le corresponderá, igualmente, informar sobre los asuntos que el Gobierno determine o sobre los que, por propia iniciativa, juzgue conveniente. La deliberación de proyectos o propuestas normativas en el seno del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información equivaldrá a la audiencia a la que se refiere el artículo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. El Gobierno, mediante real decreto, establecerá la composición y el régimen de funcionamiento del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, cuyos miembros representarán a la Administración General del Estado, a las Administraciones autonómicas, a la Administración local a través de sus asociaciones o federaciones más representativas, a los usuarios, incluyendo en todo caso a las personas con discapacidad a través de su organización más representativa, a los operadores que presten servicios o exploten redes públicas de comunicaciones electrónicas, a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, a las industrias fabricantes de equipos de telecomunicaciones y de la sociedad de la información, a los sindicatos y a los colegios oficiales de ingeniería más representativos del sector. La composición del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la información se regula en el Capítulo II del Real Decreto 1029/2002, de 4 de octubre, estando constituido por el Presidente, los Vicepresidentes, los vocales y el Secretario. 6. Por otro lado, el acceso a documentos tales como órdenes del día y actas ya ha sido objeto de diversas resoluciones dictadas por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (véanse, entre otras, las resoluciones R/0033/2018, R/0217/2017 y R/0338/2016, relativos al acceso a información similar a la que ahora se solicita en poder de distintos organismos colegiados). Más en concreto, en su resolución R/0338/2016, este Consejo indicaba: “Asimismo, debe tenerse en cuenta, que el conocimiento de los asuntos a tratar, unido a los acuerdos finalmente alcanzados por parte del Consejo de Ministros entronca de lleno con el escrutinio a los responsables públicos al que llama la LTAIBG en el mismo inicio de su Preámbulo, donde también se considera la transparencia y el derecho de acceso a la información como eje de toda acción política. En el presente supuesto, por lo tanto, es de directa aplicación el interés legítimo que la propia LTAIBG reconoce a los ciudadanos al garantizar su derecho acceder a información que les permitan un mejor conocimiento de la actuación pública y, derivado de ello, ejercer un mejor control de la misma”. A este respecto, es preciso advertir las funciones del referido órgano asesor de conformidad con el artículo 2 del Real Decreto 1029/2002, de 4 de octubre: a) El estudio, deliberación y propuesta al Gobierno de cuantas medidas considere oportunas en el ámbito de las telecomunicaciones y la sociedad de la información, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los órganos colegiados interministeriales con competencias de informe al Gobierno en materia de política informática. b) Conocer e informar los proyectos legislativos y reglamentarios, en aplicación de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones. c) Conocer e informar los proyectos legislativos y reglamentarios en materia audiovisual y de la sociedad de la información, cuando el Presidente del órgano del Consejo competente para su informe así lo decida. d) Emitir informes sobre los temas relacionados con las telecomunicaciones o la sociedad de la información que el Gobierno, a través del presidente del Consejo, someta a su consulta. e) Cualquier otra función que, en el marco de sus competencias, se le atribuya por alguna disposición legal o reglamentaria. A la luz de las funciones asignadas, cabe recordar la importancia del principio de transparencia de la actuación pública y de rendición de cuentas por las decisiones de los organismos públicos, incluyendo no solo las justificaciones de los acuerdos y decisiones adoptados sino igualmente la planificación de los asuntos a tratar en las correspondiente sesiones. Y es que esta es precisamente la finalidad que inspira a la LTAIBG cuando dispone en su Preámbulo: “La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos.” A la luz de las referidas consideraciones, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno considera justificado el acceso a la información solicitada en el presente supuesto y no entiende de aplicación ningún límite al acceso que, por otro lado, no ha sido puesto de manifiesto por parte de la Administración, que se ha limitado a no contestar. Adicionalmente, y en tanto que en la solicitud de información no queda precisado, debe entenderse que los órdenes del día así como las actas deberán quedar referidas tanto al Pleno, Comisión Permanente y ponencias del referido órgano asesor desde su constitución. 7. No obstante lo anterior, es preciso advertir la eventual inclusión de datos personales en la documentación solicitada y el grado de protección a dispensar a sus titulares. Estos datos personales vendrían referidos, en principio, tanto al nombre y apellidos así como el cargo de los representantes y miembros integrantes del órgano asesor. En este sentido, el artículo 15.2 de la LTAIBG dispone que, con carácter general - y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación- se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. En efecto, nos encontramos con la identificación de personas intervinientes, por razón de su cargo, en un órgano asesor del Gobierno. Pues bien, este Consejo entiende que el acceso a datos relativos a la identificación de sus miembros, precisamente porque en ejercicio de su cargo asisten a sus sesiones, entronca directamente con el principio de rendición de cuentas sobre el que se basa la LTAIBG. Consecuentemente, puede concluirse que el acceso a la información solicitada no implicaría un perjuicio a la protección de datos de carácter personal de los asistentes a las sesiones del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la información. 8. De conformidad con todo lo anterior, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno entiende que la presente reclamación debe ser estimada, debiendo la Administración proporcionar los órdenes del día así como las actas del Pleno, Comisión Permanente y ponencias del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la información desde la fecha de su constitución. El cumplimiento de la presente resolución debe atender a lo dispuesto en el Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales. En este sentido, debe igualmente tenerse en cuenta que el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales establece en su Disposición transitoria tercera. Régimen transitorio de los servicios comunes lo siguiente: Los servicios comunes de los ministerios en los que se hayan producido transferencias de actividad a otros departamentos ministeriales que actualmente no cuenten con servicios comunes propios, seguirán prestando dichos servicios a los Ministerios a los que correspondan dichas áreas de actividad, hasta tanto se desarrolle la estructura orgánica básica de los ministerios y se establezca la distribución de efectivos. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por , con entrada el 30 de julio de 2018, contra el MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (competencias en esta materia asumidas por el actual MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA). SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA a, en el plazo máximo de un mes, remitir a la información solicitada y referenciada en el Fundamento Jurídico nº 8 de la presente Resolución. A estos efectos, se tendrá en cuenta lo indicado en el mismo fundamento jurídico in fine. TERCERO: INSTARal MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA a que, en el mismo plazo máximo de un mes, remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En consecuencia, contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso- Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda