Solicitud de retribuciones de empleados y documentos de actas del Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 324/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el interesado solicitó al CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS INDUSTRIALES, con fecha 11 de diciembre de 2020, la siguiente información: l. Que se remita a los miembros del Pleno correo electrónico remitiendo los documentos Anexos al Acta del Pleno de 16 de julio de 2020, citados en el documento BORRADOR ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA TELEMÁTICA DEL PLENO DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS INDUSTRIALES CELEBRADA EL JUEVES DÍA 16 DE JULIO DE 2020, o bien avisando que se ha procedido a incorporar dicha nueva documentación en la intranet, al objeto de que su contenido pueda ser conocido por la totalidad de los miembros del Pleno y así pueda ser tenido en consideración en la aprobación de dicha Acta en el Pleno de 17 de diciembre de 2020. 2. Que, con antelación al Pleno de 17 de diciembre de 2020, proceda a remitírsele el desglose de la partida 8. Gastos de personal del documento de la Cuenta de Explotación de las cuentas del ejercicio 2019, por empleado del CGCOII, al objeto de recibir información de las retribuciones satisfechas a cada empleado con el adecuado desglose de conceptos S/REF: N/REF: R/0324/2021; 100-005123 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Consej o General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales Información solicitada: Retribuciones satisfechas a cada empleado Subdirección General de Reclamaciones retributivos. E igualmente solicita la equivalente información correspondiente a las previsiones en gastos de personal, por empleado del CGCOII, para el ejercicio de 2021. Solicitud que recuerda ha venido siendo formulada por su parte en la aprobación de cuentas de ejercicios anteriores, sin que hasta la fecha le haya sido facilitada. No consta respuesta del Consejo General. 2. Ante la falta de respuesta, con fecha de entrada el 3 de abril de 2021, el interesado presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en la que tras exponer los hechos que tuvo por convenientes, solicitaba lo siguiente: 1. Se acepte el presente escrito como documento de presentación de Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 2. Que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno requiera la información reiteradamente solicitada por mi parte al Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, y, en caso de ser posible, proceda a directamente darme traslado de la misma, al objeto de así evitar más retrasos en poder disponer de la misma. 3. Que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno analice si, en su caso, procediera la posible comisión de una infracción por parte de los cargos del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, a la vista de las reiteradas peticiones realizadas de dicha información, sin, a día de la fecha, haber conseguido aún disponer de ella. Información que considero, no solo tener derecho a conocer, sino que su ausenci a me dificulta el adecuado ejercicio de las funciones que, como miembro del Pleno del Consejo General, tengo atribuidas. Pudiendo un irresponsable ejercicio acabar derivando en responsabilidades de tipo personal, que, lógicamente, intento evitar no asumiendo aquellas decisiones que pueda considerar no adecuadamente justificadas; y más tratándose, como en el caso que nos ocupa, por la ocultación de información que expresamente he requerido. Personalmente ni estoy dispuesto a dar lugar, ni a encontrarme yo implicado, en situaciones similares a las de aquellos responsables de los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorro, que dejaron perpleja a nuestra sociedad cuando, tras trascender la situación de descontrol existente en el seno de dichas instituciones, manifestaron haber actuado sin conocimiento alguno, siguiendo las directrices de los servicios jurídicos y de sus cargos directivos. Debe hacerse notar que, en esta ocasión, el Consejo General es plenamente consciente de la necesidad de atender las solicitudes de información, pues, en la Resolución del CTBG de 06/04/2018, relativa a la reclamación R-0007-2018, que resultó estimatoria para mi persona, aunque tan solo por motivos formales, al, ya entonces, no haber contestado el Consejo General a la solicitud de información cursada por mi parte. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de este Consejo de Transparencia es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone su artículo 13 "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho - a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. 3. En el caso que nos ocupa, se solicitan los “gastos de personal del documento de la Cuenta de Explotación de las cuentas de los ejercicios 2019 y 2021, por empleado del CGCOII, al objeto de recibir información de las retribuciones satisfechas a cada empleado con el adecuado desglose de conceptos retributivos” así como “previsiones en gastos de personal, por empleado del CGCOII, para el ejercicio de 2021”. Lo primero que hay que poner de manifiesto es que, en lo que respecta a la aplicación de la LTAIBG a los Consejos Generales de Colegios Profesionales como corporaciones de Derecho Público, debe mencionarse su artículo 2, apartado 1 e), que dispone que la Ley resulta de aplicación a Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. A los efectos de lo previsto en este título, se entiende por Administraciones Públicas los organismos y entidades incluidos en las letras a) a d) del apartado anterior. En relación al concepto de actividades sujetas a Derecho Administrativo, debe señalarse que el artículo 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, dispone lo siguiente: “El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con c) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.” Esta previsión legal implica, en consecuencia, que las Corporaciones de Derecho Público, por una parte, quedan sometidas al cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa definidas en el Capítulo II del Título I de la LTAIBG –artículos 5 a 11- en lo que atañe a sus “actividades sujetas a Derecho Administrativo” –para cuyo cumplimiento efectivo la Disposición adicional tercera de la LTAIBG prevé la posibilidad de que tales Corporaciones puedan celebrar convenios de colaboración con la Administración Pública correspondiente-; y, por otra parte, que cualquier persona tiene derecho a acceder a la “información pública”, entendida ésta en los términos del artículo 13 de la LTAIBG y de acuerdo con el procedimiento regulado en el Capítulo III del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre – artículos 12 a 22-, que obre en poder de las Corporaciones de Derecho Público respecto, igualmente, de sus “actividades sujetas a Derecho Administrativo”. Según se desprende del tenor literal de los preceptos de la LTAIBG acabados de reseñar, resulta determinante para pronunciarse sobre la reclamación planteada delimitar qué se entiende por “actividades sujetas a Derecho Administrativo”, en tanto y cuanto se trata del presupuesto de hecho que ha previsto el legislador para la efectiva aplicación a las entidades corporativas de la reiterada Ley 19/2013, de 9 de diciembre. En atención a esta premisa, cabe comenzar señalando que los Colegios Profesionales, tal y como ha destacado el Tribunal Constitucional, tienen una naturaleza mixta o bifronte. Esta doctrina aparece sistematizada en la STC 89/1989, de 11 de mayo -reiterada en pronunciamientos posteriores, como la STC 3/2013, de 17 de enero, F.J. 5- en la que, tras recordar los diferentes posicionamientos doctrinales sobre la materia, su Fundamento Jurídico 5 sostiene lo siguiente: “Los Colegios Profesionales, en efecto, constituyen una típica especie de Corporación, reconocida por el Estado, dirigida no sólo a la consecución de fines estrictamente privados, que podría conseguirse con la simple asociación, sino esencialmente a garantizar que el ejercicio de la profesión -que constituye un servicio al común- se ajuste a las normas o reglas que aseguren tanto la eficacia como la eventual responsabilidad en tal ejercicio, que, en principio, por otra parte, ya ha garantizado el Estado con la expedición del título habilitante. […] Así es como la legislación vigente configura a los Colegios Profesionales. Estos son, según el art. 1 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, «Corporaciones de derecho público, amparadas por la Ley y reconocidas por el Estado, con personalidad jurídica propia, y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines». […] Por consiguiente, cierto es que la CE, como antes se ha dicho, si bien constitucionaliza la existencia de los Colegios Profesionales no predetermina su naturaleza jurídica, ni se pronuncia al respecto, pero hay que convenir que con su referencia a las peculiaridades de aquéllos y a la reserva de Ley, remitiendo a ésta su regulación (art. 36), viene a consagrar su especialidad -«peculiaridad»- ya reconocida, de otro lado, por la legislación citada […]”. La configuración de los Colegios Profesionales como Corporaciones de Derecho Público de base privada que desarrollan funciones públicas, se justifica por el cumplimiento de diferentes intereses públicos, entre los que pueden mencionarse la ordenación del ejercicio profesional, el cumplimiento de las normas deontológicas, el ejercicio de la potestad sancionadora, los recursos procesales, la defensa de los derechos e intereses de consumidores y usuarios, etc. –entre otras, STC 89/1989, de 11 de mayo, F.J. 7. Hay que subrayar que para nuestra jurisprudencia la función principal de los Colegios Profesionales no es pública, sino que consiste en la gestión de aquellos intereses privativos de sus miembros que derivan del ejercicio de la profesión común, como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2011, recurso de casación núm. 2054/2008. Según dicha sentencia de 28 de febrero de 2011: “La intervención del Estado sobre estos entes corporativos de base privada se inicia con su creación mediante un acto de imperio, por el que se publifica en cierto modo el ejercicio de una determinada profesión, acto que, a su vez, le atribuye a la corporación profesional personalidad jurídico-pública con el fin de desempeñar funciones de interés general con carácter monopolístico que se encarga de controlar la jurisdicción contencioso-administrativa. Sin perjuicio de ello, su función principal no es pública, sino que tiene por fin esencial la gestión de aquellos intereses privativos de sus miembros que derivan del ejercicio de la profesión común, de suerte que, en este último caso, de suscitarse conflictos entre ellos, serán otras jurisdicciones las encargadas de resolver sus controversias”. Por lo que aquí nos interesa, su diferencia con las Administraciones Públicas ha sido puesta de relieve por el Tribunal Supremo cuando dice que: “se distinguen de las Administraciones Públicas en que la mayor parte de su actividad no se sujeta al derecho administrativo: sus empleados no son funcionarios públicos ni sus finanzas se controlan por la Intervención del Estado ni por el Tribunal de Cuentas y con su creación la Administración territorial lo que pretende esencialmente es una descentralización funcional, por lo que le atribuye fines relacionados con los intereses públicos, evitando crear entes públicos de intervención directa”. De este modo, se puede sostener que sólo el ejercicio de dichas funciones públicas es el que se sujeta a Derecho Administrativo y, en concreto, a la legislación sobre procedimiento administrativo y, además, sólo los actos dictados en el cumplimiento de tales funciones públicas que tienen atribuidas estas Corporaciones son susceptibles de Recurso Contencioso- Administrativo. En este sentido, cabe recordar que están sujetos a Derecho Administrativo los actos relativos a la organización y funcionamiento de las Corporaciones y el ejercicio de las funciones administrativas que tienen atribuidas por la legislación que las rige o que les han sido delegadas por otras Administraciones Públicas. A estos efectos, el artículo 2.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas prevé que “[l]as Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por esta Ley”. Mientras que, finalmente, el artículo 2.1.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, dispone que “[e]l orden jurisdiccional contencioso- administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con […] los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho Público, adoptados en el ejercicio de sus funciones públicas”. Una vez que se ha delimitado el marco en el que ha de interpretarse el sentido de la expresión “actividades sujetas a Derecho Administrativo”, corresponde a continuación examinar los diferentes ámbitos respecto de los que el ahora reclamante ha planteado su derecho de acceso a la información. Lo solicitado son salarios y sueldos de cada empleado con el adecuado desglose de conceptos retributivos. Pues bien, de conformidad con la normativa y la jurisprudencia antes citada, esta información no forma parte de las “actividades sujetas a Derecho Administrativo”, sino que son actividades relacionadas con la gestión de aquellos intereses privativos de sus miembros que derivan del ejercicio de la profesión común, a cuyo acceso tendrá o no derecho el reclamante en función de lo que dispongan las propias normas de orden interno que rigen su funcionamiento, no siendo susceptible de amparo por la LTAIBG. Por lo tanto, la reclamación presentada debe ser inadmitida. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede INADMITIR la reclamación presentada por frente al CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS INDUSTRIALES. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez