Solicitud de acceso a expediente sancionador e informe del Seprona

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 411/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el interesado solicitó a la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL, del MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOCRÁTICO, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 30 de diciembre de 2020, la siguiente información: Con motivo de la resolución de la CHMS del expediente sancionador incoado contra Dña. XXXXXX por vertido con daños a propiedad ajena con una sanción pecuniaria, cuya comunicación como denunciante y afectada por los hechos recibo el 17 de diciembre de 2020 por correo postal, tengo que alegar lo siguiente: Hace más de año y medio que solicito a esta Confederación Hidrográfica información sobre el expediente alegando interés legítimo y necesidad urgente para mi defensa en procedimiento judicial sin obtener resultados favorables hasta el momento. En concreto, pidiendo S/REF: N/REF: R/0411/2021; 100-005252 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico/ Confederación Hidrográfica del Miño-Sil Información solicitada: Acceso a expediente sancionador Subdirección General de Reclamaciones expresamente copia del Informe del Seprona con expediente nº 2019-101689-00000092, enviado el 24 de mayo de 2019 con nº de salida 87 en cinco ocasiones previas: - La primera de ellas, el 18/07/2019, aportando un Auto judicial; - la segunda, el 18/05/2020; - la tercera, el 01/06/2020, tanto a la CHMS como a la Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras da Xunta de Galicia. Esta última me responde el 16/06/2020, informándome que el citado Informe había sido remitido a la CHMS unos días antes por ser competencia suya. Mientras tanto, el 02/06/2020, el Jefe de Área de Gestión Medioambiental, Calidad el Agua y Vertidos, responde con un lenguaje administrativo que induce a confusión que “la comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado”, así como que “la documentación del expediente se puede consultar durante la tramitación de la información pública, se le facilita la misma teniendo en cuenta la situación actual del estado de alarma”. Una situación que ya había cambiado a estado normal. Y el 16/06/2020, el Comisario de Aguas me responde que no consta en el expediente mi condición de interesada. - La cuarta, el 07/08/2020, dirigida al Jefe de Área de Gestión Medioambiental, Calidad el Agua y Vertidos, en la que ruego que me explique si existe alguna causa justificada o conflicto de interés desconocido para mí para obtener la información que legítimamente demandaba. Similar solicitud pedía al Comisario de Aguas el mismo 07/08/2020, quien me responde el 10/09/2020 en su nombre y en el de XXXXXX, de nuevo sin reconocerme la condición de interesada. - Y la quinta, el 01/12/2020, cuando le vuelvo a solicitar de nuevo el Informe del Seprona al Comisario de Aguas, alegando que sus respuestas negándome la condición de interesada contraria a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se pueden interpretar como falta continuada de colaboración y la obstaculización de mi legítima defensa en el procedimiento judicial, así como que los hechos demandados en su momento no se corresponden con la calificación que la CHMS les otorgaba, ya que el vertido de la vivienda de la demandada sí es directo a las aguas subterráneas y no procede de ninguna fosa séptica no estanca, puesto que este punto no ha podido ser probado judicialmente, precisamente porque carecían de ella. Por estos motivos, denuncio falta de coordinación de los distintos servicios de la CHMS, después de que por teléfono una funcionaria (XXXX) me dijese el pasado 18 de diciembre que no le constaba en el registro mis anteriores solicitudes de información a la CHMS, por lo que envío esta comunicación por correo postal y sede electrónica. Asimismo, falta de transparencia en el procedimiento y perjuicio manifiesto para mi defensa, ya que los hechos denunciados siguen produciéndose en la actualidad, causando un perjuicio exponencialmente mayor para mi persona en estas circunstancias del COVID por los restos fecales humanos que se derivan de estos vertidos. Solicita: 1. Que este organismo reconozca mi condición de interesada para facilitarme la información que necesito para mi defensa legítima, como documento este escrito con la Primera solicitud de información aportando Auto judicial, presentada el 18/07/2019; la Solicitud del alzamiento de la suspensión del Procedimiento presentada por mi abogado el 02/09/2020; y la Providencia judicial del 07/09/2020. 2. Copia de la resolución dictada en el expediente sancionador con nº de referencia S/27/0076/19/V y la copia del Informe del Seprona, con expediente nº 2019-101689- 00000092 enviado el 24 de mayo de 2019 con nº de salida 87 con destino a este organismo. 3. Ruego me notifiquen cualquier comunicación a través de la dirección electrónica habilitada, único medio que en las circunstancias actuales garantiza una correcta y efectiva comunicación. 2. Con fecha 26 de marzo de 2021, la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL, del MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOCRÁTICO, contestó a la solicitante, en resumen, lo siguiente: x Con fecha 30 de septiembre de 2019, la Confederación Hidrográfica Del Miño-Sil acordó la incoación de expediente sancionador, así como la designación de instructor, a Dª XXXXXX. x Con fecha 7 de agosto de 2020, Dª XXXXXX solicitó la condición de interesada, aduciendo que los vertidos objeto de procedimiento afectaban a terrenos de su propiedad. x Con fecha 13 de agosto de 2020, se le requirió los documentos acreditativos de la propiedad de la parcela, advirtiéndole que de no hacerlo se le tendría por desistida. No consta que haya presentado dicha documentación en el plazo requerido. x Con fecha 1 de diciembre de 2020, el Presidente de la Confederación Hidrográfica Del Miño-Sil dictó resolución. x Con fecha 1 de diciembre de 2020, Dª XXXXXX reiteró que se tuviese por parte interesada en el expediente sancionador S/27/0076/19/V y solicitó la remisión de copia de la resolución recaída en dicho expediente y copia del Informe del Seprona de Villalva. x Mediante resolución del Presidente de la Confederación Hidrográfica Del Miño-Sil, de 29 de enero de 2021, se desestimó la solicitud de la condición de interesada en el citado expediente y se denegó remitir copia del mismo, al no concurrir en la solicitante la condición de interesada. En base a lo anteriormente expuesto, se formula la siguiente resolución: Desestimar la solicitud presentada por Dª XXXXXX, denegando el acceso al expediente sancionador S/27/0076/19/V, de acuerdo con el artículo 15.1, párrafo 2, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 3. Ante esta respuesta, con fecha de entrada el 30 de abril de 2021, la interesada presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: Mediante denuncia interpuesta ante el Seprona el 08/05/2019, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil incoa el expediente sancionador S/27/0076/19/V contra Dña. XXXXXX, vecina colindante en mi vivienda que vierte sus aguas residuales a mi propiedad, causándome destrozos en la edificación y la contaminación de toda la finca, probada con informe de Laboratorio según credenciales administrativas ENAC. Los hechos están denunciados ante el Juzgado nº 1 de Primera Instancia de Mondoñedo (Lugo) a la espera de juicio, pero la instrucción del expediente y los respectivos informes al respecto son materia importantísima para la defensa de mis derechos y los de mi propiedad en el procedimiento civil en curso. Desde el 18/07/2019, en que solicité por primera vez información a la CHMS aportando un Auto Judicial que me identificaba como parte implicada y acreditaba mi legítimo interés, el organismo de cuenca me ha negado la condición de interesada en repetidas ocasiones y a lo largo de todo el procedimiento sin causa justificada, impidiéndome el trámite de audiencia en su momento y la elemental participación por mi parte, a pesar de mis constantes solicitudes advirtiendo de la necesidad de obtener esa información para poder defenderme de los abusos que había denunciado y que se seguían realizando. En cada negativa, la Confederación Hidrográfica del Miño Sil apelaba a la Ley 39/2015, de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que me ampara en todo lo que reclamaba, y solo después de notificarme que el expediente estaba resuelto con una sanción pecuniaria a la denunciada, Dña. XXXXXX, me advirtió que no reconocía mi condición de interesada por no haber enviado la documentación requerida que acreditase mis derechos de propiedad en la parcela, que ya obraba en su poder por un expediente anterior. Un requerimiento que nunca recibí porque no siguió el cauce legal que siempre había solicitado, la sede electrónica, ya utilizada por el organismo conmigo en sus comunicaciones y en sus negativas previas injustificadas. El expediente S/27/0076/19/V está basado en irregularidades administrativas, con interpretación de la Ley de forma interesada y oscurantista con el fin de negarme una información que me corresponde; que demuestra una intención manifiesta de no ejercer sus cometidos como organismo de cuenca en casos que afectan al medioambiente; de perjudicarme y dilatar el proceso en el tiempo para causarme indefensión al no seguir los plazos administrativos que marca la Ley, especialmente para estos casos de interés probado; no tener en cuenta cómo me afecta en el procedimiento judicial en tanto que ciudadana; con el fin de impedir mi participación (la calificación que le otorga al expediente no es correcta) y el ejercicio de mis derechos de información; con el agravante de presunto delito contra la privacidad y la confidencialidad de mis datos al publicarlos en el B.O.E. conociendo de antemano la vía de comunicación efectiva, ya utilizada por el organismo con anterioridad. Por todo ello, apelo a mis derechos de acceso a una información pública de acuerdo a lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso y buen gobierno, así como al resto del Ordenamiento jurídico, para que la CHMS me remita el expediente S/27/0076/19/V completo. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de este Consejo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone su artículo 13 "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. 3. En el presente caso es necesario advertir a la reclamante sobre la imposibilidad de hacer un uso instrumental de la LTAIBG para pretender acceder a documentos que se están tramitando dentro de un procedimiento administrativo en curso. En este sentido, no cabe acudir a ella con la pretensión de que quien no es interesado en un procedimiento se mantenga puntualmente informado de su tramitación. Como han declarado reiteradamente nuestros tribunales y ha venido a recoger la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 62.5, “La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.” Este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es una Autoridad Administrativa Independiente a la que se otorgan competencias de garantía del derecho de acceso a la información pública y de la observancia de las disposiciones de buen gobierno, no pudiendo intervenir cuando se invoca la LTAIBG con fines ajenos a su objeto y finalidad, para adquirir una condición o unos derechos que de otra manera son denegados por la normativa general que rige el procedimiento administrativo común o por otras normas sectoriales o especiales. En el presente caso se da la circunstancia adicional de que existe un procedimiento judicial en marcha, por lo que corresponde en exclusiva al órgano judicial decidir sobre el acceso a la información incorporada al mismo. En atención a las razones expresadas, la presente reclamación debe ser inadmitida a trámite. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede INADMITIR la reclamación presentada por frente a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, del MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOCRÁTICO. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez