Solicitud de información sobre facultades y obligaciones de agentes de la Guardia Civil en edificios públicos

PRESIDENCIA RESOLUCIÓN S/REF: 001-023185 N/REF: R/0314/2018 (100-000873) FECHA: 22 de agosto de 2018 ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. En respuesta a la Reclamación presentada por , con entrada el 25 de mayo de 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR, mediante escrito fechado el 28 de marzo de 2018 Y EN APLICACIÓN DE LA Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno la siguiente información y en su caso documentación que contraste debidamente las respuestas a las siguientes cuestiones: 1ª ¿ Está facultado un agente del Cuerpo de la Guardia Civil para impedir el acceso a ciudadanos a Edificios de titularidad pública, en la que ejerce el control y custodia ? . 2°.- ¿ Que, causas/motivos tipificados en la vigente Legislación, incluyendo la de la libre circulación de ciudadanos por Territorio Español, justificaría la actuación del agente de la GC de impedir el acceso a ciudadanos a Edificios de titularidad pública ? 3°.- ¿ Debe existir, previamente, algún mandato de carácter judicial (Sentencia, Auto, Providencia, etc..) que habilite al agente de la GC a impedir a ciudadanos el acceso a Edificios de titularidad pública)? 4°.- ¿ Qué otro tipo de resoluciones que no sean judiciales habilitaría a un agente de la Guardia Civil el impedir el acceso a ciudadanos a Edificios de titularidad pública ? 5°.- ¿ Está obligado un agente de la GC, que impide el acceso a un ciudadano a Edificios de titularidad pública, a entregar al propio ciudadano copia de la resolución, Informe, etc.. que justifica el impedimento de acceso? 6°.- ¿ Está habilitado por Ley un agente de la GC a realizar fotocopias impresas (en papel con aparato foto_impresor) del DNI (anverso--reverso) de un ciudadano? (Obsérvese estrictamente lo expuesto FOTOCOPIA IMPRESA} 7°.- ¿ Está habilitado un agente de la GC a realizar funciones de guarda y control en Edificios de Titularidad Pública //vistiendo uniforme oficial y con arma reglamentaria a la vista, colgada del cinturón// designado, nombrado (dése la denominación que corresponda) en calidad de "cargo de confianza", hallándose el mismo en situación laboral "reserva" ? 8°.- ¿ Está obligado, legalmente, por normativa, etc.. un agente de la GC de exhibir en su uniforme el número de agente-funcionario del Mº de Interior ? 2. Mediante resolución de 19 de abril de 2018, la DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL del MINISTERIO DEL INTERIOR, contestó al en los siguientes términos: Cabe señalar que la información que interesa el interviniente, no constituye "información pública, en los términos que establece el art. 13 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, toda vez que no se trata de contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de la Administración, y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones, sino que la solicitud gira en torno a la interpretación de diferentes normas que regulan la actividad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en concreto de las normas de seguridad en los edificios públicos, por lo que la petición trasciende al ámbito y finalidad de la mencionada Ley 19/2013, y de conformidad con el art. 18.1 e) del referido texto legal, la petición debe ser objeto de inadmisión por su carácter abusivo, no justificado con. la finalidad de transparencia de la Ley, ya que la citada información NO consta en ningún documento de la Guardia Civil, y habría que elaborar un informe ex-profeso, basado en la interpretación de diferentes leyes, tanto nacionales, como autonómicas y locales; en materia . de seguridad de edificios públicos, así como en diferentes normas integrantes del régimen estatutario de los miembros del Cuerpo de la Guardia Civil. 3.Ante esta respuesta, presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en la que señalaba que el Acuerdo notificado no responde ni a una sola de las cuestiones consultadas por este ciudadano. Igualmente, considera que la información documentada solicitada es necesaria para este ciudadano en sus relaciones con instituciones públicas, y en el caso concreto, de las actuaciones que deben regir los agentes que ejercen el control y custodia de edificios de naturaleza pública. 4. Detectadas ciertas deficiencias en su escrito de reclamación, se le requirió al interesado su subsanación. Subsanadas las mismas, se continuó con la tramitación del expediente. 5. El 29 de mayo de 2018, este Consejo de Transparencia remitió el expediente al MINISTERIO DEL INTERIOR, a través de su Unidad de Información de Transparencia, para que se realizaran las alegaciones que se considerasen oportunas. Si bien la solicitud de alegaciones fue reiterada, el MINISTERIO DEL INTERIOR no atendió a la misma. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que se presenten, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Es decir, la LTAIBG reconoce y regula el derecho a acceder a información pública que esté en posesión del Organismo al que se dirige la solicitud bien porque él mismo la ha elaborado o por porque la ha obtenido en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas. 3. En el caso que nos ocupa y tal y como se indica en los antecedentes de hecho, el interesado presenta reclamación al objeto de atender su petición de obtener determinada información relacionada con la actuación de fuerzas y cuerpos de Seguridad en la vigilancia de edificios públicos. En concreto, tal y como entiende este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, se plantean diversas cuestiones sobre el marco legal que ampararía a los agentes para llevar a cabo de terminadas actuaciones y, más en concreto, los límites que pudieran ser de aplicación a dichas actuaciones. Sin perjuicio de que, como indica el propio preámbulo de la LTAIBG y reconoce este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la finalidad de la norma es ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública(art. 1 de la LTAIBG), no es menos cierto que el derecho de acceso a la información se vincula a la existencia de la misma, definida como todo contenido o documento en poder de los organismos públicos. En este sentido, debe recordarse que la LTAIBG tiene como objetivo el control de la actuación pública a través del conocimiento de cómo se ha desarrollado la misma y cómo han sido tomadas las decisiones que afectan a los ciudadanos, pero, como también ha indicado este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, no se debería hacer equivalente dicha norma a la obligación de dar cuenta de la gestión o de la falta de ella, con desvinculación de que exista o no un contenido o documento al que acceder. 4. En este sentido, debe recordarse lo ya razonado en la R/0249/2018 en los siguientes términos: Como puede verse del texto de la pretendida solicitud de información, en ella se piden explicaciones sobre la respuesta por la que previamente de denegaba determinados datos, solicitados en ejercicio de su condición de representante sindical, y se interesa por la situación laboral de una determinada empleada- situación que conoce por cuanto ha sido precisamente un cambio en la misma lo que motivó que se dirigiera al responsable de recursos humanos- y vuelve a pedir las razones en las que se fundamenta ese cambio en la situación laboral de la indicada empleada. Teniendo en cuenta lo anterior, debe recordarse lo ya razonado en la R/0505/2017 en el siguiente sentido Asimismo, el objeto de una solicitud de información debe ser cualquier contenido o documento en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la LTAIBG (art. 13 de la LTAIBG). Bajo esa premisa, el conocimiento de información sirve de base para la rendición de cuentas por la actuación pública que predica la LTAIBG. En opinión de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la concreta información que es objeto de solicitud no reúne las características de información pública, como objeto de una solicitud de información al amparo de la LTAIBG (…) En el caso analizado en la resolución referida, el reclamante utilizaba la vía de la reclamación ante el Consejo de Transparencia para denunciar la inactividad de la Administración sin venir referido al acceso a una concreta información tal y como delimita la LTAIBG el objeto de la solicitud de acceso. Ello supondría por lo tanto hacer equivalente la normativa de transparencia a la obligación de dar cuenta de la gestión (o de la falta de ella), con desvinculación de que exista o no un contenido o documento al que acceder, conclusión que no comparte este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. En definitiva, por todos los argumentos indicados anteriormente, la presente reclamación debe ser desestimada. 5. En relación a los argumentos indicados, debe también señalarse que el interesado planteaba una serie de cuestiones relacionadas con determinada actuación pública que, como indica la Administración en su respuesta, requeriría la elaboración expresa de los detalles solicitados. Por otro lado, no puede dejar de recordarse que, a nuestro juicio, la información solicitada por el interesado podría encuadrarse en lo que el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano califica como información administrativa en su art. 1 La información administrativa es un cauce adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de su derechos y obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios públicos. La información encomendada a las unidades y oficinas a las que se refiere el capítulo II de este Real Decreto podrá ser general o particular. Esta calificación como información administrativa implica en nuestra opinión una diferenciación respecto de la información a cuyo acceso ampara la LTAIBG, cuya finalidad es ciertamente diferente. En definitiva, por todos los razonamientos y argumentos señalados previamente, la presente reclamación debe ser desestimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la Reclamación presentada por , con entrada el 25 de mayo de 2018, contra el MINISTERIO DEL INTERIOR. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En consecuencia, contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso- Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda