Acceso al número de diligencias de clasificación para grado Difusión Limitada o Confidencial

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 398/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, y al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 11 de mayo de 2020, la siguiente información: Número de Diligencias o Directivas de clasificación para grado DIFUSIÓN LIMITADA (DL) o CONFIDENCIAL (C) tramitadas mensualmente desde el 1 de enero de 2020 hasta la actualidad, ambas fechas inclusive, desglosadas por las autoridades con facultad para clasificar en el ámbito del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. S/REF: 001-043012 N/REF: R/0398/2020; 100-003889 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio de Asuntos Económicos y Transformación Digital Información solicitada: Diligencias de clasificación para grado Difusión Limitada o Confidencial Subdirección General de Reclamaciones 2. Mediante resolución de 30 de junio de 2020, el MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL contestó al solicitante lo siguiente: Una vez examinada la pregunta, esta Subsecretaría resuelve conceder el acceso a la información solicitada. La política de seguridad vigente en este Ministerio se encuentra publicada en la Intranet: https://intranet.redinterna.age/stfls/intranet/tecnologia/segur idad/ficheros/politicasegurid ad MINECO.pdf Así mismo, remitimos a esta web del C.N.I. : https://www.cni.es/es/ons/que es la informacion clasificada/ Y más concretamente a esta otra en la que se recoge la normativa aplicable: https://www.cni.es/es/ons/Legislacion/legislacion nacional/. 3. Ante esta contestación, con fecha 20 de julio de 2020, el solicitante presentó al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con el siguiente contenido: El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital no ha contestado a mi solicitud de información: he solicitado el número de diligencias o directivas de clasificación para grado DIFUSIÓN LIMITADA (DL) o CONFIDENCIAL (C) tramitadas desde el 1 de enero de 2020 y me ha contestado con una serie de documentos. Además, cabe señalar que el primer documento está alojado en la intranet de la AGE a la que, lógicamente, no tengo acceso. En tal caso, debería haberme sido proporcionado este documento en formato PDF como anexo a mi solicitud. Por todo ello, INSTO al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a que estime esta reclamación y me dé acceso a la información solicitada en la solicitud de información con expediente Gesat 001-043012. OTROSÍ SOLICITO que inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno me dé traslado de los documentos incorporados al expediente, incluyendo las alegaciones del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y se me otorgue trámite de audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.1 de la Ley 39/2015. 4. Con fecha 22 de julio de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. Mediante escrito de entrada 20 de agosto de 2020, el citado Departamento Ministerial realizó las siguientes alegaciones: A la vista de lo expuesto, se formula la siguiente: ALEGACIÓN Se adjunta, en documento Pdf, el contenido de los documentos publicados en la intranet del Ministerio mencionada a continuación, tal y como solicita el reclamante: https://intranet.redinterna.age/stfls/intranet/tecnologia/segur idad/ficheros/politicasegurid adMINECO.pdf. 5. El 25 de agosto de 2020, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , se concedió Audiencia del expediente al reclamante para que, a la vista del mismo, presentase las alegaciones que estimara pertinentes en defensa de su pretensión. Mediante escrito de entrada el 1 de septiembre de 2020, el reclamante realizó las siguientes alegaciones: Teniendo en cuenta que el MINECO ha aportado el documento solicitado en el punto 3, doy por satisfecho este punto de mi reclamación. Sin embargo, mantengo la reclamación relativa al número de directivas de clasificación al no haber sido incluida en el trámite de alegaciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como " los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. Como cuestión previa de carácter formal que ha afectado a la tramitación de la solicitud de la que trae causa la presente reclamación, en primer lugar, cabe aludir a la suspensión de términos y plazos administrativos establecida en el apartado 1, de la Disposición Adicional Tercera, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; suspensión que ha finalizado mediante el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que señala en relación con los plazos: Artículo 9. Plazos administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas. En este sentido, teniendo en cuenta la fecha de presentación de la solicitud de información, la de reactivación de los plazos tras la suspensión decretada y la fecha de la resolución recurrida, podemos concluir que la misma ha sido dictada en el plazo legalmente establecido para ello. 4. En cuanto al fondo del asunto, cabe señalar en primer lugar que el Ministerio en su resolución sobre el derecho de acceso resuelve conceder el acceso a la información solicitada que, recordemos, se concretaba en el Número de Diligencias o Directivas de clasificación para grado DIFUSIÓN LIMITADA (DL) o CONFIDENCIAL (C) tramitadas mensualmente desde el 1 de https://www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692 enero de 2020 hasta la actualidad, ambas fechas inclusive, desglosadas por las autoridades con facultad para clasificar. En segundo lugar, cabe señalar que en su resolución la Administración, facilita (i) un enlace a la intranet del Ministerio, al que, al igual que el solicitante, tampoco hemos podido acceder, (ii) un enlace a la página web del CNI en el que se puede ver una explicación sobre ¿Qué es la información clasificada? y (iii) un enlace en el que figura la legislación nacional aplicable, las Normas de Autoridad y una Guía rápida para el manejo de la info rmación clasificada. Por otro lado, y ya en vía de alegaciones, facilita el documento al que se remitió inicialmente pero que estaba alojado en una intranet no accesible al solicitante: “Política de seguridad del MINECO. Plan de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad”. No obstante, a pesar de la documentación y los enlaces suministrados, en ninguno de ellos figuran los datos estadísticos solicitados. Por lo tanto, a diferencia de lo que se indica expresamente en la solicitud y conforme reclama el solicitante, no se le facilita al interesado el Número de Diligencias o Directivas de clasificación para grado DIFUSIÓN LIMITADA (DL) o CONFIDENCIAL (C). A este respecto, ha de recordarse lo ya razonado en otros expedientes previamente tramitados por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, por ejemplo, el R/0473/2018 , en el que se señalaba lo siguiente 3. En cuanto al fondo de la cuestión planteada, consta en el expediente que la Administración ha facilitado al Reclamante, en vía de Reclamación, una ampliación de la información solicitada, relativa a los gastos por parte del Gobierno en hoteles, dietas y viajes desde el 2015. Este hecho impide por lo tanto entender que la resolución inicial era de concesión de la información. En este sentido, y tal y como ha puesto de manifiesto este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en reiteradas ocasiones(a título de ejemplo, en la R/0257/2018), las resoluciones de concesión sólo lo son si, efectivamente y en todos sus términos, proporcionan la información solicitada por el interesado. Si la información es tan sólo parcial, bien porque parte de la misma se ha omitido a pesar de que el interesado era claro en su solicitud- como parece ser el caso que nos ocupa - o porque la https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE.html Administración considera de aplicación parcial una causa de inadmisión o límite al acceso- identificando esta circunstancia claramente- no podemos afirmar que nos encontramos ante un supuesto de concesión de la información. 5. Por otra parte, se considera necesario aclarar que, según informa el Centro Criptológico Nacional, con carácter general Información Clasificada es cualquier información o material respecto de la cual se decida que requiere protección contra su divulgación no autorizada y a la que se ha asignado, con las formalidades y requisitos previstos en la legislación, una clasificación de seguridad. Por Clasificación se entiende el acto formal por el cual la Autoridad de Clasificación asigna a una información un grado de clasificación, en atención al riesgo que supone su revelación no autorizada para la seguridad y defensa del Estado o sus intereses, y con la finalidad de protegerla. Según la normativa europea, de aplicación en España, la Información Clasificada puede poseer uno de los siguientes cuatro grados: SECRETO, RESERVADO, CONFIDENCIAL y DIFUSIÓN LIMITADA. La Autoridad de Clasificación es el órgano superior con potestad para proceder a la clasificación de la Información Clasificada de origen nacional. Cuando se trata de CONFIDENCIAL y DIFUSIÓN LIMITADA: Los Ministros, Secretarios de Estado y Subsecretarios, en sus respectivos Departamentos - en el ámbito de su competencia-; Jefe del Estado Mayor de la Defensa; Jefe del Estado Mayor del Ejército; Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada; y Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire. 6. Dicho esto, recordemos que la LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, y su objetivo es someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones que afectan a los ciudadanos, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones. En este sentido, el Preámbulo de la LTAIBG, señala que La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. Por otro lado, el artículo 13 de la LTAIBG dispone expresamente que el objeto de una solicitud de acceso puede ser información que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Es decir, el hecho determinante para que una información pueda ser solicitada es que la misma se encuentre disponible para el organismo o entidad al que la solicitud haya sido dirigida debido a que la haya generado o la haya obtenido en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, es importante recordar la Sentencia 15/2018, de 14 de febrero de 2018, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 1 en el PO 33/2017 en el siguiente sentido: (…) no pudiéndose obviar que la información guarda relación con los recursos públicos, de forma que lo solicitado entra dentro del ámbito de aplicación de la ley y se trata de información que ya existe, es decir que no precisa ser reelaborada para proporcionar el acceso sin perjuicio de que pueda no existir un repositorio común a todos los órganos de contratación del grupo Fomento, aspecto que, como se ha expuesto, no guardaría relación con la causa de inadmisión, de forma que, a lo sumo, lo requerido supondría una labor de recopilación de datos con el alcance de agregar, tratar o adicionar los mismos pero sin que requiera una labor de elaboración o creación ad hoc a modo de informe, debiéndose reiterar que no cabe aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado o desproporcionado del derecho de acceso a la información que exista y esté disponible mediante una sola labor de agregación, siempre que se trate de información pública cuyo concepto se contiene en el art. 13 de la Ley. Estamos, en definitiva, ante un derecho que se ha considerado por los Tribunales de Justicia, a título de ejemplo se señala la Sentencia nº 46/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid, dictada en el PO 38/2016 como (…): " un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal, debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos; es un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además las Administraciones Públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos por lo que toda la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía. Pueden distinguirse dos aspectos en cuanto al derecho al acceso a la información: Transparencia proactiva, como aquella obligación de los organismos públicos de publicar y dar a conocer la información sobre sus https://www consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/recursos jurisprudencia/Recursos AGE/2017/53 MFomento 5.html https://www consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/recursos jurisprudencia/Recursos AGE/2016/16 particular 7 tributos.html actividades, presupuestos y políticas y la Transparencia reactiva: Es el derecho de los ciudadanos de solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de información de y el derecho a recibir una respuesta documentada y satisfactoria". "Las diferentes y numerosas menciones a este derecho coinciden en resaltar la creciente importancia que está cobrando, ya que el mismo supone una herramienta indispensable para adquirir aquellos conocimientos que permiten controlar la actuación de los gobiernos y prevenir y luchar contra la corrupción así como contrarrestar la violación de derechos. De estos preceptos se desprende que el derecho de acceso a la información debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia." 7. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe señalar que, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la información facilitada obra en poder de la Administración, dado que ha sido adquirida en el ejercicio de sus funciones, recordemos que se pregunta por el número de diligencias o directivas de clasificación para el grado de Difusión Limitada y Confidencial, en cuyos supuestos, como hemos indicado en el apartado anterior la autoridad de clasificación son, entre otros, los Ministros, Secretarios de Estado y Subsecretarios, en sus respectivos Departamentos, en el ámbito de sus competencias. A ello cabe añadir que la Administración no ha alegado que en el período solicitado no haya procedido a la clasificación de Información, y por ende, que no disponga de la información solicitada. Asimismo, cabe señalar que a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno facilitar el Número de Diligencias o Directivas de clasificación para grado DIFUSIÓN LIMITADA (DL) o CONFIDENCIAL, entendiendo que se trata de datos meramente estadísticos y que no afectaría a las circunstancias que motivaron dicha clasificación o la naturaleza de la información que supuso que fuera clasificada, se encuentra dentro de la ratio iuris de la LTAIBG, dado que permitiría someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, contribuiría a conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones. Estamos por lo tanto ante una cuestión tan trascendental como saber el número de ocasiones en que se ha clasificado información y, en consecuencia, se ha limitado su conocimiento. Y ello por cuanto entendemos que la citada clasificación es una medida extraordinaria que se tiene que acordar exclusivamente con la finalidad de proteger la seguridad y defensa del Estado o sus intereses, y cuya consecuencia, al limitar la difusión de la información, sería lo contrario a la finalidad de la LTAIBG. 8. Por último, cabe señalar que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no considera sea de aplicación ninguna causa de inadmisión ni límite de los previstos en la LTAIBG, que, por otra parte, no han sido alegados por la Administración. Unos límites o restricciones al acceso que, teniendo en cuenta que lo solicitado son datos meramente estadísticos, no podemos considerar de aplicación. Al respecto, hay que recordar la Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2017, dictada en el Recurso de Casación nº 75/2017, razona que "Cualquier pronunciamiento sobre las “causas de inadmisión” que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, (…) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013." (...) "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. Por lo tanto, y en base a los argumentos y razonamientos expuestos, debemos concluir con la estimación de la presente reclamación. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por, , con entrada el 20 julio de 2020, contra la resolución de 30 de junio de 2020 del MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la siguiente información: -Número de Diligencias o Directivas de clasificación para grado DIFUSIÓN LIMITADA (DL) o CONFIDENCIAL (C) tramitadas mensualmente desde el 1 de enero de 2020 hasta la actualidad, ambas fechas inclusive, desglosadas por las autoridades con facultad para clasificar en el ámbito del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda