Criterios de reparto del distintivo ambiental

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Resolución 250/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la reclamante solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR, a través del Portal de la Transparencia, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 18 de marzo de 2019, la siguiente información: Qué criterio o criterios ha utiliz ado la Dirección General de Tráfico para dist inguir aquellos ciudad anos que recibirían gratis su distintivo ambiental frente a los que habrían de pagar por ello. 2. Mediante resolución de fecha 25 de marzo de 2019, el MINISTERIO DEL INTERIOR contestó a la reclamante, informándole de lo siguiente: A lo largo del 2016, la Dirección General de Tráfico [DGT] lanzó una campaña de comunicación acerca del distintivo ambiental incluyendo, como parte de esa campaña, la remisión del distintivo a gran parte del parque automovilístico en aquellas zonas donde, por los niveles de S/REF: 001-033530 N/REF: R/0250/2019; 100-002414 Fecha: 4 de julio de 2019 Dirección: Administración/Organismo: Minister io del Interior Información solicitada: Criterios de reparto del distintivo ambiental Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones contaminación y emisiones, los ayuntamientos estaban planeando regular restricciones a la circulación al tráfico. En el caso de que a su vehículo le corresponda el distintivo ambiental, puede obtenerlo en los puntos de venta autorizados de los que se informa en nuestra web, en el enlace: Medioambientales-vehiculoscorreos.html 3. Ante esta contestación, mediante escrito de entrada el 10 de abril de 2019, presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, indicando que: En la resolución remitida no se especifican los criterios solicitados. 4. Advertidas algunas deficiencias en el escrito de reclamación, se solicitó a la reclamante que las subsanara. Realizada la subsanación, se continuó con el procedimiento. 5. Con fecha 11 de abril de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente de reclamación al MINISTERIO DEL INTERIOR, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Dichas alegaciones tuvieron entrada el 26 de abril de 2019 e indicaban lo siguiente: Con el fin de ampliarle la respuesta, se le comunica que se remitieron aproximadamente 4,5 millones de distintivos en los siguientes territorios: Vehículos con domicilio fiscal en CCAA de Madrid. Vehículos con domicilio fiscal en la provincia de Barcelona. Vehículos con domicilio fiscal en el Ayuntamiento de Valencia. Vehículos con domicilio fiscal en el Ayuntamiento de Granada. Vehículos con domicilio fiscal en el Ayuntamiento de Sevilla. Los criterios para elegir estas ciudades fueron que eran las zonas y municipios que tenían mayores problemas de concentración de contaminación en España y que por dicha razón estaban siendo analizados por la UE para que se adoptaran medidas que mejoraran la situación ya que de lo contrario, era posible que desde la UE se sancionara a España (finalmente no se sancionó a ninguna ciudad ya que se vio que Madrid y Barcelona estaban adoptando medidas al respecto). Los distintivos medioambientales se enviaron atendiendo al domicilio fiscal del vehículo en las ciudades con mayor índice de contaminación. El criterio no fue otro que realizar el envío a todos los vehículos con domicilio fiscal en las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Granada y Sevilla, sin que se hicieran distinciones dentro de cada ciudad. Por otro lado informarle de que se produjo la devolución de un treinta por ciento de los distintivos medioambientales enviados, probablemente por no coin cidir el domicilio fiscal del vehículo con el domicilio del titular del mismo, razón por la cual se desaconsejó seguir realizando envíos masivos siendo más eficaz, en cumplimiento de los principios constitucionales (Art. 31 y 103 CE) que obligan a la Administración Pública a servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia y economía, emitir los distintivos ambientales a petición del interesado." Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que el Ministerio del Interior ha cumplido con el mandato legal de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, por lo que su actuación ha de considerarse conforme a derecho. 6. El 3 de mayo de 2019, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió Audiencia del expediente a para que, a la vista del mismo, presentase las alegaciones que estimara pertinentes, sin que haya presentado ninguna en el plazo concedido al efecto. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. El artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. En casos como éste, en que la respuesta completa a la solicitud se ha proporcionado fuera del plazo concedido al efecto por la LTAIBG y una vez que se ha presentado reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, hemos venido entendiendo que debe reconocerse, por un lado, el derecho del interesado a obtener la información solicitada y por otro, tener en cuenta el hecho de que la información completa se le ha proporcionado si bien, como decimos, en vía de reclamación. Asimismo, debe hacerse constar que el reclamante no ha efectuado ningún reparo al contenido ni a la cantidad de información recibida, aunque tuvo oportunidad de hacerlo dentro del trámite de audiencia concedido al efecto. Por lo tanto, la presente reclamación debe ser estimada pero únicamente por motivos formales, dado que la contestación completa de la Administración se ha producido una vez transcurrido el plazo legal de un mes y como consecuencia de la presentación de la reclamación ante este Consejo de Transparencia, sin que sea preciso realizar ulteriores trámites. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por , con entrada el 10 de abril de 2019, contra la resolución, de fecha 25 de marzo de 2019, del MINISTERIO DEL INTERIOR, sin más trámites. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda