Solicitud de informes y requerimientos relativos a la crisis sanitaria por COVID-19 y resultado estimatorio

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 359/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó al MINISTERIO DE SANIDAD, través del Portal de la Transparencia, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), y con fecha 11 de marzo de 2020, la sigui ente información: 1. Informes existentes a 7 de marzo, sobre medidas a adoptar y protocolos de actuación en relación al COVID19. 2. Informes remitidos al Gobierno de España desde el 1 de marzo hasta la actualidad en relación a los protocolos de actuación sobre el COVID19 y necesidad de implementación de medidas concretas. S/REF: 001-041876 N/REF: R/0359/2020; 100-003841 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio de Sanidad Información solicitada: Informes y requerimientos relativos a la crisis sanitaria por COVID-19 Subdirección General de Reclamaciones 3. Requerimientos de las CC AA para SOLICITAR al Ministerio de Sanidad implementación de protocolos de actuación o medidas concretas en relación al COVID19 recibidos desde el mes de febrero hasta la actualidad. No consta respuesta de la Administración. 2. Ante la falta de contestación, la solicitante presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con fecha de entrada el 10 de julio de 2020 y el siguiente contenido: PRIMERO: Que en fecha 11 de marzo de 2020 se solicitó información al Ministerio de Sanidad cuyo contenido adjuntamos a la presente denuncia. SEGUNDO: Que transcurrido el plazo establecido desde el inicio del procedimiento, el Ministerio ha incumplido la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno dado que no existe resolución expresa.. 3. Con fecha 13 de julio de 2020, el Consejo de Transparencia remitió el expediente al MINISTERIO DE SANIDAD, al objeto de que pudiera formular las alegaciones que considerase oportunas. Notificado el trámite con fecha de 13 de julio de 2020, mediante comparecencia del Ministerio y transcurrido el plazo concedido al efecto, no consta la presentación de alegaciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. Como cuestión previa de carácter formal que ha afectado a la tramitación de la solicitud de la que trae causa la presente reclamación, en primer lugar, cabe aludir a la suspensión de términos y plazos administrativos establecida en el apartado 1, de la Disposición Adicional Tercera, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; suspensión que ha finalizado mediante el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que señala en relación con los plazos: Artículo 9. Plazos administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas. 4. En segundo lugar, es necesario hacer una mención especial a los plazos establecidos en la LTAIBG para contestar a las solicitudes de acceso a la información. A este respecto, debe indicarse que el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. https://www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692 Asimismo, en su apartado 4 el artículo 20 de la LTAIBG dispone que Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. Al respecto cabe señalar que en el presente supuesto, conforme consta en el expediente y se ha reflejado en los antecedentes de hecho, la solicitud de información se presentó el 11 de marzo de 2020, es decir, justo tres días antes de ser suspendidos los plazos administrativos en virtud del Real Decreto 463/2020, por el que se declara el Estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de fecha 14 de marzo de 2020. Asimismo, hay que señalar que el plazo de un mes del que disponía la Administración para resolver y notificar se reanudó con efectos de 1 de junio de 2020, una vez finalizada la citada suspensión de plazos mediante el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. No obstante, finalizado el citado plazo y a pesar del tiempo transcurrido, conforme se ha reflejado en los antecedentes de hecho, el MINISTERIO DE SANIDAD no ha dictado resolución sobre el derecho de acceso. En este sentido, se recuerda a la Administración que el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. Por todo ello, cabe recordar que según lo indicado en el propio Preámbulo de la Ley, con objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta, y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. Este Consejo de Transparencia ya se ha pronunciado en numerosos casos precedentes (por ejemplo, en los expedientes R/0100/2016 , R/0628/2018 o más recientemente R/017/19 ) https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2016/06.html sobre la demora en la tramitación de la solicitud por parte de la Administración, llegando a la conclusión de que este lapso de tiempo, no achacable al solicitante sino a la Administración, corre en contra de los intereses del primero, lo que contradice el principio de eficacia administrativa del artículo 103.1 de la Constitución española, según el cual "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho". La categorización como principio por la Constitución del deber de ser eficaz, comporta que la Administración ha de ajustarse en su actuación, no sólo al principio de legalidad, sino que, además, deberá poner todos los medios materiales y humanos para llevar a cabo el fin que la propia Constitución le asigna: la consecución del interés general. 5. Por otra parte, y en atención a las circunstancias del presente expediente, debemos reiterar que la solicitud de alegaciones al sujeto obligado por la LTAIBG frente al que se presenta la reclamación, además de garantizar el principio de contradicción en la tramitación del procedimiento, permite al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno obtener todos los elementos de juicio necesarios de tal forma que la resolución de la reclamación atienda a todas las circunstancias que sean de aplicación al caso concreto. Como se desprende de todos los expedientes de reclamación tramitados por este Organismo, dicha solicitud de alegaciones se realiza inmediatamente después a la interposición de la reclamación con vistas a obtener los argumentos por los que el Organismo al que se dirige la reclamación ha denegado la información solicitada o no ha respondido la solicitud en el plazo conferido al efecto. No obstante y a pesar de que consta la notificación por comparecencia de la realización del trámite de solicitud de alegaciones, en el presente expediente no se ha recibido respuesta. En atención a estas circunstancias, no podemos sino poner de manifiesto que este retraso en la tramitación y la falta de respuesta y alegaciones dificulta la adecuada protección y garantía del derecho constitucional a acceder a la información pública, interpretado, como bien conoce la Administración, por los Tribunales de Justicia como de amplio alcance y límites restringidos- por todas, destaca la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2017 Recurso de Casación nº 75/2017, "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información- así como la salvaguarda del derecho de acceso a la información pública que corresponde al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (art. 34 de la LTAIBG). 6. Respecto al fondo del asunto, en primer lugar, se considera necesario recordar que el objeto de la solicitud de información se concreta en: 1. Informes existentes a 7 de marzo, sobre medidas a adoptar y protocolos de actuación en relación al COVID19. 2. Informes remitidos al Gobierno de España desde el 1 de marzo hasta la actualidad en relación a los protocolos de actuación sobre el COVID19 y necesidad de implementación de medidas concretas. 3. Requerimientos de las CC AA para SOLICITAR al Ministerio de Sanidad implementación de protocolos de actuación o medidas concretas en relación al COVID19 recibidos desde el mes de febrero hasta la actualidad. En segundo lugar, hay que señalar que según publica el propio Ministerio, Corresponde al Ministerio de Sanidad, la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de salud, de planificación y asistencia sanitaria, así como el ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud. Entre la información que aparece publicada en la página web del Ministerio se puede encontrar, entre otra, información sobre la Situación actual, como Información inicial de la alerta en China 31.01.2020 o Análisis epidemiológico COVID-19; y una serie de apartados y secciones con Información para la Ciudadanía sobre el COVID-19. 7. Por otro lado, y al definir información pública y, por lo tanto, el objeto de una solicitud de información, el art. 13 de la LTAIBG señala lo siguiente: Se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Todo ello, al objeto de dar cumplimiento a la finalidad o ratio iuris de la norma, expresada en los siguientes términos en su Preámbulo: La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos Por lo tanto, en la medida en que se solicite información existente, en poder de uno de los Organismo y entidades a los que se aplica la LTAIBG- entre ellos está sin ninguna duda, el MINISTERIO DE SANIDAD-, relacionada con el control de la actuación pública y el conocimiento del proceso de toma de decisiones y no sea de aplicación ningún límite o restricción al acceso- que no ha sido señalados por la Administración al no responder la solicitud de información ni atender el requerimiento de alegaciones realizado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno-, nos encontramos ante una solicitud de información amparada en el derecho de acceso reconocido y garantizado por la LTAIBG. De igual manera, deben recordarse determinados pronunciamientos judiciales entre los que destacan por ejemplo, la Sentencia nº 46/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid, dictada en el PO 38/2016 y que se pronuncia en los siguientes términos: "El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal, debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos; es un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además las Administraciones Públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos por lo que toda la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía. Pueden distinguirse dos aspectos en cuanto al derecho al acceso a la información: Transparencia proactiva, como aquella obligación de los organismos públicos de publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades, presupuestos y políticas y la Transparencia reactiva: Es el derecho de los https://www.consejodetransparencia es/ct Home/Actividad/recursos jurisprudencia/Recursos AGE/2016/16 particular 7 tributos.html ciudadanos de solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de información de y el derecho a recibir una respuesta documentada y satisfactoria". "Las diferentes y numerosas menciones a este derecho coinciden en resaltar la creciente importancia que está cobrando, ya que el mismo supone una herramienta indispensable para adquirir aquellos conocimientos que, permiten controlar la actuación de los gobiernos y prevenir y luchar contra la corrupción así como contrarrestar la violación de derechos. De estos preceptos se desprende que el derecho de acceso a la información debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia." 8. Atendiendo a lo anterior, no puede obviarse a nuestro juicio que la información requerida tiene la consideración de información pública tal y como la misma es definida en el art. 13 de la LTAIBG, debiendo obrar en poder del Ministerio de Sanidad al haber sido elaborada en el ejercicio de sus funciones, que conforme se ha indicado y el propio Ministerio explica en su web, con carácter general consisten en la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de salud, de planificación y asistencia sanitaria, así como el ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud. A este respecto, cabe añadir que de la numerosa información que se ha ido publicando en distintos medios y de la que aparece publicada en diferentes webs oficiales también se puede deducir la existencia de la información que solicita la reclamante, y que obra en poder de la Administración, que no se ha pronunciado en contrario. A modo de ejemplo, podemos indicar lo siguiente: - En la página web del Ministerio aparece publicada la Actualización nº 11. Agrupamiento de casos de neumonía por nuevo coronavirus (2019-nCoV) en Wuhan, provincia de Hubei, (China), de fecha 29 de enero de 2020, en el que expresamente se indica que Fuentes de información: OMS situation reports, ECDC, Center for Health Protection; Department of Health, the Government of Hong Kong Special Administrative Region; Final Statement following the 1st Meeting of the IHR Emergency Committee for Pneumonia due to the novel Coronavirus 2019-n_CoV. https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Actualizacion 11 2019-nCoV China.pdf Cabe destacar del citado documento de Actualización que se indica expresamente que El Ministerio de Sanidad se encuentra en permanente contacto con las Comunidades Autónomas, el Centro Nacional de Epidemiología, el Centro Nacional de Microbiología y los organismos internacionales (OMS, Centro de Control de Enfermedades Europeo y Comisión Europea), para evaluar los riesgos de la situación y coordinar las medidas de respuesta. En concreto se está realizando: - Reunión semanal de la Ponencia de Planes de preparación y respuesta del Consejo Interterritorial - Reunión de la Comisión de Salud Pública el dí a 30 de enero - Reunión con las Sociedades Científicas implicadas el día 30 de enero - Contacto permanente con los comités o portavoces técnicos de aquellas CCAA que los han nombrado. El Ministerio de Sanidad participa en las reuniones del Comité de Seguridad Sanitaria de la Unión Europea, tres desde el inicio de la alerta, la última ayer día 27, para evaluar la situación, informar sobre las medidas aplicadas por los diferentes EEMM y valorar la medidas farmacológicas disponibles (antivirales y vacunas). - En las Noticias del Parlamento Europeo se informó que El Centro europeo para la prevención y el control de enfermedades publicó el 2 de marzo su evaluación de la situación del coronavirus en Europa, cuyo enlace lleva al citado documento. - Y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Organización Médica Colegial de España) informó en su página web el 31 de enero de 2020 que El CGCOM pone en marcha comisión de seguimiento ante el coronavirus 2019-nCov: Ante la situación causada por el coronavirus 2019-nCoV, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha puesto en marcha una comisión de seguimiento que llevará a cabo la coordinación con el Ministerio de Sanidad para colaborar en la información puntual a los profesionales y a los ciudadanos sobre esta nueva enfermedad infecciosa. En este comité de seguimiento, presidido por el CGCOM, participan miembros de la Comisión Permanente y , experto en salud pública, que será el portavoz en este tema y representante del Consejo en el https://www.cgcom.es/sites/default/files//u183/np comision seguimiento cgcom ante coronavirus. 31 01 2020.pdf grupo de trabajo creado por el Ministerio de Sanidad en el que participan sociedades científicas y representantes de las profesiones sanitarias. - La Organización Mundial de la Salud publicó el 29 de junio de 2020 la Cronología de la respuesta de la OMS a la COVID-19 , que va desde el 31 de diciembre de 2019 a 17 de julio de 2020, con una extensa relación de las actuaciones para los países que se han ido traduciendo en consideraciones prácticas, recomendaciones, orientaciones opera tivas, guías, directrices para la planificación operacional, etc. - RTVE informó el 23 de junio de 2020 que Madrid pide al Gobierno que restrinja los vuelos de países con una alta tasa de Covid-19, explicando entre otras cosas, que La Comunidad de Madrid ha propuesto al ministro de Sanidad, Salvador Illa, implementar más medidas de control de viajeros en el aeropuerto de Barajas, como la restricción de vuelos procedentes de países con alta incidencia del coronavirus y una prueba PCR negativa 48 horas antes de llegar a España (…). - En Galiciapress se publicó el 17 de marzo de 2020 la noticia Galicia está esperando que Moncloa mande material sanitario y un informe para prever el pico del coronavirus, dice Feijóo , en la que se informaba que El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado el envío de una carta al jefe del Ejecutivo central, el socialista Pedro Sánchez, en la que formaliza una serie de peticiones y sitúa como asunto "prioritario" que se remita a Galicia material sanitario para hacer frente a la lucha contra el coronavirus. - Con fecha 2 de abril de 2020, el periódico El Norte de Castilla publica que Mañueco pide por carta a Sánchez «garantías» para no dar pasos atrás en la lucha contra el coronavirus En consecuencia, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se puede deducir que existen Informes sobre medidas a adoptar y protocolos de actuación a 7 de marzo de 2020, que desde el 1 de marzo se han remitido al Gobierno informes y protocolos de actuación y de implementación de medidas concretas; y las Comunidades Autónomas han requerido al Ministerio de Sanidad protocolos de actuación sobre el COVID19 y necesidad de implementación de medidas concretas, que es básicamente el objeto de la solicitud de información. Se trata, por tanto, de información que obra en poder de la Administración y entronca con la ratio iuris de la norma, ya que permite conocer cómo se toman las decisiones, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, y en este caso, ante la grave situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 9. Por último, cabe señalar que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no considera sea de aplicación ninguna causa de inadmisión ni límite de los previstos en la LTAIBG, que, por otra parte, han sido alegados por la Administración. Al respecto, hay que recordar la Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2017, dictada en el Recurso de Casación nº 75/2017, razona que "Cualquier pronunciamiento sobre las “causas de inadmisión” que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, (…) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013." (...) "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información.(…) Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley. Por todo ello, teniendo en cuenta los argumentos expuestos en los apartados precedentes, la presente reclamación debe de ser estimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por con entrada el 10 de julio de 2020, contra el MINISTER IO DE SANIDAD. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE SANIDAD a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la siguiente información: 1. Informes existentes a 7 de marzo, sobre medidas a adoptar y protocolos de actuación en relación al COVID19. 2. Informes remitidos al Gobierno de España desde el 1 de marzo hasta la actualidad en relación a los protocolos de actuación sobre el COVID19 y necesidad de implementación de medidas concretas. 3. Requerimientos de las CC AA para SOLICITAR al Ministerio de Sanidad implementación de protocolos de actuación o medidas concretas en relación al COVID19 recibidos desde el mes de febrero hasta la actualidad. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE SANIDAD a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada a la reclamante. En el supuesto de que algunos de los documentos solicitados no se encuentren disponibles, se deberá hacer constar expresamente dicha circunstancia y justificarla debidamente. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda