Solicitud de acta de puesta en marcha de instalaciones de Línea Eléctrica

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 293/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la entidad interesada, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 19 de enero de 2021, solicitó a la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha del MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA, la siguiente información: a).- Si la entidad Red Eléctrica de España (REE) ha solicitado de VI o de cualquier otra Autoridad del Ministerio de Transición Ecológica el acta de puesta en marcha de la LE de la referencia. b).- Si se le ha otorgado el acta de puesta en marcha, parcial o total; en su caso, copia íntegra del referido acto. La solicitud del compareciente está motivada, tal y como ha puesto de manifiesto ante VI en anteriores ocasiones, en la nulidad de pleno derecho de las actuaciones practicadas por haber S/REF: N/REF: R/0293/2021; 100-005097 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Política Territorial y Función Pública Información solicitada: Acta de puesta en marcha de instalaciones de Línea Eléctrica Subdirección General de Reclamaciones sido tramitado el proyecto y el expediente expropiatorio por órgano manifiestamente incompetente, por razón de la materia y por razón de territorio; todo ello conforme a lo dispuesto en el art. 47.1.b) de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. En efecto, la referida LE es inferior a 380 kv y no sale del territorio de Castilla la Mancha; es más, ni tan siquiera del término de Talavera de la Reina. En su virtud, A VI SOLICITO: la información y, en su caso, del documento a que se ha hecho mérito. No consta respuesta de la Administración. 2. Ante la falta de respuesta, con fecha 24 de marzo de 2021, el interesado presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia, al amparo del artículo 24 de la LTAIBG, con el siguiente contenido: 1.- Que el Sr. Jefe del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Castilla la Mancha viene tramitando como Administración sustantiva la línea eléctrica de alta tensión referida en el encabezamiento; dicho Órgano depende, jerárquicamente del Delegado del Gobierno en Castilla la Mancha y funcionalmente del Ministerio de Transición Ecológica de la Administración Central. 2.- Que el referido Órgano ha tramitado el expediente de expropiación forzosa de la finca nº 12 del parcelario de la expropiación, en que su representada ostenta la condición de titular expropiada, y, al propio tiempo, ha dictado la resolución de acta de puesta en marcha de las instalaciones, a sabiendas de que tanto por razón de la materia como por razón del territorio dicha línea eléctrica es competencia de la Administración autonómica incurriendo, entre otras irregularidades, en presunta prevaricación administrativa.(Se adjunta como documento 2 copia de la solicitud) 3.- Que con fecha 19/01/2021, mi representada ha solicitado, al amparo de lo dispuesto en el art. 17 de la Ley 19/2013, de Transparencia y Buen Gobierno, copia íntegra del acta de puesta en marcha de las instalaciones sin que hasta la fecha le haya sido remitida, ni aducida causa de inadmisión que lo justifique. Por todo ello, y al amparo de lo dispuesto en el art. 24 de la referida Ley, SOLICITO: a) que tenga por interpuesta reclamación previa contra el acto presunto que deniega, la remisión a mi representada, del acta de puesta en marcha de la Línea Eléctrica de la referencia; b) que requiera al Sr. Jefe del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Castilla la Mancha, cuya sede radica en Toledo, para la remisión del expediente que ha concluido con el acta de puesta en marcha de las instalaciones; e) que acuerde la remisión inmediata a mi representada del acta de puesta en marcha de las instalaciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone su artículo 13 "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho - a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. 3. Por otra parte, debe ponerse de manifiesto que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es una Autoridad Administrativa Independiente a la que se otorgan competencias de promoción de la cultura de transparencia en la actividad de la Administración Pública, de control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, así como de garantía del derecho de acceso a la información pública y de la observancia de las disposiciones de buen gobierno. Se crea, por lo tanto, como órgano de supervisión y control para garantizar la correcta aplicación de la LTAIBG, no pudiendo entrar a valorar si la Delegación del Gobierno en Castilla la Mancha, cuya sede radica en Toledo, es o no competente para dictar resolución de acta de puesta en marcha de unas instalaciones de Línea Eléctrica o para determinar quién tiene la competencia para la incoación de un procedimiento de expropiación forzosa. Por ello, tenemos que aclarar que por no estar pensada para ese fin, no puede invocarse la LTAIBG para adquirir una condición o unos derechos que de otra manera le son denegados al reclamante por la normativa general que rige el procedimiento administrativo común o por otras normas sectoriales o especiales, como las que regulan el procedimiento de expropiación forzosa. Si bien el artículo 13 -en relación con el artículo 12 de la LTAIBG- reconoce el derecho de los interesados a acceder a información pública obrante en los organismos y entidades incluidos en su ámbito de aplicación, no es menos cierto que dicha norma indica, en el apartado 1 de su Disposición Adicional Primera, que “La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”. Respecto a la aplicación de este precepto deben hacerse ciertas precisiones para que pueda ser invocada como motivo de inadmisión: Primero, debe existir un específico procedimiento administrativo aplicable al caso; segundo, el Reclamante debe ser un interesado en el mismo y tercero, el procedimiento debe estar en curso (Ver procedimiento R/0095/2015 ). Por tanto, teniendo en consideración dicha Disposición Adicional Primera, no puede por menos que considerarse que el derecho de acceso se condiciona a las normas del procedimiento administrativo que esté vigente en el momento en que se solicita el acceso a la información pública, que afectan al expediente en curso al que se pretende acceder por parte del interesado. Sentado lo anterior, procede comprobar si la entidad reclamante, que también es interesada (“titular expropiada”, como ella mismo reconoce), pretende acceder a un procedimiento aun en curso. La respuesta debe ser afirmativa, puesto que resulta deducible de las propias expresiones utilizadas por la entidad interesada en su escrito de reclamación (“la Delegación del Gobierno en Castilla la Mancha viene tramitando como Administración sustantiva la línea eléctrica de https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2015.html alta tensión”, “ha tramitado el expediente de expropiación forzosa”, “ha dictado la resolución de acta de puesta en marcha de las instalaciones”). Esta conclusión está avalada por los siguientes hechos: x Por Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de 1 de junio de 2020 (Boletín Oficial del Estado nº 165, de 12 de junio de 2020), fue declarada de utilidad pública el Proyecto "LAT 220 kV E/S EN ST EBORA DE LALAT TORRIJOS-ALMARAZ", en el TM de Talavera de la Reina (Toledo). x Dicha declaración, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y en el Art. 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, llevó implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados e implica la urgente ocupación de los mismos, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954. x En cumplimiento del citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y conforme a las atribuciones conferidas por el Art. 73.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha convocó a los propietarios y titulares de los bienes afectados para que en el día, lugar y hora que en la misma se expresaba, comparezcan en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, como punto de reunión, al objeto de proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación y, si procediera, las de ocupación definitiva. x De acuerdo con el artículo 56.2 del vigente Reglamento de Expropiación Forzosa los titulares y demás interesados podrían formular ante el Área Funcional de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Toledo, cuantas alegaciones estimaran oportunas, a los solos efectos de subsanar los posibles errores que se hayan podido padecer al relacionar los bienes y derechos afectados por imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica con el alcance y efectos previstos en el artículo 57 de la citada Ley 24/2013, del Sector Eléctrico. x Asimismo, esta publicación se realizó a los efectos de notificación previstos en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los casos de titular o domicilio desconocidos o aquéllos en los que intentada la notificación no haya podido practicarse. x En ningún caso queda constancia en el expediente de la finalización del procedimiento de expropiación forzosa mediante el pago y la posterior toma de posesión, razón por la que debemos considerar que aún está en curso. Por lo expuesto, procede inadmitir la reclamación presentada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede INADMITIR la reclamación presentada por CELATO, S.L) frente al MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez