Acceso a informes técnicos de apoyo a recursos contenciosos-administrativos sobre deslindes

RESOLUCIÓN S/REF: 001-015256 N/REF: R/0307n0 17 FECHA: 18 de agosto de 20 17 ConH ~io de Transp :r.renclrt y Buen Gobierno PRESIDENCIA ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 1912013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno En respuesta a la Reclamación presentada por·············· (Asociación Europea de Pe~udicados por la Ley de Costas), con entrada el 30 de junio de 2017, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los antecedentes y fundamentos juridicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: 11. ANTECEDENTES 1. Según se desp rende de la documentación obrante en el expediente, el 29 de mayo de 2017, (Asociaci ón Europea de Perjudicados por la Ley de Costas) solicitó al MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE, en base a la Ley 1912 013, de 9 de dicie mbre, de Transparencia, Acce so a la información pública y Buen Gobierno (en adelante LTAIBG), la siguiente do cumentación: • La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar encargó a Tragsa/Tragsatec la encomienda 28-5096 "APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE COSTAS EN LA REVISIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DESLINDE. FASE 2010-2012" • Entre los trabajos realizados "Detalle de Unidades" "Código: 2. 1 Informes técnicos de apoyo a los recursos contenciosos-administrativos" aparece un listado de 386 unidades junto son su referencia del recurso correspondiente. • Ruego me envfen los relativos a: -Informe Contestación demanda Ref. recursos: o 42110 (Unidad 95) [email protected] o 27211 O (Unidad 125) o 55711 O (Unidad 170) o 521110 (Unidad 180) -Informe Escrito conclusiones Ref. recursos: o 780108 (Unidad 242) o 551108 (Unidad 264) 2. Mediante escrito de 31 de mayo de 2017, el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE comunicó a •••••• ••••••• (Asociación Europea de Perj udicados por la Ley de Costas), lo siguiente: • Tras analizar el objeto de su petición, se comprueba que la misma se encuentra integrada en el procedimiento administrativo correspondiente a la Ley 2712006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medía ambiente, que dispone en su articulo 1. 1. a) que dicha norma tiene por objeto regular el derecho a acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas, estableciendo en su articulo 2.3 que, a los efectos de dicha ley, se considerará información ambiental, toda información que verse sobre: a) el estado de los elementos del medio ambiente, como el aire, y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales etc. ; b) los factores tales como sustancias, residuos, vertidos etc. en el medio ambiente que afecten o puedan afectar a los elementos antes citados; e) las medidas administrativas, polfticas o actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las tetras a) y b), asf como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos , d) los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental, e) los análisis y supuestos de carácter económico utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades citadas en la letra e), y f) el estado de la salud y seguridad de las personas. • Ciertamente, el contenido de la petición hace relación al medio ambiente en general y a la polftica de protección ambiental de las zonas marinas y costeras en particular, materia que se encuentra regulada en la Ley 2211988, de 28 de julio, de Costas, y normativa de desarrollo. Dicha Ley, que tiene por objeto la determinación, protección, utilización y policfa del dominio público marftimo­ terrestre y especialmente de la ribera del mar, regula el procedimiento de deslinde como instrumento para precisar tal delimitación, con el fin de promover una protección eficaz sobre la costa e incrementar la seguridad jurfdica de los titulares de derechos sobre el litoral. • Por lo tanto, la presente solicitud debe ceñirse a lo dispuesto a tates efectos en el procedimiento administrativo especial del derecho de acceso a la información ambiental, concretamente en aplicación de lo dispuesto en el articulo 2.3 e) de la Ley 2712006, antes citada, que define como tal información aquélla que, obrando en poder de las autoridades públicas, verse sobre las medidas y actividades destinadas a proteger los elementos del medio ambiente, entre los que se incluyen las zonas marinas y costeras tal y como se cita en el artículo 2. 3 a) del mismo texto lega l. • En consecuencia, de acuerdo con /os argumentos a nteriores, en relación con lo que se establece en el apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley 1912013, de 9 de di ciembre: "Se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas mate rias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información", que alude en su apartado 3, concretamente, al acceso a la información ambie ntal, esta Secretaría General Técnica acuerda inadmitir a trámite la solicitud de acceso a la información pública de referencia, comunicándole que este Ministerio le remitirá la respue sta que proceda en el marco del procedimiento afe ctado por la Ley 2712006. 3. Con f echa de entrada 30 de junio de 2017 ••••••••••••••• (Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas), presentó una Reclamación ante el Conse jo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: -Los informes que esta Asociación ha pedido no tratan en absoluto de información ambiental, puesto que se especificó claramente que se trataban de "Informes técnicos de apoyo a /os recursos contenciosos-administrativos" en apoyo de la Abogacla del Estado; es decir, que no se trata de un tema ambiental, sino jurfdico, que ha sido pagado con fondos púb/ícos mediante una encomienda encargada a la empresa públíca TRAGSAITRAGSA TEC. - El engañoso titulo de la encomienda podrla dar Jugar a pensar que se trata de un tema ambiental "Apoyo a la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar en la revisión y justificación de los deslindes" Fase 2010-2012, pero en la propia Memoria, en el punto 2-0BJET/VOS se establece nltidamente que, aparte de otros objetivos, se trata "en una gran medida, en el apoyo técnico a la Abogacla del Estado de la Audiencia Nacional en la defensa de los procedimientos contenciosos-administrativos sobre deslindes" Yen el punto 3.2 APOYO TÉCNICO EN LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS deja muy claro que "se considera esencial el apoyo a la Abogacla del Estado, desde el punto de vista técnico, en la defensa de la lega/ídad de los mismos• Y continúa "En definitiva, se trata de colaborar en las actuaciones procesales y conseguir las pruebas necesari as, con el fin de proporcionar la necesaria argumentación técnica para demostrar la bondad de la linea de deslinde aprobada en la zona objeto de recurso" -Finalmente establece el apoyo que se ha de prestar a la Abogacla del Estado: o Contestación a la demanda: que incluye un aná lisis exhaustivo de la demanda, y de la documentación técnica que aporta o Escrito de conclusiones: que in cluye la revisión de todo el material documental generado durante el periodo probatorio (pruebas documental es, periciales, interrogatorio de testigos, etc) y as/ como el escrito de conclusión emitido por la parte demandante. -En resumen, que con lo transcrito se deduce sin Jugar a dudas que se trata temas jurfdicos, no ambiental es. Es más, el deslinde se define como el acto formal de disting uir los límites de una propiedad o entre va rias propiedades, y en los tribunales se pleitea en defensa de la propiedad, por ambas pa rtes, que es /o único que se discute en /os recursos de la Audiencia y en /os que el personal de TRAGSA TEC ha desarrollado el papel de pasa nte o auxílíar de la Aboga cía del E stado. Personal e informes que han sido pagados con fondos públicos por lo que consideramos que tenemos derecho de acceso. -Por todo lo expuesto, presentamos reclamación al Conse jo de Transparencia y Buen Gobie rno al haber sido inadmitida por la Secretaría General Técnica del MAPAMA la solicitud de acceso a la información púb/íca de /os informes referenciados. ¡11. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artfculo 24 de la L T AIBG, en relación con el artfculo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Presidenta de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artfculo 12, regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artfculo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluídos en el ámb ito de aplicación de este titulo y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones •. Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, conviene analizar si, como alega la Administración, resulta de aplicación el apartado 2, de la Disposición Adicional Primera de la LTAIBG, según el cual se regirán por su normativa específica, y por esta l ey con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen j uridico especifico de acceso a la información. En este sentido, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, define la Información ambiental, de una manera bastante amplia, como toda información en forma escrita, visua l, sonora, electrónica o en cualquier otra forma que verse sobre las siguientes cuestiones: a) El estado de /os elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, /os paisajes y espacios naturales, incluidos /os humedales y /as zonas marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente y la interacción entre estos elementos. b) Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos /os residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a /os elementos del medio ambiente citados en la letra a). e) Las medidas, incluidas las medidas administrativas, como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en /as letras a) y b), así como /as actividades o /as medidas destinadas a proteger estos elementos. d) Los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental. e) Los análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter económico utilizados en la toma de decisiones relativas a /as medidas y actividades citadas en la letra e), y f) El estado de la salud y seguridad de /as personas, incluida, en su caso, la contaminación de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio histórico, cultural y artístico y construcciones, cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de /os elementos del medio ambiente citados en la l etra a) o, a través de esos elementos, por cualquiera de /os extremos citados en /as letras b) y e). la amplitud del concepto de información ambiental contenido en la Ley 27/2006, y en las Directivas Europeas 2003/4/CE y 2003/35/CE, de las que dicha Ley trae causa, dan buena cuenta diversas Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante T JCE) como la ST JCE de 17 de junio de 1998 (asunto 321/96, Mecklenburg), cuando el Tribunal afirmó: «debe recordarse que en el concepto de 'información sobre medio ambiente' la letra a) del art. 2 de la Directiva engloba cualquier información relativa al estado de los distintos elementos del medio ambiente que allí se mencionan, así como /as actividades o medidas que puedan afectar o proteger el estado de dichos elementos, 'incluidas /as medidas administrativas y /os programas de gestión del medio ambiente'. Del tenor literal de esta disposición se deriva que el legislador comunitario pretendió dar a dicho concepto un sentido amplío que abarcara tanto /os datos como / as actividades referentes al estado de dichos elementos». El T JCE afirmó: «De la utílízación que se hace en la letra a) del art. 2 de la Directiva del término 'incluidas' resulta que el concepto de 'medidas administrativas' no es más que un ejemplo de /as 'actividades' o de / as 'medidas' a /as que se refiere la Directiva ( ... ), el legislador comunitario se abstuvo de dar al concepto de 'información sobre medio ambiente' una definición que pudiera excluir S alguna de /as actividades que desarrolla la autoridad públíca, sirviendo el término 'medidas' tan sólo para precisar que entre los actos contemplados por la Directiva deben incluirse todas /as formas de ejercicio de actividad administrativa». De este modo, el Tribunal mantuvo que «para ser una 'información sobre medio ambiente' a efectos de la Directiva bastaba que un informe de la Administración, como el controvertido en el asunto principal, constituyese un acto que pudiese afectar o proteger el estado de alguno de /os sectores del medio ambiente a /os que se refería la Directiva. Tal es el caso sí, como señala el órgano jurísdíccíonal remitente, dicho informe, en lo que atañe a /os intereses de la protección del medio ambiente, puede influir en la decisión de aprobación de un plan de construcción>>. Ello no implica, no obstante, que la solicitud no sea respondi da ni que existan medios de defensa contra la respuesta otorgada, sino que tanto la respuesta como el régimen de impugnaciones será el previsto en la Ley 27/2006, reiteradamente mencionada en esta Resolución. Dado que, en el presente caso, la documentación que se pi de se refiere al acceso a un expediente deslinde, con sus informes, contestaciones a la demanda, documentación té cnica y conclusiones, podemos afirmar que se pretende acceder a información de carácter medioambiental, por lo que es de aplicación la Disposici ón Adicional Primera, apartado 2, de la LTAIBG, debiendo inadmitirse la Reclamación presentada, que se debe resolver por la normativa especifica de a cceso a la información medioambienta l, es decir, la Ley 27/2016, de 18 de ju lio, no la LTAIBG, no siendo competente este Consejo de Transparencia para entrar a conocer el fondo del asunto. 1111. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundament os Juridicos descritos, procede INADMITIR la Reclamación presentada por •••••••••••••• (Asociación Europea de Pe~ud icados por la Ley de Costas ), con entrada el 30 de junio de 2017, contra el MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y M EDIO AMBIENTE. De acuerdo con el articulo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de d iciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobiern o, la Reclamación prevista en el articulo 24 de la misma ti ene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 112.2 de la Ley 39/2 015, de 1 de octubre, de Proc edimiento A dministrativo Co mún de las Administra ciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vla adminis trativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-A dministrativo de Madrid, de conformidad con FIRMANTE (1): FRANCISCO J AVIER AMOROS DORDA 1 FECHA: 18/08/201712:381 NOTAS: F lo previsto en el artículo 9.1 e) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Por suplencia (Resolución de 19 de junio de 2017) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Javier Amorós Dorda