Solicitud de información sobre complementos de destino y específicos de proceso selectivo

Consejo de Transp3rencla y 8ue1 Gobierno PRESIDENCIA RESOLUCIÓN S/REF: 001-025075 NIREF: R/0321/20 18 ( 1 00-000889) FECHA: 22 de agosto de 2018 ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 1912013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno En respuesta a la Reclamación presentada por entrada el 28 de mayo de 2018, el Consejo de considerando l os Antecedent es y Fundamentos continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: 11. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 4 de febrero de 2018 solicitó saber el complemento de destíno de inicio asignado en caso de aprobar el proceso y se produjera el correspondiente nombramiento y toma de posesión, así como la cuantía establecida para el complemento específico. Sí variara el caso de destino asociado, sírvanse a ponerse en el caso de Madrid. En el caso de que todavía no esté establecido el del año 2018, indiquen el del año 2017 o el del año más reciente disponible. Ruego se cumpla con la solicitud según lo establecido en los artículos 12 y siguientes de la Ley 1912013 de acceso a la información pública, transparencia y buen gobierno. No consta respuesta de la Administración. 2. Mediante escrito de 22 de mayo de 2018 y entrada el día 28, - presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia Gobierno en los siguientes términos: Tras solicitar información pública del proceso selectivo de administrativo de la oferta 2017 de la AGE, acerca de los complementos específicos PUBLICADA EN EL BOE NÚMERO 26 DE 2018 DE 29 DE ENERO DE 2018, el 2 de Febrero, según justificante adjunto, y nuevamente solicitada el 4 de abril y recibido correo confirmando recepción (. .. ) Habiendo accedido al Punto General de Acceso y en ocasiones a las sedes electrónicas de los citados órganos, sin encontrar notificación y no habiendo recibido aviso me decido a poner en su conocimiento este hecho, los más de tres meses desde la solicitud de acceso a la información pública, y el incumplimiento por parte de estos de los plazos que se indican en la ley 19/2013 3. Recibida la reclamación, la documentación obrante en la misma fue trasladada con fecha 28 de mayo de 2018 al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, a través de su Unidad de Información de Transparencia al objeto de que por dicho Departamento se realizaran las alegaciones oportunas. El escrito de alegaciones de la Dirección General de la Función Pública del MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA tuvo entrada el 18 de junio y en el mismo se señalaba lo siguiente: Según el justificante de registro electrónico, que se adjunta, esta solicitud se presentó utilizando el formulario genérico FOGE e iba dirigida a la Oficialía Mayor del Ministerio. Realizadas las averiguaciones correspondientes, se desconocen las circunstancias por las cuales dicha solicitud no llegó a la unidad que debía haberla resuelto. Dado que la solicitud presentada por FOGE exige identificación y firma segura con certificado electrónico, se considera que el solicitante se acreditó de forma suficiente al presentarla. Por tanto, con objeto de dar al interesado una contestación lo más pronta posible, se ha procedido a dar de alta dicha solicitud como solicitud de acceso a la información pública, con el número de expediente 001-025075 y a resolverla concediendo el acceso (se adjunta resolución). Con fecha 8 de junio, la Unidad de Información de Transparencia ha comunicado a esta Dirección General que ya se ha finalizado el expediente y se ha enviado al interesado correo electrónico de aviso de puesta a su disposición de la resolución, a través del enlace a la sede electrónica. 4. En atención al escrito de alegaciones, con fecha 19 de junio y en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno procedió a la apertura de un trámite de audiencia al objeto de que por parte del interesado, a la vista de la documentación aportada en el trámite de alegaciones por parte de la Administración, realizara las consideraciones que entendiera oportunas. Con fecha 22 de junio tuvo entrada escrito en el que el indicaba lo siguiente: Efectivamente ya he recibido contestación por parte del Ministerio pero tras hacer tres solicitudes vía sede electrónica, y más de 4 meses desde la primera solicitud, tal y como expuse en el correo de queja por este motivo. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a un eventual Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Es decir, la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información pública que esté en posesión del Organismo al que se dirige la solicitud bien porque él mismo la ha elaborado o porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, deben realizarse una serie de consideraciones acerca del plazo del que dispone la Administración para atender una solicitud de información formulada al amparo de la LTAIBG. Así, el artículo 20.1 de la LTAIBG dispone que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. Por su parte, el apartado 4 del mismo precepto dispone lo siguiente: 4. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada Como bien sabe el Ministerio, la Administración debe prever y realizar las actuaciones que internamente sean necesarias para conseguir que las solicitudes de acceso a la información que se le presente lleguen al órgano encargado de resolver de la manera más rápida posible, para evitar demoras innecesarias y perjudiciales para los derechos de los solicitantes. En este sentido, la LTAIBG establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. Este Consejo de Transparencia ya se ha pronunciado en casos precedentes (por ejemplo, en el expediente R/0100/2016) sobre esta ausencia o tardanza en la tramitación de la solicitud por parte de la Administración, llegando a la conclusión de que este lapso de tiempo, no achacable al solicitante sino a la Administración, corre en contra de los intereses del primero, lo que contradice el principio de eficacia administrativa del artículo 103.1 de la Constitución española, según el cual "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho". La categorización como principio por la Constitución del deber de ser eficaz, comporta que la Administración ha de ajustarse en su actuación, no sólo al principio de legalidad, sino que, además, deberá poner todos los medios materiales y humanos para llevar a cabo el fin que la propia Constitución le asigna: la consecución del interés general. 4. Sentado lo anterior, debe también señalarse que, si bien con incumplimiento de los plazos legalmente previstos, la Administración ha proporcionado finalmente la información solicitada por el reclamante. En casos similares al presente, en los que la respuesta a la solicitud se ha proporcionado fuera del plazo concedido al efecto por el art. 20 de la LTAIBG y una vez que se ha presentado reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, hemos venido entendiendo que debe reconocerse, por un lado, el derecho del interesado a obtener la información solicitada y por otro, tener en cuenta el hecho de que la información se le ha proporcionado si bien, como decimos, en vía de reclamación. Por lo tanto, la presente Reclamación debe ser estimada pero por motivos formales, dado que la contestación se ha producido una vez transcurrido sobradamente el plazo legal de un mes y como consecuencia de la presentación de la Reclamación ante este Consejo de Transparencia, sin que sea preciso realizar ulteriores trámites. III.RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por con entrada el 28 de mayo de 2018 contra el MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA, actual MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda