Solicitud de seguimiento y agilización de expediente de homologación de título de enfermería y resultado de inadmisión

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 374/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó al MINISTERIO DE UNIVERSIDADES, al amparo Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, con fechas 8 de junio y 6 de julio de 2020, la siguiente información: Con fecha 23/10/2017, se ingresa documentación acreditativa del título de Enfermera, expedido en Chile a mi nombre, para solicitar homologación en España del citado Tirulo, obteniendo número de expediente 2017·09408/1. - El 01/03/2018, la Subdirección General de Títulos envía carta por documentación incompleta. -El 29/04/2018, se contesta a la Solicitud de observaciones, enviando Certificado oficial que acredita ejercicio legal de la profesión. • Desde marzo de 2018 no se ha podido hacer seguimiento del expediente por la web, ya que aparece el mensaje: "Usted no reutilizó ningún trámite en el Ministerio en el periodo S/REF: N/REF: R/0374/2020; 100-003868 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Universidades Información solicitada: Seguimiento del expediente del título de Enfermera Subdirección General de Reclamaciones seleccionado, debiendo acudir regularmente a la Alta de Inspección de Educación del Estado en Cantabria para conocer el estado del mismo. SOLICITA: 1- Conocer fecha probable del término del proceso teniendo en cuenta que lleva en estado "Pendiente de dictamen" desde noviembre de 2019, y es un expediente ingresado en 2017. 2- Saber qué hacer para agilizar el proceso, debido a la alta necesidad de profesionales enfermeros, y tener residencia y permiso de trabajo aprobados desde agosto de 2019. 2. Mediante escrito de entrada el 15 de julio de 2020, la interesada presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 10/2019, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con el siguiente contenido: Me encuentro en espera de resolución de expediente para homologación de título de enfermería expedido en Chile, el cual tiene número 2017-09408/1, con fecha de presentación de documentación el día 23/oct/2017. El expediente se encuentra en estado PENDIENTE DE DICTAMEN desde el 05/oct/2019, por lo que el día 08/jun./2020 envié un escrito a la Subdirección General de Títulos, mediante el Registro General de la Delegación de Cantabria para solicitar información del expediente y ag1hzación en su resolución debido al tiempo que lleva detenido sin cambios en su estado. El día 06/jul/2020 envié un segundo escrito dirigido a la misma entidad ya que a esa fecha aún no había sido ingresada la documentación al expediente y a día de hoy no he recibido respuesta a mi solicitud e información. Agrego además a esta reclamación, que el seguimiento del expediente lo he debido hacer de manera presencial en la Alta Inspección de Educación de Cantabria, ya que la información no está disponible en la Sede Electrónica (Mensaje: Usted no realizó ningún trámite en el Ministerio en el período seleccionado). Por lo que solicito respuesta al escrito con nº Reg. 000006472e200158431S, enviado el día 08/jun/2020 a la Subdirección Generar de Títulos relacionada con información y agilización del expediente 2017-09408/1. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En el presente caso, y tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes de hecho, se solicita información sobre el estado de un expediente relativo a la homologación de un título de enfermería. La solicitud fue realizada al amparo de la normativa de aplicación en el concreto procedimiento. Teniendo en cuenta estas circunstancias, ha de aclararse que, por no estar pensada para ese fin, no puede invocarse la LTAIBG para adquirir una condición o unos derechos que de otra manera le son denegados por la normativa general que rige el procedimiento administrativo común o por otras normas sectoriales o especiales. Como indica la Sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 6, de Madrid, de fecha 16 de octubre de 2017, el derecho de acceso a la información “es un derecho de los ciudadanos de nueva creación que en nada amplía los derechos de los interesados que ya se reconocían en el art. 30 y siguientes de la Ley 30/1992, y más en concreto en el art. 35 a) cuando establece el derecho de acceso permanente para conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados y a la obtención de copias de documentos contenidos en ellos, precepto que el Tribunal Supremo ha venido interpretando en el sentido de que "lo que reconoce es el derecho a acceder al procedimiento para tomar conocimiento de la totalidad del mismo y, a la vista de lo así conocido, obtener "copia de documentos contenidos en ellos" (Sentencia de 26 de enero de 2011, entre otras). Por lo tanto el interesado en un procedimiento no necesita invocar la LTBG para realizar una acceso que ya tiene reconocido, y con carácter mucho más amplio, desde la promulgación de la Ley 30/1992, que es la específicamente aplicable a su posición jurídica. (...) no cabría obtener al amparo de la LTYBG lo que no se puede conseguir invocando la condición de directamente interesado en el procedimiento sancionador, y luego la de parte legítima en el proceso jurisdiccional seguido ante la Sala, y obtener así el levantamiento de la confidencialidad de las comunicaciones entre la CNMC y la CE que la propia Sala de lo CA de la Audiencia Nacional ha denegado con el argumento ya visto de que el derecho de acceso al expediente no se extiende a los intercambios de correspondencia entre la Comisión y las autoridades de competencia de los Estados miembros o entre estas últimas (artículo 42 de la LDC y artículo 27 del Reglamento 1/2003), y que no se causa indefensión a la recurrente. QUINTO.- Si la parte actora carece de derecho subjetivo al acceso a dicha información en tanto que interesado directo en el procedimiento, menos aún podría ostentar en este caso dicho derecho actuando como ciudadano, o como "público" que invoca el derecho reconocido en la normativa que regula la transparencia y buen gobierno (...)”. (Las referencias de esta Sentencia a la Ley 30/1992, han de entenderse hechas a la vigente Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, que la sustituye.) 4. Hay que mencionar que la solicitud de acceso ha sido presentada con base en lo dispuesto en el artículo 14 del Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior y la reclamación ha sido presentada con base en lo dispuesto en la LTAIBG. El Tribunal Supremo denomina a esta forma de actuar la rechazable técnica del "espigueo normativo" (por todas, STS de 15 de septiembre de 2014 y las que en ella se citan). Esta llamada "técnica del espigueo" consiste en mantener la validez de las normas favorables e impugnar la de otras que puedan tener relación con ellas o, dicho de otra manera, utilizar en un procedimiento la norma que más conviene en cada momento, desechando otra que no interesa. O incluso, seleccionar los artículos más favorables -o sólo parte de ellos- de diferente normativa, en principio incompatibles, para ejercer o disfrutar de un derecho. Este Consejo de Transparencia ya ha hecho uso de esta teoría en alguna ocasión. Así, en el procedimiento RT/0258/2016, finalizado mediante resolución de 23 de enero de 2017, se razonaba lo siguiente: “(…) este Consejo considera que no resulta posible acudir por el ciudadano o por la Administración a la técnica del “espigueo” consistente en seleccionar las normas más favorables de distintos cuerpos normativos para dotarse, así, de un régimen jurídico ad hoc y desvinculado de los cauces legalmente establecidos para la creación de un derecho. Entre otros fundamentos de tal aseveración se encuentra la garantía del principio de seguridad jurídica, principio que se entiende como la certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados, procurando “la claridad y no la confusión normativa”, así como “la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho” - SSTC 46/1990, de 15 de marzo, F.J. 7; 36/1991, de 14 de febrero, F.J. 5; y 37/2012, de 19 de marzo, F.J. 8, entre otras-. La misma conclusión se ha alcanzado en los procedimientos R/0216/2019, R/0273/2019, R/0457/2019 o R/0659/2019. Estos razonamientos han sido confirmados por la Audiencia Nacional, en Sentencia de Apelación de 9 de julio de 2018, en la que se afirma que “el Juez de instancia no niega legitimación a la interesada –nada consta al respecto en el fallo de la sentencia ni se ha seguido ningún trámite específico-, sino que cuestiona su conducta al pretender obtener una información, en este caso al amparo de la LTBG, que ya le ha sido denegada -la misma- en el seno de otro procedimiento, que por cierto concluyó con sentencia favorable a sus intereses.” Esta forma de actuar impide, además, al órgano que recibe la solicitud diferenciar si el escrito presentado debe tramitarse y contestarse conforme a lo indicado en la LTAIBG o conforme a otros preceptos legales, como la Ley 39/2015. Por las razones expuestas en los párrafos que anteceden, entendemos que la reclamación debe ser inadmitida. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede INADMITIR la reclamación presentada por , con entrada el 15 de julio de 2020, contra el MINISTERIO DE UNIVERSIDADES. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda