Solicitud de datos estadísticos sobre miembros de la carrera judicial diagnosticados con COVID-19

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 237/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, con fecha 23 de marzo de 2020, la siguiente información: 1.- Que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, reunida el pasado 20 de marzo de 2020 en sesión extraordinaria, aprobó la Guía de actuación para órganos gubernativos del Poder Judicial en caso de positivo por coronavirus COVID-19 del personal judicial o de otras personas que hayan estado en dependencias judiciales. 2.- La Guía establece que el afectado, además de ponerse en contacto con el servicio de salud pública correspondiente y seguir sus instrucciones, deberá informar a sus superiores orgánicos -Tribunal Superior de Justicia, Secretaría de Gobierno, Fiscal Superior o Instituto de Medicina Legal- y a su entorno laboral más cercano, así como comunicar l a situación de incapacidad temporal a través de los cauces respectivos. Esa información deberá ser puesta en conocimiento de la Comisión Judicial de Seguimiento constituida en cada Comunidad Autónoma y presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que la trasladará a S/REF: N/REF: R/0237/2020; 100-003642 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Cons ejo General del Poder Judicial Información solicitada: Miembros de la Carrera Judicial en activo diagnosticados del virus COVID-19 Subdirección General de Reclamaciones las autoridades sanitarias competentes y a los delegados de prevención de riesgos laborales locales. 3.- Tal y como establece el preámbulo del Reglamento 1/2011 de 28 de febrero, de las Asociaciones Judiciales Profesionales, estas son el instrumento de expresión de las inquietudes de los Jueces y son el único cauce colectivo de actuación en defensa de los intereses profesionales, así como único vehículo al alcance de Jueces y Magistrados para la defensa colectiva de sus intereses y para la participación no individual en la política judicial. Adicionalmente, en su artículo 4 se establece que la finalidad de las Asociaciones Judiciales Profesionales es la defensa de los intereses profesionales de sus miembros en todos los aspectos y la realización de actividades encaminadas al servicio de la justicia y de los valores constitucionales. 4.- A los efectos de poder salvaguardar los intereses tanto de nuestros asociados como del resto de miembros de la Carrera Judicial, entendemos fundamental conocer el dato estadístico del número de miembros de la Carrera Judicial en activo que hayan contraído el virus del COVID-19 (coronavirus) dada la importancia que tal dato tiene desde el punto de vista de defensa de la salud profesional y de la calificación de la contingencia de la baja laboral, entre otras cuestiones. En vista de lo anterior, SOLICITAMOS Que por la Comisión Permanente a la que nos dirigimos, por el servicio de prevención de riesgos laborales del CGPJ o por cualquier otro órgano delegado, por ser imprescindible para determinar la merma de efectivos e identificar el riesgo profesional, nos faciliten los siguientes datos: 1.- Cuál es el número global de miembros de la Carrera Judicial en activo que han sido diagnosticados del virus COVID-19 (coronavirus). 2.- Desglose de miembros de la Carrera Judicial afectados por el COVID-19 con especificación de la instancia, el orden jurisdiccional y el territorio de procedencia de cada uno. 3.- Número de miembros de la Carrera Judicial que, por indicación sanitaria, han sido aislados forzosamente, con especificación de la instancia, el orden jurisdiccional y el territorio de procedencia de cada uno. No consta respuesta del Consejo General del Poder Judicial. 2. Mediante escrito de entrada el 12 de mayo de 2020, la Asociación interesada presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: A fecha de hoy, 26 de abril de 2020, transcurrido el mes de plazo previsto por el art. 20.1 de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, no se nos ha contestado todavía, no sabemos si por desconocimiento de las cifras interesadas, lo que sería grave desidia, o por falta de voluntad en hacerlo, lo que sería más grave, por lo que la tenemos por desestimada. Se podrá argumentar que ha pasado poco tiempo, hablando en términos ordinarios de contestación de las administraciones, pero atendida la situación; considerando que en un mes se ha proclamado un estado de alarma y se ha prorrogado dos veces; es mucho tiempo, considerando que tal solicitud tiene por objeto comprobar la afectación que el COVID-19 está teniendo en los jueces y magistrados y, en función de ello, comprobar si están siendo eficaces las medidas tomadas, pedir en su caso medidas complementarias, valorar las medidas que deben tomarse en el Plan de Choque del propio CGPJ. Asimismo, es un dato relevante para su consideración como enfermedad profesional, especialmente si la enfermedad se ceba en los jueces que han debido atender los servicios considerados esenciales, de ahí que se pidiese la especificación por Jurisdicciones, instancias, etc. Por otro lado, consideramos que son datos relativamente fáciles de obtener, puesto que los afectados lo ponen en conocimiento de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ). En cualquier caso, es relevante que ni se ha dado una justificación para no contestar, ni se ha aventurado siquiera un plazo próximo en el cual se pueda contar con los datos ni se ha dado dato alguno, aunque sea incompleto. Es decir, hay una nula voluntad de cumplimiento. Por todo lo expuesto, en aplicación de lo establecido en el artículo el artículo 12, en relación con los artículos 13 y 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las asociaciones judiciales AJFV y FJI, en ejercicio de la reclamación prevista ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el art. 24 de la citada ley 19/2013, INTERPONEMOS RECLAMACIÓN ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO, con carácter previo a la impugnación, en su caso, en vía contencioso-administrativa de la resolución DESESTIMATORIA PRESUNTA del CGPJ de 26 de abril y solicitamos que, por el organismo al que nos dirigimos, se resuelva que el Consejo General del Poder Judicial ha incumplido lo establecido en los artículos 12, 13 y 14 de la Ley, notifique dicho incumplimiento al CGPJ y lo publique por medios electrónicos para conocimiento general de la ciudadanía. Asimismo, se solicita que el Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comunique al Defensor del Pueblo la resolución que se dicte en aplicación de este artículo. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. Con la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID- , y en aplicación de lo previsto en su disposición adicional tercera, quedaron suspendidos los términos y se interrumpieron los plazos de los procedimientos administrativos durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas. Dicha suspensión general de los plazos administrativos ha afectado tanto al procedimiento de solicitudes de acceso a la información presentadas al amparo del derecho reconocido en el artículo 12 y siguientes de la LTAIBG como a las reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno presentadas frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información, reguladas en el art. 24 de la misma norma. Sin perjuicio de lo anterior, el apartado cuarto de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 permite la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, circunstancia que entendemos se da en el caso que no s ocupa. 4. El artículo 2.1 letra f) de la LTAIBG, incluye dentro de su ámbito subjetivo de aplicación, entre otros, al Consejo General del Poder Judicial, “en relación con sus actividades sujetas al Derecho Administrativo”. Asimismo, su artículo 24 prevé que “frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación con carácter potestativo y precio a su impugnación en vía contencioso-administrativa”. No obstante, debe señalarse que, previamente, en concreto en el apartado 2 del artículo 23, se indica expresamente que “contra las resoluciones dictadas por los órganos en el artículo 2.1 f) sólo cabra la interposición del recurso contencioso-administrativo”. Por tanto, puesto que este Consejo de Transparencia no tiene competencia para conocer de las reclamaciones presentada frente a resoluciones, expresas o presuntas, dictadas por el Consejo General del Poder Judicial y aplicando lo dispuesto en el artículo 23, procede declarar la inadmisión a trámite de la reclamación presentada quedando, no obstante, abierta a disposición de la Asociación reclamante la vía del Recurso Contencioso-Administrativo. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descrito s, procede INADMITIR a trámite la reclamación presentada por la ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA, con entrada el 12 de mayo de 2020, contra el CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda