Acceso a la identidad de participantes e informes del grupo multidisciplinar para la desescalada

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 400/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 11 de mayo de 2020, la siguiente información: - Miembros, expertos y participantes (nombre, apellidos y cargo ) del grupo multidisciplinar para la desescalada. - Copia íntegra de los órdenes del día y actas de todas y cada una de las reuniones del grupo multidisciplinar para la desescalada, celebradas entre el 15 de marzo y el 10 de mayo, ambas fechas inclusive. S/REF: 001-042992 N/REF: R/0400/2020; 100-003891 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Información solicitada: Identidad de participantes en el grupo multidisciplinar para la desescalada e informes emitidos Sentido de la resolución: Estimatoria por motivos formales Subdirección General de Reclamaciones - Copia íntegra de todos y cada uno de los informes elaborados por el grupo multidisciplinar para la desescalada, entre el 15 de marzo y el 10 de mayo, ambas fechas inclusive. El punto 4 de la Disposición Adicional Tercera del RD 463/2020 establece que “la presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma”, estado excepcional que se ha aprobado con motivo la pandemia global del covid-19. Por esta razón, el punto 4 de la Disposición Adicional Tercera del RD 463/2020 sería de aplicación en esta solicitud. 2. Mediante resolución de 1 de julio de 2020, el MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO contestó al solicitante lo siguiente: - Miembros, expertos y participantes (nombre, apellidos y cargo) del grupo Multidisciplinar para la desescalada. En el marco definido por el artículo del artículo 15 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y del criterio interpretativo 2/2016, de S de julio del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos sobre los datos de carácter personal que pudieran aparecer en reuniones, y su necesaria relación con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ha de tomarse en consideración el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, así como a la condición expertos bajo la cual prestaron colaboración. Así, dado que las colaboraciones se realizan en calidad de colaboración personal, la identidad de tales personas no puede ser objeto de publicidad, pues en la necesaria ponderación entre el derecho al acceso a la información y el derecho a la protección de los datos personales, y según el criterio interpretativo mencionado, prevalece el segundo. Adicionalmente, el apoyo e implementación de las medidas fue desarrollado por las diferentes unidades administrativas según las competencias atribuidas en los respectivos Reales Decretos de Estructura, sin que los e mpleados públicos que las desarrollaron tuvieran la condición de expertos, integrados en el grupo, sino que simplemente se desarrollaron las funciones atribuidas por la normativa vigente. - Copia íntegra de los órdenes del día y actas de todas y cada una de las reuniones del grupo multidisciplinar para la desescalada, celebradas entre el 15 de marzo y el 10 de mayo, ambas fechas inclusive. Copia íntegra de todos y cada uno de los informes elaborados por el grupo multidisciplinar para la desescalada, entre el 15 de marzo y el 10 de mayo, ambas fechas inclusive. En virtud de lo previsto en el artículo art. 18.1. b), de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se procede a la inadmisión de los puntos 2 y 3 de la petición formulada, dado que las actuaciones consistieron en labores instrumentales y a que se manejaron textos preliminares, borradores sin la consideración de final, informes no preceptivos, actuaciones preparatorias, comunicaciones internas que no constituyan trámite preceptivo, etc. de mero apoyo. 3. Ante esta respuesta, mediante escrito de entrada el 20 de julio de 2020, el interesado presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: El Gabinete de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno se limita a citar varias normativas legales, pero sin hacer en ningún caso el correspondiente test de daño que requiere cualquier resolución en el marco del derecho de acceso a la información. En este sentido, cabe traer a colación el artículo 11 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, según el cual “las Administraciones sanitarias exigirán transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública, incluidas las de formación e investigación, así como a las personas y organizaciones que reciban subvenciones o con las que celebren contratos, convenios, conciertos o cualquier clase de acuerdo. A estos efectos, será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente”. A este respecto, cabe destacar que los miembros y los documentos elaborados por el grupo multidisciplinar Covid-19 del Ministerio de Ciencia e Innovació n, a cuyas reuniones ha acudido la Vicepresidenta cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, sí han hecho pública tanto su composición como los documentos que han elaborado. (fuente: 2ea0/?vgnextoid=e468478fec1a1710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=434684 6085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD y ea0/?vgnextoid=2dcef74a14052710VgnVCM1000001d04140aRCRD). Por todo ello, insto al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a que estime esta reclamación y me dé acceso a la información solicitada. OTROSÍ SOLICITO que inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno me dé traslado de los documentos incorporados al expediente, incluyendo las alegaciones del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y se me otorgue trámite de audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.1 de la Ley 39/2015. 4. Con fecha 22 de julio de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Las alegaciones del indicado Departamento tuvieron entrada el 28 de julio de 2020 y en las mismas se indicaba lo siguiente: Con carácter previo, y con objeto de poder dar debida contestación al requerimiento efectuado, es preciso destacar un aspecto relevante, relativo a la propia condición y naturaleza del "grupo de desescalada" al que se alude en la solicitud de transparencia formulada inicialmente por el ahora reclamante, y es el siguiente: en ningún momento se ha producido la creación o constitución formal de un órgano colegiado o grupo de trabajo, conforme a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Partiendo de este extremo, la Resolución adoptada por este Departamento se ha dictado dando estricto cumplimiento a lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Para la respuesta de la primera de las cuestiones planteadas en la solicitud inicial, dado que la misma afectaba al artículo 15 de dicha norma (protección de datos de carácter personal), la Resolución se ha basado en el Criterio interpretativo 2/2016, de 5 de julio, adoptado conjuntamente por el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno y la Agencia Española de Protección de Datos, que viene a interpretar dicho precepto. En este sentido, debe aclararse que para el trabajo preparatorio de los temas a tratar en el plan de desescalada, el Gobierno recabó aportaciones de expertos de distintas disciplinas y filiaciones profesionales. Así, la vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, junto con su equipo de funcionarios, escuchó atentamente a todo tipo de actores, por distintos cauces. Más específicamente, facilitó la coordinación del análisis de las propuestas para el Plan, basadas en ese proceso de escucha y recepción de aportaciones, así como en la preparación del documento final, tal cual fue presentado al Consejo de Ministros el 28 de abril de 2020. Sin perjuicio de todo ello, y más allá de las consideraciones jurídicas expuestas, hay que señalar que se ha difundido la información relativa a los nombres de las personas que han contribuido en su condición de expertos. A este respecto, las aportaciones de expertos en salud y epidemiología, fueron columna vertebral en este proceso. Adicionalmente, se abrió la escucha a recomendaciones en otras materias clave para la contextualización y la construcción de soluciones, especialmente en materia social, económica e internacional Concretamente, en el referido énfasis en las disciplinas sanitarias, se ha contado con el conocimiento de expertos como: • profesor de Bioestadística y Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard. • del Instituto de Salud Carlos III, investigadora clínica del Sistema Nacional de Salud, doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y especialista en cardiología. • de Servicios Aplicados, Formación e Investigación del Instituto de Salud Carlos III. Doctor en Medicina y Cirugía, licenciado en Historia y experto en probabilidad y estadística médica. • catedrática en Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universitat de Valencia e investigadora del Centro de Investigación en Salud Ocupacional {CISAL) de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. • del Instituto de Salud Global de Barcelona desde 2014 y médico consultor del departamento de Salud Internacional del Hospital Clínic de Barcelona. Complementariamente, la dimensión económica y social fue abordada por: '• ex director de la División de Análisis Económico de la AIREF, donde su desempeño diario giraba en torno a las previsiones macroeconómicas de España y su deuda. Actualmente, es director de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía y Transformación Digital. • profesor de Filosofía del Derecho en la UNED, especializado en desigualdad, filosofía política y economía normativa. • investigador permanente en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos del CSIC y asesor del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. • economista e investigador principal del Real Instituto Elcano y profesor en el Instituto de Empresa. • Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Las aportaciones sobre la dimensión internacional de la gestión fueron coordinadas por Secretario de Estado de España Global, y su equipo, junto con , doctor en Astrofísica y autor del libro "lmpact Science" centrado en el impacto social del trabajo del científico, , director del Gabinete del Secretario de Estado para la Unión Europea, y , Embajador en Misión Especial para la Ciudadanía Española Global. Asimismo, se ha contado con la participación de de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo Plazo de la Presidencia del Gobierno, y su equipo. En, relación co n las dos cuestiones restantes que se incluían en la solicitud inicial, relativas, respectivamente, a los órdenes del día y actas de todas y cada una de las reuniones del grupo, y a los informes elaborados por este; tal y como se indica, no se ha creado ni constituido formalmente ningún grupo por lo que no cabe atender, tal y como a continuación se expone, ninguna de dichas peticiones al no existir tal documentación propia de órganos o grupos formalmente constituidos, y la participación de los expertos ha sido, exclusivamente, a título de colaboración personal. Así, cuando se ha aludido a un "grupo de desescalada" no se estaba haciendo referencia a un conjunto formal organizado de personas, que se reunieran de forma sistemática, y cuya finalidad fuera la de formular informes u otro tipo de documentos. La actuación para la que se ha solicitado su participación u opinión, el proceso de desescalada, por su propia naturaleza, exige una inmediatez en la respuesta que no es compatible con la conformación de un órgano formal, ni su finalidad es la de cubrir o suplir las funciones que ya desempeñan órganos propios de la Administración. Y de la misma manera, por su propia forma de proceder, tampoco se han formulado informes ni documentos definitivos que contengan la voluntad colegiada de un grupo que, como se indica, no se ha conformado como tal, existiendo, únicamente, como ya se han señalado en la Resolución, documentos preparatorios, documentos de trabajo internos y borradores, documentos, todos ellos, tal y como se indica en la Resolución, incluidos dentro del artículo 18.1.b) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, lo que faculta a inadmitir la solicitud relativa a esta clase de documentos, dado su carácter meramente preparatorio y no definitivo que poseen los mismos. No obstante, hay que señalar que la coordinación y elaboración de las reflexiones y aportaciones trasladadas permitieron la elaboración del Plan para la Transición hacia una Nuev a Normalidad, aprobado por Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020, difundido y publicado en la página web del Ministerio de Sanidad: China/planDesescalada.htm 5. El 29 de julio de 2020, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió Audiencia del expediente al reclamante para que, a la vista del mismo, presentase las alegaciones que estimara pertinentes en defensa de su pretensión. El escrito de alegaciones tuvo entrada el 4 de agosto de 2020 y en el mismo se indicaba lo siguiente: De la lectura de las alegaciones remitidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se deduce que se consultó a más de los 15 expertos indicados por el Ministerio. El propio Ministerio señala que “escuchó atentamente a todo tipo de actores, por distintos cauces. Más específicamente, facilitó la coordinación del análisis de las propuestas para el Plan, basadas en ese proceso de escucha y recepción de aportaciones, así como en la preparación del documento final”. Además, se dice que “en el referido énfasis en las disciplinas sanitarias, se ha contado con el conocimiento de expertos como:”, en un lenguaje generalista y dando a entender que han participado más expertos que los señalados. En cuanto a la denegación del acceso a los informes elaborados por el grupo multidisciplinar para la desescalada, Transición Ecológica se acoge a la no formalidad del grupo para denegar el acceso a los mismos, cuando el criterio interpretativo 6/2015 relativo a las informaciones auxiliares o de apoyo señala que “debe tenerse en cuenta que la motivación que exige la Ley 19/2013, para que operen las causas de inadmisión tiene la finalidad de evitar que se deniegue información que tenga relevancia en la tramitación del expediente o en la conformación de la voluntad pública del órgano, es decir, que sea relevante para la rendición de cuenta, el conocimiento de la toma de decisiones, y su aplicación. Éstas en ningún caso tendrán la condición de informaciones de carácter auxiliar o de apoyo”. En este sentido, es indudable que las aportaciones de los expertos del grupo de desescalada ha tenido una importancia especial en la elaboración del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, tal y como admite el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en sus alegaciones, al señalar que existen “únicamente, como ya se han (sic) señalado en la Resolución, documentos preparatorios, documentos de trabajo internos y borradores” y, más tarde, que “la coordinación y elaboración de las reflexiones y aportaciones trasladadas permitieron la elaboración del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad”. Por todo ello, solicito el acceso a las “aportaciones” recibidas por Transición Ecológica y a los “documentos preparatorios, documentos de trabajo internos y borradores”, ya que todos ellos han tenido una especial importancia para “la toma de decisiones, y su aplicación”, tal y como recoge el criterio interpretativo 6/2015. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. Como cuestión de carácter formal que ha afectado a la tramitación de la solicitud de información de la que tiene su origen la presente reclamación, cabe aludir a la suspensión de términos y plazos administrativos establecida en el apartado 1, de la Disposición Adicional Tercera, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; suspensión que ha finalizado mediante el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que señala en relación con los plazos: Artículo 9. Plazos administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas. 4. Por otro lado, en el presente caso, y según se señala en los antecedentes, se solicita información sobre i) los miembros, expertos y participantes (nombre, apellidos y cargo) del grupo multidisciplinar para la desescalada, ii) copia íntegra de los órdenes del día y actas de todas y cada una de las reuniones del grupo y iii) la copia íntegra de todos y cada uno de los informes elaborados por el grupo multidisciplinar para la desescalada, entre el 15 de marzo y el 10 de mayo, ambas fechas inclusive. Por su parte, la Administración deniega inicialmente la información relativa a la identidad de los expertos, alegando que se vulnera el derecho a la protección de sus datos personales, pero, contradictoriamente, en vía de reclamación asegura que esos datos identificativos ya han sido publicados y añade una relación de 15 expertos, con nombres, apellidos y cargos. Es claro, a la vista de los hechos que han tenido lugar y que constan en el expediente, que no se produce vulneración de datos personales de personas de reconocido prestigio profesional cuyas reseñas personales, académicas y profesionales han sido voluntariamente hechas públicas por ellos mismos y que están al alcance de cualquiera que realizase una simple búsqueda en Internet. https://www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692 Tampoco se produce esta vulneración cuando el propio Ministerio aporta esta relación nominativa en sus alegaciones al presente procedimiento, relación que el reclamante considera insuficiente en base a lo que entendemos son meras conjeturas sin apoyo documental alguno y que, por lo tanto, no podrían ser tenidas en cuenta a los efectos de la presente reclamación. Recordemos que, según dispone el artículo 15.2 de la LTAIBG, con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. En consecuencia, y toda vez que los integrantes del “grupo de la desescalada” lo hacían en su condición de expertos y, como recalca el Ministerio, de forma voluntaria, entendemos que la difusión de su identidad se enmarcaría en la previsión contenida en el precepto señalado y, en consecuencia, no resultaría de aplicación el límite de la protección de datos personales invocado inicialmente. Asimismo, y puesto que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no dispone de datos que confirmen que el listado proporcionado no esté completo, no podemos concluir con que el mismo haya de ser ampliado por la Administración. 5. La otra parte de la reclamación se centra en obtener los órdenes del día y las actas de todas y cada una de las reuniones del grupo y todos y cada uno de los informes elaborados por el mismo entre el 15 de marzo y el 10 de mayo de 2020. La Administración sostiene que en virtud de lo previsto en el artículo art. 18.1.b), de la TTAIBG, se procede a su inadmisión, dado que las actuaciones consistieron en labores instrumentales y se manejaron textos preliminares, borradores s in la consideración de final, informes no preceptivos, actuaciones preparatorias, comunicaciones internas ….. Posteriormente, en vía de reclamación, mantiene que por la propia forma de proceder del grupo, tampoco se han formulado informes ni documentos definitivos que contengan la voluntad colegiada de un grupo que no se ha conformado como tal, existiendo, únicamente, documentos preparatorios, documentos de trabajo internos y borradores. Asimismo, reconoce que la coordinación y elaboración de las reflexiones y aportaciones trasladadas permitieron la elaboración del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, aprobado por Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020. En base a estos razonamientos, el reclamante pretende, en fase de audiencia, que se le facilite el acceso a las “aportaciones” recibidas por Transición Ecológica y a los “documentos preparatorios, documentos de trabajo internos y borradores”, documentos que no habían sido solicitados inicialmente. Esta pretensión no puede prosperar por dos razones fundamentales: a) Como ha sostenido en múltiples ocasiones este Consejo de Transparencia (por ejemplo, las resoluciones R/0202/2017 , R/0270/2018 y R/0319/2019 ) no es permisible cambiar los términos de la solicitud en vía de Reclamación, dado que se podría perjudicar el principio de la seguridad jurídica, consagrado en el artículo 9.3 de nuestra Constitución , en virtud del cual debe existir la certeza de que una determinada situación jurídica previa no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente publicados. La Sentencia del Tribunal Constitucional, de 7 de abril de 2005 , que define este principio, señala que la seguridad jurídica ha de entenderse como la certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados procurando la claridad y no la confusión normativa y como la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho. Estos razonamientos son perfectamente aplicables al caso que nos ocupa, ya que el reclamante cambia el contenido de lo inicialmente solicitado en vía de reclamación. b) Asimismo, el Ministerio afirma que se trata de documentos preparatorios y borradores sin la consideración de finales, a pesar de lo cual el reclamante - aun reconociendo que se trata de meras aportaciones que, careciendo de cualquier formalidad como deriva de la naturaleza del grupo de trabajo, han sido presentadas por los intervinientes - entiende que debe conocerlos ya que las aportaciones de los expertos del grupo de desescalada ha tenido una importancia especial en la elaboración del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad. Así, no compartimos la apreciación del reclamante en el sentido de que la Administración se acoge a la no formalidad del grupo para denegar el acceso a los mismos, sino que, antes al contrario, dicha no formalidad es utilizada como argumento para señalar la propia inexistencia de la documentación solicitada. https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2017.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2018.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/eu/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2019/08.html Precisamente por ello, no podemos entender que pueda confirmarse la existencia de aportaciones concretas, más allá de ideas o pensamientos expuestas en conjunto o individualmente, escritas o verbales, cuya incidencia directa en la adopción de decisiones públicas- plasmadas en el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad- entendemos no puede ser establecida claramente. Por lo expuesto, debe desestimarse este apartado de la reclamación. 6. En definitiva, en casos como éste, en que parte de la información se ha proporcionado fuera del plazo concedido al efecto por el artículo 20.1 de la LTAIBG y una vez que se ha presentado reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, hemos venido entendiendo que debe reconocerse, por un lado, el derecho del interesado a obtener esa parte de la información solicitada y por otro, tener en cuenta el hecho de que esa información se le ha proporcionado si bien, como decimos, en vía de reclamación. Por lo tanto, la presente reclamación debe ser estimada pero únicamente por motivos o defectos formales, dado que parte de la información se ha entregado por la Administración una vez transcurrido el plazo legal de un mes y como consecuencia de la presentación de la reclamación ante este Consejo de Transparencia, sin que sea preciso realizar ulteriores trámites. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por , con entrada el 20 de julio de 2020, contra la resolución del MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO, de fecha 1 de julio de 2020, sin más trámites. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda