Solicitud de documento de la Junta de Andalucía sobre listas negras de violencia de género exhibido por el Presidente del Gobierno

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Resolución 378/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y con fecha 25 de abril de 2019, la siguiente información: Solicito copia literal de Documento de la Junta de Andalucía, exhibido por el Sr. Presidente del Gobierno en el debate televisado por Antena 3, con fecha 23 de Abril de 2018, relativo a las listas negras elaboradas por la Junta de Andalucía en materia de trabajadores encargados de los asuntos de Violencia de Género. 2. Con fecha 30 de mayo de 2019, tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno escrito de reclamación por haber transcurrido el tiempo máximo para dictar resolución sin haber recibido respuesta. En su escrito de reclamación, aportaba enlace al video al que se refería en su solicitud. S/REF: 001-034303 N/REF: R/0378/2019; 100-002579 Fecha: 22 de agosto de 2019 Dirección: Admin istración/Organismo: Secretaría General de la Presidencia del Gobierno Información solicitada: Documento sobre t rabajadores en materia de violencia de género en Andalucía Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones 3. El 31 de junio, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO, a través de la Unidad de Información de Transparencia competente, al objeto de que se pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. Tras la reiteración de la petición el 8 de julio, el escrito de alegaciones tuvo entrada el 17 de julio e indicaba lo siguiente: (…)Examinada la reclamación presentada se informa lo siguiente: 1. Con fecha 25 de abril de 2019 tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de la Presidencia-Presidencia del Gobierno, solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicitud que quedó registrada con el número 001- 034303. 2. Con fecha 13 de mayo de 2019, dicha solicitud se recibió en la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, fecha a partir de la cual empezó a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, para su resolución. (…) 4. Con fecha 15 de julio de 2019 y en cumplimiento de las prescripciones de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, desde la Vicesecretaría General de la Presidencia del Gobierno se dictó resolución a la información solicitada contestando que: El artículo 18.1.d) señala que “se inadmitirán a trámite las solicitudes dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información”. A su vez, el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, determina que “se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquier que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. En primer lugar, conviene señalar que ese documento que se solicita no ha sido elaborado en el ejercicio de las funciones públicas de ningún órgano de la Presidencia del Gobierno. Por tanto, no obra en poder de esta Vicesecretaría General de la Presidencia del Gobierno. No obstante, la información sobre el documento solicitado ha sido difundida por diversos medios de comunicación. 5. Se acompaña copia de la solicitud y de la resolución a las que se han hecho mención en los párrafos anteriores (documento número 1y 2). 6. Con fecha 30 de mayo de 2019, el , presenta reclamación ante el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno, señalando básicamente “no haber recibido respuesta”. 7. Ante las alegaciones vertidas por el reclamante, y teniendo en cuenta que: a. Si bien el expediente original tuvo entrada el 25 de abril, la Vicesecretaría General de la Presidencia del Gobierno no lo recibió hasta el 13 de mayo. b. Que se ha emitido resolución finalizadora a dicha solicitud, trasladada y puesta a disposición del interesado con fecha 15 de julio de 2019. c. Que la reclamación formulada por el se presenta con anterioridad a la finalización del dicho plazo resultando por lo tanto extemporánea. Se considera que “no ha existido vulneración alguna del derecho de acceso a la información” y se solicita se resuelva de forma desestimatoria la reclamación formulada por ante ese Consejo de Transparencia y Buen Gobierno”. 4. Con fecha 17 de julio el reclamante aportó en su expediente de reclamación en la sede electrónica del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno documento en el que señalaba lo siguiente: Con fecha 16/07/2019 he recibido resolución (extemporánea) expresa de denegación de acceso a la información solicitada (adjunto copia) y que motiva esta reclamación. Se motiva la denegación de acceso en que la información solicitada no ha sido elaborada por el órgano al que se dirige la solicitud y por tanto no obra en poder del mismo. Por mi parte argumentar que: - todos pudimos ver en televisión que la documentación solicitada sí estaba en poder de Sr. Presidente del Gobierno. - En cualquier caso, no indica en su resolución el Órgano competente para conocer mi petición de acceso. - Y también habrían obviado su obligación de dirigir directamente mi solicitud al órgano que ha elaborado la información para que resuelva. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como " los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, es necesario hacer una mención especial a los plazos establecidos en la LTAIBG para contestar a las solicitudes de acceso a la información. A este respecto, debe indicarse que el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. El apartado 4 del mismo precepto se pronuncia en los siguientes términos: Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. Asimismo, ha de recordarse que el art. 21 de la LTAIBG propia LTAIBG crea las denominadas Unidades de Información, como unidades especializadas, con las siguientes funciones: a) Recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo II del título I de esta Ley. b) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información. c) Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada. d) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información. e) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información. f) Asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la información cuyo acceso se solicita con más frecuencia. g) Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de información que obre en poder del órgano. h) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las disposiciones de esta Ley. Según lo indicado en el propio Preámbulo de la norma, con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta, y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, con vistas a facilitar el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. Teniendo en cuenta lo indicado previamente, podemos concluir que, en el caso que nos ocupa, la solicitud de información fue dirigida expresamente al Departamento competente, en la misma se invoca con claridad la Ley 19/2013 y se han utilizado los medios electrónicos puestos a disposición de los ciudadanos para presentar solicitudes de información, esto es, el Portal de la Transparencia. Estas circunstancias hacen a nuestro juicio, más injustificado el retraso en proporcionar una respuesta al solicitante y el hecho de que la misma se haya producido una vez que la presente reclamación ha sido presentada. Así, consta en el expediente que, a pesar de que la solicitud de información fue presentada el 25 de abril, la misma no fue dirigida al órgano competente para su resolución sino hasta el 13 de mayo. Una dilación excesiva que resulta contradictoria con la agilidad del procedimiento a la que hace mención la LTAIBG en su Preámbulo tal y como hemos señalado. Por otro lado, ha de recordarse que el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas establece que: En todo caso, las Administraciones Públicas informarán a los interesados del plazo máximo establecido para la resolución de los procedimientos y para la notificación de los actos que les pongan término, así como de los efectos que pueda producir el silencio administrativo. Dicha mención se incluirá en la notificación o publicación del acuerdo de iniciación de oficio, o en la comunicación que se dirigirá al efecto al interesado dentro de los diez días siguientes a la recepción de la solicitud iniciadora del procedimiento en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación. En este último caso, la comunicación indicará además la fecha en que la solicitud ha sido recibida por el órgano competente. Por lo tanto, teniendo en cuenta el retraso en la remisión de la solicitud de información al órgano competente para tramitarla y la ausencia de notificación al interesado de la fecha en la que se produjo dicha remisión, al objeto de poder realizar el cómputo máximo para la resolución de la solicitud, podemos concluir que, a la fecha de la reclamación, el solicitante entendió razonablemente que su solicitud había sido desestimada por aplicación del art. 20.4 de la LTAIBG. 4. Sentado lo anterior, según ha quedado indicado en los antecedentes, a pesar de que la entrada de la solicitud en el órgano competente para resolver se produjo el 13 de mayo, la resolución por la que se da respuesta a la misma se produce el 15 de julio, dos meses después de dicha fecha, una vez presentada reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y que la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO tuviera conocimiento de la misma por la comunicación realizada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con fechas 31 de mayo y 8 de julio. Como conclusión, podemos entender que la tramitación dada a la solicitud de la que trae causa el presente expediente no se corresponde con el ejercicio de un derecho que, según lo indicado por los Tribunales de Justicia, entre otras, por la Sentencia nº 85/2016, de 14 de junio de 2016, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid en el PO 43/2015, se “configura de forma amplia y(..) solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos”. Especialmente relevante resulta la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2017 dictada en el Recurso de Casación nº 75/2017 que señala lo siguiente: "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. Por ello, y como el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha indicado reiteradamente, ha de tenerse en cuenta que nos encontramos ante un derecho de anclaje constitucional que debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia (Sentencia nº 46/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Madrid, dictada en el PO38/2016) y cuya protección y garantía, por lo tanto, ha de tener en cuenta esta naturaleza. 5. Entrando en el fondo del asunto, la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO alega que no dispone de la información solicitada y, en consecuencia, aplica la causa de inadmisión prevista en el art. 18. 1 d), según la cual 1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. (…) 2. En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra d) del apartado anterior, el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que, a su juicio, es competente para conocer de la solicitud. Como se ha razonado con anterioridad por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la causa de inadmisión analizada tiene por objeto poner de manifiesto una circunstancia - información solicitada al órgano que no dispone de ella al no ser competente; entendiendo así la referencia al desconocimiento del competente al que se refiere el art. 18.1 d)- que, en principio, no se daría en su totalidad en el presente supuesto por cuanto, al tratarse de información utilizada por el Presidente del Gobierno en un debate televisivo, razonablemente estaría disponible para la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. A este respecto, ha de recordarse que el art. 13 vincula el objeto de una solicitud de información a i) la existencia de lo solicitado y a ii) que obre en poder del órgano que responde la solicitud. Y ello, con independencia de que la información haya sido elaborada por dicho órgano o que la haya adquirido en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, y toda vez que las solicitudes de información están vinculadas a la existencia de lo solicitado, ya que así se desprende de la propia definición de información pública contenida en el art. 13 de la LTAIBG, entendemos que, en caso de no existir la información por cuanto su disponibilidad no ha podido ser constatada por el organismo que debiera poseerla, no nos encontraríamos ante un supuesto de inadmisión del art. 18.1 d) de la LTAIBG, sino que, a nuestro juicio, la solicitud de información podría carecer de objeto. Es decir, el organismo que resuelve la solicitud no dispone de ella pero, debido a la naturaleza de la información y a las competencias del Organismo que resuelve, podría afirmarse- salvo que se razonase en contrario- que ningún otro Organismo la tendría en su poder. Por otro lado, ha de tenerse en cuenta que, en caso de que la información exista pero sea otro órgano distinto al que recibe la solicitud el que, en virtud de sus competencias, la tiene en su poder, el art. 19.1 de la LTAIBG dispone que Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante. A nuestro juicio, y atendiendo a las circunstancias del caso, lo cierto es que el documento por el que se interesa el solicitante fue – aparentemente- mostrado por el Presidente del Gobierno públicamente, a pesar de que no resulte posible a este Consejo de Transparencia comprobar que dicho documento fuera relativo a la cuestión que se señalaba y, por lo tanto, sea por el que interesa al solicitante. Así, podemos concluir que no resulta claro de la respuesta proporcionada por la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO si el documento mostrado por el Presidente existe- en caso contrario, nos encontraríamos ante una solicitud de información que carecería de objeto tal y como hemos indicado con anterioridad- y, si existiera, la indicación del órgano que podría disponer de él en caso de que se justificase no ser el competente o la remisión en caso de que el competente fuera conocido. En definitiva, por los razonamientos expuestos en los apartados precedentes y al entender que la resolución dictada no responde las cuestiones planteadas en la solicitud, la presente reclamación ha de ser estimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR la Reclamación presentada por con entrada el 30 de mayo de 2019 contra la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO. SEGUNDO: INSTAR a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, proporcione al interesado la siguiente información: copia literal de Documento de la Junta de Andalucía, exhibido por el Sr. Presidente del Gobierno en el debate televisado por Antena 3, con fecha 23 de Abril de 2018, relativo a las listas negras elaboradas por la Junta de Andalucía en materia de trabajadores encargados de los asuntos de Violencia de Género. En la respuesta, se deberá aclarar si el documento existe y, en caso de que así fuera, no estuviese en poder de la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO y desconociera el competente, deberá indicar el órgano que, a su juicio, tendría tal condición. En caso de que el órgano en cuyo poder obrara la información fuera conocido, deberá serle remitida la solicitud para que responda al interesado. TERCERO: INSTAR a la SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO a que, en el mismo plazo máximo de 10 días, remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la respuesta proporcionada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda