Solicitud de acceso a quejas presentadas contra una funcionaria específica

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 219/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES, a través del Portal de la Transparencia y al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 2 de marzo de 2020, la siguiente información: Conocer las quejas que los funcionarios haya podido presentar, en las que se vea involucrada la funcionaria acosadora , que presta servicios en la Administración 1503 TGSS, que me maltrató psicológicamente, por sistema, durante el mencionado periodo. Ello es debido a mi voluntad de conocer si pudiese armar algún tipo de denuncia que no hubiese prescrito. No me cabe ninguna duda de que, a partir de finales de 2016, muy probablemente, esta funcionaria acosadora modificó convenientemente, para sus intereses, su conducta. S/REF: 001-041447 N/REF: R/0219/2020; 100-003615 Fecha: La de la firma Dirección Administración/Organismo: Ministeri o de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones Información solicitada: Quejas presentadas contra funcionaria Subdirección General de Reclamaciones 2. Mediante resolución de 11 de marzo de 2020, el MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES contestó al solicitante lo siguiente: No admitir a trámite la solicitud formulada, porque según la Disposición adicional primera, apartado 2, de la Ley 19/2013, ya citada, la obtención de información sobre tratamientos de datos personales, incluida la consulta de los mismos, se rige por normativa específica; en este caso por la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos, y por la normativa que desarrolla esta última. Todo ello sin perjuicio de la denuncia por acoso que pueda formular o haya formulado el solicitante, que quedan fuera del ámbito de la Ley 19/2013, ya citada. 3. Ante la citada de contestación, el solicitante presentó, mediante escrito de entrada el 30 de marzo de 2020, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en la que manifestaba lo siguiente: Tras maltrato psicológico estructural en la Admon TGSS 1503, padezco problemas de salud crónicos, de donde hube de huir solicitando un traslado a más de 200 Km de mi residencia. El mencionado maltrato tuvo una protagonista muy destacada, la funcionaria acosadora Hay delitos que tardan cinco años en prescribir (por lo penal), tengo entendido. Pretendo armar una denuncia. Para ello solicito conocer las quejas que otros funcionarios hayan podido presentar contra esa persona durante los años en que yo tuve la desgracia de tenerla como superior. Se deniega mi solicitud sin ni siquiera concederme un acceso parcial con o sin desagregación de datos especialmente protegidos. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. Respecto al fondo del asunto, tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes de hecho, hay que recordar que el objeto de la solicitud de información se concreta en las quejas que los funcionarios haya podido presentar, en las que se vea involucrada una determinada funcionaria. Así, en primer lugar cabe considerar si el contenido de la reclamación presentada está amparada por la Ley de Transparencia. A este respecto, no hay que olvidar que la LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, y su objetivo es someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones que afectan a los ciudadanos, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones. En este sentido, el Preámbulo de la LTAIBG, señala que La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuándo los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. Asimismo, es importante recordar la Sentencia 15/2018, de 14 de febrero de 2018, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 1 en el PO 33/2017 en el siguiente sentido: (…) no pudiéndose obviar que la información guarda relación con los recursos públicos, de forma que lo solicitado entra dentro del ámbito de aplicación de la ley y se trata de información que ya existe, es decir que no precisa ser reelaborada para proporcionar el acceso sin perjuicio de que pueda no existir un repositorio común a todos los órganos de contratación del grupo Fomento, aspecto que, como se ha expuesto, no guardaría relación con la causa de inadmisión, de forma que, a lo sumo, lo requerido supondría una labor de recopilación de datos con el alcance de agregar, tratar o adicionar los mismos pero sin que requiera una labor de elaboración o creación ad hoc a modo de informe, debiéndose reiterar que no cabe aceptar limitaciones que supongan un menos cabo injustificado o desproporcionado del derecho de acceso a la información que exista y esté disponible mediante una sola labor de agregación, siempre que se trate de información pública cuyo concepto se contiene en el art. 13 de la Ley. Así como, la Sentencia nº 46/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid, dictada en el PO 38/2016 y que se pronuncia en los siguientes términos: "El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal, debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos; es un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además las Administraciones Públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos por lo que toda la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía. Pueden distinguirse dos aspectos en cuanto al derecho al acceso a la información: Transparencia proactiva, como aquella obligación de los organismos públicos de publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades, presupuestos y políticas y la Transparencia reactiva: Es el derecho de los ciudadanos de solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de información de y el derecho a recibir una respuesta documentada y satisfactoria". "Las diferentes y numerosas menciones a este derecho coinciden en resaltar la creciente importancia que está cobrando, ya que el mismo supone una herramienta indispensable para adquirir aquellos conocimientos que permiten controlar la actuación de los gobiernos y prevenir y luchar contra la corrupción así como contrarrestar la violación de derechos. De estos preceptos se desprende que el derecho de acceso a la información debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia." Teniendo en cuenta lo anterior, a nuestro juicio, la información solicitada no puede considerarse amparada por la LTAIBG, ya que no nos encontramos ante un supuesto de acceso cuya finalidad sea someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones que afectan a los ciudadanos, cómo se manejan los fondos https://www.consejodetransparencia es/ct_Home/Actividad/recursos_jurisprudencia/Recursos_AGE/2016/16_particular_7_tributos.html públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones. Antes al contrario, se trata de un problema particular derivado, según manifiesta el reclamante, de la situación laboral sufrida. Y de esta situación que pone de manifiesto es de donde parte que solicite las quejas que los funcionarios haya podido presentar, contra una determinada funcionaria que el reclamante considera como origen de su situación actual. En tal sentido, entendemos, como se ha indicado anteriormente, que las cuestiones planteadas en el presente expediente no tienen la consideración de información pública tal y como la misma es definida en el art. 13 de la LTAIBG y no entronca con la ratio iuris de la norma, al no tener como objeto la rendición de cuentas por la actuación pública, por lo tanto, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno carece de competencia para resolver este tipo de reclamaciones. Por último, cabe señalar que, si como explica el reclamante el fin de su solicitud es armar algún tipo de denuncia que no hubiese prescrito, podrá en el procedimiento judicial pertinente solicitar los medios de prueba que considere oportunos para la defensa de sus intereses. Por lo tanto, en base a todos los argumentos desarrollados en los apartados precedentes de la presente resolución, la reclamación presentada debe ser inadmitida. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descrito s, procede INADMITIR a trámite la reclamación presentada por , con entrada el 30 de marzo de 2020, contra la resolución de 11 de marzo de 2020 del MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre , de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda