Solicitud de información medioambiental sobre costas y prórrogas de concesiones

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Resolución 281/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA, al amparo de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente define la información ambiental , y con fecha 13 de julio de 2019, la siguiente información: (…) Expone: Que participa en el proyecto de investigación sobre Cambio climático y zonas costeras: efectos, capacidades y necesidades políticas de respuesta al cambio climático en la costa mediterránea española, desarrollado en la UAB y financiado por el Programa estatal de investigación, desarrollo e innovación orientada a los retos de la sociedad del MINECO 2016-2019. CS02016-76842-C2-1-R. S/REF: N/REF: R/0281/2019; 100-002451 Fecha: 6 de junio de 2019 Reclamante Dirección Administración/Organismo: Minis terio para la Transición Ecológica Información solicitada: Información medioambiental sobre costas Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Que para desarrollar dicho proyecto requiere acceder a información ambiental que está a disposición de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, derecho que ejerce de acuerdo con lo establecido en los artículos 2.3 a) y c), 3.1 y 10 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, Solicita: Que se me facilite información sobre las siguientes cuestiones: 1ª. Tramos de la costa española declarados en situación de regresión grave. Si todavía no se ha declarado ningún tramo por Orden Ministerial, solicito que se me informe sobre los tramos cuya declaración está en estudio o en proyecto. 2ª. Determinación del número de solicitudes presentadas -hasta el momento- de prórroga de las concesiones otorgadas antes de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, de acuerdo con lo previsto en el artículo segundo de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas. 3ª. Resoluciones de otorgamiento de las solicitudes de prórroga de las concesiones otorgadas antes de la Ley de Costas de 1988 presentadas hasta el momento (con la especificación de los datos sobre tipo de ocupación, ubicación y plazo de prórroga). 4ª Resoluciones de denegación de las solicitudes de prórroga de las concesiones otorgadas antes de la Ley de Costas de 1988 presentadas hasta el momento (con la especificación de los datos sobre tipo de ocupación y ubicación). 2. Mediante Resolución de fecha 25 de marzo de 2019 (notificada el 27 de marzo), la DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR (MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA) contestó al reclamante relacionando las diferentes informaciones que le había facilitado y argumentando las que no podía proporcionársele, finalizando la resolución en los siguientes términos: Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada, regulado en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante Directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, en el plazo de un mes a contar desde la notificación de esta resolución. 3. Mediante escrito, con entrada el 25 de abril de 2019, el reclamante presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno( LTAIBG) , una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en la que, además de presentar alegaciones sobre el fondo del asunto, solicitaba: Que sea estimada esta reclamación, y en su virtud, que el Consejo declare mi derecho a que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar me informe sobre los tramos cuya declaración en situación de regresión grave está en estudio o en proyecto, sobre las resoluciones de otorgamiento de las solicitudes de prórroga de las concesiones otorgadas antes de la Ley de Costas de 1988 presentadas hasta el momento (con la especificación de los datos sobre tipo de ocupación, ubicación y plazo de prórroga) y sobre las resoluciones de denegación de las solicitudes de prórroga de las concesiones otorgadas antes de la Ley de Costas de 1988 presentadas hasta el momento (con la especificación de los datos sobre tipo de ocupación y ubicación). II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2.La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En cuanto al fondo de la cuestión debatida, debe indicarse en primer lugar que la misma versa sobre “información ambiental sobre costas”, como indica el propio reclamante en su solicitud, que precisamente formula el interesado, como consta en el expediente y figura en los antecedentes de hecho, al amparo de de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de a cceso a la justicia en materia de medio ambiente define la información ambiental. A este respecto, cabe señalar que, según lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición Adicional Primera de la LTAIBG, se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información. Y continúa indicando en el apartado 3 que: En este sentido, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información ambiental y a la destinada a la reutilización. Es decir, la LTAIBG reconoce expresamente su carácter supletorio respecto de las materias amparadas por la regulación específica de aplicación al acceso a la información ambiental. 4. En efecto, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente define la información ambiental , en su artículo 2.3, como toda información en forma escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma que verse sobre las siguientes cuestiones: a. El estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, el agua, el suelo, la tierra, los paisajes y espacios naturales, incluidos los humedales y las zonas marinas y costeras, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos modificados genéticamente; y la interacción entre estos elementos. b. Los factores, tales como sustancias, energía, ruido, radiaciones o residuos, incluidos los residuos radiactivos, emisiones, vertidos y otras liberaciones en el medio ambiente, que afecten o puedan afectar a los elementos del medio ambiente citados en la letra a. c. Las medidas, incluidas las medidas administrativas, como políticas, normas, planes, programas, acuerdos en materia de medio ambiente y actividades que afecten o puedan afectar a los elementos y factores citados en las letras a y b, así como las actividades o las medidas destinadas a proteger estos elementos. d. Los informes sobre la ejecución de la legislación medioambiental. e. Los análisis de la relación coste-beneficio y otros análisis y supuestos de carácter económico utilizados en la toma de decisiones relativas a las medidas y actividades citadas en la letra c, y f. f. El estado de la salud y seguridad de las personas, incluida, en su caso, la contaminación de la cadena alimentaria, condiciones de vida humana, bienes del patrimonio histórico, cultural y artístico y construcciones, cuando se vean o puedan verse afectados por el estado de los elementos del medio ambiente citados en la letra a o, a través de esos elementos, por cualquiera de los extremos citados en las letras b y c”. Ciertamente, como consta en los antecedentes de hecho, la información solicitada tiene como fondo o asunto principal diferentes cuestiones en relación con la costa española, es decir, que versa claramente sobre una de las cuestiones recogidas en el artículo 2.3 de la mencionada Ley 27/2006, de lo que además es totalmente consciente el reclamante ya que, como se ha adelantado la solicitud la realiza bajo el amparo de le citada Ley. 5. Asimismo, cabe señalar que ello no implica que la información solicitada no tenga interés, ni que la solicitud no sea respondida ni que existan medios de defensa contra la respuesta otorgada, sino que tanto la respuesta como el régimen de impugnaciones será el previsto en la Ley 27/2006 reiteradamente mencionada en esta resolución. Que es precisamente lo que ha ocurrido en el presente supuesto, en el que, como ya se ha indicado, el interesado realizó su solicitud al amparo de la Ley 27/2006 y la DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBLIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR dictó resolución de contestación a la misma, indicando expresamente que Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de alzada, regulado en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ante Directora General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, en el plazo de un mes a contar desde la notificación de esta resolución, que es precisamente el régimen de impugnación que correspondería contra la citada resolución y no la reclamación presentada ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Por todo ello, este Consejo de Transparencia considera que se debe inadmitir la Reclamación presentada en base a la LTAIBG, en aplicación de su Disposición Adicional Primera, apartado 3, puesto que su objeto de competencia es la legislación específica en materia medioambiental, no siendo competente este Consejo de Transparencia ni para entrar a conocer el fondo del asunto, ni para resolver la impugnación de la Resolución dictada por la DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBLIDAD DE LA COSTA Y DEL MAR . Por lo tanto, en base a los argumentos desarrollados en los apartados anteriores, la presente Reclamación debe ser inadmitida. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede INADMITIR a trámite la Reclamación presentada por , con entrada el 25 de abril de 2019 contra el MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda