Solicitud de certificación de obligaciones y deudas de comunera

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 337/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante, con fecha de entrada 7 de abril de 2021, presentó al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en base a los siguientes argumentos: El día 2 de marzo de 2021, presenté en el Registro de la Comunidad de Regantes de las Aguas Reguladas por el Embalse del Argos de Calasparra solicitud de certificación de obligaciones y deudas que tengo contraídas a fecha 2/3/2021 como comunera y propietaria de la parcela dentro del perímetro regable de la Comunidad de Regantes del Argos, previo a solicitar la baja definitiva y renunciar al aprovechamiento de aguas para siempre, tal y como reflejan las Ordenanzas y el artículo 212.4 del real Decreto 849/1986 por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráuli co. S/REF: N/REF: R/0337/2020; 100-005149 Fecha: La de la firma Administración/Organismo: Comunidad de Regantes de las Aguas Reguladas por el Embalse del Argos Información solicitada: Certificación de obligaciones y deudas de comunera Subdirección General de Reclamaciones II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de este Consejo es competente para resolver las reclamaciones que, que con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal según dispone su artículo 13 "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “publica” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. 3. Respecto al fondo del asunto planteado en el presente caso, la cuestión a analizar es si la originaria solicitud de información -certificación de obligaciones y deudas que tengo contraídas a fecha 2/3/2021 como comunera y propietaria de la parcela dentro del perímetro regable de la Comunidad de Regantes del Argos- tiene amparo en la LTAIBG. En este sentido, hay que señalar que el concepto de información pública que recoge la Ley y en base al cual puede presentarse una solicitud de acceso, se refiere a información de la que disponga un organismo o entidad de los sujetos a la Ley en el momento en que se produce la solicitud –que en este caso, además, solo podría ser información sobre actividades sometidas a derecho administrativo, ya que se trata de una Corporación de Derecho Público-. Y ello, para garantizar el objetivo que persigue la norma, que no es otro que “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad” (art. 1 de la LTAIBG). Es decir, la Ley de Transparencia no ampara solicitudes de información dirigidas a obtener certificaciones, como sería el caso que nos ocupa, puesto que las mismas tienen la consideración de actos futuros en el sentido de que deben producirse como consecuencia de la petición que se formule. No se trataría de información que esté disponible, sino de producir información que antes no se tenía, por lo que no estaríamos ante un supuesto de información pública, ya que recordemos que el mencionado artículo 13 de la LTAIBG exige que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y que haya sido elaborada u obtenida “en el ejercicio de sus funciones. Por lo que, de acuerdo con los argumentos expuestos en los apartados precedentes, se inadmite la presente reclamación. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede INADMITIR la reclamación presentada por , frente a la COMUNIDAD DE REGANTES DE LAS AGUAS REGULADAS POR EL EMBALSE DEL ARGOS. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez