Acceso a información sobre inmigrantes trasladados desde Canarias a la península en 2020 y sus costes

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 315/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el interesado, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 30 de diciembre de 2020, solicitó al MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES la sigu iente información: Información detallada de los 17.000 inmigrantes llegados a Canarias año 2020 y no que me den los datos de 2035 solamente y que también. Numero en cada ciudad, asignación a cada persona, meses en los que han sido trasladados, coste de cada plaza asignada en Arcos de la Frontera, La Rinconada, Teruel, Cádiz, Málaga, Cullera, Roquetas de Mar, Barcelona, Madrid, Almería, Sevilla, Chiclana de la Frontera, Algeciras, Zaragoza, Bilbao, Valencia y Puente Genil. Se solicita a cualquier departamento implicado toda y detallada la información, incluso las pruebas de la Covid si se han hecho y qué costes. S/REF: 001-051845 N/REF: R/0315/2021; 100-005111 Fecha: La de firma Reclamante Dirección: Administración/Organismo: Min isterio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Información solicitada: Inmigrantes llegados a Canarias en 2020 m Subdirección General de Reclamaciones 2. Con fecha 29 de marzo de 2021, el MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES contestó al solicitante lo siguiente: Con fecha 11 de febrero de 2021, esta solicitud ha tenido entrada en la Secretaría de Estado de Migraciones, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución. Una vez analizada la solicitud, y por lo que respecta al ámbito de competencias de esta Secretaría de Estado de Migraciones, sin perjuicio de lo que pudieran informar otros Departamentos o Administraciones con competencias en la materia, resuelve lo siguiente: En primer lugar, se informa de que en el año 2020 han sido trasladadas desde las Islas Canarias a la península un total de 2.168 personas en el marco del programa de atención humanitaria. Al respecto, conviene precisar que durante la vigencia del estado de alarma no se ha realizado ningún traslado de personas inmigrantes desde las islas Canarias a la península. Si bien, una vez finalizada la vigencia del estado de alarma, los traslados realizados con carácter mensual han sido los siguientes: INMIGRANTES TRASLADADOS DESDE LAS ISLAS CANARIAS A LA PENÍNSULA TOTAL JUNIO 99 JULIO 311 AGOSTO 33 SEPTIEMBRE 278 OCTUBRE 575 NOVIEMBRE 603 DICIEMBRE 269 Por lo que respecta al coste de las plazas de acogida, se informa de que la acogida viene determinada por las circunstancias personales de los inmigrantes que se van a trasladar y las necesidades que hay que atender, así como el número de plazas que hay disponibles en cada momento y las características de la entidad de acogida. De acuerdo con lo anterior, para la determinación del coste de las plazas de acogida es necesario aguardar, ciertamente, a la presentación de la memoria justificativa por parte de las entidades beneficiarias de las subvenciones. En cuanto a las competencias de esta Secretaría de Estado en materia de acogida de inmigrantes en el marco del programa de atención humanitaria, se reitera que a los inmigrantes se les asigna una plaza de acogida sin que dicha asignación esté condicionada a limitación alguna por lo que a su derecho a la libertad deambulatoria se refiere. m Por último, por lo que se refiere a la realización de las corre spondientes pruebas PCR para la detección y prevención de posibles casos de COVID se informa de que corresponde a las Comunidades Autónomas, de acuerdo de acuerdo con las competencias asumidas en materia sanitaria, proporcionar dicha información. 3. Ante esta respuesta, con fecha de entrada el 30 de marzo de 2021, el interesado presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, indicando que “No responden a los que se les solicita como es habitual, no han contestado a los solicitado”. 4. Con fecha 31 de marzo de 2021, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES, al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas, sin que el Ministerio haya contestado en el plazo concedido. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone su artículo 13 "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho - a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. 3. Por otra parte, debe indicarse que en el caso que nos ocupa, se constata la falta de respuesta por parte del órgano a la solicitud de alegaciones formulada por el Consejo de Transparencia. Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta Autoridad Administrativa Independiente, al no proporcionarle los motivos en los que se sustenta la negativa a conceder el acceso a la información con el fin de que pueda valorar adecuadamente las cuestiones planteadas por el reclamante. 4. En cuanto al fondo del asunto planteado, se solicita información sobre inmigrantes llegados a Canarias durante el año 2020. En concreto, número de inmigrantes en cada ciudad, asignación económica a cada persona, meses en los que han sido trasladados, coste de cada plaza asignada en ciertas ciudades y, en caso de haberse realizado, pruebas para la detección de posibles casos de Covid y costes. La Administración entrega en plazo información sobre el número de personas trasladadas desde las Islas Canarias a la península, número de personas trasladadas con carácter mensual indicando que durante la vigencia del estado de alarma –declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y sus prórrogas- no se han producido traslados, el coste de las plazas de acogida (indicando que es variable según necesidades a las que atender, número de plazas disponibles y características de la entidad de acogida), asignación económica a cada persona (señala que es necesario aguardar a la presentación de la memoria justificativa por parte de las entidades beneficiarias de cada subvención, por lo que estaría en fase de elaboración) e indica que sobre la realización de las correspondientes pruebas PCR para la detección y prevención de posibles casos de COVID, es asunto competencia de las comunidades autónomas. El reclamante, en el trámite de audiencia, pone de manifiesto su disconformidad con la respuesta, sin indicar la razón. A juicio de este Consejo de Transparencia, la respuesta da satisfacción a todas las preguntas formuladas, con excepción de la relativa al desglose del número de personas trasladadas a cada ciudad. En el caso que nos ocupa, cabe señalar que ante este Consejo no han sido invocados ninguna de las causas de inadmisión o límites al acceso legalmente previstas. Restricciones al acceso que, por otro lado, y en atención a la información que consta a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, no resultarían aplicables, máxime teniendo en cuenta que, como hemos argumentado en reiteradas ocasiones, los límites y las causas de inadmisión previstos en la LTAIBG son excepciones y, en cuanto tales, sólo se han de aplicar si están lo suficientemente justificados, de manera clara e inequívoca. Por lo tanto, la reclamación presentada debe ser estimada únicamente en este punto concreto. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada por frente al MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES a q ue, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: x Número de personas inmigrantes trasladadas desde las Islas Canarias a cada ciudad de la península, en 2020. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez