Solicitud de motivación sobre la no convocatoria de plenos, moción de censura y entrega de balances económicos

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 428/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó el 5 de abril de 2021 al Consejo General de los Colegios Profesionales de Delineantes, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), la siguiente información: Siguiendo el mandato de la Asamblea General del Colegio Oficial de Delineantes y Diseñadores Técnicos de Burgos en sesión ordinaria celebrada el día 31 de marzo de 2021, en el punto 5 del orden del día su literal dice: Información del Consejo General. (votación para pedir documentación al Consejo y retener en un fondo de reserva los pagos al Consejo hasta que no se restablezca el funcionamiento legal del mismo), habiéndose votado por unanimidad, y con objeto de poder tener acceso a la información necesaria que nos permita conocer el alcance de la posible afectación a los intereses de nuestro colectivo, y, con expresa invocación a los S/REF: N/REF: R 0428/2021; 100-005273 Fecha: La de firma Dirección: [email protected] Administración/Organismo: Consejo General de los Colegios Profesionales de Delineantes Información solicitada: Fines esenciales del Consejo General de los Colegios Profesionales de Delineantes Subdirección General de Reclamaciones artículos 12, 13, 15 y 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. SOLICITO: Al presidente del Consejo General de los Colegios Profesionales de Delineantes: 1. La motivación por la que no se ha convocado el pleno de moción de censura contra el presidente del Consejo General de los Colegios Profesionales de Delineantes. 2. La motivación por la que no se ha convocado el primer pleno de 2020. 3. La motivación por la que no se ha convocado el segundo pleno de 2020. 4. La motivación por la que no se ha entregado el balance económico de 2019. 5. La motivación por la que no se ha entregado el balance económico de 2020. 6. La motivación por la que no se ha entregado el presupuesto de 2020. 7. La motivación por la que no se ha entregado el presupuesto de 2021. 8. Si existiera informe jurídico que ampare alguno de los puntos1,2,3,4,5,6 y 7 , quién ha redactado dicho informe jurídico y copia del informe si. 2. Ante la falta de respuesta, mediante escrito con entrada el 7 de mayo de 2021 el interesado presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, con el siguiente contenido: Con fecha 05 de mayo de 2021, este Colegio considera tener derecho de acceso a la información pública relativa a los fines esenciales del CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE DELINEANTES, y que ante su falta de transparencia, se realizó petición de ese órgano, con domicilio en C/ Ronda de Toledo, 34, 28005, Madrid según documentación anexa. Transcurrido más de 30 días sin respuesta alguna por parte del CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE DELINEANTES, viendo desistida la petición por silencio administrativo. 3. El siguiente 12 de mayo de 2021, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE DELINEANTES, al objeto de que se formulasen las alegaciones que se considerasen oportunas. El 27 de mayo de 2021 se recibió escrito de contestación manifestando, en síntesis, lo siguiente: (…) TERCERA.- Según se determina en la referida Ley 19/2013 (art. 17), el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso se iniciará con la presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información. Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, la solicitud se dirigirá a la Administración, organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a las que se encuentren vinculadas. La solicitud se podrá presentar por cualquier medio que permita tener constancia de la misma. En el presente caso el reclamante no adjunta documento acreditativo de que la solicitud haya sido solicitada por medio que permita tener constancia de su remisión. Es por ello que la reclamación debe ser archivada. CUARTA.- El COLEGIO PROFESIONAL DE DELINEANTES Y DISEÑADORES TÉCNICOS DE BURGOS, se encuentra obligado a cumplir con la normativa que le es de aplicación. Sin intentar ser exhaustivo, las normas más importante que debe cumplir la Entidad solicitante son la Ley 2/1974, de 13 de febrero de Colegios Profesionales, la Ley 8/1997, de 8 de julio, de Colegios Profesionales Castilla y león, el Real Decreto 3306/1978, de 15 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de los Colegios Profesionales de Delineantes, y los Estatutos del COLEGIO PROFESIONAL DE DELINEANTES Y DISEÑADORES TÉCNICOS DE BURGOS, inscritos en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Castilla y León, por la Orden IYJ/1641/2009, de 15 de julio, del Consejero de Interior y Justicia de Castilla y León (B.O.C. y L. número 146, del 03/08/2009), Y LA Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Según se desprende de la normativa expuesta y que es de aplicación, el gobierno del COLEGIO PROFESIONAL DE DELINEANTES Y DISEÑADORES TÉCNICOS DE BURGOS, le corresponde a la Asamblea General, órgano supremo del Colegio y a la Junta de Gobierno. En este punto se observa, la falta de documento acreditativo de que el citado órgano de gobierno haya adoptado el acuerdo por el que se autorice a solicitar del Consejo General determinada documentación. Igualmente se observa la inexistencia de acuerdo de la Asamblea General, o en su defecto de la Junta de Gobierno del Colegio, por el que se autorice a instar ante el Consejo de Trasparencia y Buen Gobierno la correspondiente reclamación. Dado que no consta acreditado el acuerdo de solicitud, ni consta la existencia de acuerdo alguno en relación con la reclamación ante el Consejo Trasparencia y Buen Gobierno, debe archivarse la solicitud. QUINTA.- La representación judicial y extrajudicial del COLEGIO PROFESIONAL DE DELINEANTES Y DISEÑADORES TÉCNICOS DE BURGOS, le corresponde al Decano de la Corporación. La supuesta petición dirigida al Consejo General la realiza, quien dice ser Secretario del Corporación. La solicitud instada ante el CONSEJO DE TRASPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, la realiza quien dice ser Secretario del COLEGIO PROFESIONAL DE DELINEANTES Y DISEÑADORES TÉCNICOS DE BURGOS. Dada la falta de legitimación planteada, debe ser archivada la solicitud. SEXTA.- El COLEGIO PROFESIONAL DE DELINEANTES Y DISEÑADORES TÉCNICOS DE BURGOS, solicita: (…) La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la información pública y Buen gobierno (LTBG), reconoce en su artículo 12 el derecho que tienen todas las las personas a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por dicha Ley. Entiendo como información pública (art. 13), los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del Título I de la Ley, y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. No obstante lo anterior, la Ley establece una serie de causas de inadmisión de las solicitudes de información, y que vienen recogidas en el artículo 18, a saber: En primer lugar entendemos que la solicitud debe ser inadmitida, toda vez que la documentación solicitada es “la motivación”, por la que no se ha realizado una serie actos por parte del Consejo General de los Colegios Profesionales de Delineantes, y entendemos que la petición se encontraría encuadrada dentro de la letra c), del artículo 18 citado, habida cuenta la falta de petición de un documento en concreto, sino la petición de un informe que habría que elaborar exprofeso para complacer al solicitante. En segundo lugar, entendemos que la solicitud debe ser inadmitida, toda vez que la documentación solicitada es “la motivación”, por la que no se ha realizado una serie actos por parte del Consejo General de los Colegios Profesionales de Delineantes, y entendemos, además de la inadmisión planteada en el párrafo anterior, que la petición se encontraría encuadrada dentro de la letra b), del artículo 18 citado, habida cuenta la falta de petición de un documento en concreto, sino la petición de un informe que habría que elaborar exprofeso para complacer al solicitante. SÉPTIMA.- En relación con la petición de traslado de informe jurídico si lo hubiese, manifestar que en los archivos del Consejo, no consta informe jurídico que ampare alguno de los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, del escrito de petición, Por lo expuesto: AL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO SOLICITO, que teniendo por presentado este escrito lo admita y de acuerdo con su contenido, tenga por efectuadas las alegaciones, solicitadas en el expediente de referencia, e inadmita la petición efectuada por el COLEGIO PROFESIONAL DE DELINEANTES Y DISEÑADORES TÉCNICOS DE BURGOS. 4. El 28 de mayo de 2021, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes en defensa de su pretensión, las cuales tuvieron entrada el 10 de junio de 2021, pudiendo destacarse, en síntesis, lo siguiente: ALEGACIONES: Primera.- Sobre las Corporaciones de Derecho Público y su normativa de aplicación. 1. Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública. 2. Además de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), y en lo no previsto en la legislación citada por el RECLAMADO, supletoriamente a las Corporaciones de Derecho Público les será de aplicación la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), y, Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadano s a los Servicios Públicos (LAECSP), por estar incluidas en su ámbito de aplicación. Segunda.- Sobre el RECLAMANTE, su objeto asociativo, composición, legitimación y discrepancias. 1. El RECLAMANTE es una Corporación de Derecho Público, amparado por la Ley y reconocido por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Y es miembro del Pleno RECURRIDO. 2. En su Estatuto -aprobado por ORDEN IYJ/1641/2009, de 15 de julio, por la que se inscribe en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Castilla y León, el estatuto particular del Colegio Profesional de Delineantes y Diseñadores Técnicos de Burgos establece: Fines, art. 4: «b) Representar y defender los intereses generales de la profesión, especialmente en sus relaciones con la Administración.» Funciones, art. 5: «n) Ostentar en su ámbito la representación y defensa de la profesión ante la Administración, Instituciones, Tribunales, Entidades y particulares, con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales y ejercitar el derecho de petición, conforme a la Ley.» Órganos de Gobierno, art. 19: «El Gobierno del Colegio Profesional de Delineantes y Diseñadores Técnicos de Burgos estará a cargo de la Asamblea General, órgano supremo del Colegio y de la Junta de Gobierno.» Atribuciones de la Asamblea, art. 27: «a) Adoptar los acuerdos relativos a la representación, gestión y defensa de los intereses del Colegio y de sus colegiados.» Atribuciones del Decano, art. 40: «a) Ostentar la representación judicial y extrajudicial del Colegio, con facultades de delegar y de acordar el ejercicio de toda clase de acciones, recursos y reclamaciones, ante cualquier autoridad, órganos, Juzgados y Tribunales, incluido el Supremo, pudiendo otorgar poderes a favor de Procuradores y designar Letrados.»; Atribuciones del Secretario, art. 42: «f) Firmar por sí o con el Decano, en caso necesario, las órdenes, correspondencia ordinaria.» 3. Está inscrito en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de Colegios de Castilla y León, por ORDEN de fecha 26 de mayo de 2004, con el número registral 153/CP, y por RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2021 del Jefe del Servicio de Colegios Profesionales se inscribe la composición del órgano de gobierno, denominado Junta de Gobierno. 4. El Decano tiene delegada en el Secretario (art.40) firma electrónica con certificado cualificado de representante, expedido por prestador de confianza de servicios de certificación verificado, para uso en sus relaciones con las Administraciones públicas, entidades y organismos públicos, vinculados o dependientes de las mismas. Tercera.- Sobre el RECLAMADO su objeto, composición, funciones y discrepancias. 1. El RECLAMADO es una Corporación de Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad civil y administrativa. Está sujeto al principio de buen gobierno, establecido en el art. 26 de la LTAIBG. 2. De acuerdo con sus Estatutos Generales -aprobados por Real Decreto 3306/1978, de 15 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de los Colegios Profesionales de Delineantes- es el órgano supremo representativo de la profesión con carácter nacional y está compuesto por un Pleno, formado por todos los Decanos de los Colegios territoriales; por una Comisión Ejecutiva, formada por Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero e Interventor -que se renuevan por mitades cada DOS AÑOS-; y se rige por el Reglamento de Régimen Interior (RRI), aprobado por el Pleno de 19 de diciembre de 1981. 3. A fecha enero de 2021, no consta inscrita la composición de Comisión Ejecutiva en el Registro de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid, t al como establece el Artículo 3 del Decreto 140/1997, de 30 de octubre: «1. Estarán obligados a promover la inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid los órganos de gobierno de los Colegios Profesionales y Consejos de Colegios afectados.» Se puede comprobar en la web de la Comunidad de Madrid, a través del Servicio de Colegios Profesionales o en el siguiente enlace: LISTADO DE COLEGIOS PROFESIONALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 4. No ha dado cumplimiento a la LPACAP, en cuanto a la obligación de resolver la solicitud reclamada (art. 21). Se ha dejado transcurrir el plazo máximo de resolución, provocando su desestimiento, sin haber dictado ni notificado resolución expresa alguna, con indicación de hechos producidos y normas aplicables. Sin embargo, alega ahora decaída la misma y resolver su archivo. No se ha concedido audiencia al solicitante para subsanar los defectos observados que ahora si alega (art. 82). Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria (art. 37). 5. La solicitud reclamada fue presentada en la dirección oficial [email protected], tal como consta en su membrete, Secretaría utiliza la de [email protected] y Presidencia la de [email protected] en sus trámites y comunicaciones con los Colegios territoriales. Estos son sus únicos puntos de acceso electrónico. Establece la LAECSP el deber de disponer de una ventanilla única donde se reduzcan las cargas burocráticas y se empleen los medios electrónicos para facilitar la tramitación y participación en los servicios públicos que garantice, en condiciones de seguridad jurídica, la validez y eficacia de su actividad administrativa. Tanto el dominio codelmad.org -Madrid-, como codelva.com -Valladolid- no son propiedad del RECLAMADO que, en la actualidad, no dispone de página web con dominio propio, ni ventanilla única, ni correo electrónico propio, tal como requiere el art. 10 de la LCP. 6. La solicitud reclamada es archivada por «no adjuntar documento acreditativo de que la solicitud haya sido solicitada por medio que permita tener constancia de su remisión». el RECLAMADO es el que debería disponer y garantizar, en condiciones de seguridad jurídica, la validez y eficacia de su actividad administrativa, tal como establece la LAECSP. 7. El RECLAMADO alega «la solicitud debe ser inadmitida, toda vez que la documentación solicitada es “la motivación”». El reglamento de régimen interno aprobado por el pleno de la asamblea del 19 de diciembre de 1981 dice textualmente «Artº. 45.—El Artº. 41 de los Estatutos establece que la Comisión Ejecutiva se renovará por mitad, transcurridos DOS AÑOS; en consecuencia, se establece que en la primera renovación se elegirán los cargos de Vicepresidente y Tesorero, lo cual se producirá en el mes de Marzo. Transcurridos otros DOS AÑOS, se elegirán los cargos restantes, Presidente, Secretario e Interventor. Podrán ser reelegidos en cualquier caso». Siendo las últimas elecciones a la Comisión Ejecutiva el 16 de junio de 2018, según registro de salida 13 del 17 de abril de 2018 del Consejo General, renovándose la totalidad de los cargos, debiéndose de renovar como mínimo los cargos de Vicepresidente y Tesorero en el año 2020. Siendo el 31 de marzo de 2021 sin que que hayan celebrado elecciones, la Asamblea del COLEGIO RECLAMANTE quiso saber cuál es el motivo por el que no se han convocado elecciones ni el pleno de moción de censura contra el Presidente del CONSEJO RECLAMADO, ya que la motivación de no convocar las elecciones democráticas a las que el CONSEJO RECLAMADO está obligado a celebrar, así como la moción de censura ha de estar reflejado en las actas de la Comisión Ejecutiva, la cual según la disposición adicional sexta de la Ley de Colegio Profesionales dice: «De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, todos los órganos colegiados de las corporaciones colegiales se podrán constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario. En todo caso, estas previsiones podrán ser desarrolladas por los correspondientes reglamentos de régimen interno o normas estatutarias », por lo que no se ha de generar nueva documentación. Por lo que entendemos que Cuarta.- Sobre la motivación de acceso a la información reclamada. 1. El acceso a la información pública solicitada al RECLAMADO, ha sido aportada en la reclamación como Resolución que se reclama: SA 197 04042021 (solicitud al consejo).pdf En el EXPONE de la misma se encuentra su motivación «Siguiendo el mandato de la Asamblea General del Colegio Oficial de Delineantes y Diseñadores Técnicos de Burgos en sesión ordinaria celebrada el 31 de marzo de 2021, en la que el punto 5 del orden del día decía Información del Consejo General. (votación para pedir documentación al Consejo y retener en un fondo de reserva los pagos al Consejo hasta que no se restablezca el funcionamiento legal del mismo), con objeto de poder tener acceso a la información necesaria que nos permita conocer el alcance de la posible afectación a los intereses de nuestro colectivo.../.» El motivo no es otro que la Moción de Censura al Presidente del RECLAMADO. 2. La información reclamada pertenece al ámbito de actuación del RECLAMADO, relativa a las funciones públicas que desarrolla, y en especial con lo relativo a su régimen electoral y administrativo, sobre el que existe un claro interés público, no solo de los colegios, o sus miembros, sino para cualquier ciudadano que lo solicite. 3. Desde octubre de 2019, hasta la fecha, el RECLAMADO no ha convocado ni celebrado Plenos donde rendir cuentas de su gestión y aprobar sus presupuestos, no dando cumplimiento al requerimiento de celebrar Moción de Censura a su Presidente -solicitada por el RECLAMANTE con aval de candidatura y voto el 12/07/2020 y reclamada conjuntamente el 23/10/2020 por la mayoría ganadora de Colegios-, ni ha convocado el proceso electoral de renovación de cargos caducos, para garantizar, y devolver, el funcionamiento democrático, exigido en el art. 2 de su RRI, y en el art. 36 de la CE. Quinta.- Sobre el Presidente de Comisión Ejecutiva del RECLAMADO, sus alegaciones realizadas, su resolución de archivo, su deber de abstención, su arbitrariedad y la nulidad de sus actos. 1. El Presidente de Comisión Ejecutiva del RECLAMADO, ejercita la pretensión anulatoria de la solicitud de acceso a la información pública recurrida alegando «falta de legitimación» «La solicitud instada ante el CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, la realiza quien dice ser Secretario del Colegio Profesional de Delineantes y Diseñadores Técnicos de Burgos. Dada la falta de legitimación planteada, debe ser archivada la solicitud.» 2. Mediante email de fecha 04/01/2021, se remite a la Secretaría del RECLAMADO, así como al resto de Colegios, composición de nueva Junta de Gobierno del RECLAMANTE. Entre dichos miembros se encuentra el Secretario: Alejandro Iglesias Sedano 3. Tiene el deber de abstención, conforme al art. 23 de la LRJSP por tener interés personal en el asunto que motiva esta reclamación, estando incurso en un proceso de Moción de Censura contra su cargo, y cuya resolución podría influir en su celebración y resultado, pues afectaría a su objetividad, conforme establece el art. 26.2.b).5º de la LTAIBG. 4. Dicha moción ha sido solicitada por la mayoría de Colegios, entre ellos el RECLAMANTE, motivo por el cual su Decano, cumplió con su deber de abstención al realizar la petición de información y su reclamación. 5. Con Fecha de 15 de mayo de 2021 el RECLAMANTE presentó recusación contra Marcos Prieto Sampedro como Presidente del RECLAMADO por encontrarse incurso dentro de un proceso de moción de censura que el RECLAMANTE realizó el pasado 12 de julio de 2020, por tanto que toda alegación que el presidente del RECLAMADO realice contra el RECLAMANTE son nulas de pleno derecho. 6. La arrogancia impresiona, pues el principio de la interdicción de la arbitrariedad es uno de los supra principios jurídicos recogidos en el art. 9.3 de la CE, que entre otros, se ha visto vulnerado al realizar las alegaciones recaídas en este expediente, suponiendo un acto de arbitrariedad en grado superlativo. 7. Es claro, y notorio, que su actuación está muy lejos de los principios de buen gobierno, adoptando una postura obstruccionista, dilatoria y desidiosa en el cumplimiento de sus obligaciones legales, posicionándose al margen de la legalidad, amparando actuaciones ilegales, vulnerando Derechos Fundamentales que los Colegios y sus colegiados, tienen recogidos en la CE: art. 9.1. Sujeción a la Constitución; art. 9.3. Principios del Estado de Derecho; art. 22.3. Registro de asociaciones; y, 29.1. Derecho de petición individual y colectiva. CONCLUSIONES, a juicio del RECLAMANTE: 1. Además de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), y en lo no previsto en la legislación citada en su PRELIMINAR y alegación PRIMERA el RECLAMADO, supletoriamente a las Corporaciones de Derecho Público les será de aplicación la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), y, Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP), por estar incluidas en su ámbito de aplicación. 2. En el supuesto de haber existido alguna de las causas ahora alegadas de inadmisión y archivo de la información recurrida, debieran de haber sido apreciadas y requeridas por resolución expresa. Este hecho vulnera lo establecido en una disposición reglamentaria, resultando nula su inadmisión y archivo (art. 21, 37 y 82 de la LPACAP). Se ha omitido el procedimiento y por ello, parece improcedente su alegación ahora ante el CTYBG, más bien, procedería su anulación por no ser ajustada a derecho. 3. Sería improcedente el archivo de la solicitud reclamada por «no adjuntar documento acreditativo de que la solicitud haya sido solicitada por medio que permita tener constancia de su remisión» ya que el RECLAMADO es quien debe disponer y garantizar, en condiciones de seguridad jurídica, la validez y eficacia de su actividad administrativa (LAECSP), y no que sea el RECLAMANTE quien lo acredite como infiere el RECLAMADO en su alegación CUARTA y QUINTA. 4. Sería improcedente cuestionar la identidad, cargo y legitimidad del Secretario, cuando ha sido comunicada reglamentariamente. Asimismo, procede admitir la solicitud y reclamación, realizada por el legítimo Secretario y por mandato de su Asamblea, con abstención y delegación del Decano (arts. 4, 15, 19, 27, 40 y 42 Estatuto), y no como asevera el RECLAMADO en su alegación QUINTA y SEXTA. 5. Sería legítima la motivación de solicitud de la información recurrida, con objeto restablecer el funcionamiento democrático de la corporación mediante Moción de Censura planteada al Presidente del RECLAMADO ante su posición obstruccionista y dilatoria, que lleva a cabo junto a Comisión Ejecutiva, con opacidad en su procedimiento administrativo e información pública, por ser contrario al ordenamiento jurídico, a los principios de buen gobierno de la LTAIBG (art. 26), a la CE (art.36) y a su RRI (art.2). 6. Sería procedente el acceso a la información recurrida, sobre la que existe un claro interés público, y en especial con lo relativo a sus actas y régimen electoral, (Resolución del CTBG nº 72, de 3 de junio de 2016 y Resolución del Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias nº 59/2016, de fecha 29 de marzo de 2019), haciéndose efectivo el derecho que todas las personas tienen para acceder a la información pública, conforme el art. 13 y el procedimiento regulado en el Capítulo III del Título I de la LTAIBG, como expone el RECLAMADO en su alegación SEGUNDA y TERCERA. 7. Sería procedente declarar nulas de pleno derecho todas las actuaciones del Presidente de Comisión Ejecutiva del RECLAMADO recaídas sobre este expediente, por tener interés personal y no haber aplicado de oficio Comisión Ejecutiva su recusación (art. 18 Estatutos Generales), al verse afectada su objetividad (art. 26.2.b.5º de la LTAIBG), y por no estar legitimado para ello conforme a los supuestos que concurren en la LCP (art. 8): «Son nulos de pleno derecho los actos de los órganos colegiales en que se den algunos de los siguientes supuestos: Los manifiestamente contrarios a la Ley; los adoptados con notoria incompetencia; aquellos cuyo contenido sea imposible o sean constitutivos de delito; los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.». En consecuencia, a juicio del RECLAMANTE, se debe dar por decaída la pretensión anulatoria de la solicitud de acceso a la información recurrida, declarando nulas de pleno derecho las actuaciones y alegaciones del RECLAMADO, al ser contraria al ordenamiento jurídico, para que el CTYBG pueda resolver el acceso a la misma, y por el alcance de una posible afectación a los intereses de nuestro Colegio, de sus colegiados y de las personas usuarias de sus servicios, así como a Derechos Fundamentales (arts. 9.1, 9.3, 22.3 y 29.1 de la CE), y por expresa invocación de los artículos 12, 13, 15 y 17 de la LTAIBG, II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de este Consejo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante”. En el presente caso, según consta en los antecedentes, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo legalmente establecido. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al indicar que “con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta”. En virtud de lo dispuesto en el artículo 20.4 LTAIBG, la falta de resolución expresa en el plazo de un mes ha dado lugar a la desestimación de la solicitud de acceso por silencio administrativo, resolución presunta contra la que el interesado puede interponer una reclamación ante el CTBG, sin perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa en todos los procedimientos que el artículo 21 LPACAP impone a la Administración. 3. Asimismo, desde una perspectiva formal, a continuación debemos analizar un óbice procesal invocado por la Asamblea General del Colegio Oficial de Delineantes y Diseñadores referente a la legitimación para presentar solicitudes de acceso a la información. Como se ha reflejado en los prolijos antecedes de esta resolución, la Asamblea General en su escrito de alegaciones pretende que la reclamación se inadmita dado que (i) no se acompaña el documento acreditativo de la Asamblea General y de la Junta de Gobierno del Colegio Profesional de Delineantes y Diseñadores Técnicos de Burgos que acredite la adopción del acuerdo en virtud del cual adopta solicitar la información y (ii) no se acompaña el acuerdo de la Asamblea General o en su defecto de la Junta de Gobierno del indicado Colegio Profesional por el que se autorice a instar ante este Consejo la correspondiente reclamación. Ambas pretensiones han de desestimarse de plano. El artículo 12 de la LTAIBG prevé, en cuanto a la titularidad del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, que este derecho corresponde a “todas las personas” y será ejercido “en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley”. Partiendo de esta premisa, a los efectos del ejercicio del derecho de acceso, no puede suscitar objeción alguna a este Consejo que la solicitud de acceso a la información la presente un particular, siendo indiferente que ostente o no la condición de secretario de un colegio profesional. En este sentido, el derecho de acceso a la información pública está reconocido en la LTAIBG como un auténtico derecho público subjetivo y desde su preámbulo se configura de forma amplia, disponiendo que son titulares todas las personas, que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud y que solamente se verá limitado en aquéllos casos en que sea necesario por la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto en la Constitución Española- o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. 4. Respecto al fondo del asunto planteado debemos partir de la premisa que, tal y como se acaba de reseñar, la LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone su artículo 13, "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. A la vez, acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el sujeto obligado por la LTAIBG debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que en el caso concreto el objeto del ejercicio del derecho no se trate de información pública, concurra alguna causa de inadmisión o algún límite legal. Partiendo de estas premisas, la delimitación del objeto del derecho de acceso a la información resulta, en consecuencia, imprescindible para deslindar aquellas solicitudes que, por tener un objeto distinto al tutelado por la LTAIBG, versan sobre objetos próximos pero no merecedores de la específica tutela y garantía de aquélla ley por tener otros mecanismos de acceso y, en su caso, protección. De acuerdo con ello, y según ha quedado acreditado en los antecedentes de esta resolución, cabe advertir que, en el caso que ahora nos ocupa, el reclamante no ha solicitado en sentido estricto información pública sobre una materia sino, por el contrario, la elaboración de un documento específico en el que se manifieste “la motivación”, esto es el posicionamiento o justificación de un órgano de una Corporación de Derecho Público ante una posibilidad de actuación alternativa en un concreto sector material del ordenamiento. Esto es, el tenor literal de la redacción de la pregunta formulada -motivación- permite concluir que, más que información pública, lo que se solicita de la Corporación de Derecho Público es la elaboración de un documento que en el momento de presentarse la solicitud de acceso a la información no existe. En efecto, más parece que estemos en presencia de la búsqueda de un juicio de valor de la Corporación por el ahora reclamante a propósito de por qué no se han convocado elecciones en el seno del Consejo General ni el pleno de moción de censura contra su presidente, que encontraría su ámbito material y finalidad más apropiada en otros cauces de control de los poderes públicos. Por lo tanto, y de acuerdo con el criterio mantenido por este Consejo en anteriores pronunciamientos –a mero título de ejemplo, reclamaciones números R/0066/2015, R/0067/2015, RT /0132/2016, R/0305/2021, R/0426/2021- cabe concluir que el objeto de la solicitud no puede considerarse como “información pública” a los efectos de los artículos 12 y 13 de la LTAIBG y, en consecuencia, procede desestimar la reclamación planteada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos expuestos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por , frente al CONSEJO GENERAL DE LOS COLEGIOS PROFESIONALES DE DELINEANTES. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez