Acceso a información sobre comisiones de servicio y adscripciones provisionales en el periodo 2018-2020

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 318/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó al MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 3 de marzo de 2020, la siguiente información: Solicito información sobre las comisiones de servicios y adscripciones provisionales autorizadas por el Instituto Nacional de Estadística, desde el 01 de enero del 2018 hasta el 31 de enero del 2020. La documentación remitida deberá contener la siguiente Información: 1.- El organismo de origen/procedencia del funcionario comisionado y el código numérico del puesto de trabajo que se le reservó. S/REF: N/REF: R/0318/2020; 100-003785 Fecha: La de firma Reclamante Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital Información solicitada: Comisiones de servicio y adscripciones provisionales autorizadas (2018-2020) Subdirección General de Reclamaciones 2.- El organismo de destino, y el código numérico del puesto de trabajo que pasó a ocupar el funcionario comisionado, así como la fecha de la adjudicación en comisión de servicios y la duración prevista de la misma. 3.- El código numérico de los puestos de trabajo provistos en comisión de servicios que se han adjudicado de forma definitiva al funcionario comisionado. Resolución y fecha de la ocupación definitiva. 4.- El código numérico de los puestos de trabajo provistos en comisión de servicios que NO se han adjudicado de forma definitiva al funcionario comisionado. 5.-El grupo y cuerpo o escala de pertenencia de los funcionarios comisionados. 6.- Indicación de la fecha y medio a través del cual se ha hecho pública la plaza ofertada a través de dicha figura. Esta solicitud, se encuentra avalada por la jurisprudencia del TS, Sentencia de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2019. Pronunciamientos similares adoptó el Consejo de Transparencia, véanse resoluciones R-0549-2018 o R-0173- 2018. El acceso a la información se solicita sin la inclusión de datos de carácter personal que permitan la identificación del funcionario o funcionarios que intervengan en los aludidos procesos de provisión de puestos de trabajo, datos que sin embargo, de acuerdo con pronunciación expresa de la AEPD, https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica- web/vistas/infoSede/detallePreguntaFAQ.jsf?idPregunta=FAQ%2F00140 deberían ser suministrados por el órgano al que se le solicita la información. “Deberá apreciarse en primer lugar, la concurrencia del interés legítimo y delimitar su naturaleza para, en segundo lugar, efectuar una adecuada ponderación del citado interés legítimo con los derechos de las personas a las que la información se refiera y, particularmente, su derecho fundamental a la protección de datos. Sobre el interés legítimo, la finalidad de las normas de transparencia es la de permitir a las personas conocer los mecanismos que intervien en en los procesos de toma de decisión por parte de los poderes públicos, así como la utilización que aquéllos hacen de los fondos presupuestarios, garantizándose así la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos mediante un mejor conocimiento de la acción del Estado. En cuanto a los derechos de las personas afectadas, cabe recordar que el artículo 15.2 de la Ley 19/2013 dispone que "con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. La publicación de la información referida a las comisiones de servicios de los empleados públicos de un Ministerio, en cuanto se limite exclusivamente a indicar su nombre y apellidos, puesto de origen y puesto de destino, se encontraría amparada por lo establecido en la normativa de protección de datos a menos que dicha publicación pudiese colocar a la persona a la que los datos se refieren en una situación de riesgo que haga prevalecer su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal”. 2. Ante la falta de respuesta, mediante escrito de entrada el 3 de julio de 2020, la interesada presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido resumido: ÚNICO.- El artículo 12 la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, señala que “todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley”. Así mismo, en relación con las comisiones de servicios, figura regulada en el artículo 64 del Real Decreto 364/1995 de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general del Estado, la reciente Sentencia de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2019 Sección Cuarta, rec.1594/2017, Sentencia núm. 873/2019 señala que “… la comisión de servicios debe ofertarse mediante convocatoria pública y hacerlo, en su caso, dentro del plazo que prevea el ordenamiento funcionarial respectivo”. Por ello, a la vista de lo expuesto anteriormente y transcurrido el plazo estipulado en el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno sin que esta parte haya obtenido respuesta por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital SOLICITA: PRIMERO.- Que teniendo por presentado este escrito lo admita y en su virtud tenga por formulada la reclamación contra la negativa del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de hacer entrega de la documentación solicitada en el escrito de fecha 03 de marzo de 2020 acerca de las comisiones de servicios autorizadas por el citado Organismo en el periodo comprendido entre el entre el 01 de enero del 2018 hasta el 31 de enero del 2020. SEGUNDO.- Se requiera al Ministerio la remisión de la documentación solicitada 3. Con fecha 6 de julio de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. La respuesta a la solicitud de alegaciones tuvo entrada el 4 de agosto de 2020 e indicaba lo siguiente: En relación con la reclamación efectuada, esta Subsecretaría formula las siguientes ALEGACIONES: 1. La solicitud con número de registro GEISER 20013275979 se ha resuelto concediendo el acceso a la información y se adjunta a las presentes alegaciones. 2. A causa de la complejidad en la elaboración de la información solicitada y la suspensión de plazos administrativos establecida por la DA 3ª del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, la resolución de concesión ha sido notificada a la solicitante una vez se ha levantada dicha suspensión de los plazos administrativos, de acuerdo con el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo y se ha normalizado la situación laboral en el ámbito Ministerial. Junto a estas alegaciones, el Ministerio acompaña una resolución de 31 de julio de 2020, con el siguiente contenido resumido: “El 8 de julio del citado año se recibió esta solicitud en la Subsecretaría del Departamento, que es el órgano competente para resolver. Una vez examinada la pregunta, esta Subsecretaría resuelve conceder el acceso a la información solicitada. Respecto a las cinco primeras cuestiones, se reflejan en el cuadro adjunto. En cuanto a la sexta cuestión todas las plazas fueron ofertadas en la intranet del Ministerio siendo accesible a todo el personal. Las fechas de publicación fueron de quince días a un mes antes de su concesión.” Asimismo, acompaña una tabla con los siguientes campos: DNI, Grupo, Cuerpo/Escala, ID puesto dest, Desc. Min dest, ID puesto origen, Desc. Min origen, Duración meses, Fecha inicio y Resolución. 4. El 5 de agosto de 2020, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió Audiencia del expediente a la reclamante para que, a la vista del mismo, presentase las alegaciones que estimara pertinentes en defensa de su pretensión, sin que haya efectuado ninguna en el plazo concedido al efecto, a pesar de haber recibido el requerimiento efectuado. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. Como cuestión de carácter formal que ha afectado a la tramitación de la solicitud de información de la que trae causa la presente reclamación, cabe aludir a la suspensión de términos y plazos administrativos establecida en el apartado 1, de la Disposición Adicional Tercera, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, suspensión que ha finalizado mediante el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que https://www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692 se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que señala en relación con los plazos: Artículo 9. Plazos administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas. No obstante, y a pesar de esta circunstancia excepcional, y dado los hechos del presente expediente, consideramos que el Ministerio tuvo tiempo suficiente para contestar una vez finalizado el estado de alarma. 4. En cuanto al fondo del asunto, la reclamante solicita información sobre las comisiones de servicios y adscripciones provisionales autorizadas por el Ministerio, desde el 01 de enero del 2018 hasta el 31 de enero del 2020, que éste entrega en vía de reclamación, tal como consta en el expediente y en los antecedentes de hecho de esta resolución. Al respecto cabe indicar que el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. En casos como éste, en que la respuesta a la solicitud se ha proporcionado fuera del plazo concedido al efecto por la LTAIBG y una vez que se ha presentado reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, hemos venido entendiendo que debe reconocerse, por un lado, el derecho de la interesada a obtener la información solicitada y por otro, tener en cuenta el hecho de que la información se le ha proporcionado si bien, como decimos, en vía de reclamación. Asimismo, debe hacerse constar que la reclamante no ha efectuado ningún reparo al contenido ni a la cantidad de información recibida, aunque tuvo oportunidad de hacerlo dentro del trámite de audiencia concedido al efecto, por lo que se entiende que acepta la totalidad de su contenido. Por lo tanto, la presente reclamación debe ser estimada pero únicamente por motivos formales, dado que la contestación de la Administración se ha producido una vez transcurrido el plazo legal de un mes y como consecuencia de la presentación de la reclamación ante este Consejo de Transparencia, sin que sea preciso realizar ulteriores trámites. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por , con entrada el 3 de julio de 2020, contra el MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL, sin más trámites. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda