Solicitud de información sobre protocolos de adaptación de legislación nacional ante sentencias del TJUE y resultado estimatorio por motivos formales

3. El 30 de agosto de 2017, este Consejo de Transparencia remitió el expediente al MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN, para que pudiera realizar alegaciones que se considerasen oportunas. Dichas alegaciones tuvieron entrada el 2 de octubre de 2017 y en ellas se indicaba quecon fecha 2de octubre de 2017, se ha procedido a contestar la solicitud.Se adjunta resolución de este Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. La citada resolución tiene el siguiente contenido: Analizada la solicitud y consultada la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos, la Subsecretaría resuelve conceder el acceso a la información solicitada. No existe ningún procedimiento o protocolo a tal efecto y los cambios en la legislación se realizan caso por caso, en cada Ministerio en el que recaiga la competencia. 4. El 4 de octubre de 2017, se procedió a dar trámite de audiencia del expediente a en aplicación de lo dispuesto en el art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicaspara que formulara alegacionesante la respuesta proporcionada por la Administración. Transcurrido el plazo concedido al efecto, el interesado no ha presentado alegaciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12, regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, debe hacerse una consideración de carácter formal que afecta al plazo de que dispone la Administración para contestar a una solicitud de acceso a la información. El artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. En el presente caso, la Administración no ha contestado al solicitante dentro de ese plazo, por lo que ha incumplido con lo dispuesto en la norma. Por ello, se recuerda la obligación de respetar los plazos legales para hacer efectivo el derecho constitucional de acceso a la información pública, en los términos fijados por la LTAIBG, que establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta, y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. 4. En casos como el presente, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno entiende que la Reclamación debe ser estimada por motivos formales, dado que la Administración ha dado la información transcurrido el plazo legal de un mes para contestar, informando que no dispone de ningún protocolo de adaptación que seguir ante una Sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que implique cambios en la legislación nacional, sin que el Reclamante haya formulado objeción alguna en cuanto a sus contenidos, a pesar de haber tenido oportunidad de hacerlo durante la fase de audiencia del expediente, sin que deban hacerse posteriores actuaciones. Por ello, y como se ha considerado en ocasiones precedentes, debe por un lado reconocerse el derecho del solicitante a acceder a la información solicitada y, por otro, destacar que la respuesta se ha producido fuera del plazo legalmente previsto para ello, lo que implica que la presente reclamación debe estimarse por motivos formales. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la Reclamación presentada por , con entrada el 16 de agosto de 2017, contra el MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN, sin ulteriores trámites. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO POR SUPLENCIA (RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2017) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo.: Francisco Javier Amorós Dorda