Solicitud de información sobre contacto con el Fiscal para recurrir auto judicial sobre medidas de seguridad en centros penitenciarios

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 287/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante, mediante escrito de entrada el 22 de junio de 2020, presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con el siguiente contenido: El pasado mes de Mayo la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias dictó la orden 02/2020 de Medidas de Seguridad Específicas para el Control de Internos Fies - 1 Control Directo, orden que derogaba la 6/2016. La Orden 6/2016 se dictó después de una grave agresión a 5 FUNCIONARIOS por 1 SOLO INTERNO, con su derogación la Secretaría General pone en peligro la seguridad de los trabajadores; la secretaria se escuda en un auto del Juez de Vigilancia Penitenciaria - 1 de Andalucía, pues bien primero este Auto es solo aplicable al hecho CONCRETO que se refiere y S/REF: 001-043671 N/REF: R/0287/2020; 100-003729 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Minis terio del Interior Información solicitada: Medidas de seguridad específicas para el control de internos Subdirección General de Reclamaciones 2º este auto es RECURRIBLE por parte del Ministerio Fiscal, pues bien ¿realizó la Secretaria General algún contacto con el Fiscal para recurrirlo? La SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS notificó al suscribiente el 12 de los corrientes la resolución recaída, sin embargo, no contestó a la pregunta objeto de la consulta. Que la Administración tiene siempre la obligación de resolver y responder al solicitante, lo que no ha ocurrido en la presente ocasión. Que el art. 88.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone que en los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste. Que el art. 103 de la Constitución establece los principios que deben regir la actuación de las Administraciones Públicas, entre los que destacan el de eficacia y el de legalidad, al imponer el sometimiento pleno de la actividad administrativa a la Ley y al Derecho. Por todo ello, habida cuenta de que el principal objetivo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, no es otro que controlar la actuación pública y conocer el proceso de toma de decisiones como medio para facilitar la rendición de cuentas de los organismos públicos frente a los ciudadanos, SOLICITA que el Secretario General de Instituciones Penitenciarias dé respuesta a la pregunta ¿realizó la Secretaria General algún contacto con el Fiscal para recurrirlo? planteada por el interesado en su solicitud de información. 2. Advertidas algunas deficiencias en el escrito de reclamación, se solicitó al reclamante que las subsanara, sin que se haya producido esa subsanación. En concreto, se le requirió que enviara copia de su solicitud de acceso a la información y el documento que acredite la representación. En este sentido, se le indicó que, si así no lo hiciera en el plazo señalado, se le tendría por desistido de su reclamación y se archivarían las actuaciones. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En el presente caso, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 28.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual los interesados deberán aportar al procedimiento administrativo los datos y documentos exigidos por las Administraciones Públicas de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable. Asimismo, los interesados podrán aportar cualquier otro documento que estimen conveniente. Igualmente, resulta aplicable su artículo 68.1, sobre subsanación y mejora de la solicitud, que establece lo siguiente: “Sí la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 66, y, en su caso, los que señala el artículo 67 u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.” En consecuencia, solicitada al reclamante por este Consejo de Transparencia la mejora y subsanación de su solicitud y no habiéndose producido ésta en el plazo legalmente señalado al efecto, debe darse por finalizado el actual procedimiento de Reclamación, con el consiguiente archivo de actuaciones. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede ARCHIVAR sin más trámites la reclamación presentada por con entrada el 22 de junio de 2020, contra el MINISTERIO DEL INTERIOR. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda