Solicitud de información sobre el nombramiento y motivación de un Vocal del Consejo Rector del Parque Móvil del Estado

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 289/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el interesado, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 25 de enero de 2021, solicitó al PARQUE MÓVIL DEL ESTADO del MINISTERIO DE HACIENDA la siguiente información: Con el fin de conocer el modo en el que se emplean los recursos públicos y en virtud de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, SOLICITA que se me facilite la siguiente información: I.- Quien ha designado en el Ministerio de Hacienda a D. Víctor Manuel Figaredo Velázquez como Vocal del Consejo Rector del Parque Móvil del Estado organismo autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda a través de la Subsecretaría del Departamento. II.- Cualquier tipo de documento o contenido (resolución, circular, mail, plan, etc.) a través de los cuales se pueda deducir la Motivación objetiva y subjetiva por la que se designó a D. Víctor S/REF: 001-052914 N/REF: R/0289/2021; 100-005076 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Hacienda/Parque Móvil del Estado Información solicitada: Nombramiento de Vocal Asesor Subdirección General de Reclamaciones Manuel Figaredo Velázquez Vocal del Consejo Rector del Parque Móvil del Estado organismo autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda a través de la Subsecretaría del Departamento 2. Mediante resolución de fecha 23 de febrero de 2021, el PARQUE MÓVIL DEL ESTADO del MINISTERIO DE HACIENDA contestó al solicitante lo siguiente: Con fecha 29 de enero de 2021, esta solicitud con número de expediente 001-052914 se recibió en el Parque Móvil del Estado, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución. Una vez analizada la solicitud, esta Dirección General resuelve conceder el acceso a la información a que se refiere, en los siguientes términos: Se adjunta como Anexo I el nombramiento de D. Víctor Manuel Figaredo Velázquez como Vocal del Consejo Rector del Parque Móvil del Estado, firmado por D. Felipe Martínez Rico, Subsecretario del Ministerio de Hacienda y Función Pública en la fecha del nombramiento. Se adjunta como Anexo II un extracto con las primeras dos páginas del acta de la primera reunión del Consejo Rector del Parque Móvil del Estado a la que asistió el citado Vocal, en la que queda reflejado en la segunda página, en el párrafo de bienvenida a los nuevos vocales, que D. Víctor Manuel Figaredo Velázquez representa a la parte social, en sustitución del anterior Vocal D. Diego de Blas Mayor. 2. Ante esta respuesta, con fecha de entrada el 23 de marzo de 2021, el interesado presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: El 25 de enero de 2021, se solicitó acceso a cierta información pública que se materializó en el expediente 001-052914 donde se pedía al Ministerio de Hacienda que informara de: I.- Quien había designado en el Ministerio de Hacienda a D. Víctor Manuel Figaredo Velázquez como Vocal del Consejo Rector del Parque Móvil del Estado. II.- Cualquier tipo de documento o contenido (resolución, circular, mail, plan, etc.) a través de los cuales se pueda deducir la Motivación objetiva y subjetiva por la que se designó a D. Víctor Manuel Figaredo Velázquez Vocal del Consejo Rector. I.- El Director General del Parque Móvil del Estado (PME) concedía acceso a la información solicitada en el Punto I adjuntando un documento donde aparece el nombramiento de D. Víctor como Vocal del Consejo Rector y lo realiza firmando digitalmente el Subsecretario del Ministerio de Hacienda D. Felipe Vicente Martínez Rico, el 2018-05-09, en base a las competencias delegadas por el Ministro de Hacienda, de acuerdo con el artículo 5.3.a) de la Orden HAP/1335/2012, B.O.E 21/6/2012 pag. 44318. Es llamativo que la información solicitada no sea pública y que la entregue el Director General del PME y no el Subsecretario de Hacienda cuando ha sido el Subsecretario el que ha realizado los nombramientos de los vocales del Consejo Rector del PME y además es el Presidente del Consejo Rector. II.- La documentación o contenido (resolución, circular, mail, plan, etc.) a través de la cual se pueda deducir la motivación objetiva y subjetiva del nombramiento de D. Víctor; el Director General del PME concede acceso entregando la copia de las dos primeras hojas del acta número 342 del Consejo Rector; en la hoja número uno aparece, en la relación de vocales presentes D. Víctor y en la hoja número dos, solo se indica que “…Se da la bienvenida a los dos nuevos vocales del Consejo: Por un lado D. Víctor Manuel Figaredo Velázquez, representante de las parte social que sustituye a D. Diego de Blas Mayor…”. Se ha solicitado la motivación objetiva y subjetiva, y de la documentación entregada malamente podemos inducir ni deducir ninguna motivación. Se puede suponer que es un nombramiento digital pero poco más. Ahondando en la frase, podemos llegar a vislumbrar que D. Víctor es representante de la parte social (no se informa de quien lo dice) porque el Secretario del Consejo Rector del PME lo plasma en el acta pero nos vamos del origen de la información solicitada que es conocer la motivación de nombrarle vocal, por qué a él y no a otra persona; si la razón fuera por ser EL representante de la parte social tendríamos otro dilema ya que D. Víctor es UN representante de la parte social de los múltiples representantes sociales que puede haber en el Ministerio de Hacienda, nadie le ha nombrado EL representante de la parte social que sepamos, no ha sido nombrado EL representante social por el Comité de Empresa del Ministerio de Hacienda, las actas del Consejo Rector no están publicadas y D. Victor nunca ha entregado dichas actas a los miembros del Comité de Empresa en el Comité de Empresa, y continuando con el Comité de Empresa, un pequeño gran matiz, no representaría al personal funcionario, solo representaría al personal laboral del PME por lo que nos haría falta otro vocal, como hace años que existía una persona de la Junta de Personal en el Consejo Rector para representar a toda la parte social, por lo cual volvemos al principio y a la solicitud del desconocimiento de las motivaciones objetivas y subjetivas del Subsecretario de Hacienda. Vuelvo a incidir en la circunstancia que sea el Director General del PME el que entrega “cierta información” que no aclara nada sobre la cuestión consultada y que no sea el Subsecretario de Hacienda el que siendo conocedor de la motivación objetiva y subjetiva de los nombramientos no responda. La información que se ha solicitado es para no tener que suponer nada, sino todo lo contrario, aclarar, garantizar la transparencia de la actividad, funcionamiento y control de la actuación pública, en este caso, del Consejo Rector del PME y específicamente, la motivación objetiva y subjetiva del nombramiento de un vocal del Consejo Rector. Así mismo, solicito que antes de redactar la propuesta de resolución, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno me dé traslado de los documentos incorporados al expediente, incluyendo todas las alegaciones de la otra parte, y se me otorgue trámite de audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82.1 de la Ley 39/2015. 3. Advertidas algunas deficiencias en el escrito de reclamación, se solicitó al reclamante que las subsanara. Realizada la subsanación, se continuó con el procedimiento. 4. Con fecha 31 de marzo de 2021, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE HACIENDA, al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas, contestando el PARQUE MÓVIL DEL ESTADO del Ministerio, en resumen, lo siguiente: Al aportar en la resolución inicial el nombramiento de D. Víctor Manuel Figaredo Velázquez como vocal del Consejo Rector del Parque Móvil del Estado, así como el acta de su primera reunión en dicho Consejo, en la que se refleja su nombramiento como representante de la parte social, este Organismo considera haber concedido el acceso a lo que se entiende por información pública según el artículo 13 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Por tanto, el Director del Parque Móvil del Estado SOLICITA que se resuelva de forma desestimatoria la reclamación formulada. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de este Consejo de Transparencia es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone su artículo 13 "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. 3. En el presente caso, no se considera pertinente efectuar un trámite de audiencia del expediente al reclamante. Como indica el Tribunal Supremo, en Sentencia de 12 de diciembre del 2008 (Casación 2076/2005): “(…) la omisión del trámite de audiencia en procedimientos no sancionadores no constituye en sí misma o por sí sola ninguna de las dos causas de nulidad de pleno derecho previstas en las letras a) y e) del número 1 del artículo 62 de la Ley 30/1992, sino que queda regida por la previsión del número 2 del artículo 63 de la misma Ley, de suerte que sólo determinará la anulabilidad del acto dictado en el procedimiento en que se omitió si dio lugar a una indefensión real y efectiva del interesado. En este sentido, y por todas, puede verse la sentencia de 16 de noviembre de 2006 (Casación 1860/ 2004), en la que, con cita de otras, se recuerda también que para afirmar si se produjo o no esa situación de indefensión real y efectiva han de valorarse las circunstancias singulares de cada caso en concreto, incluidas las posibilidades de defensa que haya podido proporcionar el propio procedimiento administrativo en que se omitió aquel trámite, el recurso administrativo, si lo hubiere, y el mismo recurso jurisdiccional”. Asimismo, el Tribunal Constitucional, en Sentencia 144/1996, de 16 de septiembre, afirma que “en un procedimiento administrativo lo verdaderamente decisivo es si el sujeto ha podido alegar y probar lo que estimase por conveniente en los aspectos esenciales del conflicto en el que se encuentra inmerso”. Considera igualmente el Tribunal Constitucional, en la Sentencia 210/1999, de 29 de noviembre, que “la indefensión constitucionalmente relevante es la situación en que, en general, tras la infracción de una norma procesal, se impide a alguna de las partes el derecho a la defensa, eliminando o limitando su potestad, bien de alegar derechos e intereses para que le sean reconocidos, o bien de replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del principio de contradicción (por todas SSTC 89/1986, fundamento jurídico 2º o 145/1990, fundamento jurídico 3º), y que esta indefensión ha de tener un carácter material y no meramente formal, lo que implica que no es suficiente con la existencia de un defecto o infracción procesal, sino que debe haberse producido un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa (…)» 4. En cuanto al fondo del asunto planteado, se solicita información sobre el nombramiento de un Vocal Asesor del Parque Móvil del Estado, en los términos que figuran en los antecedentes de hecho. La Administración entrega determinada información que el reclamante considera insuficiente, ya que, a su juicio, i) respecto de la autoridad que lleva cabo el nombramiento del Vocal, es llamativo que la información solicitada no sea pública y que la entregue el Director General del PME y no el Subsecretario de Hacienda y, ii) en lo que atañe a las cuestiones de fondo, se ha solicitado la motivación objetiva y subjetiva y de la documentación entregada malamente podemos inducir ni deducir ninguna motivación. Se puede suponer que es un nombramiento digital pero poco más. Respecto a la primera objeción formulada por el reclamante, lo cierto es que no puede realizarse reproche alguno a la información facilitada por la Administración en su contestación puesto que ha identificado con suficiente grado de detalle “Quien había designado en el Ministerio de Hacienda a D. Víctor Manuel Figaredo Velázquez como Vocal del Consejo Rector del Parque Móvil del Estado”, resultando indiferente si la información la entrega el Director General del PME o el Subsecretario del Ministerio de Hacienda si nos atenemos al tenor literal del precitado artículo 13 LTAIBG.. Por ello, debe desestimarse este punto de la reclamación. 5. En lo que respecta a la motivación objetiva y subjetiva para el nombramiento del nuevo vocal, el reclamante entiende que la Administración no ha dado respuesta clarificadora y satisfactoria a su pretensión. En este punto, el Real Decreto 146/1999, de 29 de enero, por el que se modifica la estructura orgánica básica y funciones, y se transforma el Organismo autónomo Parque Móvil Ministerial en Parque Móvil del Estado, dispone, en su artículo 9 que “El Consejo Rector es un órgano colegiado cuyo régimen jurídico se ajusta a las normas contenidas en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con los requisitos establecidos en el capítulo IV del Título II de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, Ley 6/1997, de 14 de abril.” Y en su artículo 10.1 c), prevé que “El Consejo Rector está compuesto en la forma siguiente: c) Vocales: Son designados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y su número no será superior a doce. Su selección se llevará a cabo de forma que estén presentes en el Consejo Rector los Departamentos Ministeriales con competencias sustantivas que afecten al funcionamiento interno del organismo y los usuarios del Parque Móvil del Estado.” Por su parte, los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, así como aquéllos compuestos por representaciones de distintas Administraciones Públicas, como sucede en el caso del Consejo Rector del Parque Móvil del Estado, cuenten o no con participación de organizaciones representativas de intereses sociales podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento, como señala el artículo 15.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. No se exige pues, desde el punto de vista legal, ningún requisito especial para formar parte del Consejo Rector del Parque Móvil Ministerial, por lo que, en principio, se trataría de nombramientos discrecionales, basados únicamente en la confianza y en la experiencia profesional. Sentado lo anterior, es preciso tener en cuenta uno de los fundamentos necesarios para que el derecho de acceso prospere es que la información exista y se encuentre en el ámbito de disposición de los órganos o entidades sometidas a la LTAIBG. En este sentido, la Sentencia 60/2016, de 18 de mayo, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Madrid, razona que “El artículo 13 de la citada Ley, que reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, pero a la información que existe y que está ya disponible, lo que es distinto, de reconocer el derecho a que la Administración produzca, aunque sea con medios propios, información que antes no tenía”. No existiendo información pública a la que acceder, no hay objeto sobre el que proyectar el derecho, procediendo desestimar la reclamación presentada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por frente a la resolución del PARQUE MÓVIL DEL ESTADO del MINISTERIO DE HACIENDA, de fecha 23 de febrero de 2021. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez