Reclamación de acceso a la información sobre reparaciones y gestión de la Contracequia en la Comunidad de Regantes Acequia de la Andelma

PRESIDENCIA [email protected] RESOLUCIÓN S/REF: N/REF: R/0350/2017 FECHA: 17 de octubre de 2017 ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno En respuesta a la Reclamación presentada por , con entrada el 24 de julio de 2017, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, presentó diferentes solicitudes de acceso a la información dirigidas a la COMUNIDAD DE REGANTES “ACEQUIA DE LA ANDELMA” de Cieza (Murcia). Las actuaciones y solicitudes previas pueden resumirse en lo siguiente, según relata la Reclamante: xSegún consta en el Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 7 de junio de 2011, la Comunidad de Regantes iba a realizar una reparación del tramo de la acequia conocido como Contracequia, que iba a suponer un importante gasto. xConviene aquí aclarar que la Contracequia es un ramal o hijuelo de La Andelma con la característica de riego preferente y que los gastos que genere correrán a cargo de la Comunidad (a diferencia de otros tramos cuyos gastos corres solamente a cargo de los participes interesados), tal y como viene reflejado en los artículos 2, 4 y 13 de nuestros Estatutos. xPuesto que nunca más se ha dado información al respecto, la Contracequia sigue sin llevar agua por su cauce y son muchas las quejas de los comuneros afectados, con fecha 23/05/216 la compareciente solicitó información por escrito de cuestiones relativas a la Contracequia (información sobre qué reparaciones se estaban llevando a cabo y qué soluciones se estaban dando y se preveían de cara al futuro para garantizar el agua de riego a los afectados, importe que supusiera la obra, número de tahúllas, u otras medidas que se riegan o deberían regarse que riega de ese ramal y numero de comuneros que regaban de ella). xLa compareciente no ha recibido contestación a esta solicitud. Ya en el año 2017 pregunté en las oficinas se me justificase cómo transcurrido un año mi solicitud de información no había sido atendida, a lo que la secretaria me informó que no lo habían considerado importante (…) xPor todo lo anterior, con fecha 08/06/2017 volví a hacer nuevamente la misma consulta del año anterior esperando respuesta. Desde entonces han sido varias las veces que he acudido a la oficina sin recibir información (….). En cualquier caso, la falta de información a los miembros de la Comunidad de Regantes me parece una falta de respeto injustificable. No consta respuesta de la COMUNIDAD DE REGANTES “ACEQUIA DE LA ANDELMA” a ninguna de las peticiones realizadas. 2. Con fecha de entrada el 24 de julio de 2017, interpuso Reclamación ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, en la que, tras citar determinados artículos de la LTAIBG, solicitaba quese estime la reclamación formulada adoptando las medidas oportunas a fin de que se posibilite a la compareciente el acceso a la información solicitada y, por tanto, su adecuada participación en la Comunidad de Regantes de la que es miembro. Asimismo, se incoe el procedimiento sancionador que corresponda frente a los responsables de la situación descrita. 3. Los días 25 de julio y 31 de agosto de 2017, el Consejo de Transparencia remitió la documentación obrante en el expediente a la COMUNIDAD DE REGANTES “ACEQUIA DE LA ANDELMA” de Cieza (Murcia) para que formulara las alegaciones que considerase oportunas, sin que se haya atendido ninguno de los requerimientos efectuados. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a un eventual Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, debe hacerse una aclaración sobre la naturaleza jurídica de las Comunidades de Regantes y su encaje en la LTAIBG. La Ley de Transparencia indica, en su artículo 2.2, que las Corporaciones de Derecho Público (como son las Comunidades de Regantes) no son Administraciones Públicas al estar incluidas en su apartado e) y por tanto no se trata de organismos y entidades incluidos en las letras a) a d) del apartado anterior. Asimismo, debe recordarse que las Corporaciones de Derecho Público, precisamente por lo expresamente indicado en el art. 2.1 e) de la LTAIBG, están sujetas a dicha norma en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. En este sentido, cabe recordar que están sujetos a Derecho Administrativo los actos relativos a la organización y funcionamiento de estas Corporaciones y el ejercicio de las funciones administrativas que tienen atribuidas por la legislación que las rige o que les han sido delegadas por otras Administraciones Públicas. A estos efectos, el artículo 2.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que entró en vigor el 1 de octubre de 2016, prevé que “[l]as Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por esta Ley”. Lo primero que debe delimitarse es si la información solicitada a la Comunidad de Regantes entra o no dentro del ámbito de aplicación de la LTAIBG, puesto que aquélla es una Corporación de Derecho Público, con un régimen jurídico especial en materia de acceso a la información pública. La jurisprudencia constitucional (STC 227/1988 y 207/1994) ha determinado que, en ningún caso, hay que desconocer el sustrato de base privada que integra a estas Corporaciones sectoriales. De ahí que las potestades o facultades administrativas se ejerzan por delegación o atribución específica. Esta jurisprudencia continúa afirmando que, en realidad, su conformación como Administraciones Públicas, exclusivamente viene determinada por la medida en que sean titulares de funciones públicas otorgadas por ley o delegadas por la Administración. De esta forma a las Comunidades de Regantes se les asigna la organización de los aprovechamientos de riegos, potestades jurisdiccionales por medio de los Jurados de riego y policía de los turnos de aguas, canales y demás instalaciones colectivas (…) Este Consejo de Transparencia entiende y así lo ha hecho público con anterioridad (por ejemplo, en la Resolución R/0464/2016, de fecha 23 de enero de 2017) que si las peticiones de la Reclamante no tienen que ver con la organización de los aprovechamientos de riegos, ni con las potestades jurisdiccionales por medio de los Jurados de Riego y policía de los turnos de aguas, canales y demás instalaciones colectivas, la petición no encuentra legalmente amparo en la Ley de Transparencia al tratase de cuestiones privativas de la Comunidad que nada tienen que ver con sus funciones públicas. Por lo tanto, cualquier solicitud sobre estos apartados se enmarca dentro del ámbito de actuación privado de la Comunidad de Regantes y, en consecuencia, no le resulta de aplicación la LTAIBG. En el presente caso, lo solicitado tiene que ver con la Contracequia,en concreto con el sistema para garantizar el agua de riego a los afectados, importe que supusiera la obra, número de tahúllas, u otras medidas que se riegan o deberían regarse que riega de ese ramal y numero de comuneros que regaban de ella. A juicio de este Consejo de Transparencia, estas funciones sí están amparadas por el derecho público y, en consecuencia, por la LTAIBG, siendo competencia de este organismo conocer el fondo de la cuestión reclamada. 4. También debe hacerse una mención a la solicitud de la Reclamante relativa a que se incoe el procedimiento sancionador que corresponda frente a los responsables de la situación descrita. En este aspecto, debe aclararse que este Consejo de Transparencia carece de potestad sancionadora. El artículo 31 de la LTAIBG, incardinado en el Título relativo a las obligaciones de Buen Gobierno, dispone lo siguiente: 1. El procedimiento sancionador se iniciará de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia de los ciudadanos. La responsabilidad será exigida en procedimiento administrativo instruido al efecto, sin perjuicio de dar conocimiento de los hechos al Tribunal de Cuentas por si procediese, en su caso, la incoación del oportuno procedimiento de responsabilidad contable. 2. El órgano competente para ordenar la incoación será: a) Cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado, el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. b) Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración General del Estado distintas de los anteriores, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. c) Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración autonómica o local, la orden de incoación del procedimiento se dará por los órganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento. 3. En los supuestos previstos en las letras a) y b) del apartado anterior, la instrucción de los correspondientes procedimientos corresponderá a la Oficina de Conflictos de Intereses. En el supuesto contemplado en el apartado c) la instrucción corresponderá al órgano competente en aplicación del régimen disciplinario propio de la Comunidad Autónoma o Entidad Local correspondiente. 4. La competencia para la imposición de sanciones corresponderá: a) Al Consejo de Ministros cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o Secretario de Estado. b) Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas cuando el responsable sea un alto cargo de la Administración General del Estado. c) Cuando el procedimiento se dirija contra altos cargos de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales, los órganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio de Administraciones en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento o, en su caso, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o el Pleno de la Junta de Gobierno de la Entidad Local de que se trate. Es decir, la LTAIBG tan sólo recoge un procedimiento sancionador en materia de buen gobierno, que afecta a los altos cargos de los tres niveles de administración (estatal, autonómica y local) y que, por lo tanto, no sería de aplicación al supuesto que nos ocupa. 4. Asimismo, debe hacerse una mención de carácter formal, relativo a la falta de contestación reiterada de la Comunidad de Regantes La Andelma, tanto a esta y a otros solicitantes como a este Consejo de Transparencia. El artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. En el presente caso, la solicitud de acceso a la información se realizó con fecha 8 de junio de 2017 y la no ha contestado en el plazo establecido, sin justificar esta falta de respuesta. En este sentido, debe recordarse a la Comunidad de Regantes La Andelma la necesidad de cumplir con los plazos legalmente establecidos a la hora de contestar a las solicitudes de acceso que se le presenten, para facilitar el ejercicio de un derecho de base constitucional como el que nos ocupa y no dilatar en el tiempo el mismo, lo que resulta contrario al espíritu de la LTAIBG, que ha previsto un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. Igualmente, se le recuerda a la Comunidad de Regantes La Andelma que, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.3 de la LTAIBG, Son infracciones leves el descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de los principios de actuación del artículo 26.2 b) cuando ello no constituya infracción grave o muy grave o la conducta no se encuentre tipificada en otra norma. 5. En cuanto al fondo de la cuestión planteada y teniendo en cuenta que la información relativa a una Contracequiaincide en la política de riegos de la Comunidad de Regantes y en sus instalaciones colectivas, que entra dentro del ámbito de aplicación de la LTAIBG, como se ha razonado anteriormente y no apreciándose limites al acceso a la información solicitada ni causas de inadmisión que impidan proporcionarla, se debe admitir la presente Reclamación, por lo que la Comunidad de Regantes La Andelma debe facilitar a la Reclamante la siguiente informaciónrelativa a la Contracequia: xQué reparaciones se estaban llevando a cabo y qué soluciones se estaban dando para garantizar el agua de riego a los afectados, xImporte que supusiera la obra, xNúmero de tahúllas u otras medidas que se riegan o deberían regarse de ese ramal y xNumero de comuneros que regaban de ella. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede PRIMERO:ESTIMAR la Reclamación presentada por con entrada el 24 de julio de 2017, contra la COMUNIDAD DE REGANTES “ACEQUIA DE LA ANDELMA” de Cieza (Murcia). SEGUNDO: INSTAR a la COMUNIDAD DE REGANTES “ACEQUIA DE LA ANDELMA” de Cieza (Murcia), a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la información referida en el Fundamento Jurídico 5 de la presente Resolución. TERCERO: INSTAR a la COMUNIDAD DE REGANTES “ACEQUIA DE LA ANDELMA” de Cieza (Murcia), a que, en el mismo plazo máximo de 10 días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información enviada a la Reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En consecuencia, contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso- Administrativo de Madrid, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo.: Esther Arizmendi Gutiérrez.