Solicitud de información sobre fondos adicionales para la mejora de empleo público en la Administración de Justicia de Canarias y resultado desestimado

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Resolución 357/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó, con fecha 23 de abril de 2019 y al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), la siguiente información: Información sobre la aplicación de los fondos adicionales previstos en II ACUERDO para la mejora de empleo público y de las condiciones de trabajo de 9 de marzo de 2018, para el personal de la Administración de Justicia del ámbito territorial de Canarias, las cantidades que le corresponderían en su caso y el ámbito de la Mesa Negociación para la distribución de los mismos. Debido al desconocimiento del mismo por parte del Gobierno de Canarias, a pesar que de acuerdo con lo establecido en la resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del S/REF: 001-034259 N/REF: R/0357/2019; 100-002554 Fecha: 19 de agosto de 2019 Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Justicia Información solicitada: Fondos adicionales para la formación de empleo público Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones empleo público y las condiciones de trabajo, se recoge que de dicho acuerdo se dará traslado a las Comunidades Autónomas, a las Ciudades Autónomas y a la Federación Española de Municipios y Provincias. 2. Mediante escrito de entrada el 24 de mayo de 2019, presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al amparo del art. 24 de la LTAIBG motivada por la ausencia de respuesta a su solicitud y en la que repetía el contenido de la misma. 3. Con fecha 7 de junio de 2019, se remitió el expediente al MINISTERIO DE JUSTICIA para que alegara lo pertinente en defensa de su derecho, contestando el 17 de junio de 2019 en los siguientes términos: Dicha solicitud se recibió en esta Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Justicia el 30 de abril de 2019 y fue remitida a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia al entender que los asuntos planteados en la solicitud entran dentro del ámbito de su competencia. La citada Dirección General devuelve la solicitud a esta Unidad de Información de Transparencia el 31 de mayo con la anotación de que la competencia para resolver es el Gobierno de Canarias. Tras varias gestiones internas, el 10 de junio se le notificó al ciudadano por parte de esta Unidad de Información de Transparencia que su solicitud se remitía con esa misma fecha al Gobierno de Canarias por ser el órgano competente para dar respuesta a las cuestiones planteadas. Por lo anteriormente expuesto se solicita a ese Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que se tengan en cuenta estas alegaciones formuladas y sea desestimada la reclamación presentada por el interesado. 4. Figura en el expediente oficio de 4 de junio de 2019 dirigido a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias remitiendo la solicitud de información del en aplicación del art. 19.1 de la LTAIBG. Consta igualmente que con fecha 10 de junio, el reclamante fue informado de dicho traslado. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como " los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. Primeramente, es necesario hacer una mención especial a los plazos establecidos en la LTAIBG para contestar a las solicitudes de acceso a la información. Como conoce el Ministerio, el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. En el caso que nos ocupa, tal y como se ha indicado en los antecedentes de hecho y consta en el expediente, la Administración no respondió al reclamante en el plazo de un mes para resolver, aunque sí después de presentada reclamación. Esta demora fue debida, según se alega, a un retraso en su tramitación interna. En este sentido, se recuerda nuevamente al Ministerio que debe prever y realizar las actuaciones que internamente sean necesarias para evitar demoras innecesarias y perjudiciales para los derechos de los solicitantes. La LTAIBG establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. En este caso, la remisión al órgano competente para resolver, en aplicación de lo previsto en el art. 19.1 de la LTAIBG debiera haberse realizado en el plazo inicial de un mes previsto en la norma para resolver la solicitud de información. 4. En cuanto a la concreta solicitud - la aplicación de los fondos adicionales previstos en II ACUERDO para la mejora de empleo público y de las condiciones de trabajo de 9 de marzo de 2018, para el personal de la Administración de Justicia del ámbito territorial de Canarias - el Ministerio entiende que la competencia para resolver recae en la Administración Autonómica Canaria, por lo que, si bien una vez interpuesta la reclamación y teniendo constancia por la remisión de la misma efectuada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, remitió la petición a esa Comunidad Autónoma, informando de ello al reclamante. Esta remisión está acreditada en el expediente y es conforme con el artículo 19.1 de la LTAIBG: Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige, éste la remitirá al competente, si lo conociera, e informará de esta circunstancia al solicitante. Por ello, la reclamación debe ser desestimada, habida cuenta de que la información solicitada no se haya en poder del Ministerio. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por la , con entrada el 24 de mayo de 2019, contra el MINISTERIO DE JUSTICIA. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda.