Solicitud de cantidades pendientes de pago al turno de oficio desglosadas por mes y provincia

Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones Resolución 247/2019 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINISTERIO DE JUSTICIA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 26 de febrero de 2019, la siguiente información: - Cantidades pendientes de pago en concepto de remuneraciones de los abogados del turno de oficio, desglosadas por mes en la que deberían haber sido abonadas y provincia 2.Mediante comunicación de 5 de marzo el MINISTERIO DE JUSTICIA informó al interesado de lo siguiente (…) Con fecha 28 de febrero de 2019 su solicitud de acceso a la información pública con número 001-033090, está en DG de Relaciones con la Administración de Justicia S/REF: 001-033090 N/REF: R/0247/2019; 100-002406 Fecha: 4 de julio de 2019 Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio de Justicia Información solicitada: Cantidades pendientes de pago turno de oficio Sentido de la resolución :Estimatoria Consejo de Transparencia y Buen Gobierno Subdirección General de Reclamaciones del Ministerio de Justicia, centro directivo que resolverá su solicitud. A partir de la fecha indicada, ha comenzado el cómputo del plazo de un mes para contestar a su solicitud previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 3. Con fecha de entrada el 9 de abril de 2019, el reclamante presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en la que señalaba que no había recibido respuesta a su solicitud de información y, por lo tanto, y en aplicación del art. 20.4 de la LTAIBG, la entendía desestimada. 4. Con fecha 11 de abril de 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE JUSTICIA, al objeto de que efectuase las alegaciones que se considerasen oportunas. Mediante escrito de entrada el día 6 de mayo de 2019, el mencionado Departamento realizó las siguientes alegaciones: En relación con esta solicitud de información, al amparo de la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Buen Gobierno, cabe decir que los pagos correspondientes al mes de enero y febrero de este año, por las actuaciones realizadas por los abogados, en el marco de la prestación de asistencia jurídica gratuita, han sido abonadas, durante este mes de abril, una vez publicado el Real Decreto 90/2019, por el que se regula la subvención de asistencia jurídica gratuita a abogados y procuradores. Por otra parte, en la actualidad se está tramitando económicamente el pago correspondiente a las actuaciones realizadas por los abogados, en el territorio ministerio, durante el mes de marzo, que será abonada próximamente. Tomando en consideración lo expuesto, se solicita que se admita a trámite este escrito y a la vista de las alegaciones contenidas en el mismo se inadmita la reclamación formulada por , sin que se haya vulnerado el derecho de acceso a la información publica en los términos regulados en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre. 5. Con fecha 8 de mayo de 2019, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015 , de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió Audiencia del expediente al reclamante para que, a la vista del mismo, presentase las alegaciones que estimara pertinentes en defensa de su pretensión. Dichas alegaciones tuvieron entrada ese mismo día e indicaban lo siguiente: xLa solicitud requiere las “cantidades pendientes de pago en concepto de remuneraciones de los abogados del turno de oficio, desglosadas por el mes en la que deberían haber sido abonadas y provincia”. La palabra “cantidades” implica que la respuesta debe contener un número que el Ministerio, a pesar de considerar que no se ha vulnerado el derecho de acceso, en ningún momento facilita. xLa solicitud comenzó su tramitación a 5 de marzo de 2019, debiendo haber sido resuelta a fecha 5 de abril de 2019. Por tanto, el Ministerio de Justicia debería haber facilitado las cifras pendientes de pago a fecha del último día para resolver. Es decir: todas aquellas cantidades que se debían a día 5 de abril de 2019. xEl Ministerio de Justicia utiliza una treta inadmisible para vulnerar el derecho de acceso a información pública: al solicitar unas cantidades pendientes de pago, cuya reclamación y protestas por parte de los abogados que debían percibirlas ha sido pública y notoria, se niega a contestar en el plazo legal marcado por ley a la espera de realizar el pago con retraso de dichas cantidades y así poder contestar que no hay nada pendiente. Y, además, incluso en lo sí está pendiente (pago correspondiente al mes de marzo) se limita a decir que está en proceso de pago. Esto es una burla por parte del Ministerio de Justicia a un ciudadano que ejerce un derecho reconocido en la Ley. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, y tal y como conoce la Administración, ha de comenzarse indicando que, según lo dispuesto en el art. 20.1 de la LTAIBG, el plazo máximo para dictar resolución en respuesta a una solicitud de acceso a la información es de un mes desde la entrada en el órgano competente para resolver. Teniendo en cuenta que el propio MINISTERIO DE JUSTICIA reconoce que dicha entrada en el órgano competente para la tramitación de la solicitud tuvo lugar el 28 de febrero y que la reclamación fue presentada el 9 de abril por desestimación presunta de la solicitud, ha de concluirse primeramente con el incumplimiento por parte de dicho Departamento de su obligación legal de resolver en plazo las solicitudes de acceso a la información. Por otro lado, consta en el expediente que el MINISTERIO DE JUSTICIA, si bien ha contestado al requerimiento de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al objeto de presentar informe de alegaciones frente a los argumentos del reclamante, no ha dictado resolución sobre el acceso a la información realizado, y ello en incumplimiento del art. 21.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas , según el cual La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. Todas estas circunstancias hacen concluir, a nuestro juicio, que la tramitación de la solicitud de información presentada por el reclamante no ha sido conforme con la normativa de aplicación ni responde a la adecuada garantía de un derecho de anclaje constitucional que debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia (Sentencia nº 46/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Madrid, dictada en el PO38/2016) y cuya protección y garantía, por lo tanto, ha de tener en cuenta esta naturaleza. 4. Dicho lo anterior, y entrando en el fondo del asunto, ha de recordarse que el objeto de la solicitud de información son las Cantidades pendientes de pago en concepto de remuneraciones de los abogados del turno de oficio, desglosadas por mes en la que deberían haber sido abonadas y provincia. Por lo tanto, i) el interesado requiere cantidades, esto es, importes, pendientes de pago y ii) el desglose por mes en que el abono de dichas cantidades debiera haberse producido así como la provincia. Analizada la respuesta del MINISTERIO DE JUSTICIA, en esta se confirma que, en el mes de abril- fecha del escrito de alegaciones- se abonaron las cantidades pendientes del mes de enero y febrero de 2019 y que las adeudadas en el mes de marzo, serían abonadas próximamente. No se proporciona ningún importe ni desglose por provincia. No obstante, y toda vez que se afirma que las cantidades derivadas de los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados durante los meses de enero y febrero de 2019 han sido abonadas, lógicamente, el MINISTERIO DE JUSTICIA conoce las cantidades efectivamente abonadas así como, según justificaremos a continuación, el desglose por provincias. Por lo tanto, puede concluirse que, a la fecha de la solicitud de información, quedaban pendientes las cantidades correspondientes a los meses de enero y febrero de 2019 sin que, como hemos indicado, el reclamante haya recibido el dato del importe correspondiente a cada uno de estos meses ni el desglose por provincias. 5. Por otro lado, la Administración parece señalar la publicación del Real Decreto 90/2019, de 1 de marzo por el que se regula la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Procuradores de España, en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita, y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos para la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos, para el ejercicio presupuestario 2019 como la circunstancia que motivó el retraso en la realización de los pagos por los que se interesa el solicitante. Según el art. 6 -Pago de la subvención- del indicado Real Decreto. 1. El pago de las subvenciones en lo que respecta a la asistencia jurídica gratuita se efectuará por periodos mensuales vencidos , sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria segunda. Mensualmente el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España remitirán al Ministerio de Justicia una certificación que contenga los datos relativos al número y clase de actuaciones realizadas por cada colegio a lo largo del mes anterior, junto con la justificación del coste económico total asociado a aquéllas. En función de dichas certificaciones, el Ministerio de Justicia efectuará a continuación los libramientos mensuales que correspondan, sin perjuicio de las posteriores regularizaciones que procedan una vez cumplimentada en su totalidad la justificación anual regulada en los artículos siguientes. Con carácter previo al cobro de la subvención, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de los Procuradores de España, deberán acreditar que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como no ser deudores por procedimiento de reintegro. Por otro lado, y según el artículo 9-Obligaciones de las entidades beneficiarias del mismo Real Decreto 1. Con carácter general, el Consejo General de la Abogacía y el Consejo General de los Procuradores de España, por lo que se refiere a los asuntos de asistencia jurídica gratuita y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, en lo que afecta a la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos, deberán cumplir las obligaciones que se recogen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. 2. Asimismo, deberán dar cumplimiento a las siguientes obligaciones (…) c) Distribuir entre sus respectivos colegios el importe de la subvención que corresponda a cada uno, en función del número de actuaciones profesionales realizadas y acreditadas por éstos ante los citados Consejos Generales, así como de los expedientes tramitados, durante el mes inmediatamente anterior al de cada libramiento, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria segunda de este real decreto. Por lo tanto, ha de concluirse que según la norma de aplicación, las subvenciones otorgadas se basan en las actuaciones profesionales realizadas en el marco de la asistencia jurídica gratuita que sean acreditadas ante los Consejos Generales- y, por lo tanto, con un desglose provincial- y que éstos, a su vez, comunican al MINISTERIO DE JUSTICIA para hacer las oportunas liquidaciones. En este sentido, cabe concluir que el MINISTERIO DE JUSTICIA dispone tanto de las cantidades pendientes a la fecha de la solicitud y efectivamente abonadas según afirma, así como el desglose mensual y provincial, por cuanto son datos que proporcionan los Colegios Profesionales afectados según hemos visto que dispone la normativa de aplicación. Teniendo en cuenta lo anterior y sin apreciar que al acceso a la información requerido puedan ser de aplicación causas de inadmisión de una solicitud o límites al acceso- que, por otra parte, no han sido alegados por la Administración- así como la concepción amplia del derecho de acceso, reconocidos, entre otras, por la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2017, dictada en el Recurso de Casación nº 75/2017, la presente reclamación ha de ser estimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por con entrada el 9 de abril de 2019, contra el MINISTERIO DE JUSTICIA. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE JUSTICIA a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, proporcione al reclamante la siguiente información: xCantidades pendientes de pago en concepto de remuneraciones de los abogados del turno de oficio, desglosadas por mes en la que deberían haber sido abonadas y provincia TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE JUSTICIA a que, en ese mismo plazo de 10 días hábiles, remita al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda