Solicitud de información sobre actuaciones policiales y existencia de atestado en Madrid

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 243/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 6 de febrero de 2020, la siguiente información: La presente solicitud se efectúa sin necesidad de proporcionar dato personal alguno en la contestación que se reciba - y por ende no alcanzando los límites de la ley 19/2013 y en concreto su artículo 14. Sin perjuicio de que no es necesario motivar ex lege este escrito según el artículo 17.3 de la mentada ley, se dirá que atiende a la necesidad de acreditar unos hechos sobre cuestiones particulares. DATOS S/REF: 001-040636 N/REF: R/0243/2020; 100-003662 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio del Interior Información solicitada: Actuaciones policiales en un atestado Subdirección General de Reclamaciones Respecto al día 10 de enero de 2019, a las (franja horaria en más menos media hora de diferencia – esto es desde las ) en la calle Se solicita conocer respecto a cualquier agente del Cuerpo Nacional de Policía y en concreto de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid G.A.C. si - Cualquier agente accedió dentro del edificio sito en Madrid De ser la respuesta afirmativa, si acudió a algún piso sin necesidad de conocer qué piso de momento. - Si tuvo trato personal – en persona - por cualquier cuestión con alguna persona perteneciente a ese edificio ya fuere en el zaguán o en algún piso en particular. - Si se tomaron datos de alguna persona física en concreto perteneciente a ese edificio. - y conocer si existe atestado o mero informe en caso de haber tenido trato personal con alguien de ese edificio o tomado datos de alguna persona de ese edificio a fin de proceder a su petición en forma legal. 2. Mediante resolución de 3 de marzo de 2020, el MINISTERIO DEL INTERIOR contestó al solicitante lo siguiente: Una vez estudiada la solicitud de información recibida, este Centro Directivo ha resuelto lnadmitir a trámite la petición conforme al artículo 18.1 e) de la LTAIPBG, al considerar que la misma presenta un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta ley. En este sentido y en aplicación del Criterio Interpretativo Cl/003/2016 de la LTAIBG que considera que una solicitud (...) NO ESTARA JUSTIFICADA CON LA FINALIDAD DE LA LEY cuando: (...) Cuando tenga por finalidad patente y manifiesta obtener información que carezca de la consideración de información pública de acuerdo c on la definición del artículo 13 de la LTAIBG. En el caso que nos ocupa, la inadmisión mencionada, se basa en que la petición formulada excede la finalidad perseguida por la Ley 19/2013, de transparencia, ya que como el propio artículo 1_3 de la citada Ley narra, " se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones", por lo tanto, la información solicitada trataría de ser contestaciones a una serie de preguntas de un hecho hipotético de intervención policial rutinaria o en el ejercicio de sus funciones de indagación o investigación del delito prevaleciendo en este caso el interés público al interés privado del reclamante. 3. Ante esta respuesta, mediante escrito de entrada el 1 de junio de 2020, el interesado presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, fechada el 22 de mayo de 2020, con el siguiente contenido resumido: PRIMERA.- PREVIA DISCONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN SIENDO INCONGRUENTE DADO QUE INCLUSO SE DENIEGA ALGO QUE NO SE HA LLEGADO A SOLICITAR. Es sorprendente – viniendo de donde viene la resolución denegatoria con los conocimientos que se le presuponen incluso sobre los criterios del Consejo - el uso de unas premisas tomadas de forma errónea (sin perjuicio de la existencia del articulado que se utiliza) para llegar a una conclusión que ni siquiera fue el objeto de la solicitud presentada en su momento. A priori ha de recordarse que el artículo 13 de la Ley optó por el concepto de información previsto en el Convenio 205 del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos Oficiales (art. 1.2.b), dado que es información no sólo el soporte (el documento en términos tradicionales) sino todo el contenido del mismo al margen de cómo se denomine el formato o soporte, siendo además que ha de conjugarse con el artículo 16 de la Ley por el que se reconoce el acceso parcial permitiéndose éste previa omisión de la información afectada por algún supuesto límite del artículo 14 de la tan aludida Ley. Lo anterior sería incluso aplicable si este ciudadano hoy reclamante hubiera incluso peticionado en algún tipo de solicitud que incluyera datos de terceros afectados o como se dice en la resolución sobre la averiguación e indagación de posibles delitos, MANIFESTACIONES totalmente desacertadas y contrarias ante una simple lectura de la solicitud inicial. Es obvio que no procede solicitar directamente un informe sin ni siquiera conocer previamente - ejerciendo el derecho a ser informado sobre ello -, si en verdad existieron ciertas conductas y si llegó a existir tal informe y /o atestado. Con todo, se deniega incluso el derecho a conocer NO YA EL INFORME POLICIAL al que también se tendría acceso mediante este conducto, SINO AL MERO HECHO DE CONOCER SI EXISTE TAL INFORME POLICIAL en sus archivos sea cual fuere el formato en el que se dispuso. Es decir, no es que se deniegue sólo el acceso material del derecho a la información SINO QUE SE VULNERA LA ESENCIA MISMA DE LA LEY AL DENEGARSE LA INFORMACIÓN EXISTENTE SOBRE UNOS HECHOS CONCRETOS QUE TUVIERON LUGAR. SEGUNDA.- DESACERTADA INVOCACIÓN DEL ARTÍCULO 18.1 DE LA LEY EN APLICACIÓN DEL CRITERIO INTERPRETATIVO CI/003/2016. - SÍ que ha de ser reconducida respecto al escrutinio de la acción que pudo llevarse a cabo por parte de los responsables públicos en el edificio por el que se solicitó la información no cabiendo ponderación alguna razonada basada en indicador objetivo alguno so pena de incurrir en un oscurantismo sobre el hecho de lo realmente llevado a cabo. - SÍ que es información pública de acuerdo con la definición del artículo 13 de la Ley conocer la actuación llevada a cabo – si así existió -, por los responsables públicos que intervinieron dado que toda actuación pública y notoria llevada a cabo por agentes de la autoridad es información pública y ha de existir sobre ella – una vez conocida – el poder someterse al escrutinio que por disposición legal se confiere a los ciudadanos. -No estamos ante una “operación encubierta” que pudiera albergar la investigación o indagación de posibles delitos. Lejos de lo anterior se trata de conocer y de poder informarse sobre la actuación concreta llevada a cabo por agentes de la autoridad en actuación pública en un edificio privado, no existiendo además otro régimen específico de acceso a tal información solicitada, debiéndose reiterar que información pública “es toda información que generen, posean o administren los sujetos obligados, como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones, sin importar su origen, utilización o el medio en el que se contenga o almacene”. -Sorprende aún más si cabe la “rotunda aseveración” que en la resolución denegatoria hoy impugnada se hace sobre la coexistencia de interés privado del solicitante DEBIENDO SER ESTE MERMADO – sacrificado - ANTE EL INTERÉS PÚBLICO QUE EN NINGÚN MOMENTO NO SÓLO NO SE DICE CUAL ES SINO QUE NI SIQUIERA SE MOTIVA O SE ACUDE A PONDERACIÓN ALGUNA PRECEPTIVA EX LEGE por cuanto; 1. ¿Cabe denegarse una información si está acreditado que el solicitante tiene un interés privado? No, NUNCA, Bajo ningún concepto. La ley de transparencia no sólo no prevé que deba motivarse la solicitud de acceso sino que además la aplicación de los límites debe tener en cuenta la posible existencia de un interés privado (artículos 14.2 y 15.3). 2. E incluso a la hora de aplicar un límite, ¿se debe tener en cuenta sólo si hay un interés público o se puede también entender que la información debe darse para proteger un interés privado? El artículo 14.2 habla también de interés privado a la hora de entender que la información deba darse, aun produciéndose un daño al límite protegido. 3. Por último, ¿Qué debe hacerse para aplicar un límite al acceso? Hay que acreditar el daño que supondría el acceso a la información teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y, sobre todo justificar, que, aun produciéndose el daño, no existe un interés superior que ampare el acceso. TERCERA.- APLICACIÓN AL CASO CONCRETO DEL PRINCIPIO DEL DERECHO - qui potest plus, potest minus - "Quien puede lo más, puede lo menos". Este principio del derecho significa que quien tiene poder para hacer cosas grandes o importantes, puede hacer sobre el mismo tema cosas menores, accesorias, o derivadas de las primeras, esto es, quien puede lo más, puede lo menos. Se ha de hacer mío en este caso la incoherencia que resulta del hecho de la existencia de constantes Resoluciones incluso de conceder Informes Policiales y de la Guardia Civil – una vez solicitados – por este canal CUANDO A MÍ SE ME DENIEGA NO YA ESO – QUE NI SE SOLICITÓ – SINO LA MERA EXISTENCIA DE UN POSIBLE INFORME, para lo que se efectuaron una serie de cuestiones con objeto de poder acceder a la información. A tenor de lo expuesto, recordar la reclamación interpuesta ante este Consejo en fecha 12/03/2020 tras tildar la Secretaría de Estado de Seguridad como abusiva una petición sin explicar el motivo exacto, tan sólo citándose los criterios interpretativos del CTBG, EN IDÉNTICA ACTUACIÓN A LA HOY IMPUGNADA SOBRE MI CASO CONCRETO, Resolución número 167/2019 del Consejo. Con ocasión del sonoro asunto de festival madrileño Mad Cool del año 2017, en ella se solicitaban “ Todos y cada uno de los informes realizados por la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ministerio del Interior por la muerte del coreógrafo __________ en dicho festival. Entre estos informes solicito también los realizados por el propio festival y puestos a disposición de la Administración y el expediente o informe de investigación que realizó la Administración General del Estado”. Como en mi caso – pero de forma evidente solicitando mucho más que yo – se resolvió la inadmisión de la solicitud IGUALMENTE POR EL Ministerio del Interior conforme – al igual que en mi caso – al artículo 18.1 de la Ley por su carácter abusivo no justificado. No se ha analizado si la estimación de mi petición supone un perjuicio (test del daño ni en su vertiente del interés público)- concreto, definido y evaluable ni tan siquiera sobre un determinado ámbito material a fin de no excluir un bloque completo de información destacándose diversos pronunciamientos de los Tribunales de Justicia en torno a la aplicación de estos límites como puedan ser; ST 60/2016 de 18 de mayo de 2016 Juzgado Central de lo Contencioso – Administrativo mi solicitud tan sólo albergaba una serie de cuestiones precisamente con escrutinio de una actuación pública donde ni tan siquiera se solicita informe alguno, tan sólo si se actuó de una forma concreta a fin de proceder en todo caso – y una vez conocida la información – a la petición en todo caso de lo que fuere necesario, se reitera, en base al conocimiento previo de si existe o no, NEGACIÓN ÉSTA que coarta la esencia del derecho que despliega la Ley. Si se puede solicitar incluso informes de actuaciones policiales – con la reserva que en derecho proceda en aplicación de los límites legales con cautela - ¿CÓMO NO SE VA A PODER SOLICITAR INFORMACIÓN SOBRE CIERTA ACTUACIÓN CONCRETA PARA CONOCER SI EXISTE O NO UN INFORME SIN NI SIQUIERA PETICIONARSE AÚN? CUARTA.- IN FINE. RECAPITULACIÓN. Se recuerda que mi solicitud de acceso a la información se limitaba a conocer sólo si dentro de una actuación pública se llevaron a cabo una serie de comportamientos sin solicitar – y así se decía de forma expresa – información ni dato de tercera persona ni siquiera de agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Sólo se solicitaba información a fin de someter a escrutinio una actuación pública concreta – que no hipotética como se alude en la resolución – pretendiéndose incluso hacer “luz de gas” a este solicitante utilizando el sendero de la duda de si se llevó a cabo o no la efectiva actuación. Por todo lo expuesto, SE SOLICITA: Que teniéndose por presentada esta RECLAMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA SE ANULE LA RESOLUCIÓN contra la que se interpone y sea reconocido mi DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN EN LOS TÉRMINOS DETALLADOS EN LA SOLICITUD INICIALM ENTE PRESENTADA. 4. Con fecha 1 de junio de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DEL INTERIOR, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. La respuesta a la solicitud de alegaciones se produjo el Ministerio el 23 de junio de 2020 y en la misma se señalaba lo siguiente: Vista la reclamación presentada, este Centro Directivo se ratifica en el contenido de la resolución del Director General de la Policía añadiendo al respecto las siguientes consideraciones: Examinadas tanto la solicitud inicial como las alegaciones presentadas por el señor Ruano García queda patente que su intención, lejos de enmarcarse en el interés general promulgado en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, lo que pretende es hacer un uso instrumental de la misma con objeto de acomodarla a unos intereses meramente particulares y/o profesionales. Dicho extremo se confirma con solo leer su solicitud inicial al referir que la misma “…ATIENDE A LA NECESIDAD DE ACREDITAR UNOS HECHOS SOBRE CUESTIONES PARTICULARES”. En este sentido, hacemos propio lo recogido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en numerosas resoluciones cuando sostiene que “hay que señalar que entre las finalidades de la Ley de Transparencia entendemos no se encuentran cuestiones particulares de índole estrictamente profesional y este tipo de controversias no tiene cabida en el régimen de impugnaciones previsto en la LTAIBG. Y ello por cuanto la finalidad de la LTAIBG, tal y como se indica en su Preámbulo, es conocer cómo se toman las decisiones que afectan a los ciudadanos, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones”. Es por ello que este Centro Directivo considera que no procede pronunciarse sobre los hechos requeridos ya que, como se fundamentaba en la resolución inicial, dicha solicitud no cumple con los requisitos establecidos en la presente ley, debiendo ser denegada de acuerdo al artículo 18.1 e) de la LTAIBG. Máxime cuando el propio interesado reconoce expresamente que conoce fehacientemente los hechos que motivan la presente solicitud, motivo por el cual no se entiende que la administración deba acreditar ningún extremo para que pueda ejercer las acciones que estime oportunas, las cuáles en ningún caso pueden enmarcarse en el contenido de la Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Y es que a juicio de este Centro Directivo, dar trámite a solicitudes como la que nos ocupa situaría a la Administración en una situación insostenible, ya que, lejos de acreditar un ejercicio real de transparencia, se estaría dando pie a convertir el derecho a la información pública en un interminable y estéril debate acerca de cuestiones puntuales que nada tienen que ver con el espíritu promulgado en el Preámbulo de la citada ley de “conocer cómo se toman las decisiones que afectan a los ciudadanos, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones”. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir que el Ministerio del Interior ha cumplido con el mandato legal de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, por lo que su actuación ha de considerarse conforme a derecho. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. Como cuestión también de carácter formal que ha afectado a la tramitación de la presente reclamación, cabe aludir a la suspensión de términos y plazos administrativos establecida en el apartado 1, de la Disposición Adicional Tercera, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, suspensión que ha finalizado mediante el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que señala en relación con los plazos: Artículo 9. Plazos administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas. 4. En el presente caso, se solicita al Ministerio aclaración sobre el contenido de un atestado policial, en concreto, sobre si la policía realizó o no determinadas actuaciones. El Ministerio inadmite la solicitud de acceso, al entender que no entra dentro de las finalidades de la Ley de Transparencia y aplica la causa de inadmisión de su artículo 18.1 e), al considerar que la misma presenta un carácter abusivo. https://www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692 Podemos adelantar en este punto que el Consejo de Transparencia comparte los razonamientos de la Administración. En este sentido, ha de recordarse que este Organismo emitió, en fecha 14 de julio de 2016, en virtud de las prerrogativas concedidas por el artículo 38.2 a) de la LTAIBG, el Criterio Interpretativo nº 3/2016, que delimita el alcance del concepto de solicitud de información que tenga carácter abusivo, en los siguientes términos: Respecto del carácter abusivo de la petición de información. El artículo 18.1. e) de la LTAIBG asocia el carácter abusivo de la solicitud a la condición de que la petición “no esté justificada con la finalidad de la Ley”. De este modo hay dos elementos esenciales para la aplicación de esta causa de inadmisión: A) Que el ejercicio del derecho sea abusivo cualitativamente, no en sentido cuantitativo: el hecho de que una misma persona presente un número determinado de solicitudes no determina necesariamente un ejercicio abusivo del derecho, y B) Que el ejercicio del derecho pueda considerarse excesivo, es decir, cuando no llegue a conjugarse con la finalidad de la Ley. Así, una solicitud puede entenderse ABUSIVA cuando se encuentre en alguno de los supuestos o se den alguno de los elementos que se mencionan a continuación: Con carácter general, en aquellos casos en que pueda considerase incluida en el concepto de abuso de derecho recogido en el artículo 7.2 del Código Civil y avalado por la jurisprudencia, esto es: “Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho”. Cuando, de ser atendida, requiriera un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos Cuando suponga un riesgo para los derechos de terceros. Cuando sea contraria a las normas, las costumbres o la buena fe. Se considerará que la solicitud está JUSTIFICADA CON LA FINALIDAD DE LA LEY cuando se fundamenta en el interés legítimo de: x Someter a escrutinio la acción de los responsables públicos x Conocer cómo se toman las decisiones públicas x Conocer cómo se manejan los fondos públicos x Conocer bajo qué criterios actúan las instituciones públicas Consecuentemente, NO ESTARÁ JUSTIFICADA CON LA FINALIDAD DE LA LEY cuando: x No pueda ser reconducida a ninguna de las finalidades señaladas con anterioridad y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos. x Cuando tenga por finalidad patente y manifiesta obtener información que carezca de la consideración de información pública de acuerdo con la definición del artículo 13 de la LTAIBG. x Cuando tenga como objeto o posible consecuencia la comisión de un ilícito civil o penal o una falta administrativa. Los Tribunales de Justicia también han acotado la importancia de atenerse a la finalidad de la norma cuando se solicita información pública. Así, la Sentencia en Apelación nº 34/2019, de la Audiencia Nacional, de 10 de diciembre de 2019, argumenta lo siguiente: “(…) si bien la Ley no exige que el solicitante de información razone el porqué de la solicitud, los motivos por los que la solicita podrán ser tenidos en cuenta al momento de dictarse la resolución. (…) Como ya señaló la Sala en Sentencia de 30 de mayo de 2019, dictada en el recurso de apelación 1/2019,……una solicitud de información de estas características, por su volumen, extensión, período de tiempo, identificación y medios para instrumentar la petición, además de ocasionar una disfunción manifiesta, no deja de ser un desiderátum no acorde con el espíritu y finalidad de la normativa de transparencia. Una solicitud de estas características no deja de ser una instrumentación de la normativa de transparencia con una finalidad -cierto es, ya se ha dicho, que la ley no exige motivación, aunque sí puede tenerse en cuenta- que, repetimos, en criterio de la Sala no se acomoda al espíritu y finalidad de la norma, más allá, desde luego, de intereses puramente particulares.” 5. A este respecto, y tal y como hemos tenido ocasión de señalar de forma reiterada, el acceso a la información garantizado por la LTAIBG va unido a la existencia de información- entendida como contenido o documento- a la que sea posible acceder. Así, por ejemplo, en el precedente R/0249/2018 , se razonaba lo siguiente: “(…) el objeto de una solicitud de información debe ser cualquier contenido o documento en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de la LTAIBG (art. 13 de la LTAIBG). Bajo esa premisa, el conocimiento de información sirve de base para la rendición de cuentas por la actuación pública que predica la LTAIBG. En opinión de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la concreta información que es objeto de solicitud no reúne las características de información pública, como objeto de una solicitud de información al amparo de la LTAIBG (…) En el caso analizado en la resolución referida, el reclamante utilizaba la vía de la reclamación ante el Consejo de Transparencia para denunciar la inactividad de la Administración sin venir referido al acceso a una concreta información tal y como delimita la LTAIBG el objeto de la solicitud de acceso. Ello supondría por lo tanto hacer equivalente la normativa de transparencia a la obligación de dar cuenta de la gestión (o de la falta de ella), con desvinculación de que exista o no un contenido o documento al que acceder, conclusión que no comparte este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. “ Finalmente, no podemos sino recordar las palabras con las que se expresa el Preámbulo de la norma y que, a nuestro juicio, sintetizan el objetivo que con la misma se persigue: La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. A nuestro juicio, entendemos que tanto la solicitud de información como la posterior reclamación parten de unas premisas que no se acomodan al espíritu y finalidad de la LTAIBG y que, en consecuencia, no cabe acoger los argumentos en los que las misma se basan - la necesidad de acreditar unos hechos sobre cuestiones particulares – circunstancia que conlleva la desestimación de la reclamación presentada. https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluc iones/resoluciones AGE.html III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada por con entrada el 1 de junio de 2020, contra la resolución del MINISTERIO DEL INTERIOR, de fecha 3 de marzo de 2020. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda