Reclamación por silencio administrativo sobre solicitud de información ambiental del río Amadorio en Villajoyosa

Consejo de Transp3rencla y 8ue1\ Gobierno PRESIDENCIA ESOLUCIÓN S/REF: NIREF: R/0392n018 (100-001086) FECHA: 19 de julio de 2018 ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia , acceso a la información pública y buen gobierno En respuesta a la Reclamación presentada por - con entrada el 05 de julio de 2018, el ran"'"'""""'"'"' Gobierno, considerando los antecedentes y fundamentos jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: 11. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 13 de mayo de 201 • - solicitó a la CONFEDERAC ION HIDROGRA FICA ISTERIO PARA LA TRANS ICIÓN ECOLÓG ICA, al amparo de la al amparo de la Ley 27/2006, de 18 de julio, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente la siguiente información ambiental con respecto al río Amado rio, correspondiente a la zona del río Amadorio a su paso por Villajoyosa. El estado del agua, de /os paisajes y de la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente, y la interacción entre estos elementos, correspondiente a la zona del río Amadorio a su paso por Villajoyosa, cuya competencia sea de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Si hay concedida autorización para realizar vertidos en la zona del río Amador io a su paso por Villajoyosa, cuya competencia sea de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Las medidas administrativas destinadas a proteger el medioambiente correspondiente a la zona del río Amadorio a su paso por Villajoyosa, cuya competencia sea de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Las medidas políticas destinadas a proteger el medioambiente correspondiente a la zona del río Amadorio a su paso por Villajoyosa, cuya competencia sea de la Confederac ión Hidrográfica del Júcar. -El programa destinado a proteger el medioambiente correspondiente a la zona del río Amadorio a su paso por Villajoyosa, cuya competencia sea de la Confederación Hidrográfica del Júcar. -Los acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a) y b), así como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos.), del artículo 2.3 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), correspondiente a la zona del río Amadorio a su paso por Villajoyosa, cuya competencia sea de la Confederación Hidrográfica del Júcar. -Actividades o las medidas destinadas a proteger el medioambiente correspondiente a la zona del río Amadorio a su paso por Villajoyosa, cuya competencia sea de la Confederación Hidrográfica del Júcar. -El plan o planes destinados a proteger el medioambiente correspondiente a la zona del río Amadorio a su paso por Villajoyosa, cuya competencia sea de la -Los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental, -Los análisis de relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter económico utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades citadas en la letra c) del artículo 2.3 de la Ley 27/2006, de 18 e julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), correspondiente a la zona del río Amadorio a su paso por Villajoyosa, cuya competencia sea de la -Que se me reconozca la condición de interesado con respecto al procedimiento administrativo, en base al artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y por tanto se me reconozca y tutele los derechos de los interesados conforme al artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. -De forma expresa y haciendo uso de los derechos que me asisten a los que tenemos condición de interesado, conforme a los artículos 4 y 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, solicito en este acto: -Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramite este procedimiento. -El sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo. -Se me notifique: Los actos de trámites dictados. Copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos. -Reconocimiento del derecho a formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. -Solicito poder participar en el trámite de audiencia conforme al artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 2. El 13 de junio de 2018, el solicitante presenta nuevo escrito de ampliación de la solicitud precedente en los siguientes términos: -El estado de la tramitación del procedimiento -El sentido del silencio administrativo con este procedimiento, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo. -Conocer cuál es el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. -Conocer la identidad de las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramite este procedimiento. No consta respuesta de la Administración. 3. Con fecha 5 de julio de 2018, tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, una Reclamación de . Al amparo del art. 24 de la LTAIBG, en la que indicaba lo siguiente: -Formulo reclamación ante este órgano administrativo conforme a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. -He solicitado una petición de información a la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR, conforme a la siguiente normativa: Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) -Que se ha solicitado información del RIO AMADORIO a su paso por la localidad de VILLAJOYOSA (ALICANTE) -A transcurrido más de un mes desde que he presentado la solicitud y no me han contestado, habiendo expirado su plazo legal para ser notificado. -Formulo reclamación ante este órgano administrativo ya que entiendo que independientemente de haberla fundamentado la petición de información en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), entiendo que me tiene que dar también al amparo del artículo 105 de la Constitución Española y de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, ya que esta última ley dice que las peticiones de información no tienen por qué estar motivadas y por tanto tampoco el hecho de no nombrar la normativa vigente no debe ser un impedimento para el acceso a información que debe ser pública ya que entiendo que no entra de las causas de denegación de acceso a la información y aún así en su caso se me debería de haber notificado y motivado su denegatoria. -He presentado las siguientes instancias en el registro electrónico común 1º Número de registro 18015959327 entrada 13/05/2018 02:58:32; 2º Número de registro 18017599819 entrada 13/06/2018 17:32:37. -La segunda instancia la he presentado para subsanar un error y la tercera para solicitar expresamente los derechos que tengo como interesado según el artículo 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo. -Solicito se admita a trámite esta reclamación. Se analice y se resuelva si procede se inste a la Confederación Hidrográfica del Júcar a que me faciliten toda la información solicitada. -Si se deduce que se hubiera incurrido en una posible infracción a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se proceda a realizar el trámite administrativo oportuno para comunicar los hechos al órgano administrativo que tenga la competencia sancionadora para que en su caso se inicie de oficio la apertura del expediente sancionador. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12, regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. Respecto al fondo de la cuestión debatida, lo solicitado es Información Ambiental de diferentes aspectos, respecto al estado del río Amadorio, correspondiente a su paso por Villajoyosa. A este respecto, debe analizarse la relación de la mencionada norma con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, marco normativo por el que se rige el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el ejercicio de las competencias atribuidas por el mismo texto legal. Así, debe señalarse que, según lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición Adicional Primera de la LTAIBG, se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información.Y continúa indicando en el apartado 3 lo siguiente: En este sentido, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización. Es decir, la LTAIBG reconoce expresamente su carácter supletorio respecto de las materias amparadas por la regulación específica de aplicación al acceso a la información ambiental. 4. Asimismo, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente define la información ambiental, en su artículo 2.3, como toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma que verse sobre las siguientes cuestiones: a. El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente; y la interacción entre estos elementos b. Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la letra a. c. Las medidas, incluidas las medidas administrativas, como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a y b, así como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos. d. Los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental. e. Los análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter económico utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades citadas en la letra c, y f. f. El estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso, la contaminación de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio histórico, cultural y artístico y construcciones, cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a o, a través de esos elementos, por cualquiera de los extremos citados en las letras b y c”. De la amplitud del concepto de información ambiental contenido en la Ley 27/2006, y en las Directivas Europeas 2003/4/CE y 2003/35/CE, de las que dicha Ley trae causa, dan buena cuenta diversas Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante TJCE) como la STJCE de 17 de junio de 1998 (asunto 321/96, Mecklenburg), cuando el Tribunal afirmó: «debe recordarse que en el concepto de ‘información sobre medio ambiente’ la letra a) del art. 2 de la Directiva engloba cualquier información relativa al estado de los distintos elementos del medio ambiente que allí se mencionan, así como las actividades o medidas que puedan afectar o proteger el estado de dichos elementos, ‘incluidas las medidas administrativas y los programas de gestión del medio ambiente’. Del tenor literal de esta disposición se deriva que el legislador comunitario pretendió dar a dicho concepto un sentido amplio que abarcara tanto los datos como las actividades referentes al estado de dichos elementos». Pero tal pronunciamiento del Tribunal no quedó ahí, ya que fue cuestionado acerca de si la letra a) del art. 2 de la Directiva debía ser interpretada en el sentido de si debía ser aplicada a un Informe emitido por una autoridad competente en materia de ordenación paisajística, en el marco de su participación en un procedimiento de aprobación de un plan de construcción. A este respecto, el TJCE afirmó: «De la utilización que se hace en la letra a) del art. 2 de la Directiva del término ‘incluidas’ resulta que el concepto de ‘medidas administrativas’ no es más que un ejemplo de las ‘actividades’ o de las ‘medidas’ a las que se refiere la Directiva (...), el legislador comunitario se abstuvo de dar al concepto de ‘información sobre medio ambiente’ una definición que pudiera excluir alguna de las actividades que desarrolla la autoridad pública, sirviendo el término ‘medidas’ tan sólo para precisar que entre los actos contemplados por la Directiva deben incluirse todas las formas de ejercicio de actividad administrativa». De este modo, el Tribunal mantuvo que «para ser una ‘información sobre medio ambiente’ a efectos de la Directiva bastaba que un informe de la Administración, como el controvertido en el asunto principal, constituyese un acto que pudiese afectar o proteger el estado de alguno de los sectores del medio ambiente a los que se refería la Directiva. Tal es el caso si, como señala el órgano jurisdiccional remitente, dicho informe, en lo que atañe a los intereses de la protección del medio ambiente, puede influir en la decisión de aprobación de un plan de construcción». Por lo tanto, y atendiendo al objeto de la solicitud, debe concluirse que la misma debe ser tramitada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 27/2006 antes indicada, incluyendo la aplicación de las vías de recurso previstas en dicha norma. En concreto, se recuerda que el art. 20 de dicha norma dispone que El público que considere que un acto o, en su caso, una omisión imputable a una autoridad pública ha vulnerado los derechos que le reconoce esta Ley en materia de información y participación pública podrá interponer los recursos administrativos regulados en el Título VII de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás normativa aplicable y, en su caso, el recurso contencioso- administrativo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Por todos los argumentos anteriores, se considera que debe inadmitirse la Reclamación presentada en aplicación de la Disposición Adicional Primera, apartado 3, de la LTAIBG, puesto que su objeto de competencia es la legislación específica de acceso a la información en materia medioambiental, no siendo competente este Consejo de Transparencia para entrar a conocer sobre la misma. Es decir, tanto la solicitud como los medios de impugnación frente a la respuesta que se proporcione deben regirse por lo dispuesto en la reiteradamente mencionada Ley 27/2006. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede INADMITIR a trámitela Reclamación presentada por , con entrada el 05 de julio de 2018, contra el Silencio Administrativo de la CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR adscrita al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda