Solicitud de miembros, fechas y actas del Comité de Evaluación y Seguimiento de la Covid-19 y resultado de estimación parcial

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 205/2021 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el interesado, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 4 de enero de 2021, solicitó al MINISTERIO DE SANIDAD la siguiente información: - Solicito conocer el listado de miembros completo del Comité de Evaluación y Seguimiento de la Covid-19 indicando sus nombres y cargos. En el caso que alguno haya abandonado el Comité solicito que también se me indique y se remarque el motivo. Del mismo modo, si alguno se unió al Comité una vez ya creado solicito que se me indique de la misma forma. - Solicito que se me indique todas y cada una de las fechas en las que se ha reunido este Comité desde su primera reunión hasta la última. - Solicito copias de las actas de todas y cada una de las reuniones de este Comité. S/REF: 001-051939 N/REF: R/0205/2021; 100-004961 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio de Sanidad Información solicitada: Miembros del Comité de Evaluación y Seguimiento de la Covid-19 y actas de sus reuniones Subdirección General de Reclamaciones Para más aclaraciones, me refiero a este Comité: https://twitter.com/sanidadgob/status/1231917787347668992. No se trata del Comité científico técnico ni del Comité técnico para la desescalada. En esos casos ya sé que el Ministerio ya ha contado quienes eran los miembros de esos Comité s. Solicito, por lo tanto, que en este caso se aplique el mismo criterio y se me entregue la información solicitada indicando los nombres y cargos de todas las personas que han formado parte del Comité . No consta respuesta de la Administración. 2. Ante la falta de respuesta, con fecha de entrada el 3 de marzo de 2021, el solicitante presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con el siguiente contenido resumido: El 8 de enero de 2021, comenzó la tramitación de mi solicitud información al Ministerio de Sanidad. Ha pasado más de un mes sin obtener una respuesta por parte del organismo competente, lo que contraviene el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Esta información es pública por lo que solicito al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que inste al Ministerio de Sanidad a dármela. 3. Con fecha 8 de marzo de 2021, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE SANIDAD, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas, contestando el Ministerio lo siguiente: El reclamante aduce que, con fecha 4 de enero de 2021, presentó solicitud de acceso a información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, siendo registrada con el número de expediente 001- 051939, sin que en la fecha de presentación de la reclamación haya obtenido respuesta de la Administración. En respuesta a esta reclamación se hace constar lo siguiente: La solicitud inicialmente presentada, una vez analizada, ha sido respondida, concediendo el acceso a la información requerida. Tomando en consideración lo expuesto, se solicita que se admita a trámite este escrito y a la vista de las consideraciones contenidas en el mismo, se inadmita la reclamación formulada, por haber resuelto la concesión de la información solicitada. Junto a esta respuesta, el Ministerio de Sanidad aporta una resolución, de fecha 10 de marzo de 2021, con el siguiente contenido: “Con fecha 8 de enero de 2021, esta solicitud se recibió en la Dirección General de Salud Pública, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, para su resolución. Una vez analizada la solicitud, esta Dirección General resuelve conceder parcialmente el acceso a la información a que se refiere la solicitud presentada. El Comité de Evaluación y Seguimiento es una denominación correspondiente a reuniones internas del Ministerio que se realizaron de forma diaria durante la pandemia para analizar la evolución de la misma y la situación epidemiológica. Lo conformó personal del propio Ministerio, sin perjuicio de la asistencia de altos cargos de otros Departamentos cuando la situación así lo requería, y no ha tenido nunca la categoría de órgano colegiado según lo contemplado en la Ley 40/2015, por lo que no tiene obligación de generar actas ni órdenes del día de las reuniones que celebre.” 4. El 17 de marzo de 2021, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se concedió Audiencia del expediente al reclamante para que, a la vista del mismo, presentase las alegaciones que estimara pertinentes en defensa de su pretensión, las cuales tuvieron entrada el 15 de abril de 2021, con el siguiente contenido resumido: Solicité conocer el listado de miembros completo del Comité de Evaluación y Seguimiento de la Covid-19, indicando sus nombres y cargos; todas y cada una de las fechas en las que se ha reunido este Comité desde su primera reunión hasta la última y copias de las actas de todas y cada una de las reuniones de este Comité. Por lo tanto, no se ha facilitado el listado de miembros del Comité, ni todas y cada una de las fechas en las que se ha reunido este Comité ni copias de las actas de las reuniones. Sólo se afirma que no hay obligación legal de tener actas, ni siquiera confirman o desmienten que existan esas actas. Por lo tanto solicito que se estime mi reclamación y se inste a que se facilite todo lo solicitado. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en conexión con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de este Consejo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a su eventual impugnación en vía contencioso-administrativa, se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone su artículo 13 "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la Ley delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y que se extiende a todo tipo de “formato o soporte ”, a la vez que acota su alcance exigiendo la concurrencia de dos requisitos vinculados con la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. 3. Por otra parte, debe indicarse que el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. En el presente caso, según consta en los antecedentes, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo legalmente establecido, sin que se haya alegado causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al indicar que “con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta”. En virtud de lo dispuesto en el artículo 20.4 LTAIBG, la falta de resolución expresa en el plazo de un mes ha dado lugar a la desestimación de la solicitud de acceso por silencio administrativo, resolución presunta contra la que el interesado puede interponer una reclamación ante el CTBG, sin perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa en todos los procedimientos que el artículo 21 LPACAP impone a la Administración. 4. En cuanto al fondo del asunto planteado, se solicita la relación de miembros del Comité de Evaluación y Seguimiento de la Covid-19 así como las fechas y actas de sus reuniones, en los términos expuestos en los antecedentes de hecho. La Administración deniega el acceso por silencio administrativo, alegando en fase de reclamación que se trata de “reuniones internas del Ministerio que se realizaron de forma diaria durante la pandemia para analizar la evolución de la misma y la situación epidemiológica. Lo conformó personal del propio Ministerio, sin perjuicio de la asistencia de altos cargos de otros Departamentos cuando la situación así lo requería, y no ha tenido nunca la categoría de órgano colegiado según lo contemplado en la Ley 40/2015, por lo que no tiene obligación de generar actas ni órdenes del día de las reuniones que celebre”. Esta respuesta no da completa satisfacción a las pretensiones del reclamante según ha manifestado en el trámite de audiencia. En el presente caso, no se han podido aportar al procedimiento indicios suficientes que pongan en duda lo manifestado por el Ministerio de Sanidad acerca de la no existencia de las actas de este Comité que ahora se solicitan. Podemos compartir que, si realmente carece de la naturaleza de órgano colegiado no exista la obligación legal de elaborar actas de las reuniones que mantenga, pero ello no es óbice para que el Ministerio informe sobre el listado completo de miembros que lo conforman, indicando sus nombres y cargos, si alguno de sus miembros ha abandonado el Comité o si alguno se unió una vez ya creado. El conocimiento público de la composición de los comités que toman decisiones relevantes en el ámbito de la salud y el bienestar de los ciudadanos entronca directamente con la finalidad de la LTAIBG, especificada en su preámbulo, cuando sostiene que «[l]a transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos». El derecho de acceso a la información pública, en consecuencia, está reconocido en la LTAIBG como un auténtico derecho público subjetivo, al establecer que “todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley”. Derecho configurado de forma amplia, disponiendo que son sus titulares todas las personas, que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud y, finalmente, que solamente se verá limitado en aquéllos casos en que sea necesario por la propia naturaleza de la información – derivado de lo dispuesto en la Constitución Española- o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos, indicando expresamente que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test del daño –del interés que se salvaguarda con el límite- y del interés público en la divulgación, de forma justificada, proporcionada y limitada por su objeto y finalidad y atendiendo a las circunstancias del caso concreto. Esta formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto los límites a este derecho que se contemplan en el artículo 14.1 LTAIBG. Así lo ha proclamado el Tribunal Supremo en su Sentencia de 16 de octubre de 2017, dictada en el Recurso de Casación nº 75/2017, en la que sostiene que "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1.(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información.” Este criterio ha sido reiterado posteriormente en sus sentencias de 10 de marzo de 2020 (recurso 8193/2018), 11 de junio de 2020 (recurso 577/2019), 19 de noviembre de 2020 (recurso 4614/2019) y 29 de diciembre de 2020 (recurso 7045/2019). En el caso que nos ocupa, cabe señalar que ante este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno no han sido invocados por el Ministerio ninguna de las causas de inadmisión o límites al acceso legalmente previstas, más allá de negar la existencia de actas y órdenes del día (estos últimos no han sido solicitados). Por lo tanto, la reclamación presentada debe ser estimada en la parte relativa a la entrega del listado completo de miembros del Comité de Evaluación y Seguimiento de la Covid-19 indicando sus nombres y cargos. En el caso que alguno haya abandonado el Comité también se habrá de indicar señalando el motivo o si alguno se unió al Comité una vez ya creado, también habrá de indicarse. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada por frente al MINISTERIO DE SANIDAD. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE SANIDAD a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: x Listado completo de miembros del Comité de Evaluación y Seguimiento de la Covid-19 indicando sus nombres y cargos. En el caso que alguno haya abandonado el Comité, se indique y se remarque el motivo. Del mismo modo, si alguno se unió al Comité una vez ya creado, también se indique. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DE SANIDAD a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez