Acceso a información sobre agentes del Cuerpo de la Policía Nacional suspendidos de empleo y sueldo (2008-2018)

RESOLUCIÓN SIREF: 001-023019 NIREF: R/0325120 18 ( 1 00-000897) FECHA: 27 de agosto de 20 18 Consejo de Transp3rencla y 8ue1 Gobierno PRESIDENCIA ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 1912013, de 9 de diciemb re, de Trans parencia, acceso a la información pública y buen gobierno En respuesta a la Reclamación presentada por , con entrada el 29 de mayo de 2018, el Consejo de considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuaci ón, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: 11. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente,­ solicitó, el 3 de abril de 2018, al MINISTERIO DEL INTERIOR, 19/2013, de 1 O de diciembre, de transparencia, acceso a la información públ ica y buen gobierno (en adelante, LTAIBG) la siguiente información: Número de agentes del Cuerpo de la Polícía Nacional suspendidos de empleo y sueldo desde e/1 de enero de 2008 hasta el 3 de abril de 2018 con la información desglosada en: motivo de la suspensión (no solo sí es una falta leve, grave o de otro tipo, sino el hecho concreto en sí de la falta que conlleva la suspensión), tiempo de la suspensión, fecha de la suspensión y cargo del polícía suspendido. 2. Mediante resolución de 23 de abril de 2018, la DIRECCI ÓN GENERAL DE LA POLICÍA del MINISTERIO DEL INTERIOR contestó al solicitante en los siguientes términos: ( ... )este Centro Directivo, en el ámbito competencia! de la Policía Nacional, ha resuelto conceder el acceso parcial a la información solícitada conforme a la Ley 1912013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la cual se adjunta en formato reutilizable (archivo Excel), con /as siguiente especificación. En relación con /os procedimientos por falta leve se significa, que este tipo de procedimientos se inician, tramitan y resuelven en las propias unidades de destino del funcionario, ya que fue allí donde se cometió la infracción, teniendo la FIRMANTE (1): FRANCISCO J AVIER AMOROS DORDA 1 FECHA: 28/08/2018 09:221 Sin acción específica competencia incoadora y sancionadora, los jefes superiores, jefes de comisarías provinciales y locales, quedando archivados aquellos asuntos en cada dependencia policial, sin llevarse estadísticas en las distintas tablas y bases de datos que se poseen. En este sentido y conforme al artículo 18 c) de la Ley de Transparencia se inadmite esta parte de la información, dado que para recopilar y elaborar dicho dato se debería realizar una acción previa de reelaboración, al tener que requerir la información a todas las dependencias policiales existentes en el territorio nacional, lo que supondría necesariamente la asignación específica de varios funcionarios policiales para la revisión individualizada de cada uno de los expedientes físicos del período requerido (2008-2018), perjudicando negativamente el normal desarrollo de las funciones y cometidos propios de las dependencias implicadas de este cuerpo policial. 3. El día 29 de mayo de 2018, tuvo entrada en este Consejo de Transparencia Reclamación de fechada el 23 de mayo y presentada al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en la que manifestaba lo siguiente: La respuesta a mi solicitud comenta que se me deniegan la información sobre las faltes leves porque se inician, tramitan y resuelven en cada unidad y se incurriría en el supuesto de reelaboración, al unificar toda esa información. Esto no es realmente cierto, ya que la información existe y la Dirección General de la Policía tiene acceso a ella, simplemente deberían unificarla o, en su defecto, me la podrían mandar también por separado, tal y como está. Del mismo modo, adjunto la información que ya se me ha facilitado porque en ese archivo de Exel hay una hoja llamada "ANEXO 2 Proced. Sanc. F.LEVES" en el que se desglosan faltas leves. En ese caso, ¿qué faltas leves me han facilitado y cuáles no? Considero que por interés público, igual que me han facilitado las faltas de mayor gravedad, deberían aportarme todas y cada una de las faltas leves que haya habido en el periodo que yo he solicitado, pero si esto no es así, al menos se me deberá indicar de forma clara cuáles son las que se me han facilitado y cuáles no. Del mismo modo, en la otra hoja del formato Excel, "ANEXO 1 E.D. FALTAS M.G. y G", donde se detallan las faltas graves y muy graves, también hay 87 faltas leves. Por tanto, me encuentro con una resolución que indica que las faltas leves no pueden serme facilitadas porqué seria reelaboración, aunque yo considero que no es así y resto a la espera de la resolución del Consejo sobre este asunto, pero con unos datos aportados donde si aparecen faltas leves, en dos hojas distintas y sin comentarme su procedencia y si son todas las faltas leves, o no, o cuáles son exactamente. Si no se me facilitan todas, deberían indicarme de forma clara cuáles me han aportado y cuáles no. Por otro lado, comentar también que mi solicitud pedía lo siguiente: "Número de agentes del Cuerpo de la Policía Nacional suspendidos de empleo y sueldo desde el 1 de enero de 2008 hasta el 3 de abril de 2018 con la información desglosada en: motivo de la suspensión (no solo si es una falta leve, grave o de otro tipo, sino el hecho concreto en sí de la falta que conlleva la suspensión), tiempo de la suspensión, fecha de la suspensión y cargo del policía suspendido." En cuanto al hecho en sí de la falta, los datos que me aportan son muy genéricos y no se explica el hecho concreto como yo podía. Hay hechos tan sumamente genéricos como: "INFRACCION DE DEBERES U OBLIGACIONES", "DESCONSIDERACION CON SUPERIORES, COMPAÑEROS, SUBORDINADOS", "ABOGACIA, MEDICOS Y LIBERALES" o "ACTIVIDADES INCOMPATIBLES". Por ello, solicito que se me remita el hecho de forma más concreta y detallada de cada suspensión de empleo y sueldo. 4. El día 29 de mayo de 2018, se trasladó la documentación obrante en el expediente a la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA, a través de la Unidad de Información de Transparencia del MINISTERIO DEL INTERIOR para que presentase las alegaciones oportunas. Tras ser reiterada la solicitud de alegaciones el 5 de julio de 2018, finalmente el escrito de alegaciones fue remitido el 22 de agosto y en el mismo se indicaba lo siguiente: En respuesta a la mencionada reclamación presentada ante el CTBG de fecha 23 de mayo de 2018, la Dirección General de la Policía participa: "La Ley Orgánica 4/201O, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, reseña en el Capítulo 111 "Competencia Sancionadora", en el artículo 13 "Competencia Sancionadora": "Son órganos competentes para imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía: a) Para la imposición de la sanción de separación del servicio por faltas muy graves, el Ministro de/Interior. b) Para la imposición de las sanciones de suspensión de funciones de tres años y un día a seis años y de traslado forzoso por faltas muy graves, el Secretario de Estado de Seguridad. c) Para la imposición de la sanción de suspensión de funciones hasta tres años por faltas muy graves, así como para la imposición de sanciones por faltas graves, el Director General de la Policía y de la Guardia Civil. d) Para la imposición de sanciones por faltas leves, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, respecto de las cometidas por funcionarios que presten servicio en el territorio de su respectiva Comunidad Autónoma; asimismo, los jefes de órganos centrales hasta el nivel de subdirector general, o asimilados; y los jefes superiores de policía, los jefes de las comisarías provinciales y locales y los jefes de las unidades del Cuerpo Nacional de Policía adscritas a las Comunidades Autónomas, respecto de las cometidas por funcionarios de ellos dependientes. e) Los órganos competentes para imponer sanciones de una determinada naturaleza, lo son también para imponer sanciones de naturaleza inferior. En este sentido, la Unidad de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional, dependiente de la División de Personal de la Jefatura Central de Recursos Humanos y Formación, es el órgano competente para la instrucción de expedientes por infracciones muy graves, graves y leves cometidas por los funcionarios policiales. Asimismo existen otros órganos con competencia en materia sancionadora de régimen disciplinario, cuando los expedientes tramitados son con motivo de la instrucción de infracciones leves, como son los jefes superiores de policía, los jefes de las comisarías provinciales y locales y los jefes de las unidades del Cuerpo Nacional de Policía adscritas a las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, en la Resolución del Director General de la Policía, con registro de fecha 23 de abril de 2018, se facilitó al , dos anexos correspondientes a "Expedientes disciplinarios por faltas muy graves, graves y leves en el periodo 2008-2018, de los que la Unidad de Régimen Disciplinario tenía conocimiento", si bien por error no se consignó este extremo en el citado escrito, debido a que como se ha citado con anterioridad, existen otros órganos competentes para la instrucción de expedientes por falta leve. Es por ello, que la petición de información fue resuelta parcialmente, ya que para poder facilitar todos los expedientes disciplinarios instruidos por falta leve se debería requerir a todas las dependencias policiales desplegadas en el territorio nacional, la revisión de los expedientes tramitados por tales infracciones en el período requerido (1O años), lo que supondría realizar una acción previa de reelaboración, dado que no se lleva centralizado este tipo de trámite, conllevando la asignación de numerosos recursos humanos a una tarea concreta que aumentaría significativamente la carga laboral de los cometidos ordinarios de las dependencias policiales implicadas. Dicho lo anterior y para finalizar, concretar que ha existido un error al no consignar la explicación anteriormente reseñada sobre los datos facilitados en el anexo 11 en relación con los expedientes disciplinarios instruidos por falta leve." II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a un eventual Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Es decir, la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información pública que esté en posesión del Organismo al que se dirige la solicitud bien porque él mismo la ha elaborado o porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. 3. Entrando ya en el fondo del asunto y el contenido de la reclamación, debe señalarse que, i) en primer lugar, el reclamante recurre frente a la denegación de información sobre infracciones de carácter leve en las que hubieran incurrido funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía durante el período indicado en la solicitud de información, para lo que también solicita aclaración respecto de determinada información sobre dicho tipo de infracciones que, si bien se le denegaba aparentemente, sí le fue proporcionada ii) en segundo lugar, también cuestiona el grado de detalle que se le proporciona respecto de los hechos que dieron lugar a los expedientes sancionadores. Respecto a la primera de las alegaciones, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comparte la apreciación del interesado en el sentido de que la información proporcionada es, ciertamente, confusa. Es decir, a pesar de que la resolución que se dicta dice denegar los datos solicitados respecto de infracciones leves, se le proporcionan determinados datos sobre dicho tipo de infracciones sin que sea posible conocer, a salvo de las explicaciones dadas tras la interposición de la reclamación, si este dato refleja la totalidad de procedimientos o parte. Como decimos, en el escrito de alegaciones- recibido, por otra parte, casi tres meses después de que el expediente fuera remitido- se aclara que los datos sobre infracciones leves que se proporcionan corresponden a los expedientes que han sido conocidos por la Unidad de Régimen Disciplinario de la Policía Nacional, dependiente de la División de Personal de la Jefatura Central de Recursos Humanos y Formación, sin perjuicio de la existencia de otros órganos, en concreto,los jefes superiores de policía, los jefes de las comisarías provinciales y locales y los jefes de las unidades del Cuerpo Nacional de Policía adscritas a las Comunidades Autónomas, competentes para la instrucción y resolución de este tipo de procedimientos. Es en relación al acceso a los datos sobre estos últimos respecto de los que la Administración entiende de aplicación la causa de inadmisión prevista en el art. 18.1 c). Para ello, argumenta este tipo de procedimientos se inician, tramitan y resuelven en las propias unidades de destino del funcionario, ya que fue allí donde se cometió la infracción, teniendo la competencia incoadora y sancionadora, los jefes superiores, jefes de comisarías provinciales y locales, quedando archivados aquellos asuntos en cada dependencia policial, sin llevarse estadísticas en las distintas tablas y bases de datos que se poseen. En este sentido y conforme al artículo 18 c) de la Ley de Transparencia se inadmite esta parte de la información, dado que para recopilar y elaborar dicho dato se debería realizar una acción previa de reelaboración, al tener que requerir la información a todas las dependencias policiales existentes en el territorio nacional, lo que supondría necesariamente la asignación específica de varios funcionarios policiales para la revisión individualizada de cada uno de los expedientes físicos del período requerido (2008-2018), perjudicando negativamente el normal desarrollo de las funciones y cometidos propios de las dependencias implicadas de este cuerpo policial. 4. El art. 18.1 c) de la LTAIBG prevé, en efecto que 1. Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Según el criterio interpretativo aprobado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en ejercicio de las competencias atribuidas por el art. 38.2 a), xEn primer lugar, es preciso señalar que el artículo 18 de la Ley 19/2013, establece una serie de causas que permiten declarar la inadmisión de una solicitud de información que, al tener como consecuencia inmediata la finalización del procedimiento, habrán de operar, en todo caso, mediante resolución motivada. Por tanto, será requisito que la resolución por la que se inadmita la solicitud especifique las causas que la motivan y la justificación, legal o material aplicables al caso concreto. xEn cuanto al concepto de reelaboración, debe entenderse desde el punto de vista literal que reelaborar es, según define la Real Academia de la Lengua: “volver a elaborar algo”. Es esta circunstancia la que es exigible para entender que estamos ante un supuesto de reelaboración. xSi por reelaboración se aceptara la mera agregación, o suma de datos, o el mínimo tratamiento de los mismos, el derecho de acceso a la información se convertirá en derecho al dato o a la documentación, que no es lo que sanciona el artículo 12 al definir el derecho como “derecho a la información”. Dicho lo anterior, el concepto de reelaboración como causa de inadmisión ha sido interpretado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en diversas resoluciones de tal manera que puede entenderse aplicable cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional de actuación del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba: a) Elaborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información, o b) Cuando dicho organismo o entidad carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada. (…) Igualmente, la mencionada causa de inadmisión ha sido objeto de diversos pronunciamientos judiciales entre los que destacan los siguientes: -Sentencia nº 60/2016, de 18 de mayo de 2016, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de Madrid confirmada por la Sentencia en Apelación nº 47/2016, de 7 de noviembre de 2016, de la Audiencia Nacional: “La interpretación del art. 18.1. c) de la Ley 19/2013 ha de hacerse atendiendo a que en ella se configura el derecho de acceso a la información pública como un auténtico derecho público subjetivo, al establecer que "Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley" (Artículo 12), y a la Exposición de Motivos, conforme a la cual "el capítulo III (donde se insertan ambos preceptos, arts. 12 y 18 de la ley) configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas y que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud. Este derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto en la Constitución Española– o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. En todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad". (…) Al margen de disquisiciones sobre el concepto de la reelaboración de información que no influyen en el presente caso, donde no se impugnan los criterios interpretativos fijados por el CTBG, la recurrente no ha justificado que el suministro de la información solicitada exija una labor previa de reelaboración, pues aparte de sus alegaciones ninguna otra prueba se allega que soporte su posición.” - La Sentencia 60/2016, de 18 de mayo, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Madrid, razona que“El artículo 13 de la citada Ley, que reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, pero a la información que existe y que esta ya disponible, lo que es distinto, de reconocer el derecho a que la Administración produzca, aunque sea con medios propios, información que antes no tenía”. - Y la Sentencia dictada en el recurso Apelación 63/2016 por la Sección séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional señala que “El derecho a la información no puede ser confundido con el derecho a la confección de un informe por un órgano público a instancias de un particular. Es por ello por lo que el mencionado art. 18.1 c) permite la inadmisión de una solicitud cuando la información que se solicita requiere una elaboración y tarea de confección por no ser fácilmente asequible acceder a ella, pero sin que ello signifique deba ser objeto de una interpretación amplia” (…). Finalmente, debe recordarse también lo indicado por el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 16 de octubre de 2017, dictada en el Recurso de Casación nº 75/2017, "Cualquier pronunciamiento sobre las “causas de inadmisión” que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y, en particular, sobre la prevista en el apartado 1.c/ de dicho artículo (que se refiere a solicitudes “relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013." (...) "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. Por ello, la causa de inadmisión de las solicitudes de información que se contempla en el artículo 18.1.c/ de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no opera cuando quien invoca tal causa de inadmisión no justifique de manera clara y suficiente que resulte necesario ese tratamiento previo o reelaboración de la información. (…) 5. Sentado lo anterior, procede ahora analizar si la solicitud a cada uno de los órganos competentes para la instrucción y resolución de expedientes sancionadores por la comisión de infracciones leves es decir, los jefes superiores de policía, los jefes de las comisarías provinciales y locales y los jefes de las unidades del Cuerpo Nacional de Policía adscritas a las Comunidades Autónomas a efectos de aportar el número de expedientes finalizados con la suspensión de empleo y sueldo de infractor (circunstancia que, recordemos, es por la que se interesa el reclamante, desde el 1 de enero de 2008 al 3 de abril de 2018 (período establecido en la solicitud), constituye una actividad previa de reelaboración. A juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en base a los argumentos que procederemos a desarrollar a continuación, la respuesta debe ser negativa. En efecto, lo que es necesario para proporcionar los datos solicitados es un mero contacto con las unidades instructoras y sancionadoras al efecto de conocer los datos solicitados. Por ello, y a pesar de que la Administración argumentaque supondría necesariamente la asignación específica de varios funcionarios policiales para la revisión individualizada de cada uno de los expedientes físicos del período requerido (2008-2018), no alcanzamos a comprender que no se dispongan de los datos sobre expedientes sancionadores instruidos por la comisión de faltas leves y que hubieran finalizado con la suspensión del agente implicado. En efecto, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno puede compartir el criterio indicado por la Administración en el sentido de que es posible que los datos solicitados no se encuentren almacenados o recopilados de acuerdo con los criterios que menciona el solicitante: motivo de la suspensión, tiempo de la suspensión, fecha de la suspensión y cargo del policía suspendido, pero no podemos respaldar- a menso que así se indique y argumente expresamente- un argumento que impediría conocer el total de agentes del Cuerpo Nacional de Policía que fueron suspendidos de empleo y suelo, para lo cual es necesario, completar los datos proporcionados con aquellos correspondientes por el resto de órganos competentes respecto de estos procedimientos- faltas leves-. Así, entendemos que el dato general existe, circunstancia que no niega la Administración en su respuesta y que proporcionárselos al interesado no implica su reelaboración sino su recopilación de unidades que, debemos recordar, están unidas por una relación de dependencia. En este sentido, ha de recordarse el criterio mantenido al respecto en la R/0193/2016. En estas circunstancias, no se está planteando una elaboración ex profesode la información, o la confección de un informe o el tratamiento de la información de acuerdo a unos determinados parámetros para proporcionarla al solicitante sino, lisa y llanamente como decimos, su recopilación. En este sentido, por lo tanto, no podemos concluir que nos encontremos ante un supuesto de aplicación del art. 18.1 c). 6. No obstante, no es menos cierto que esté Consejo de Transparencia y Buen Gobierno entiende que los datos solicitados deben suministrarse tal y como estén disponibles por los competentes que, como decimos, puede no corresponderse con el nivel de detalle solicitado por el hoy reclamante. En este sentido, y ya atendiendo al segundo de los motivos de reclamación indicados por el , entendemos que, si bien hubiese deseado una mayor concreción sobre el hecho concreto de la falta que conlleva la suspensión- expresión que ciertamente puede implicar una interpretación distinta en función de las partes afectadas por la presente reclamación-, la información que se le ha suministrado es la disponible en los sistemas de gestión de la información interesada, siendo cuanto menos difícil proporcionar una mayor concreción del hecho concretoque, como decimos, puede ser también complicado determinar. Así las cosas, la presente reclamación debe ser estimada parcialmente, por lo que la Administración debe proporcionar al reclamante el número total de agentes del Cuerpo de la Policía Nacional suspendidos de empleo y sueldo desde el 1 de enero de 2008 hasta el 3 de abril de 2018 por la comisión de faltas leves. En caso de que así esté disponible en las unidades competentes, los datos se suministrarán de acuerdo a los siguientes criterios: motivo de la suspensión (no solo si es una falta leve sino el hecho concreto en sí de la falta que conlleva la suspensión), tiempo de la suspensión, fecha de la suspensión y cargo del policía suspendido. Si dicha desagregación no estuviera disponible, se deberá indicar y argumentar expresamente. III.RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO:ESTIMAR parcialmentela Reclamación presentada por , con entrada el 29 de mayo de 2018, contra resolución de la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA (MINISTERIO DEL INTERIOR) de 23 de abril de 2018. SEGUNDO: INSTAR a la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA (MINISTERIO DEL INTERIOR) a que, en el plazo máximo de 15 días hábiles, remita a la información referida en el Fundamento Jurídico 6 de la presente Resolución. TERCERO: INSTAR a la DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA (MINISTERIO DEL INTERIOR) a que, en el mismo plazo máximo de 15 días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información enviada al Reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda