Acceso a agendas y actas de reunión de la Embajada de España en Venezuela

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 219/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 9 de febrero de 2021, la siguiente información: (…) hubo una reunión, el 24 de noviembre de 2017, en la sede de la Consejería de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España en Caracas. Conocida hoy en día como Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social del Reino de España en Venezuela. En dicha reunión estuvieron, entre otros, el Embajador de España en Venezuela y la Cónsul General de España en Venezuela. S/REF: 001-053564 N/REF: R/0219/2021; 100-004988 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Información solicitada: Agenda del Embajador y Cónsul en Venezuela, y acta de reunión, asistentes y documentación Subdirección General de Reclamaciones Entonces, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, solicito la siguiente información: 1) Copia de la agenda del Embajador de España para el día 24 de noviembre de 2017 2) Copia de la agenda de la Cónsul General de España para el día 24 de noviembre de 2017 3) Copia del acta producida en la reunión ocurrida el día 24 de noviembre de 2017, junto con cualquier otra información y/o documento público que haya sido generado debido a esa reunión o presentado en la misma. 4) Lista de los asistentes a esa reunión. 2. Mediante Resolución de 10 de febrero de 2021, el MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN contestó al solicitante lo siguiente: De acuerdo con la letra d) del apartado 1 del artículo 18 de la citada Ley 19/2013, de 9 de diciembre, se inadmitirán a trámite las solicitudes de acceso a la información pública cuando estén dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información. Una vez analizada la solicitud, esta Unidad de Información y Transparencia considera que la misma incurre en el supuesto contemplado en el expositivo precedente, toda vez que la información que solicita no se encuentra en poder de este Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en la letra d) del artículo 18.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se inadmite a trámite la solicitud de acceso a la información pública que ha quedado identificada en el párrafo primero de esta resolución. 3. Ante la citada contestación, mediante escrito de entrada el 8 de marzo de 2021, el solicitante presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido: 1. El Real Decreto 644/2020, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEC), se establece la dependencia de las Embajadas y Consulados a dicho Ministerio. 2. En la recomendación 1/2017 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno hace algunas consideraciones sobre las agendas de los responsables públicos, entendiendo en su preámbulo que “su carácter de información pública es indudable”. 3. Según la citada recomendación, se entiende por agenda, “la relación ordenada de asuntos, compromisos o quehaceres asumidos por los altos cargos y máximos responsables según lo indicado en la disposición anterior en un período de tiempo determinado, soportada en libros, cuadernos, dispositivos electrónicos o cualquier otro medio que sirva para anotar, tener constancia o hacer seguimiento de los temas o asuntos que se traten”, así como “aquella parte de su actividad relacionada con la toma de decisiones en las materias de su competencia, la gestión y manejo de fondos o recursos públicos y la delimitación de criterios de actuación” 4. En la Disposición Cuarta de la recomendación 1/2017, apartado 2.g, se considera que debe estar incluido en la Agenda para la Transparencia del responsable público: “Reuniones mantenidas en ejercicio de sus funciones públicas con el personal a su cargo o con otras personas, físicas o jurídicas, tales como representantes de medios de comunicación, empresas públicas o privadas, organismos administrativos, instituciones, fundaciones, corporaciones, partidos políticos, sindicatos o entidades con o sin ánimo de lucro al objeto de definir o desarrollar las acciones que corresponda realizar en ejercicio de sus funciones”. Lo que encuadra en la petición de acceso que he solicitado. CONCLUSIONES Encuentro alucinante tener que recordar que las Embajadas y Consulados son competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, me parece incluso irrespetuoso que la respuesta del Ministerio haya sido una escueta declaración de no poseer una información que por fuerza, salvo serio incumplimiento de sus deberes, tiene que obrar en poder de ese Ministerio. Por otro lado, tal y como señalé en mi solicitud de acceso, tengo el conocimiento cierto que se produjo una reunión el día 24 de noviembre de 2017, en la sede de la Consejería de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España en Caracas y que en esa reunión se encontraba presente tanto el Sr. Embajador de España, D. Jesús Silva, como la Cónsul General de España en Caracas, Dª Celsa Nuño García, eso por parte del MAEC. Dos representantes de otro ministerio, uno de ellos alto cargo, así como dos altos cargos de igual cantidad de CCAA. También debió estar presente un alto cargo, venido de España, del hoy Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sin embargo, excusó su asistencia. Sé también que en esa reunión específica se tomaron decisiones que quedaron plasmadas en un documento que promueve al Sr. Embajador a una nueva función administrativa con mayores atribuciones, también en función de su cargo. Adjunto copia del documento al que me refiero. No obstante, desconozco si se produjeron otras reuniones o actos cualesquiera en la fecha en cuestión, razón por la cual solicité las agendas respectivas del Sr. Embajador y la Sra. Cónsul, así como una copia con carácter probatorio incuestionable como sería el acta de la reunión solicitada. 4. Con fecha 17 de marzo de 2021, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Mediante escrito de entrada 7 de abril de 2021, el citado Ministerio realizó las siguientes alegaciones: Examinada la reclamación presentada y atendiendo a las actuaciones llevadas a cabo por este Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, se describen seguidamente los hechos: Primero. - Se solicitaba copia de la agenda oficial del Embajador de España en Venezuela, a la sazón, D. Jesús Silva Muñoz correspondiente al día 24 de noviembre de 2017. Según ha comunicado la Secretaría del Embajador, la agenda oficial del Sr. Silva Muñoz fue eliminada al producirse su cese y la llegada del nuevo y actual responsable de la Representación. Segundo. - Se solicitaba copia de la Agenda de la Cónsul a la sazón en el Consulado General de España en Caracas, relativa a la misma fecha del 24 de noviembre de 2017. A este respecto, es preciso señalar que la titular del Consulado no tiene la condición de Alto Cargo, sino de funcionario de nivel 30, por lo que, de acuerdo con la Recomendación 1/2017 de ese CTBG, su agenda no está afectada por el principio de publicidad activa de los artículos 6 y siguientes de la LTAIBG. Tercero. – Se pedía copia del Acta de la Reunión, o cualquier otra información/documento, generado o llevado a una supuesta reunión celebrada en la embajada el día 24 de noviembre de 2017. Con fecha 5 de abril de 2021, la Embajada de España en Venezuela ha proporcionado una copia de la misma, que se ha hecho llegar al reclamante. Cuarto. - Se pedía el listado de los asistentes a la reunión del día 24 de noviembre de 2017. En la copia del acta disponible figuran los asistentes a la citada reunión. 5. El 13 de abril de 2021, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió Audiencia del expediente al reclamante para que, a la vista del mismo, presentase las alegaciones que estimara pertinentes en defensa de su pretensión. Mediante escrito de entrada 19 de abril, el reclamante realizó las siguientes alegaciones: La recomendación 1/2017 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en su Disposición Octava, recomienda mantener disponible la información sobre las Agendas de Transparencia por al menos 3 meses desde su inclusión y en situación disponible durante todo el mandato. Transcurrido ese plazo, dado el carácter de información pública, deberá conservarse durante el tiempo que corresponda a la normativa aplicable. 2.El Real Decreto 1164/2002, de 8 de noviembre, por el que se regula la conservación del patrimonio documental con valor histórico, el control de la eliminación de otros documentos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y la conservación de documentos administrativos en soporte distinto al original, establece en su artículo 6 que se podrá proceder a la eliminación de un documento después de haber sido autorizada esta eliminación por medio de una resolución adoptada por el Subsecretario del Departamento ministerial al que corresponda la custodia del documento. 3. Establece el artículo 16 de la LTAIBG, en caso de acceso parcial, deberá omitirse la información indicando al solicitante sobre la parte de la información omitida. CONCLUSIONES 1. Solicito que se le pida al MAEC aclarar si hubo alguna confusión respecto a la Agenda solicitada, puesto que se trata de la agenda de D. Jesús Silva Fernández, y no Jesús Silva Muñoz. 2. Solicito que se confirme que ha sido eliminada la citada agenda, en caso de ser así, presentar la resolución por medio de la cual se autoriza proceder con su eliminación. 3. Tal y como expresé en mi solicitud de acceso, y reconoce el MAEC en sus alegaciones estar en conocimiento, aparte del acta que me sido facilitada, solicité también cualquier otro documento o información que hubiera sido presentada o generada en la reunión. Al menos que conste en el acta esto sería: a) Acta anterior. b) Estados financieros de 2016. c) Informe del Comisario de 2016. d) Inventario de 2016 e) Informe de auditoría de 2016 f) Informe del estado de la ejecución de la ampliación del Ancianato Nuestra Señora de las Nieves g) Informe del estado de la ejecución de la ampliación del Ancianato del Hogar San José. h) Aprobación de ejecución del Ancianato de la Hermandad Gallega de Venezuela. Por lo anteriormente expuesto, solicito muy respetuosamente al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que de ser procedentes mis pretensiones, le dé traslado de ellas al Ministerio de Trabajo y Economía Social. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de este Consejo es competente para resolver las reclamaciones que, que con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal según dispone su artículo 13 "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. 3. Respecto al fondo del asunto, hay que recordar que (i) el objeto de la solicitud de información -relacionado con la reunión de 24 de noviembre de 2017, en la sede de la Consejería de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España en Caracas- se concretaba en obtener copia de la agenda del Embajador de España, de la Cónsul General de España, del acta producida en la reunión, cualquier otra información y/o documento público que haya sido generado debido a esa reunión o presentado en la misma, y los asistentes a esa reunión; y, que (ii) fue inadmitida por el Ministerio en su resolución sobre acceso al amparo del artículo 18.1 d) de la LTAIBG alegando que la información que solicita no se encuentra en poder de este Ministerio. A este respecto, en primer lugar cabe señalar que, según se ha reflejado en los antecedentes, y tanto el reclamante como el Ministerio lo confirman, la copia del Acta de la citada reunión ha sido facilitada por la Embajada al solicitante y, como manifiesta el Ministerio en sus alegaciones a la reclamación, en la copia del acta disponible figuran los asistentes a la citada reunión. Por lo que, la reclamación se circunscribe a la copia de la agenda del Embajador de España, de la Cónsul General de España, y a cualquier otra información y/o documento público que haya sido generado debido a esa reunión o presentado en la misma. En relación con la citadas Agendas, según se recoge en los antecedentes, el Ministerio en sus alegaciones a la reclamación (i) ha confirmado que ya no dispone de la Agenda del Embajador, indicando que Según ha comunicado la Secretaría del Embajador, la agenda oficial del Sr. Silva Muñoz fue eliminada al producirse su cese y la llegada del nuevo y actual responsable de la Representación; y (ii) alegado que la titular del Consulado no tiene la condición de Alto Cargo, sino de funcionario de nivel 30, por lo que, de acuerdo con la Recomendación 1/2017 de ese CTBG, su agenda no está afectada por el principio de publicidad activa de los artículos 6 y siguientes de la LTAIBG. Al respecto, debemos recordar que el artículo 13 de la LTAIBG dispone expresamente que el objeto de una solicitud de acceso puede ser información que obre en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de su título primero y que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones. Es decir, el hecho determinante para que una información pueda ser susceptible de ejercicio del derecho de acceso al amparo de la LTAIBG es que la misma se encuentre disponible para el organismo o entidad al que la solicitud haya sido dirigida debido a que la haya generado o la haya obtenido en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, la Sentencia 60/2016, de 18 de mayo, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo nº 6 de Madrid, razona que “El artículo 13 de la citada Ley, que reconoce el derecho de los ciudadanos al acceso a la información, pero a la información que existe y que está ya disponible, lo que es distinto, de reconocer el derecho a que la Administración produzca, aunque sea con medios propios, información que antes no tenía”. Teniendo en cuenta lo anterior, cabe concluir que si la Agenda del Embajador ya no obra en su poder porque ha sido eliminada, cuestión que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no tiene motivos para poner en duda, así como, ni le corresponde valorar si la eliminación se ha efectuado conforme a la normativa vigente o no, como argumenta el reclamante, y, tampoco dispone de la de la Cónsul al no estar obligado a ello, estamos, en ambos casos, ante información que no obra en su poder y, por ende, no puede facilitarla. 4. En consecuencia, y recapitulando cabe señalar en cuanto a los puntos de la solicitud de información que por la Embajada le ha sido facilitada el Acta de la reunión, en la que constan los asistentes a la misma, y no han sido facilitadas por el Ministerio las Agendas del Embajador y la Cónsul por los motivos expuestos, manifestando el reclamante en su contestación al trámite de audiencia que solicité también cualquier otro documento o información que hubiera sido presentada o generada en la reunión. A este respecto, entendemos que cuando el Ministerio señaló en su resolución al acceso que la información que solicita no se encuentra en su poder, se refería también a la citada documentación o información generada o presentada en la mencionada reunión. Cuestión, que igualmente entendemos fue apreciada por el solicitante, ya que, en su contestación al trámite de audiencia, tal y como se ha reflejado en los antecedentes, además de concretar cuál sería esa documentación –según consta en el acta- solicita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que de ser procedentes mis pretensiones, le dé traslado de ellas al Ministerio de Trabajo y Economía Social. Por último, cabe señalar que en el trámite de audiencia, y a la vista de las alegaciones del Ministerio, el reclamante ha solicitado al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación aclarar si hubo alguna confusión respecto a la Agenda solicitada, puesto que se trata de la agenda de D. Jesús Silva Fernández, y no Jesús Silva Muñoz, y que se confirme que ha sido eliminada la citada agenda, en caso de ser así, presentar la resolución por medio de la cual se autoriza proceder con su eliminación. Entendemos, por tanto, que se está modificando en fase de audiencia dentro del procedimiento de reclamación, el alcance y contenido de la solicitud de acceso. Como ha sostenido en múltiples ocasiones este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (por ejemplo, las resoluciones R/0202/2017 , R/0270/2018 y R/0319/2019 ) “no es permisible cambiar los términos de la solicitud en vía de reclamación, dado que se podría perjudicar el principio de la seguridad jurídica, consagrado en el artículo 9.3 de nuestra Constitución , en virtud del cual debe existir la certeza de que una determinada situación jurídica previa no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente publicados”. La Sentencia del Tribunal Constitucional, de 7 de abril de 2005, que define este principio, señala que la seguridad jurídica ha de entenderse como la certeza sobre el ordenamiento https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2017.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2018.html https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/eu/Actividad/Resoluciones/resoluciones AGE/AGE 2019/0 8.html jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados (STC 15/1986, de 31 de enero, FJ 1) y como la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho (STC 36/1991, de 14 de febrero, FJ 5). Razonamientos que son perfectamente aplicables al caso que nos ocupa. Por tanto, en virtud de las razones expuestas, la reclamación debe ser desestimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada con fecha 8 de marzo de 2021 por frente a la Resolución de 10 de febrero de 2021 del MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez