Solicitud de copia de la designación de empleados públicos designados (EPD) del Comité de Seguridad y Salud

~ESOLUCIÓN S/REF: N!REF: R/0312120 18 ( 1 00-000869) FECHA: 22 de agosto de 20 18 Consejo de Transp3rencla y 8ue1 Gobierno PRESIDENCIA ASUNTO: Resolución de reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno En respuesta a la Reclamación presentada por con entrada el 23 de mayo de 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los antecedentes y fundamentos jurídicos que se especifi can a continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: 11. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 19 de marzo de 2018, , solicitó, en escrito registrado en la Subdelegación del Gobierno en Huesca y en aplicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ( en adelante, LTAIBG) que se le facilitase copia de la designación del empleado público designado (EPD) en aquellas dependencias en /as que exista que pertenezcan al Comité de Seguridad y Salud de la Subdelegación del Gobierno en Huesca. En el mencionado escrito, hacía valer su condición de delegado de prevención e indicaba su intención de someter a escrutinio la designación de /os empleados públicos designados aparece enmarcada en la competencia que me atribuye el artículo 36. 1 d) de la LPRL de ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 2. En respuesta al mencionado escrito, por parte de la Subdelegación del Gobierno en Huesca se le indicó con fecha 19 de abril de 2018 que el mismo había sido trasladado al Presidente del Comité de Seguridad y Salud de la Subdelegación del Gobierno en Huesca. Asimismo, se le indicaba que el Presidente del referido Comité ha informado que en el acta de la sesión celebrada el 27 de junio de 2017, aprobada el 26 de septiembre, entre otros acuerdos se recoge que “los representantes de la Administración aceptan la propuesta de la parte social de interesar de las unidades administrativas integradas en el Comité que informen si han designado o no un Empleado Público Designado en su organización” y que se dará traslado de la información recibida de las distintas dependencias de la Administración Periférica integradas en el Comité en la próxima reunión del Comité de Seguridad y Salud, convocada para el día 2 de mayo del actual. 3. Con fecha el 23 de mayo tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, escrito de Reclamación presentado por , fechado el 15 de mayo, en el que indicaba que la respuesta recibida no respondía a la petición que le formulaba y que, en cualquier caso, no me daba acceso a la documentación solicitada Igualmente, señalaba que: la respuesta de la subdelegada del Gobierno de 19 de abril de 2018, se configura como una respuesta a mi solicitud, pero no como una resolución de acuerdo a la normativa en materia de procedimiento administrativo, pues ignora lo preceptuado en el artículo 88 de la ley: a) No decide sobre la cuestión planteada en mi solicitud. b) Responde a otra cuestión distinta a la planteada, por lo que resulta incongruente con la petición formulada en mi solicitud. c) No expresa los recursos que contra ella procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno. Asimismo, aportaba diversos argumentos, basados tanto en la LTAIBG como en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en los que argumentaba su solicitud de información. 4. Remitido el expediente al MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES, a través de su Unidad de Información de Transparencia, para que formulara las alegaciones que considerase conveniente, con fecha 14 de junio tuvo entrada informe de la Subdelegación del Gobierno en Huesca en el que se contenía las siguientes alegaciones: PRIMERA.- El reclamante indicó en su solicitud su condición de delegado de prevención de la AGE en Huesca, y si bien aludía en su solicitud a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de acceso a la información pública y buen gobierno, también amparaba su petición en la legislación aplicable a su condición de delegado de prevención, tanto la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, como el Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado, para señalar que las designaciones de empleados públicos designados han de comunicarse a los Comités de Seguridad y Salud. Este último hecho fue el que propició que desde esta Subdelegación del Gobierno se tramitara la solicitud del reclamante en el ámbito del Comité de Seguridad y Salud, aludiendo a la sesión de 27 de junio de 2017 en la que se acordó interesar de las unidades administrativas integradas en el referido Comité la remisión de la información sobre la designación, en su caso, del Empleado Público Designado; de esa información se dio traslado en la sesión del Comité que tuvo lugar el 2 de mayo de 2018. Se adjunta copia de la respuesta dada al interesado con fecha 19 de abril de 2018 y de la documentación entregada a los participantes en la sesión del Comité celebrada el 2 de mayo de 2018. SEGUNDO.- No obstante, ante la interposición de reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, desde esta Subdelegación del Gobierno se ha dado respuesta a la solicitud de información del delegado de prevención , también al amparo de la Ley 19/2013, mediante resolución de fecha 12 de junio del actual. En esa resolución se le informa de que en la Subdelegación del Gobierno no existe empleado público designado y se le comunica (con copia de los oficios) que, en aplicación del artículo 19.4 de la Ley 19/2013, se ha remitido la solicitud al resto de dependencias que participan en el Comité de Seguridad y Salud y que no forman parte de los servicios integrados en la Subdelegación, para que resuelvan respecto de la solicitud de copia de designación de su empleado designado, en caso de que dispongan de tal figura, al ser ellas las unidades encargadas de elaborar esa información. Se adjunta copia de la resolución. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12, regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En el caso que nos ocupa, en primer lugar consideramos de interés realizar una serie de consideraciones respecto de la solicitud de información presentada por el hoy reclamante y, más en concreto, sobre la pretendida vulneración de su derecho de acceso a la información ex.art. 12 de la LTAIBG derivado de la respuesta proporcionada por la Administración. En este sentido, cabe recordar que hasta el momento, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha tramitado diversos expedientes de reclamación presentados por el , todos ellos relacionados con su actividad como delegado de prevención del Servicio Público de Empleo de Huesca y, en ese sentido, haciendo valer su condición de tal tanto en las solicitudes de información como en los escritos de reclamación dirigidos a este Consejo de Transparencia. Sin ánimos de ser repetitivos, debe señalarse lo indicado en la resolución R/0150/2018, de 13 de junio de 2018, en la que se hace referencia a otro expediente indicado a instancias del mismo interesado y en la que se razonaba en los siguientes términos: A nuestro juicio, en el presente caso, no sólo se dio respuesta a la solicitud de información inicialmente planteada y que figura en los antecedentes de hecho, sino que la documentación a la que se refería el reclamante ya ha sido objeto de publicación. A pesar de ello, el interesado continúa mostrándose disconforme. En nuestra opinión, dichas pretensiones no pueden prosperar. En efecto, además de considerar que la vía de la reclamación ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno está prevista para salvaguardar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos y que, en este caso como decimos, ya ha sido reconocido, debe traerse a colación lo ya indicado en otra resolución dictada y que afectan al mismo interesado. En concreto, la R/0131/2018 en la que se razonaba lo siguiente: Obran en este Organismo diversos antecedentes de reclamaciones presentados por el mismo interesado planteadas en el marco de solicitudes de información realizadas en su condición de representante de los funcionarios en la provincia de Huesca, miembro de la Junta de personal y delegado de prevención (solicitud de 11 de diciembre de 2017 de la que trae causa la presente reclamación). Este Consejo de Transparencia ha podido constatar que el objeto de las reclamaciones presentadas por el se enmarca en el ejercicio de su función sindical y como delegado de prevención, en concreto, de la Dirección Provincial del SEPE en la provincia de Huesca. Las cuestiones planteadas tienen en común, además, el haber sido tratadas, a su vez, en las reuniones de las que forma parte la Junta de Personal como órgano de representación de los funcionarios públicos. Es criterio de este Consejo de Transparencia, conocido por el interesado por cuanto ha sido el mantenido en diversas resoluciones dictadas en los procedimientos de que ha sido parte, que: no debe dejarse de lado el acceso a la información regulado por la LTAIBG, configurado como un derecho de amplio ámbito objetivo y subjetivo y, especialmente, el concepto de información pública y, por lo tanto el posible objeto de una solicitud de información que la ley consagra: todo contenido o documento que obre en poder de un organismo sujeto a la norma que haya sido obtenido o elaborado en el ejercicio de sus funciones. Este hecho- entender que puede ser objeto de una solicitud de información cualquier información que posea el organismo o entidad al que se dirija la misma- así como que no sea necesario motivar la solicitud, por lo que no está vinculada a la titularidad de un interés por parte del solicitante, hace difícil cuando no imposible, sustraer del marco de la LTAIBG una solicitud de información que cumpla las condiciones indicadas en la misma. Sin embargo, este Consejo de Transparencia también quiere recordar que el objetivo final de la LTAIBG es el escrutinio de la acción pública, y ello mediante el conocimiento del proceso de toma de decisiones como medio de rendición de cuentas de los responsables públicos. Y desde esa perspectiva deben ser analizadas, a nuestro juicio, las solicitudes de acceso a la información que tengan su amparo en la misma. Por ello, se recuerda que el conocimiento de información en el marco de las relaciones laborales encuentra su acomodo natural en el régimen que constituyen tanto el Estatuto de los Trabajadores como el Estatuto Básico del Empleado Público en caso de que sea de aplicación, que contienen vías para la adecuada comunicación entre las partes concernidas”. (…) En definitiva, si bien la LTAIBG configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, incluidos los miembros o representantes de los trabajadores, derecho que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud y que solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información – derivado de lo dispuesto en la Constitución Española– o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos, no debe perderse de vista que esta norma no está pensada, en ningún caso, para ejercer la actividad sindical, que dispone de sus propios cauces procedimentales específicos y que, en último extremo, puede ser defendido ante los organismos de arbitraje existentes o los Tribunales de Justicia competentes, no debiendo utilizarse la vía de la Reclamación ante este Consejo de Transparencia como medio usual para el ejercicio de esos derechos de representación laboral. A mayor abundamiento, no debe dejar de observarse que el ejercicio del derecho de acceso a la información tiene como fundamento último la salvaguardia del interés general o colectivo de la sociedad en controlar la actuación de los organismos públicos. Es por ello que puede entenderse, y así lo hace este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es precisamente la consecución de ese bien común de unos poderes públicos sometidos en su actuación al escrutinio de la ciudadanía y responsable por las decisiones públicas que adoptan en ejercicio de las potestades y funciones que le son conferidas, lo que subyace al reconocimiento de la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. 5. Sentado lo anterior, no podemos dejar de plantearnos que la solicitud formulada por el interesado del presente expediente de reclamación es un ejemplo de un uso de la LTAIBG no acorde con la finalidad perseguida por dicha norma. 4. Sentado lo anterior, no puede dejar de señalarse que, en el caso que nos ocupa, la Administración ha respondido al interesado, en primer lugar atendiendo a su condición de delegado de prevención y al amparo de los derechos que le asisten como tal- por lo que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comparte la apreciación de que, en efecto, no podía afirmarse tajantemente la base jurídica bajo la cual el interesado formulaba su solicitud- y posteriormente proporcionando una respuesta acorde con las previsiones de la LTAIBG. Por lo tanto, entendemos que los argumentos indicados previamente y ya recogidos en diversos antecedentes obrantes en este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno son de aplicación en este caso en concreto en el que, además y como ya hemos indicado, se ha dado una correcta satisfacción a la pretensión del interesado de conocer determinada documentación. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMARla Reclamación presentada por , con entrada el 23 de mayo de 2018, contra la SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUESCA. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda