Acceso a información sobre acuerdos de readmisión y repatriación de menores a países africanos

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Resolución 373/2019 ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y con fecha 10 de abril de 2019, la siguiente información: 1. Lista y fecha de entrada en vigor de todos los acuerdos de readmisión firmados entre España y gobiernos del continente africano desde 1990. S/REF: 001-034053 N/REF: R/0373/2019; 100-002574 Fecha: 22 de agosto de 2019 Dirección: Admin istración/Organismo: Ministerio del Interior Información solicitada: Admisión y derivación a países africanos de menores extranjeros no acompañados Sentido de la resolución: Estimatoria por motivos formales Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones 2. Número total de menores derivados a países con los que España tiene un acuerdo de readmisión en el continente africano desde la entrada en vigor del primer acuerdo de readmisión firmado entre España y gobiernos del continente africano. 3. Número de menores derivados a países con los que España tiene un acuerdo de readmisión en el continente africano desde la entrada en vigor del primer acuerdo de readmisión firmado entre España y gobiernos del continente africano, por año. 4. Número de menores derivados a países con los que España tiene un acuerdo de readmisión en el continente africano desde la entrada en vigor del primer acuerdo de readmisión firmado entre España y gobiernos del continente africano, por año y país. No consta respuesta de la Administración. 2. Con fecha 28 de mayo de 2019, presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguientes contenido: El 10 de abril de 2019 solicité información, a fecha 28 de mayo me aparece la solicitud en tramitación. Ha pasado más de un mes y no me han dado respuesta. 3. Con fecha 29 de mayo de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DEL INTERIOR, al objeto de que se pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. Mediante escrito de entrada el 28 de junio de 2019, el mencionado departamento ministerial realizó las siguientes alegaciones : Es preciso señalar que mediante resolución de 20 de junio (registro de salida de 21 de junio), la Dirección General de la Policía ha facilitado la información solicitada, que se ha puesto a disposición de la interesada a través de la aplicación GESAT. (Se envían al CTBG, en formato electrónico, la respuesta facilitada por la DGP, la notificación y el justificante de registro de salida de la notificación). Dicho lo anterior, dado que se ha respondido a la solicitante en vía de alegaciones, y de acuerdo con lo establecido en el art. 82.2 y 3 de la Ley 39 /2015, de 1 de octubre, se solicita que, por razones de celeridad en este procedimiento, se abra el trámite de audiencia al interesado con el fin de que alegue lo que estime pertinente en relación a la información proporcionada. FIRMANTE(1) : FRANCISCO JAVIER AMOROS DORDA | FECHA : 22/08/2019 15:59 | Sin acción específica Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que el Ministerio del Interior ha cumplido con el mandato legal de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, por lo que su actuación ha de considerarse conforme a derecho. 4. El 2 de julio de 2019, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , se concedió Audiencia del expediente a la reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El mismo 2 de julio de 2019, la reclamante manifestó lo siguiente: La información ha sido recibida tardíamente incumpliendo el plazo de un mes para la resolución. Además, la información recibida está sesgada e incompleta. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como " los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En el presente caso, debe comenzarse realizando una serie de consideraciones formales relativas al plazo en el que una solicitud de acceso a la información debe ser respondida. Según dispone el apartado 1 del art. 20 de la LTAIBG La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. El apartado 4 del mismo precepto establece que Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. En el caso que nos ocupa, conforme consta en el expediente y se refleja en los antecedentes de hecho, la solicitud de información no fue contestada por la Administración dentro del plazo de un mes para resolver. A este respecto, debe recordarse que en el propio Preámbulo de la Ley, con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se se establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta, y se dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. Este Consejo de Transparencia ya se ha pronunciado en casos precedentes (por ejemplo, en el expediente R/0100/2016 o más recientes R/0234/2018 y R/0543/2018 ) sobre esta dilación en la tramitación de la solicitud por parte de la Administración, llegando a la conclusión de que este lapso de tiempo, no achacable al solicitante sino a la Administración, corre en contra de los intereses del primero, lo que contradice el principio de eficacia administrativa del artículo 103.1 de la Constitución española, según el cual "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho". La categorización como principio por la Constitución del deber de ser eficaz, comporta que la Administración ha de ajustarse en su actuación, no sólo al principio de legalidad, sino que, además, deberá poner todos los medios materiales y humanos para llevar a cabo el fin que la propia Constitución le asigna: la consecución del interés general. https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2016/06.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2018/07.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2018/11.html 4. Entrando en el fondo del asunto, cabe señalar que la información solicitada por la reclamante le ha sido proporcionada por la Administración una vez incoado procedimiento de reclamación. No obstante, la reclamante, en fase de audiencia del expediente, se muestra disconforme con la información recibida, que califica de sesgada e incompleta, sin ningún argumento adicional que argumente lo indicado. Revisada la información facilitada, se comprueba que, respecto al listado y fecha de entrada en vigor de todos los acuerdos de readmisión firmados entre España y gobiernos del continente africano desde 1990, se le comunica lo siguiente: NACIÓN FIRMADO EN FECHA Cabo Verde 20-03-2007 Gambia 09-10-2006 Guinea Conakry 09-10-2006 Mali 03-01-2007 Marruecos 13-02-1992 Mauritania 13-02-2003 Nigeria 12-11-2001 En lo que respecta al número de menores derivados a países con los que España tiene un acuerdo de readmisión en el continente africano desde la entrada en vigor del primer acuerdo de readmisión firmado entre España y gobiernos del continente africano, por año y país, no se ha efectuado, durante los años solicitados, ninguna repatriación de menores a través de los acuerdos de readmisión firmados entre el Gobierno de España y los gobiernos del continente africano. Se entiende que la primera cuestión ha sido contestada satisfactoriamente. Respecto de la segunda – que engloba las peticiones de la reclamante numeradas con los ordinales 2, 3 y 4 – este Consejo de Transparencia ha podido encontrar referencias sobre la existencia de repatriaciones de menores, pero no de las solicitadas por la reclamante. De hecho, consultado el Estudio Monográfico denominado Política, Prácticas y Datos Sobre Menores No Acompañados - España 2014 8, elaborado por la Red Europea de Emigración, se puede leer lo siguiente (páginas 5 y 6): “ La política en materia de menores extranjeros no acompañados debe estar siempre orientada a la restitución del menor a su país de origen (ya sea a través de la reagrupación familiar, o mediante la puesta a disposición del menor ante los Servicios de protección de menores): este proceso de repatriación siempre se somete al interés superior del menor. En 2013, fueron repatriados un total de tres menores de edad.” El principio del "interés superior del menor" preside todas las actuaciones en España en relación con los menores no acompañados, con independencia de su situación administrativa. El principal reto para España en relación con los MENAS es conseguir una correcta coordinación entre todas las instituciones y administraciones implicadas. Para alcanzar este fin, el 22 de julio de 2014 se aprobó un Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados. Por otra parte, la colaboración con los países de origen es cada vez mayor, con el objetivo de coordinar acciones que puedan hacer posible la repatriación de los menores no acompañados con todas las garantías, aunque siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor.” En el mismo Estudio Monográfico (páginas 52 y ss.) existen apartados relativos a x Número total de menores no acompañados en internamiento pendientes de retornar a un país acogido al Convenio de Dublín o país de tránsito en cada período de referencia, desglosados por sexo y edad: no hay datos disponibles. x Número total de menores no acompañados objeto de alternativas al internamiento pendientes de retornar en cada período de referencia, desglosados por sexo y edad: no hay datos disponibles. x Número total de menores no acompañados objeto de alternativas al internamiento pendientes de retornar a un país acogido al Convenio de Dublín o país de tránsito en cada período de referencia, desglosados por sexo y edad: no hay datos disponibles. http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/redeuropeamigracion/Estudios monograficos/fichero s/Estudio REM menores no acompanados 2014 ES.pdf x Número total de menores no acompañados retornados como consecuencia de medidas de retorno forzado en cada período de referencia: 3 en 2009, 4 en 2010, 4 en 2011, 4 en 2012 y 1 en 2013. País de retorno (país de origen): aparece un país africano: Argelia (1 retorno en 2010). x Medidas de retorno voluntario: no hay datos disponibles. x Medidas de retorno (voluntario) asistido: tampoco aparecen países africanos. x Estadísticas de desenlaces relativos a MENA que cumplen 18 años (2009-2013): no hay datos disponibles. El hecho de que hayan existido 3 menores repatriados en 2013 no implica necesariamente que la Administración no haya facilitado toda la información sobre las devoluciones a países africanos con convenio, puesto que se desconoce cuáles fueron los países de destino de esos menores repatriados. Igualmente, se debe hacer constar que Argelia no es país con el que España tenga convenio de colaboración, según se desprende de la respuesta del Ministerio. En consecuencia, a falta de pruebas o indicios sólidos en contra, debe entenderse que no existe la información pública solicitada, más allá de lo ya respondido por la Administración. 5. Por lo tanto, en casos como éste, en que la respuesta a la solicitud se ha proporcionado fuera del plazo concedido al efecto por el artículo 20.1 de la LTAIBG y una vez que se ha presentado reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, hemos venido entendiendo que debe reconocerse, por un lado, el derecho del interesado a obtener la información solicitada y por otro, tener en cuenta el hecho de que la información se le ha proporcionado si bien, como decimos, en vía de reclamación. En definitiva, la presente reclamación debe ser estimada pero únicamente por motivos formales, dado que la contestación de la Administración se ha producido una vez transcurrido el plazo legal de un mes y como consecuencia de la presentación de la reclamación ante este Consejo de Transparencia, sin que sea preciso realizar ulteriores trámites. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la Reclamación presentada por , con entrada el 28 de mayo de 2019, contra el MINISTERIO DEL INTERIOR, sin más trámites. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda