Solicitud de convenios con universidades y estadísticas de titulados y costes

PRESIDENCIA RESOLUCIÓN S/REF: N/REF: R/0304/2018 (100-000853) FECHA: 16 de agosto de 2018 ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno En respuesta a la Reclamación presentada por APEDANICA, con entrada de 21 de mayo de 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los antecedentes y fundamentos jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, APEDANICA solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR, con fecha 12 de abril de 2018, al amparo de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, acceso a determinada información sobre x APEDANICA investiga presunta corrupción universitaria y hemos visto la alarmante noticia titulada “Denuncia a Fiscalía por el título en la Rey Juan Carlos de más de 200 jefes de Policía. Un sindicato policial presenta una denuncia por el polémico grado 'online' en Criminología que obtuvieron mandos del cuerpo en un año académico. Se suma al caso del máster de que puede verse publicada en Internet x APEDANICA nunca recibió respuesta, ni acuse, al escrito enviado al PDF Secretario de Estado de Seguridad, x APEDANICA tiene la fundada sospecha de que la formación de funcionarios en general, y de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado en especial, está sistemáticamente pervertida en sus valores por una inversión de derechos y deberes envileciendo la oferta y la demanda de docencia y titulaciones del alumnado y el profesorado. Para diagnosticarlo criminológicamente, profesores y centros docentes compiten por los fondos públicos mucho más que por la calidad, y los alumnos funcionarios públicos reducen al mínimo el esfuerzo y el coste para maximizar, en ocasiones fraudulentamente, dudosos méritos. Este problema español se ve con meridiana claridad desde una perspectiva internacional considerando documentos como los que se adjuntan. x Por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, como mejor proceda, solicitamos copia de todos los convenios del Ministerio del Interior con universidades públicas como la URJC o privadas como UDIMA que supongan privilegios o facilidades para empleados o cargos públicos con la lista, o al menos, estadística de titulados y costes para el erario público de todos y cada uno de los casos publicados o publicables que superen en total 3.000 euros al año (modelo 347 de AEAT), así como cuanto declare el Ministerio del Interior sobre los hechos denunciados. 2. Con fecha de entrada 21 de mayo de 2018, APEDANICA, presentó una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en la que indicaba lo siguiente: x Pasado más de un mes sin respuesta alguna por el Ministerio de Interior (nótese que adjuntamos justificante de registro electrónico con certificación digital en PDF además de haberlo enviado por correo a las direcciones electrónicas oficiales más relevantes y supuestamente competentes del Ministerio del Interior), como mejor proceda formulamos reclamación, solicitando pronto acuse de recibo e identificación del expediente que se abra. 3. El 23 de mayo de 2018, este Consejo de Transparencia remitió el expediente al MINISTERIO DEL INTERIOR para que pu diera realizar alegaciones que se considerasen oportunas. El 18 de junio de 2018, tuvieron entrada sus alegaciones, y en ellas se indicaba lo siguiente: x El día 16 de abril de 2018, desde la Unidad de Información y Transparencia del Ministerio, se requirió al solicitante que subsanase su solicitud, (a través de la dirección de correo electrónico señalada a efecto de notificaciones) y en la que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68.1 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se le indicó que: 1.- Al tratarse de una persona jurídica la presentación de la solicitud debía realizarse por medios electrónicos y se le facilitaba el enlace del portal de transparencia para la presentación de la solicitud. 2.- Así mismo, se le indicó que debía aportar la acreditación de la representación de la citada Asociación, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 3.- Por último se le recomendó que tramitara de forma independiente las consultas que afectaran a organismos distintos. x Ese mismo día, recibimos un correo electrónico desde Apedanica, confirmando la recepción del correo (Se adjunta). x Con posterioridad no se ha recibido esta solicitud a través de la aplicación Gesat, como se le había indicado, por lo que se considera que ha desistido de su petición y se procede al archivo de las actuaciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12, regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de /os sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En el presente caso, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 28.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y documentos exigidos por las Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable Asimismo, los interesados podrán aportar cualquier otro documento que estimen conveniente. Igualmente, resulta aplicable su artículo 68.1, sobre subsanación y mejora de la solicitud, que establece lo siguiente: Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21. Solicitada por el MINISTERIO DEL INTERIOR al Reclamante la mejora y subsanación de su solicitud y no habiéndose producido ésta en el plazo legalmente señalado al efecto, se produjo el archivo del procedimiento de solicitud de acceso a la información, circunstancias todas ellas acreditadas debidamente en el presente expediente. En consecuencia, la presente Reclamación debe ser desestimada, dado que la actuación de las Administración ha sido conforme a derecho. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la Reclamación presentada por APEDANICA, con entrada el 21 de mayo de 2018, contra el MINISTERIO DEL INTERIOR. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo.: Francisco Javier Amorós Dorda